Grecia Liliana Gutiérrez Figueroa

Expediente 29/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
29/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
03/04/2017

Partes del expediente

  • Grecia Liliana Gutiérrez Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Vista la certificación de cuenta así como el estado actual de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido el proveído de ocho de marzo de dos mil diecisiete, dictado en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído que sobreseyó fuera de audiencia en esta instancia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Finalmente, visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Delitos Contra las Personas y su Libertad, con residencia en esta ciudad, anexó a su informe con justificación, copia certificada de la carpeta de investigación con Número Único de Caso 0202-2016-43786, y en líneas que preceden se aprecia que el presente juicio se remitió al archivo definitivo como asunto totalmente concluido; por ello, devuélvanse las copias certificadas de mérito a la citada autoridad, por no ser necesaria su retención; solicitando el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación a lo solicitado mediante proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete. Ahora bien, del oficio que se provee, este Juzgador advierte que se encuentran fijadas las trece horas del quince de marzo de dos mil diecisiete, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación, dentro del Número Único de Caso 02-2016-43786, relativo a la causa penal 419/2017, actualizándose de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, por lo que es procedente DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama concretamente la omisión de integrar la carpeta de investigación, dentro del Número Único de Caso 02-2016-43786, relativo a la causa penal 419/2017. Ahora, del oficio NSJP/UC/00841/2017, presentado en este juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (foja 47) y del oficio de cuenta (NSJP/UC/00961/2017) se desprende lo siguiente: El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se solicitó día y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación. Que se encuentran fijadas las trece horas del quince de marzo de dos mil diecisiete, para llevar a cabo el desahogo de la referida audiencia. A los cuales que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de manifiesto, que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha, han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Auxiliar de Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y el Agente del Ministerio Público Coordinador Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, todos con residencia en esta ciudad; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional. Por lo que, este juzgador estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Se insiste, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Auxiliar de Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y el Agente del Ministerio Público Coordinador Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, todos con residencia en esta ciudad, solicitaron al Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, señalara fecha y hora para la audiencia de formulación de la imputación, en los autos de la carpeta de investigación en cita. Y, lo que constituyó el acto reclamado en el presente asunto, es la omisión de integrar la referida carpeta de investigación, por lo que, las autoridades responsables al solicitar fecha y hora para la audiencia referida, tiene por efecto que el Ministerio Público formule imputación en contra de determinada persona, entonces las referidas autoridades han dejado de afectar los derechos de la quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos reclamados, sino la desaparición total de sus efectos. Por ello, resulta incuestionable, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la quejosa, de modo tal que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en relación a lo solicitado mediante proveído de uno de marzo de dos mil diecisiete. Ahora bien, del oficio que se provee, este Juzgador advierte que se encuentran fijadas las trece horas del quince de marzo de dos mil diecisiete, para llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial de formulación de imputación, dentro del Número Único de Caso 02-2016-43786, relativo a la causa penal 419/2017, actualizándose de manera manifiesta e indudable una causal de improcedencia, por lo que es procedente DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Esto es así, toda vez que la lectura de la demanda de amparo revela que la parte quejosa reclama concretamente la omisión de integrar la carpeta de investigación, dentro del Número Único de Caso 02-2016-43786, relativo a la causa penal 419/2017. Ahora, del oficio NSJP/UC/00841/2017, presentado en este juzgado el veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (foja 47) y del oficio de cuenta (NSJP/UC/00961/2017) se desprende lo siguiente: El treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, se solicitó día y hora para llevar a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación. Que se encuentran fijadas las trece horas del quince de marzo de dos mil diecisiete, para llevar a cabo el desahogo de la referida audiencia. A los cuales que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los numerales 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, pone de manifiesto, que los efectos negativos que producía el acto reclamado a la fecha, han cesado y, por ende, dejó de prevalecer la actitud de abstención de las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Auxiliar de Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y el Agente del Ministerio Público Coordinador Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, todos con residencia en esta ciudad; por tanto, todos los efectos del acto reclamado fueron destruidos en forma total e incondicional. Por lo que, este juzgador estima que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, que textualmente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Se insiste, las autoridades responsables Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, Auxiliar de Agente del Ministerio Público Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California y el Agente del Ministerio Público Coordinador Adscrito a la Unidad de Investigación de Delitos Contra las Personas y su Libertad de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California, todos con residencia en esta ciudad, solicitaron al Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, señalara fecha y hora para la audiencia de formulación de la imputación, en los autos de la carpeta de investigación en cita. Y, lo que constituyó el acto reclamado en el presente asunto, es la omisión de integrar la referida carpeta de investigación, por lo que, las autoridades responsables al solicitar fecha y hora para la audiencia referida, tiene por efecto que el Ministerio Público formule imputación en contra de determinada persona, entonces las referidas autoridades han dejado de afectar los derechos de la quejosa, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos reclamados, sino la desaparición total de sus efectos. Por ello, resulta incuestionable, que se ha dejado de afectar la esfera jurídica de la quejosa, de modo tal que las cosas volvieran al estado que tenían antes de la violación constitucional, produciéndose el resultado que la sentencia protectora asigna, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo; por lo que, como se anticipó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. Es aplicable, en la especie, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, que a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Es aplicable, también, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, que, a la letra, dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del dieciséis de marzo de dos mil diecisiete.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A UNO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación al requerimiento formulado en proveído de veintidós de febrero de dos mil diecisiete; en consecuencia, requiérase a la autoridad en cita, para que en el plazo de tres días, contadas a partir de su legal notificación, se sirva remitir a este Juzgado el expediente electrónico o formatos de audio y video relativos al número único de caso 02-2016-43786, correspondiente a la causa penal 419/2017. Lo anterior, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, apercibido que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedor a una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (75.49 UMA), equivalente a $3,774.50 pesos (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional), de conformidad con lo establecido en los artículos 237, fracción I y 259 del ordenamiento en cita.

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