Grecia Alejandra Zmery Correa
Expediente 2428/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2428/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/02/2023
Partes del expediente
- Grecia Alejandra Zmery Correa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, Nayarit, mediante el cual acusa recibo e informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, recurso de queja que quedó registrado con el número 107/2023 de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, suscrito por el Administrador Postal de Correos, con sede en esta ciudad de Tepic y documental que acompaña, mediante el cual da cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en el proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, e informa que el acuse de recibo 6220-III de siete de junio de dos mil veintidós, dirigido al Secretario de Marina y Armada de México, con sede en Ciudad de México, ya fue enviado a este órgano jurisdiccional, del cual obra en autos copia certificada. Por otra parte, téngase al Administrador Postal de Correos, con residencia en esta ciudad de Tepic, informando que fue devuelto a este Juzgado el sobre que contiene el oficio 9388-III de doce de diciembre de dos mil veintidós, al cual se adjuntó el diverso oficio 6069-III, que contiene la sentencia pronunciada en el presente juicio, dirigido al Secretario de Marina y Armada de México, con sede en Ciudad de México, con una leyenda que dice "cargo impreciso", en tal virtud, reexpídase el citado oficio a la mencionada autoridad, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos el ocurso de cuenta, presentado de manera electrónica por Raúl Arellano Guzmán en su carácter de apoderado especial de la parte quejosa, por medio del cual solicita se requiera a la autoridad responsable por el cumplimiento al fallo protector dictado en el presente juicio de amparo; sin embargo, dígasele al promovente que no ha lugar a proveer de conformidad a lo peticionado, toda vez que está transcurriendo el plazo de diez días otorgado a la referida autoridad a efecto de que remita copia certificada del laudo que se dicte en los autos del juicio laboral 250/2015 de su índice. NOTIFÍQUESE.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese en autos para que surta sus efectos legales procedentes, el ocurso de cuenta firmado por la peticionaria de amparo GRECIA ALEJANDRA ZMERY CORREA, mediante el cual desahoga la prevención efectuada por auto de dos de enero de dos mil veintitrés. Ahora, del análisis de esa demanda de amparo y de las documentales que se adjuntan a la misma, este Juzgador advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Por una parte, la parte quejosa reclama lo siguiente: "La INCONSTITUCIONAL NEGATIVA de no conceder Licencia para permanecer separada de mis labores solicitada por mi persona en términos amplios de la Fracción VIII, inciso "e", del artículo 43, LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMANTARIA DEL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123, CONSTITUCIONAL, que como trabajadora federal de la educación Sindicalizada tengo derecho, numeral que a la letra señala." "La INCONSTITUCIONALIDAD de LEY DE DERECHOS Y JUSTICIA LABORAL PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT, con vigor a partir de su publicación en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 28 de mayo de dos mil veintidós". En tanto que en capítulo de antecedentes la quejosa señala: "1.- Bajo protesta de decir verdad, debo señalar esta Autoridad Judicial de la Federación, que la suscrita soy Profesora de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foráneo T con número de Filiación ZECG880255Y7 con fecha de ingreso a labores el dóa01 de febrero del año 2007, y cuento con nombramiento tipo alta definitiva (base), y estoy afiliada al SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN , SECCIÓN 20 NAYARIT, al cual pertenezco y por ende estoy sujeta a los lineamientos y derechos de un Control Colectivo, además que estoy adscrita a la ZONA ESCOLAR NÚMERO 09 de los SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NATARIT (SEPEN). (.) 2.- Debo citar y es la verdad legal, que ser una trabajadora de la educación con derechos tutelas, fue por ello que al ser trabajadora de la educación federal, que en atención, solicité por la vía tradicional y correcta Licencia para permanecer separada de mis labores, fundando mi petición, en términos amplios de la Fracción VIII, inciso "e", del artículo 43, LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, REGLAMANTERIA POR EL APARTADO B) DEL ARTÍCULO 123, CONSTITUCIONAL. (.) Derecho laboral y sindical, reitero, la quejosa solicité por los medios legales establecidos como son pedir dicho derecho, a través o por conducto del SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, SECCIÓN 20 NAYARIT, al cual pertenezco, petición que realicé con apego al Contrato Colectivo que el Sindicato de referencia tiene con la Secretaría de Educación Pública, ello con fecha 28 de abril del año 2022, donde se informó que había hacerlo mediante CONSTANCIA PARA REGISTRO A OFICINA VIRTUAL, por lo que, realicé el trámite correspondiente, recibiendo como respuesta la inconstitucional negativa a través del en donde Oficio SEPEN-DEB-DST-3943/2022 de fecha 13 de diciembre de 2022, signado por el C. JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA de los SERVICIOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE NAYARIT (SEPEN),Dr. Ariel Barajas Jiménez." Así, el juicio de amparo que ahora se intenta deviene improcedente respecto de los actos reclamados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen:"ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. " "ARTÍCULO 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)." Ahora, previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente, en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Además, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página treinta y nueve, Tomo XIV, correspondiente al mes de noviembre de dos mil uno, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Además de lo anterior, con relación a lo que debe entenderse por autoridad responsable, cabe destacar que tal calidad no únicamente le asiste a los entes que dentro de sus facultades se encuentra la del imperio, es decir de hacer respetar por medio de la fuerza pública sus propias determinaciones, sino que comprende también a todas aquellas que crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio del particular y de una manera imperativa. Sirve de sustento a lo anterior, por identidad jurídica, la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación tomo tres, segunda parte, página trece, materia común que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO. CUALES DEBEN CONSIDERARSE COMO TALES. La autoridad responsable en el juicio de amparo es el órgano estatal de facto o jure, investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, cuyo ejercicio crea, modifica o extingue situaciones generales o concretas de hecho o jurídicas, con trascendencia particular y determinada de una manera imperativa; en otros términos, señala el artículo 11 de la Ley de Amparo, que es autoridad responsable la que dicta u ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Por tanto, se considera que un Juez de Distrito, por el hecho de haber concedido la libertad bajo fianza al inculpado, dentro del incidente de suspensión del juicio indirecto que promovió en contra de la sentencia que confirmó el auto de formal prisión decretado en su contra, no debe ser considerado como autoridad responsable en el juicio de amparo directo, pues no cae en su ámbito competencial la ejecución de la sentencia reclamada y, por tanto, el juicio con respecto a dicha autoridad es improcedente y debe ser sobreseído con fundamento en los artículos 166, fracción III, 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En el caso, y por las razones que se expondrán a continuación, las autoridades señaladas como responsables en la demanda, no se encuentran en un plano de supra subordinación respecto de la quejosa, de donde se colige que no tienen el carácter de responsables para efectos del juicio de amparo. Se dice lo anterior, porque la quejosa reclama en esta vía constitucional, de manera destacada lo concerniente al oficio SEPEN-DEB-DST-3943/2022 de trece de diciembre de dos mil veintidós signado por el Jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN); por medio del cual dicha autoridad, señala que no es procedente la solicitud de licencia para pasar a otro empleo. Sin embargo, los reseñados actos reclamados no pueden ser considerados como una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, sino que en realidad esos actos se tratan de una relación laboral entre el Jefe del Departamento de Educación Secundaria Técnica de los Servicios de Educación Pública del Estado de Nayarit (SEPEN) y otras autoridades y la promovente de la tutela constitucional, quien tiene el cargo de Profesora de Adiestramiento de Secundaria Técnica Foránea T, de base, con número de filiación ZECG880255Y7. Por tanto, la demanda de amparo indirecto que se analiza resulta ser improcedente, debido a que el juicio de garantías sólo procede contra actos de autoridades, ya que las entidades señaladas como responsables en dicha demanda tienen una personalidad que corresponde a las personas morales oficiales de derecho privado, en tanto que son los depositarios de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Secretaría Educación Pública del Estado de Nayarit, carácter con el cual conforman relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra a subordinación; de ahí, la improcedencia del juicio de amparo que nos ocupa, al sustentarse precisamente en tal relación laboral y no en la diversa relación que existe entre gobernante y gobernado. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis VII.2º.A.T.10 A, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativas y de Trabajo del Séptimo Circuito, visible en la página cuatrocientos ochenta y siete, Tomo IX, Febrero de mil novecientos noventa y nueve, Materia Administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DIRECTOR DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ. Los funcionarios de organismos públicos, en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una disposición legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas que afecten la esfera de los gobernados, es decir, actuar como autoridades. Sin embargo para determinar si a quien se atribuye el acto reclamado es autoridad para efectos del juicio de amparo debe atenderse a la norma legal que lo rige y examinar el caso concreto. Ahora bien, no puede considerarse que el acto reclamado al director de Educación Primaria de la Secretaría de Educación y Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz, consistente en la orden de cambio de adscripción de un inspector de zona, sea un acto de autoridad, pues atendiendo al contenido del artículo 1o. del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado y del diverso 16 del Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la Dirección General de Educación del Estado, donde se establece, entre otros aspectos, que esa secretaría es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado y que es obligación de sus trabajadores obedecer las instrucciones y órdenes que reciban de sus superiores y trasladarse al lugar al que sean removidos, es de considerarse que el director señalado como responsable, al emitir el acto reclamado lo hizo con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal." En tal virtud, resulta incuestionable que entre las autoridades responsables, y la promovente como trabajadora de base de la Secretaría Educación Pública del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, existe un vínculo contractual que se asimila a la relación laboral existente con un patrón, en la que éste, además de la obligación constitucional y legal que le asiste de pagar un salario a cambio de la prestación del servicio, que en el caso cobra relevancia al tratarse de la prestación de un servicio público en la citada dependencia gubernamental, de ahí que, cualquier decisión adoptada por el patrón atañe a dicho vínculo contractual, como ocurre en el caso que se analiza. Por ello, debe concluirse que el conflicto originado con ese motivo, no constituye un acto de autoridad que sea susceptible de analizarse mediante el juicio de amparo indirecto, sino que, se repite, se trata de un hecho derivado de la relación laboral existente entre las partes; en consecuencia, los conflictos que se susciten entre el trabajador con los organismos oficiales, deben plantearse ante la autoridad laboral competente donde se diriman dichos conflictos. Ello es así, pues se reitera, el acto reclamado por su naturaleza inherente, es claro que está encaminado al ámbito del derecho laboral que en todo caso, rige las relaciones entre patrón y trabajador; de ahí que las responsables no resultan ser autoridades para efectos del juicio de amparo. Aplica lo anterior, por las razones que la informan y en lo conducente, la jurisprudencia con número de registro 2011298, III.4º.T. J/3 (10a) de los Tribunales Colegiado de Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y nueve, del Tomo II, marzo de dos mil seis, libro veintiocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera 'autoridad' a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." También es ilustrativa la tesis 2a.LI/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, junio de 1996, página 369, registro 200595, que dice: "COMPETENCIA LABORAL. LA TIENE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS EN LOS QUE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA ESTATAL, SEA PARTE. El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla es la autoridad competente para conocer de las controversias laborales en las que la mencionada Secretaría de Estado figure como demandada, ya que de conformidad con el artículo 82, fracción I, de la Ley de los Trabajadores al Servicio del propio Estado, a dicho tribunal laboral le corresponde 'conocer de los conflictos individuales que se susciten entre algunos de los departamentos del gobierno del Estado y sus trabajadores'; además, dicha Secretaría ejerce la función de patrón sustituto de todos los trabajadores de los planteles escolares federales que se incorporaron al sistema educativo, al suscribir el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica y el convenio respectivo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve y veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos, respectivamente. No es óbice para lo anterior que el artículo 8o. de la invocada Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, excluya de su ámbito a los trabajadores de la educación, habida cuenta que la Legislatura Estatal no ha expedido las leyes especiales que refiere el precepto en comento, ni menos se ha instituido algún tribunal con atribuciones específicas para conocer de conflictos de esta índole. " Así como el criterio emitido por el Tribunal Colegiado Supernumerario en Materia del Trabajo del Primer Circuito, visible a página trescientos veintinueve, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. AUTORIDADES DESIGNADAS COMO RESPONSABLES, QUE ACTÚAN COMO PARTICULARES EN UNA RELACIÓN OBRERO PATRONAL. Cuando la autoridad prescindiendo de su imperio, se sitúa en el mismo plano que los gobernados, y celebra un contrato de trabajo que regirá entre ellos las relaciones laborales, bajo las cuales los trabajadores desempeñarán sus servicios, y dentro de dichas relaciones los trabajadores estiman violados sus derechos laborales, y fueron esas transgresiones las que dieron origen al conflicto planteado ante el Juez Federal, la autoridad actuó como simple particular y sus actos necesariamente tienen ese carácter, por lo que el juicio de garantías resulta improcedente, en los términos del artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 1o., fracción I, de la misma ley, y 103, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. " De igual manera la tesis I.6o.T. 26 L, Materia Laboral, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página trescientos cuarenta y siete, del Tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ÓRGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTÚAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra subordinación a que ya se hizo mérito." Así también es aplicable la tesis emitida por la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cuarenta y uno, tomo XCIX, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "TRABAJADORES DEL ESTADO DE MICHOACAN, ANTES DE OCURRIR AL AMPARO DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE RESPECTIVO. Si un trabajador al servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, reclama en amparo ante un Juez de Distrito, el cese en su empleo y la falta de pago de sus sueldos, dicho juicio de garantía debe sobreseerse, porque si bien es verdad que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Michoacán, por el contenido de su artículo 1o., de ninguna manera priva a los respectivos títulos de su carácter de autoridad, antes bien, por tener ese carácter resultan vinculados por las disposiciones del estatuto; también lo es que el artículo 2o., del mismo ordenamiento, reconoce la existencia, para todos los efectos legales, de una relación jurídica de trabajo entre autoridades y funcionarios por un lado, y por otro, los trabajadores al servicio de unas y otras, ligados entre sí por un complejo de derechos y obligaciones recíprocos; esto es, la violación de los primeros y la infracción de las últimas, como producido entre partes dentro de aquella relación jurídico-laboral, no dan origen a controversia de que deban conocer originalmente los tribunales de la Federación, en el sentido del artículo 103 constitucional, sino que surten la competencia del Tribunal de Arbitraje, según el artículo 63, fracción I, y el único procedimiento idóneo para resolverlos, es el previsto en el artículo 100, ambos del estatuto que se menciona." De ahí que, se insiste, en el presente caso las autoridades responsables no tienen la calidad de autoridades responsables, en términos del artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Finalmente, no es óbice a lo anteriormente considerado el que la parte quejosa hubiese señalado que reclama también la inconstitucionalidad de la Ley de Derechos y Justicia Laboral para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con vigor a partir de su publicación en Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Nayarit, el día 28 de mayo de dos mil veintidós, al Congreso del Estado de Nayarit, pues en tratándose de amparo contra leyes, su procedencia y estudio se encuentra supeditado a que el acto de aplicación sea procedente para efectos del amparo, lo que como ha quedado patente, no se actualiza, de manera que no puede encontrarse en esa excepción pues el requisito de procedibilidad no se colma. Esto es así ya que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Es convergente al caso la Jurisprudencia 2a/J 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo registro digital 191311 que a la letra dice: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Consecuentemente, se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA , la demanda de garantías promovida por GRECIA ALEJANDRA ZMERY CORREA, en atención a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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- Grecia Estefanía Castillo Carrasco1628/2023
- Grecia Paola Romero Cervantes299/2021
- Gregoria Arce Hernandez554/2022
- Gregorio Abaad Hernández1633/2022
- Gregorio Arechiga Velazco1789/2022