Grecia Kristell Hernández Olmos
Expediente 1921/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1921/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/09/2023
Partes del expediente
- Grecia Kristell Hernández Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de treinta de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción II, artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)" Una vez cumplido el término a que se refiere dicho artículo, transfiérase el expediente al depósito documental que se designe para tal efecto, como lo prevé el artículo 26 del Acuerdo General en cita. Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Conservación íntegra del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, por un lado se concedió y por otro se negó la medida cautelar, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo en comento; por tanto, el cuaderno incidental es conservable una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. Háganse las anotaciones respectivas en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el incidente de suspensión para constancia. Digitalización. En cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de constancias. Por último, tomando en consideración que durante la tramitación del presente juicio de amparo, el Secretario de Apoyo Técnico de la Comisión de Honor y Justicia de la Fiscalía del Estado de Puebla, remitió legajos de constancias con las cuales se formaron cuatro tomos, se ordena devolver las mismas, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Devolución de documentos. Tomando en consideración que la parte actora exhibió un documento original con su demanda; de conformidad con el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dese vista a dicha parte, a fin de que acuda al local de este tribunal dentro de un plazo de noventa días, a recoger el documento original que acompañó a su escrito inicial de demanda, apercibida que, en caso de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente; en el entendido que deberá comparecer debidamente identificada con credencial oficial vigente, y copia simple de la misma para glosarla a los autos como constancia. Notifíquese; por lista a la parte quejosa y cumplase.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal transcrito se advierte que el juicio de amparo es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos sean destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie al quejoso; es decir, se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo caso en el que el juicio de amparo carecería de litis sobre la cual hacer un pronunciamiento de fondo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ÉSTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Bajo esa óptica jurídica, se precisa que, en relación con los actos reclamados a las autoridades responsables, consistentes en la omisión de dar trámite al recurso de rectificación interpuesto por la parte quejosa, en contra de la resolución de trece de septiembre de dos mil veintidós; la ejecución de la resolución de remoción de su cargo de agente investigador, en particular, la suspensión de pago del treinta por ciento de sus ingresos que, como medida cautelar y mínimo vital, se le decretó durante la investigación ******************** y la suspensión del servicio médico a favor de la quejosa y su hijo de iniciales ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que, al rendir su informe justificado la Titular del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado, informó que mediante acuerdo de dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, se declaró competente para conocer del recurso de rectificación presentado por la quejosa y por resolución de veintiocho de octubre siguiente -fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo-, lo desechó de plano. En consecuencia, los efectos de los actos reclamados desaparecieron o se destruyeron de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiesen invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna de dicha afectación. Cabe precisar que si bien, la quejosa también señala como actos la ejecución de la resolución dictada en el expediente de responsabilidad administrativa ********************, en específico, su baja de la corporación, la suspensión del pago del 30% del mínimo vital y la suspensión del servicio médico, lo cierto es que los reclama como consecuencia de no proveer sobre el recurso de rectificación, pues dicho medio de defensa fue interpuesto precisamente en contra de la resolución de la que reclama la ejecución. De ese modo, dado que el acto de ejecución se hizo depender de la omisión impugnada, es indudable que la quejosa impugnó esa ejecución como un tema accesorio a la materia principal; de ahí que lo conducente también sea desecharlo, al seguir la surte de lo principal. Por tanto, se concluye que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y, por ende, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la norma citada. Sirve de fundamento, la jurisprudencia 2ª/J 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes. "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esas circunstancias, al haberse sobreseído el juicio de amparo, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se tenía programada. Finalmente, dese de alta el presente sobreseimiento en el módulo de sentencias contenido en el SISE, y en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite autos originales y voto particular. Agréguese a los autos el oficio signado por la Actuaria Judicial Adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo ********************, del índice de este Juzgado, y dos anexos; asimismo, informa que el seis de julio pasado, remitió la ejecutoria dictada el veintiuno de junio del presente año, dictada en el recurso de queja ********************, de su índice. Asimismo, agréguese a los autos el oficio electrónico remitido por la magistrada ********************, del cual se advierte el voto particular que emitió en el recurso de queja ******************** ********************/2022, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Sexto Circuito, del que se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes. Acuse de recibo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acúsese recibo de estilo a la Superioridad, respecto del expediente original del juicio de amparo ********************-IX, y dos anexos. Por otra parte, tomando en consideración que es necesario economizar espacio en el área destinada para el archivo de este juzgado federal, procédase a la destrucción de las copias certificadas con las cuales se formó el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo en que se actúa, con motivo de la tramitación del citado recurso de queja y agréguense a los autos únicamente las actuaciones originales realizadas en dicho cuaderno. Diferimiento de audiencia constitucional. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de hoy; sin embargo, aún no transcurre el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, concedido a las partes mediante proveído del pasado dos de agosto de dos mil veintitrés, para desahogar la vista con el informe justificado de la autoridad responsable. En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. Sirve de fundamento, la tesis aislada: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador." En consecuencia, se fijan para su celebración las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dos de agosto de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguense a los autos los oficios signados por la Titular del órgano Interno de Control de la Fiscalía General del Estado de Puebla, y la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP); atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos los informes justificados de las autoridades oficiantes. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como pruebas de las oficiantes, las documentales que anexan a su oficio de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Domicilio y delegados. Finalmente, por cuanto hace a la apoderada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones, los que señalan las autoridades responsables oficiantes. Notifíquese.
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