Grecia Fabiola Gradilla Segura

Expediente 2575/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2575/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
26/05/2021

Partes del expediente

  • Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit
  • Grecia Fabiola Gradilla Segura
  • Miguel Monserrat Medina Castorena

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación que antecede, se advierte que dentro del plazo que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, no se interpuso medio de impugnación en contra de la sentencia de seis de mayo de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al ordenamiento legal, por disposición expresa en su dispositivo 2°, se declara que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el arábigo 214 de la legislación en comento, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 21 inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso a) del arábigo 21, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de amparo se sobreseyó, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso c) del artículo 21, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es destruible, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se negó; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, a seis de mayo de dos mil veintiuno. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 2575/2019 promovido contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, Grecia Fabiola Gradilla Segura solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit (fojas 2 a 5 de autos), por el acto siguientes: "IV.- ACTO DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA.- El acuerdo de fecha 07 de octubre del año del 2019, y me fue notificado en día 08 de octubre del año 2019, mediante el cual la responsable no admite el recurso de apelación que hizo valer mi autorizado legal, apelando en auto de fecha 23 de septiembre del año 2019, del expediente 86/2018 civil." (Foja 2 de autos). Acto que consideró violatorio de los derechos previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 2575/2019 (fojas 1 y 2 de autos). En virtud de que la promovente del amparo cumplió de manera parcial con los requerimientos de treinta y uno de octubre y quince de noviembre de dos mil diecinueve, el trece de diciembre de ese año Eduardo Ballesteros Becerril compareció a este juzgado a fin de aceptar y protestar el cargo conferido de representante del menor de edad con iniciales M.S.M.G.; por lo que mediante proveído de nueve de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda únicamente por el menor de edad, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su oportunidad se emplazó al tercero interesado, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede (fojas 7 a 10, 22 a 23, 41 y 53 a 54 de autos); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que el acto reclamado tiene ejecución donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000 . Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que se reclama: El acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve emitido en el juicio 86/2018, por la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, en el que, entre otras cosas, no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, al rendir el informe con justificación aceptó el acto impugnado. Para acreditarlo remitió copia certificada del juicio 86/2018, en cuyas fojas noventa y cuatro a noventa y siete aparece la determinación impugnada. Informe y constancias que debido a su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública poseen pleno valor probatorio de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. En la especie, quien esto resuelve considera que no se agotó el principio de definitividad previamente a la presentación del juicio de amparo; es decir, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- - - Se exceptúa de lo anterior:- - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;- - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.- - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo transcrito se colige, en lo que al caso interesa, que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se haya emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional, respecto del cual, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las determinaciones controvertidas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente y enseguida se precisan las excepciones a tal regla, mismas que no tienen aplicación en la especie, supuesto que se trata del caso de los terceros extraños a juicio y a diversos supuestos relativos a la materia penal. A mayor abundamiento, resulta oportuno destacar que la causal de improcedencia invocada reglamenta lo que constituye jurisprudencial y doctrinalmente como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional, es únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su consideración, o en su defecto, le perjudique su omisión. De ahí que, no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, si no obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer a esta vía constitucional, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. En el caso que nos ocupa, se actualiza dicha causal de improcedencia, porque no se impugnó el acto motivo de inconformidad mediante el recurso o medio de defensa ordinario previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit; esto es así, ya que la parte agraviada debió interponer el recurso de revocación y así obtener su nulificación desde el momento en que se impuso de los autos. Cierto, el arábigo 633 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit estatuye: "Artículo 633.- Los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, aplicando las sanciones que prevé el presente código. Son irrecurribles, además de los casos expresamente determinados por la ley, las resoluciones que se dicten: I.- Ordenando el trámite a cualquier medio preparatorio; II.- Otorgando la posesión y administración al cónyuge supérstite de los bienes de la sociedad conyugal; III.- Mandando abrir a prueba un juicio o admitiéndola; IV.- Decidiendo los incidentes a que se refieren los artículos 620 y 630 fracciones II, III, IV, VII, VIII, X y XII de este Código; V.- Decidiendo el recurso de revocación; VI.- Las que se dicten con carácter provisional, excepto aquellas en que se disponga otra cosa; VII.- Decidiendo el fondo del asunto cuya suerte principal no exceda del equivalente a ciento ochenta y dos veces la UMA en la fecha que se pronuncie la sentencia; VIII.- Declarando ejecutoriada una sentencia; IX.- En ejecución de sentencia, salvo los casos previstos por la ley; X.- Decidiendo de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta; y XI.- Aprobando el remate o declarando la adjudicación de bienes embargados." De lo anterior se obtiene, que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis transcritas; por ende, se considera que el mismo no es irrecurrible. A su vez, los ordinales 645 y 651 del mismo ordenamiento legal establecen: "Artículo 645.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: I.- El auto admisorio de demanda; II.- La negativa de admisión de demanda o de un medio preparatorio de juicio; III.- El auto que deseche pruebas; IV.- La desestimación de posiciones, preguntas o repreguntas; V.- Los autos o determinaciones en que se declare confeso al absolvente o en que se niegue; VI.- Interlocutorias con fuerza de definitivas que no paralizan ni ponen término al juicio; VII.- Sentencias definitivas que se pronuncien en juicios de desahucio, alimentos o diferencias conyugales; VIII.- La negativa a la ejecución de resoluciones de tribunales de otros estados o del extranjero en cumplimiento de un exhorto; IX.- El auto que niegue a un cónyuge supérstite la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal; X.- La resolución que declare la sustitución del administrador de la sociedad conyugal y la terminación de dicha sociedad; XI.- La concesión de separación del domicilio familiar; XII.- La declaratoria de herederos y el reconocimiento o desconocimiento de esa calidad o de la validez de testamento; y XIII.- Las demás resoluciones contra las que expresamente así lo señala la ley." "Artículo 651.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan en contra de: I.- Las providencias dictadas en jurisdicción voluntaria; II.- La resolución en que un juez se inhibe del conocimiento de un asunto; III.- Las interlocutorias o autos definitivos en que se declare procedente un incidente de previo y especial pronunciamiento o que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación; IV.- Autos o determinaciones dictadas en las audiencias denegando la admisión de pruebas, desechándolas o declarándolas desiertas totalmente; V.- Sentencias definitivas, salvo los casos de excepción; VI.- La declaración de caducidad; VII.- La resolución que declare o niegue el sobreseimiento; VIII.- La concesión de la ejecución de una resolución de tribunales de otros estados o del extranjero en obsequio de un exhorto; IX.- La resolución que se dicte con carácter de definitiva decidiendo cualquier cuestión de índole familiar, salvo las referidas a alimentos, diferencias conyugales y las contempladas en las fracciones IX a XI del artículo 645 del presente código; X.- La resolución que apruebe la partición, siempre y cuando exceda de dos mil veces la UMA; y XI.- Resoluciones dictadas en incidentes de liquidación o similares." De lo transcrito se obtiene, que el acto reclamado en esta instancia constitucional, tampoco se ubica en ninguna de esas hipótesis, por lo que se considera que el mismo no es apelable. Por otra parte, los artículos 62, 634 y 636 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, refieren: "Artículo 62.- Las resoluciones judiciales son autos o sentencias. Estas últimas son definitivas o interlocutorias, según resuelvan la cuestión de fondo o incidental, respectivamente, y autos, todas las demás." "Artículo 634.- Las resoluciones que no sean irrecurribles ni apelables, podrán ser revocadas por el Juez que las dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto." "Artículo 636.- La revocación debe pedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, por escrito, del que se ordenará correr traslado a la contraria por igual término, y transcurrido el mismo se resolverá dentro de los tres días siguientes." De lo anterior, en lo que al asunto interesa, se tiene que en contra de las resoluciones (dentro de las cuales se contempla el auto reclamado en esta instancia constitucional), que no admitan el recurso de apelación y que no sean irrecurribles, pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, recurso que puede tener como efecto, modificar, revocar o anular la determinación controvertida. En consecuencia, en contra del acto reclamado debe concluirse que procede el recurso de revocación, en virtud de que tal medio de impugnación puede interponerse en contra de aquellos autos que no fueren apelables ni irrecurribles, el que debe sustanciarse por el juez que dictó el proveído impugnado o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, pues con él puede lograrse la revocación, modificación o anulación del auto reclamado. En la especie, el acto reclamado consiste en el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve emitido en el juicio 86/2018, por la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, en el que, entre otras cosas, no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año. Ahora, de las constancias que integran el juicio 86/2018, se advierte que previo cumplimiento al requerimiento de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante proveído de uno de marzo de ese año, el Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, admitió a trámite en la vía civil ordinaria la demanda presentada por Grecia Fabiola Gradilla Segura contra Miguel Monserrat Medina Castorena, por la disolución del vínculo matrimonial incausado, por la fijación de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva a favor del menor quejoso, por la pérdida de la patria potestad y de la custodia del menor y otras (fojas 9 a 10 y 14 a 16, legajo por separado). Además, entre otras cosas, se ordenó emplazar a la parte demandada. El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable tuvo a Miguel Monserrat Medina Castorena contestando la demanda y formulando reconvención con lo que se dio vista a la parte contraria (fojas 35 a 36, legajo por separado). Seguido el juicio en sus etapas, el quince de mayo de dos mil diecinueve el juez determinó recabar de oficio diversas pruebas a efecto de resolver de manera objetiva la pensión alimenticia y las prestaciones inherentes al menor, entre ellas, practicar un estudio socioeconómico en los domicilios de las partes procesales y del menor de edad, así como una valoración psicológica a todos ellos, para posteriormente escuchar la opinión del infante, motivo por el cual se requirió a Grecia Fabiola Gradilla Segura para que proporcionara el domicilio particular en donde la actora y el menor habiten, apercibida que de no hacerlo se le impondría uno de los medios de apremio establecidos en la ley (fojas 71 a 72, legajo por separado). Debido a que la parte actora incumplió el requerimiento descrito en el párrafo que antecede, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, previa petición del autorizado de Miguel Monserrat Medina Castorena, se requirió nuevamente a Grecia Fabiola Gradilla Segura para que proporcionara su domicilio habitual y el menor a fin de llevar a cabo el estudio socioeconómico y la valoración psicológica de ambos, apercibida que de no hacerlo se haría acreedora a diez UMAS, y de actualizarse la situación de sustracción se daría vista al Agente del Ministerio Público (foja 88, legajo por separado). Inconforme con la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el autorizado de Grecia Fabiola Gradilla Segura interpuso recurso de apelación. Medio de impugnación que el siete de octubre de ese año, el juez responsable no admitió a trámite, en virtud de que no se ubicaba en los supuestos de los artículos 645 y 651 de la ley procesal civil (fojas 91 a 97, legajo por separado). Por tanto, ya que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituye el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve en el apartado en el que la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año, la parte quejosa debió antes de acudir a instar el presente juicio, impugnar el acto por el medio legal de defensa que la ley de la materia prevé, que lo es el recurso de revocación, en términos de los artículos 62, 634 y 636, en relación con los arábigos 645, 651 y 633 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. En consecuencia, en virtud de que contra el acto reclamado procede el recurso de revocación, al no haberse agotado, no se cumplió con el requisito de definitividad que rige al juicio de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada. Esto, porque en acatamiento a ese principio que rige la técnica de estudio en el presente asunto, resultaba indispensable que se interpusiera el recurso de revocación, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. Además, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. Asimismo, se cumplen los extremos para considerar que la parte quejosa no se encontraba en los supuestos para relevarla de la obligación de cumplir con el principio de definitividad, porque: a) No se trata de actos atentatorios a la vida o la privación de la libertad, al versar sobre un asunto en materia familiar en el que el juez no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto; b) La accionante del amparo (Grecia Fabiola Gradilla Segura, representante legal del menor de edad identificado con las iniciales M.S.M.G.), se encuentra incorporada en el procedimiento de origen porque es la parte actora; además, se demandan prestaciones inherentes al menor por lo que también él está incorporado al juicio; c) No se trata de algún asunto del orden penal; y, d) Es clara la procedencia del medio de defensa, ya que no deriva de la interpretación artificiosa de los artículos en comento, ni el contenido de los artículos en que se fundamenta son insuficientes para demostrarla. De ahí que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XVIII de la ley de la materia. Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setecientos veintinueve, libro X, julio de dos mil doce, Tomo 1, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." También, la tesis XXX.2o.6 C (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página dos mil trescientos setenta y siete, libro V, febrero de dos mil doce, tomo 3, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." Además, resulta ilustrativa, la jurisprudencia VI.2o.CJ/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos cincuenta y cuatro, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175974, que señala: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Igualmente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 8, libro 55, junio de 2018, tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017117, que refiere: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en examen, conforme a la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. La causal de sobreseimiento de la que se ha dado noticia precedentemente, impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, ya que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Ilustra lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 65, 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, consistente en el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve emitido en el juicio 86/2018, en el que, entre otras cosas, no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año. Ello, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el día de hoy seis de mayo de dos mil veintiuno, fecha en que concluyó su dictado y lo permitieron las labores del juzgado, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. Doy fe.-

  3. Principal

    Tepic, Nayarit, a seis de mayo de dos mil veintiuno. VISTOS los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 2575/2019 promovido contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, Grecia Fabiola Gradilla Segura solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra el Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit (fojas 2 a 5 de autos), por el acto siguientes: "IV.- ACTO DE LA AUTORIDAD QUE SE RECLAMA.- El acuerdo de fecha 07 de octubre del año del 2019, y me fue notificado en día 08 de octubre del año 2019, mediante el cual la responsable no admite el recurso de apelación que hizo valer mi autorizado legal, apelando en auto de fecha 23 de septiembre del año 2019, del expediente 86/2018 civil." (Foja 2 de autos). Acto que consideró violatorio de los derechos previstos por los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 2575/2019 (fojas 1 y 2 de autos). En virtud de que la promovente del amparo cumplió de manera parcial con los requerimientos de treinta y uno de octubre y quince de noviembre de dos mil diecinueve, el trece de diciembre de ese año Eduardo Ballesteros Becerril compareció a este juzgado a fin de aceptar y protestar el cargo conferido de representante del menor de edad con iniciales M.S.M.G.; por lo que mediante proveído de nueve de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda únicamente por el menor de edad, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en su oportunidad se emplazó al tercero interesado, se fijó día y hora para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede (fojas 7 a 10, 22 a 23, 41 y 53 a 54 de autos); y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, es competente para conocer y resolver el presente juicio, conforme lo establecen los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 54, fracción I y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; ya que el acto reclamado tiene ejecución donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, en términos de los dispositivos y acuerdo de previa mención. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por razón de orden, en primer lugar debe precisarse la litis constitucional a través del señalamiento de los actos reclamados, en términos de la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, lo que se realizará conforme al análisis integral de la demanda, como lo interpretó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004 y en la jurisprudencia P./J. 40/2000 . Si bien los criterios invocados se generaron con base en la interpretación del precepto 77 de la Ley de Amparo abrogada, actualmente también son aplicables en tanto que no se oponen a las normas previstas en la ley de la materia vigente, pues el contenido normativo de ese numeral se reproduce en el 74 de la ley en cita. Acorde a lo anterior, del análisis integral de la demanda se observa que se reclama: El acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve emitido en el juicio 86/2018, por la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, en el que, entre otras cosas, no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, al rendir el informe con justificación aceptó el acto impugnado. Para acreditarlo remitió copia certificada del juicio 86/2018, en cuyas fojas noventa y cuatro a noventa y siete aparece la determinación impugnada. Informe y constancias que debido a su carácter de públicos por haber sido emitidos por autoridades en ejercicio de su función pública poseen pleno valor probatorio de conformidad con los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al presente juicio por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo. Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a dos mil, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." CUARTO. Causal de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto procede analizar de oficio las causas de improcedencia de conformidad con lo dispuesto en el precepto 62 de la Ley de Amparo. En la especie, quien esto resuelve considera que no se agotó el principio de definitividad previamente a la presentación del juicio de amparo; es decir, que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el ordinal 61, fracción XVIII de la ley de la materia, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.- - - Se exceptúa de lo anterior:- - - a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;- - - b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;- - - c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.- - - d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.- - - Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De lo transcrito se colige, en lo que al caso interesa, que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se haya emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional, respecto del cual, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa por medio del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las determinaciones controvertidas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente y enseguida se precisan las excepciones a tal regla, mismas que no tienen aplicación en la especie, supuesto que se trata del caso de los terceros extraños a juicio y a diversos supuestos relativos a la materia penal. A mayor abundamiento, resulta oportuno destacar que la causal de improcedencia invocada reglamenta lo que constituye jurisprudencial y doctrinalmente como principio de definitividad, ya que la procedencia del juicio constitucional, es únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario o medio de defensa alguno, de tal suerte que éste deberá ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su consideración, o en su defecto, le perjudique su omisión. De ahí que, no sea optativo para el gobernado que se sienta agraviado en sus derechos, cumplir o no, con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que el ordenamiento legal del acto así lo contemple, si no obligatorio, pues la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es terminante en prever que se agoten los medios legales establecidos, como requisito sine qua non, para entonces estar en posibilidad de comparecer a esta vía constitucional, como en el caso ocurre, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, evitando con ello la proliferación innecesaria de juicios constitucionales contra actos que podrían ser estudiados una vez que se haya emitido la resolución que ponga fin al procedimiento en cuestión. En el caso que nos ocupa, se actualiza dicha causal de improcedencia, porque no se impugnó el acto motivo de inconformidad mediante el recurso o medio de defensa ordinario previsto en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit; esto es así, ya que la parte agraviada debió interponer el recurso de revocación y así obtener su nulificación desde el momento en que se impuso de los autos. Cierto, el arábigo 633 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit estatuye: "Artículo 633.- Los tribunales no admitirán nunca recursos notoriamente frívolos o improcedentes; los desecharán de plano, aplicando las sanciones que prevé el presente código. Son irrecurribles, además de los casos expresamente determinados por la ley, las resoluciones que se dicten: I.- Ordenando el trámite a cualquier medio preparatorio; II.- Otorgando la posesión y administración al cónyuge supérstite de los bienes de la sociedad conyugal; III.- Mandando abrir a prueba un juicio o admitiéndola; IV.- Decidiendo los incidentes a que se refieren los artículos 620 y 630 fracciones II, III, IV, VII, VIII, X y XII de este Código; V.- Decidiendo el recurso de revocación; VI.- Las que se dicten con carácter provisional, excepto aquellas en que se disponga otra cosa; VII.- Decidiendo el fondo del asunto cuya suerte principal no exceda del equivalente a ciento ochenta y dos veces la UMA en la fecha que se pronuncie la sentencia; VIII.- Declarando ejecutoriada una sentencia; IX.- En ejecución de sentencia, salvo los casos previstos por la ley; X.- Decidiendo de plano cualquier cuestión que se suscite durante la subasta; y XI.- Aprobando el remate o declarando la adjudicación de bienes embargados." De lo anterior se obtiene, que el acto reclamado no se ubica en ninguna de las hipótesis transcritas; por ende, se considera que el mismo no es irrecurrible. A su vez, los ordinales 645 y 651 del mismo ordenamiento legal establecen: "Artículo 645.- Se admitirán en el efecto devolutivo las apelaciones que se hagan valer impugnando: I.- El auto admisorio de demanda; II.- La negativa de admisión de demanda o de un medio preparatorio de juicio; III.- El auto que deseche pruebas; IV.- La desestimación de posiciones, preguntas o repreguntas; V.- Los autos o determinaciones en que se declare confeso al absolvente o en que se niegue; VI.- Interlocutorias con fuerza de definitivas que no paralizan ni ponen término al juicio; VII.- Sentencias definitivas que se pronuncien en juicios de desahucio, alimentos o diferencias conyugales; VIII.- La negativa a la ejecución de resoluciones de tribunales de otros estados o del extranjero en cumplimiento de un exhorto; IX.- El auto que niegue a un cónyuge supérstite la posesión y administración de los bienes de la sociedad conyugal; X.- La resolución que declare la sustitución del administrador de la sociedad conyugal y la terminación de dicha sociedad; XI.- La concesión de separación del domicilio familiar; XII.- La declaratoria de herederos y el reconocimiento o desconocimiento de esa calidad o de la validez de testamento; y XIII.- Las demás resoluciones contra las que expresamente así lo señala la ley." "Artículo 651.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, se admitirán en ambos efectos las apelaciones que se interpongan en contra de: I.- Las providencias dictadas en jurisdicción voluntaria; II.- La resolución en que un juez se inhibe del conocimiento de un asunto; III.- Las interlocutorias o autos definitivos en que se declare procedente un incidente de previo y especial pronunciamiento o que paralicen o pongan término al juicio haciendo imposible su continuación; IV.- Autos o determinaciones dictadas en las audiencias denegando la admisión de pruebas, desechándolas o declarándolas desiertas totalmente; V.- Sentencias definitivas, salvo los casos de excepción; VI.- La declaración de caducidad; VII.- La resolución que declare o niegue el sobreseimiento; VIII.- La concesión de la ejecución de una resolución de tribunales de otros estados o del extranjero en obsequio de un exhorto; IX.- La resolución que se dicte con carácter de definitiva decidiendo cualquier cuestión de índole familiar, salvo las referidas a alimentos, diferencias conyugales y las contempladas en las fracciones IX a XI del artículo 645 del presente código; X.- La resolución que apruebe la partición, siempre y cuando exceda de dos mil veces la UMA; y XI.- Resoluciones dictadas en incidentes de liquidación o similares." De lo transcrito se obtiene, que el acto reclamado en esta instancia constitucional, tampoco se ubica en ninguna de esas hipótesis, por lo que se considera que el mismo no es apelable. Por otra parte, los artículos 62, 634 y 636 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit, refieren: "Artículo 62.- Las resoluciones judiciales son autos o sentencias. Estas últimas son definitivas o interlocutorias, según resuelvan la cuestión de fondo o incidental, respectivamente, y autos, todas las demás." "Artículo 634.- Las resoluciones que no sean irrecurribles ni apelables, podrán ser revocadas por el Juez que las dicte o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto." "Artículo 636.- La revocación debe pedirse dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación, por escrito, del que se ordenará correr traslado a la contraria por igual término, y transcurrido el mismo se resolverá dentro de los tres días siguientes." De lo anterior, en lo que al asunto interesa, se tiene que en contra de las resoluciones (dentro de las cuales se contempla el auto reclamado en esta instancia constitucional), que no admitan el recurso de apelación y que no sean irrecurribles, pueden ser impugnadas a través del recurso de revocación, recurso que puede tener como efecto, modificar, revocar o anular la determinación controvertida. En consecuencia, en contra del acto reclamado debe concluirse que procede el recurso de revocación, en virtud de que tal medio de impugnación puede interponerse en contra de aquellos autos que no fueren apelables ni irrecurribles, el que debe sustanciarse por el juez que dictó el proveído impugnado o por el que lo sustituya en el conocimiento del asunto, pues con él puede lograrse la revocación, modificación o anulación del auto reclamado. En la especie, el acto reclamado consiste en el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve emitido en el juicio 86/2018, por la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, en el que, entre otras cosas, no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año. Ahora, de las constancias que integran el juicio 86/2018, se advierte que previo cumplimiento al requerimiento de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, mediante proveído de uno de marzo de ese año, el Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, admitió a trámite en la vía civil ordinaria la demanda presentada por Grecia Fabiola Gradilla Segura contra Miguel Monserrat Medina Castorena, por la disolución del vínculo matrimonial incausado, por la fijación de una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva a favor del menor quejoso, por la pérdida de la patria potestad y de la custodia del menor y otras (fojas 9 a 10 y 14 a 16, legajo por separado). Además, entre otras cosas, se ordenó emplazar a la parte demandada. El veintidós de marzo de dos mil dieciocho, el juez responsable tuvo a Miguel Monserrat Medina Castorena contestando la demanda y formulando reconvención con lo que se dio vista a la parte contraria (fojas 35 a 36, legajo por separado). Seguido el juicio en sus etapas, el quince de mayo de dos mil diecinueve el juez determinó recabar de oficio diversas pruebas a efecto de resolver de manera objetiva la pensión alimenticia y las prestaciones inherentes al menor, entre ellas, practicar un estudio socioeconómico en los domicilios de las partes procesales y del menor de edad, así como una valoración psicológica a todos ellos, para posteriormente escuchar la opinión del infante, motivo por el cual se requirió a Grecia Fabiola Gradilla Segura para que proporcionara el domicilio particular en donde la actora y el menor habiten, apercibida que de no hacerlo se le impondría uno de los medios de apremio establecidos en la ley (fojas 71 a 72, legajo por separado). Debido a que la parte actora incumplió el requerimiento descrito en el párrafo que antecede, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, previa petición del autorizado de Miguel Monserrat Medina Castorena, se requirió nuevamente a Grecia Fabiola Gradilla Segura para que proporcionara su domicilio habitual y el menor a fin de llevar a cabo el estudio socioeconómico y la valoración psicológica de ambos, apercibida que de no hacerlo se haría acreedora a diez UMAS, y de actualizarse la situación de sustracción se daría vista al Agente del Ministerio Público (foja 88, legajo por separado). Inconforme con la determinación de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, el autorizado de Grecia Fabiola Gradilla Segura interpuso recurso de apelación. Medio de impugnación que el siete de octubre de ese año, el juez responsable no admitió a trámite, en virtud de que no se ubicaba en los supuestos de los artículos 645 y 651 de la ley procesal civil (fojas 91 a 97, legajo por separado). Por tanto, ya que el acto reclamado en este juicio de amparo lo constituye el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve en el apartado en el que la Secretaria de Acuerdos en Funciones de Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año, la parte quejosa debió antes de acudir a instar el presente juicio, impugnar el acto por el medio legal de defensa que la ley de la materia prevé, que lo es el recurso de revocación, en términos de los artículos 62, 634 y 636, en relación con los arábigos 645, 651 y 633 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nayarit. En consecuencia, en virtud de que contra el acto reclamado procede el recurso de revocación, al no haberse agotado, no se cumplió con el requisito de definitividad que rige al juicio de amparo, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada. Esto, porque en acatamiento a ese principio que rige la técnica de estudio en el presente asunto, resultaba indispensable que se interpusiera el recurso de revocación, previamente a la promoción del presente juicio de amparo. Además, la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercerlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión. Asimismo, se cumplen los extremos para considerar que la parte quejosa no se encontraba en los supuestos para relevarla de la obligación de cumplir con el principio de definitividad, porque: a) No se trata de actos atentatorios a la vida o la privación de la libertad, al versar sobre un asunto en materia familiar en el que el juez no admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto; b) La accionante del amparo (Grecia Fabiola Gradilla Segura, representante legal del menor de edad identificado con las iniciales M.S.M.G.), se encuentra incorporada en el procedimiento de origen porque es la parte actora; además, se demandan prestaciones inherentes al menor por lo que también él está incorporado al juicio; c) No se trata de algún asunto del orden penal; y, d) Es clara la procedencia del medio de defensa, ya que no deriva de la interpretación artificiosa de los artículos en comento, ni el contenido de los artículos en que se fundamenta son insuficientes para demostrarla. De ahí que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el arábigo 61, fracción XVIII de la ley de la materia. Fortalece la decisión que se adopta, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setecientos veintinueve, libro X, julio de dos mil doce, Tomo 1, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que refiere: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." También, la tesis XXX.2o.6 C (9a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, visible en la página dos mil trescientos setenta y siete, libro V, febrero de dos mil doce, tomo 3, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE OBSERVARSE AUN TRATÁNDOSE DE ACTOS QUE TENGAN UNA EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, COMO EN EL CASO DE LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE LA CONVIVENCIA DEL MENOR CON UNO DE SUS PROGENITORES. El hecho de que la resolución que decreta un régimen provisional de convivencia del menor con uno de sus progenitores sea de ejecución irreparable, no exime al otro de interponer el recurso procedente en su contra, puesto que la característica de irreparabilidad del acto no está comprendida entre las excepciones al principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, previstas por los artículos 107, fracciones III, IV y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracciones XII, XIII y XV, de la Ley de Amparo. Esta situación, en alguna medida, se refuerza, incluso, con el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 41/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, agosto de 2001, página 101, de rubro: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SÓLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES.", puesto que apreciada dicha tesis en sentido contrario, implica la obligación de cumplir con el citado principio cuando el acto de índole familiar sea de ejecución irreparable." Además, resulta ilustrativa, la jurisprudencia VI.2o.CJ/259, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página mil seiscientos cincuenta y cuatro, tomo XXIII, febrero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 175974, que señala: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo, incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo." Igualmente, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página novecientos dos, tomo XV, mayo de dos mil dos, materia común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 187016, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." También, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 8, libro 55, junio de 2018, tomo I, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2017117, que refiere: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia en examen, conforme a la fracción V del arábigo 63 de la ley de la materia, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo. La causal de sobreseimiento de la que se ha dado noticia precedentemente, impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, ya que de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Ilustra lo dicho, la jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que estatuye: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 65, 73, 74, 75, 76 y 217, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido contra el acto reclamado al Juez Mixto de Primera Instancia de Compostela, Nayarit, consistente en el acuerdo de siete de octubre de dos mil diecinueve emitido en el juicio 86/2018, en el que, entre otras cosas, no se admitió a trámite el recurso de apelación interpuesto contra el auto de veintitrés de septiembre de ese año. Ello, por las razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese personalmente y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el día de hoy seis de mayo de dos mil veintiuno, fecha en que concluyó su dictado y lo permitieron las labores del juzgado, ante el secretario Octavio Parra García, que autoriza y da fe. Doy fe.-

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto lo de cuenta, se aprecia que hasta el día de hoy, fecha en que se encuentra programada la audiencia dentro del presente juicio de amparo 2575/2019, no obran las constancias de notificación efectuadas a las partes de la determinación de veintisiete de octubre de dos mil veinte, a través de la cual se les hace del conocimiento la fecha programada para que tenga verificativo la audiencia constitucional con motivo de la reanudación del juicio de amparo en que se actúa. Consecuentemente, como no se tiene la certeza de que se encuentren legalmente notificadas, la audiencia constitucional programada para este día, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. NOTIFÍQUESE.

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