Graciela Wong Osorio
Expediente 729/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 729/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Graciela Wong Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 729/2023, promovido por ********************; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el veintiuno de julio de dos mil veintitrés, y turnado a este órgano judicial en la misma fecha, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Siendo que, en atención a la prevención que se le formuló en autos, se advierte que señala como autoridades responsables al: 1.- PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 2.- CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 3.- CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. A quienes les reclama La inconstitucionalidad del: a).- Artículo 12, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de las Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. b).- Artículo 51 de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, abrogada. Así como al: 4).- ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES, SEGURIDAD E HIGIENE EN LA REPRESENTACIÓN ESTATAL DE OAXACA, DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. Reclamándole como acto de aplicación de esos preceptos legales (foja 03): La deducción de $15,136.80 por compatibilidad de pensión aplicada a la pensión por viudez número 1774817, la cual asciende a $32,432.60, restringiendo dicho pago al 100% por la presunta compatibilidad de pensión, al contar la suscrita con una pensión por Jubilación por derechos propios, la cual fue asignada bajo el número ****, la cual asciende a $21,976.00. Actos que estima violatorio del artículo 16 de la Constitución Federal. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Una vez que la parte quejosa cumplió con la prevención que se le formuló; en proveído de ocho de agoto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo; se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o : Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 23/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad; por tratarse de un juicio de amparo en materia ADMINISTRATIVA. Segundo. Temporalidad en la presentación de la demanda. La parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que, el tres de julio de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento del acto de aplicación reclamado (foja 91); sin prueba en contrario que desvirtúe lo anterior; de ahí que, el término de quince días con que contaba para promover este juicio, le transcurrió del cuatro al veinticuatro de julio del año en curso, sin contar los días inhábiles; por tanto, si su demanda la presentó el veintiuno de ese mes, la misma la promovió dentro del plazo regulado por el artículo 17 de la Ley de Amparo. Tercero. Existencia de los actos reclamados. La Directora General de Amparos contra actos administrativos, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México. La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con residencia en la ciudad de México. La titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Representación Estatal Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca. Al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. Por su parte, el subdirector de Amparos en su carácter de representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México, al rendir su informe justificado negó categóricamente el acto consistente en: La inconstitucionalidad del Reglamento para el Otorgamiento de las Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Porque refiere que, dicho Reglamento fue expedido por el Titular del Ejecutivo Federal. Sin embargo, de la lectura integral efectuada al escrito con el cual, la parte quejosa, dio cumplimiento a la prevención que se le formuló, se advierte que a esa Cámara no se le reclamó ese acto, sino que se le reclamó (foja 99): La aprobación y expedición de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de diciembre de 1983. Respecto del cual fue omiso en manifestar su existencia. No obstante lo anterior, al constituir un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que esa Ley fue expedida por dicha Cámara, se tiene por cierto el acto que se le atribuye. Cuarto.- Análisis de improcedencia. La Directora General de Amparos contra actos administrativos, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la ciudad de México, al rendir su informe justificado refiere que, este juicio resulta improcedente, toda vez que, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad contra el acto de aplicación reclamado; y, además, porque ese acto, le depara a la peticionaria del amparo un perjuicio económico y no jurídico. Resultan infundadas las causales invocadas, porque al combatirse la inconstitucionalidad de diversos preceptos legales, con motivo de su primer acto de aplicación, atento a lo dispuesto en el numeral 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" La parte quejosa, no estaba obligada a agotar algún recurso en contra de dicho acto, pues la ley le otorga la opción de hacerlo valer o impugnarlo mediante este juicio de amparo, como así lo hizo. Máxime que, el tema de inconstitucionalidad de leyes, es una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación que hace procedente el juicio de amparo que se promueva contra el primer acto de aplicación referido, sin necesidad de agotar algún medio de defensa ordinario. Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia I.4o.A. J/55, con registro 172491, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXV, Mayo de 2007, Página: 1799, Materia(s): Administrativa, con el rubro y texto siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES INNECESARIO AGOTARLO PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL RECURSO DE RECONSIDERACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY QUE LA RIGE, SI EN DICHA IMPUGNACIÓN SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS EN QUE AQUÉLLA SE FUNDA. Si bien es cierto que el juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa procede, por regla general, contra la resolución definitiva dictada por la Comisión Federal de Competencia en el recurso de reconsideración previsto en el artículo 39 de la Ley Federal de Competencia Económica, también lo es que si en dicha impugnación se reclama la inconstitucionalidad de los artículos en que aquélla se funda, se actualiza una excepción al principio de definitividad que rige en el amparo, pues ese tema es una facultad exclusiva del Poder Judicial de la Federación que hace procedente el juicio de garantías promovido contra dicha resolución sin necesidad de agotar el mencionado medio de defensa ordinario." Quinto.- Estudio del acto concreto de aplicación. Resultan fundados los conceptos de violación, en los cuales la parte quejosa refiere que: ".la autoridad responsable, viola lo establecido en el Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "ARTÍCULO 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Ya que, a criterio de la suscrita al no existir constancia de la emisión del ato reclamado por escrito, se advierte que fue en forma verbal, lo cual implica que el acto carece de fundamentación y motivación, porque no consta por escrito y no son apreciables en forma objetiva los fundamentos y motivación que debieran darle sustento legal, lo que provoca la violación al derecho humano de legalidad de la parte quejosa." En efecto, la simple lectura efectuada al comprobante de pago expedido a favor de la quejosa ********************, que se inserta en la imagen siguiente (foja 29): Se advierte que, viola en su perjuicio el artículo 16 Constitucional, en torno a la debida fundamentación y motivación que todo mandato de autoridad debe contener, ya que dicho acto no cumple con tales exigencias, habida cuenta que con relación al primero de estos conceptos debe entenderse que ha de citarse el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para su emisión; siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Lo anterior acontece, porque en ese recibo, el encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Representación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a la pensión número 1774817, que percibe la aquí quejosa, le efectuó una deducción por concepto "048. COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN"; sin señalar con precisión con base en que precepto legal, así como, cuáles son las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración para efectuar esa deducción. En las relatadas consideraciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, para el efecto de que, el encargado del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en la Representación Estatal de Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una vez que cause ejecutoria esa sentencia, proceda en los términos siguientes: 1).- Deje sin efecto la deducción que por concepto "048. COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN", efectuó a la pensión número 1774817, que percibe la aquí quejosa ********************, que aparece en el recibo de pago citado. 2).-Pague a la quejosa ********************, las deducciones que por concepto "048. COMPATIBILIDAD DE PENSIÓN", le haya efectuado a su pensión número 1774817, que percibe por parte de ese Instituto. Resulta aplicable la jurisprudencia Época: Décima Época, Registro: 2014394, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 45/2017 (10a.), Página: 1049, con el rubro y texto siguientes: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO RESPECTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 51, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY RELATIVA ABROGADA. Cuando el juicio de amparo se promueva contra los actos de aplicación del precepto citado, declarado inconstitucional por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 97/2012 (10a.) (*), por regla general, el efecto de la protección no puede llevarse al extremo de impedir su aplicación futura en términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, ni afectar actos distintos al reclamado, cuya constitucionalidad no haya sido impugnada en la demanda, pues el amparo contra actos de aplicación de leyes declaradas inconstitucionales en jurisprudencia, no comprende a la norma general declarada inconstitucional si ésta no fue señalada como acto reclamado, sino que tiene por efecto que, en observancia de la jurisprudencia, no se aplique la ley en un acto concreto. Lo anterior, en el entendido de que, excepcionalmente, la concesión del amparo podrá tener efectos futuros cuando se impugne una resolución del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que por su contenido y naturaleza implique el ajuste de los pagos subsecuentes sin los descuentos fundados en la norma referida." Así como, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 56, del Semanario Judicial de la Federación, 151-156 Segunda Parte, Séptima Época, que textualmente dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 16 de nuestra Ley Fundamental, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse, con precisión, el precepto aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, concretamente, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso de que se trate". Cabe destacar que el efecto de esta sentencia, no consiste en ordenar la emisión de un nuevo acto de autoridad, sino solamente dejar insubsistente el acto de aplicación reclamado y sus consecuencias legales. No obstante, no se impide a las autoridades responsables actuar de nueva cuenta en ejercicio de sus facultades discrecionales que le confiera la legislación aplicable. Resulta ilustrativa el criterio contenido en la jurisprudencia P./J. 45/98, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Septiembre de 1998, página 5, registro digital: 195532, de rubro y texto: "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE ESE SENTIDO ANTE LA ACTUALIZACIÓN DE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO VIOLA LA GARANTÍA DE LEGALIDAD CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El sentido de lo dispuesto en el último párrafo de la fracción III, del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a que el Tribunal Fiscal de la Federación debe emitir una sentencia de nulidad para efectos cuando se actualice la causal prevista en la fracción II, del artículo 238 del mismo ordenamiento legal, referente a la ausencia de fundamentación y motivación de la resolución impugnada, se desentraña relacionándolo armónicamente con el párrafo primero de esa misma fracción, dado que así se distingue la regla de que la sentencia puede declarar la nulidad de la resolución para determinados efectos y una excepción, cuando la resolución involucra las facultades discrecionales de la autoridad administrativa. Reconocida esa distinción en la hipótesis en que la resolución carece de fundamentación y motivación (artículo 238, fracción II), y la variada competencia que la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación otorga al mismo tribunal, descuella, que para poder determinar cuándo la sentencia de nulidad debe obligar a la autoridad administrativa a dictar una nueva resolución, y cuándo no debe tener tales efectos, es necesario acudir a la génesis de la resolución impugnada, a efecto de saber si se originó con motivo de un trámite o procedimiento de pronunciamiento forzoso, o con motivo del ejercicio de una facultad discrecional. Cuando la resolución se dictó como culminación de un procedimiento o en relación con una petición, donde el orden jurídico exige de la autoridad un pronunciamiento, la reparación de la violación detectada no se colma con la simple declaración de nulidad, sino que es preciso que se obligue a la autoridad a dictar otra, para no dejar incierta la situación jurídica del administrado, en el sentido que sea, pero fundada y motivada. Consideración y conclusión diversa amerita el supuesto en que la resolución nace del ejercicio de una facultad discrecional de la autoridad, en la que opera la excepción señalada, dado que el tribunal, al declarar la nulidad de la resolución, no puede obligar a la autoridad administrativa a que dicte nueva resolución, porque equivaldría a que se sustituyera a la autoridad administrativa en la libre apreciación de las circunstancias y oportunidad para actuar que le otorgan las leyes, independientemente de que también perjudicaría al administrado actor en vez de beneficiarlo, ya que al darle ese efecto a la nulidad, se estaría obligando a la autoridad a actuar, cuando ésta, podría no encontrar elementos para fundar y motivar una nueva resolución, debiendo abstenerse de emitirla. Por la misma causa, la sentencia que declara nula una resolución infundada e inmotivada, emitida en ejercicio de facultades discrecionales, no puede impedir que la autoridad administrativa pronuncie una nueva resolución, en virtud de que con tal efecto le estaría coartando su poder de decisión, sin haber examinado el fondo de la controversia. Las conclusiones alcanzadas responden a la lógica que rige la naturaleza jurídica del nacimiento y trámite de cada tipo de resoluciones, según la distinción que tuvo en cuenta la disposición en estudio, de tal modo que en ninguna de las dos hipótesis viola la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 constitucional, ya que si bien este dispositivo fundamental no establece la posibilidad de que ante la anulación de una resolución administrativa por falta de fundamentación y motivación, se obligue a la autoridad que la emitió, a que reitere el acto de molestia, es inconcuso que cuando dicha autoridad, en virtud de las leyes que rigen su competencia, o con motivo de una instancia o recurso del demandante, debe pronunciarse al respecto, la sentencia anulatoria de su acto infundado e inmotivado que la obligue a dictar otra resolución y hasta a indicarle los términos en que debe hacerlo, como establece la regla general de la disposición examinada, además de que tiene por objeto acatar el derecho de petición que garantiza el artículo 8o. constitucional, viene a colmar la pretensión del particular, pues le asegura una resolución depurada conforme a derecho." Siendo oportuno dejar asentado que, este órgano judicial, no se pronuncia respecto a la inconstitucionalidad reclamada, en atención a que, el acto de aplicación, no se encuentra debidamente fundado y motivado, pues la parte quejosa ignora cuál es la ley exactamente aplicable al caso concretó que se aplicó, así como los motivos por los cuales, resulte aplicable ese ordenamiento; de ahí que, de proceder a ese estudio, se le dejaría en estado de indefensión al carecer de los elementos necesarios para que controvierta en su caso, la inconstitucionalidad de los fundamentos y motivos, que sustentan el acto reclamado. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, en términos del artículo sexto transitorio, de la Ley de Amparo: La jurisprudencia con registro 238717, Séptima Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, 48, Tercera Parte Página51, Jurisprudencia Materia administrativa, Común, con el rubro y texto siguiente: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, AMPARO EN CASO DE LA GARANTIA DE. Texto: Si el acto reclamado no es intrínseca y radicalmente anticonstitucional porque no evidencia en sí mismo la falta de norma alguna legal o reglamentaria que pudiera justificarlo (como sucedería, por ejemplo, respecto de un acto dictado sin competencia constitucional) para obtener, de modo indubitable, una conclusión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto, que yendo más allá de su aspecto formal trascendiera al fondo, esto es, a su contenido, sería preciso hacer un estudio exhaustivo de todas las leyes y reglamentos, a fin de poder determinar si existe o no alguna disposición que le sirva de apoyo, estudio que no es dable realizar en el juicio de amparo. Llámese violación procesal o formal (los dos términos se han empleado indistintamente en la jurisprudencia, aunque el primero, en verdad, no con intachable propiedad) a la abstención de expresar el fundamento y motivo de un acto de autoridad, lo cierto es que tal abstención impide juzgar el acto en cuanto al fondo, por carecerse de los elementos necesarios para ello, pues desconocidos tales fundamento y motivo, los mismos no pueden ser objeto de apreciación jurídica alguna. La reparación de la violación cometida, mediante el otorgamiento del amparo, consiste en dejar insubsistente el acto formalmente ilegal; pero no juzgada la constitucionalidad del propio acto en cuanto al fondo por desconocerse sus motivos y fundamentos, no puede impedirse a la autoridad que emita un nuevo acto en el que purgue los vicios formales del anterior, el cual, en su caso, podría reclamarse en un amparo, entonces sí, por violaciones de fondo concernientes a su fundamentación y motivación ya expresados. Si bien no puede impedirse a la autoridad que reitere el acto, con tal que lo funde y motive, tampoco puede obligársele a que haga su reiteración, pues si la propia autoridad encuentra que, ciertamente, el acto reclamado no podría apoyarse en irreprochables motivos y fundamentos legales, estará en aptitud de no insistir en el mismo. En consecuencia, la concesión del amparo contra un acto no fundado ni motivado únicamente constriñe a la responsable a dejarlo insubsistente, mas no a reiterarlo purgando esos vicios formales." Así como, la tesis 236, Novena Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 175 del Apéndice 2000, Tomo Constitucional, con el rubro y texto siguientes: AMPARO CONTRA LEYES. IMPROCEDENCIA DEL EXAMEN DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY O REGLAMENTO RECLAMADOS COMO HETEROAPLICATIVOS, CUANDO EL ACTO DE APLICACIÓN QUEDA NULIFICADO POR VIRTUD DE HABERSE ORDENADO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL QUE DICHO ACTO EMANÓ.- Texto: No procede el examen de la constitucionalidad de una ley reclamada como heteroaplicativa cuando se concede el amparo a efecto de que se reponga el procedimiento administrativo que dio lugar a la emisión del acto de aplicación. Lo anterior obedece a que, cuando se promueve un amparo contra una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente de amparo y no la ley o el reglamento; de tal manera que si el acto de aplicación queda insubsistente por virtud de que el procedimiento del que emanó debe reponerse por estar viciado, no es posible el examen de la ley o reglamento que se reclamaron, no como autoaplicativos, sino por virtud de su primer acto de aplicación. Lo anterior no deja indefenso al promovente, habida cuenta de que una vez que se reponga el procedimiento puede suceder que la ley ya no se le aplique en su perjuicio, y si se le aplica, estarán expeditos sus derechos para promover el juicio de garantías tanto en contra de ordenamientos generales, como en contra del acto, sin que pueda sostenerse en contrario que la ley ya se le había aplicado con anterioridad, toda vez que con motivo de la reposición del procedimiento, el primer acto de aplicación quedó extinguido, como si nunca hubiera existido." Por tanto, en el caso concreto, no resulta aplicable, ni se desatiende, la tesis, 2ª. LXXXII/2001, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 307, tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2001, correspondiente a la Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "LEYES. CUANDO SE CONTROVIERTE EN AMPARO LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, EL JUZGADOR DE GARANTÍAS DEBE ABORDAR EL ESTUDIO DE SU CONSTITUCIONALIDAD, ANTES DE PRONUNCIARSE SOBRE LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD APLICADORA. Conforme a lo dispuesto en la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 34 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 1999, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.", si el juzgador de garantías advierte que resulta procedente el juicio de amparo respecto del acto de aplicación de una ley, enseguida debe analizar la constitucionalidad de ésta y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo respecto de la misma, será factible abordar los conceptos de violación enderezados en contra de aquél por vicios propios. En ese tenor, antes de analizar si la autoridad responsable a la que se atribuye el respectivo acto de aplicación cuenta en su ámbito competencial con la atribución necesaria para emitir la determinación correspondiente, el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que se concretó en perjuicio del peticionario de garantías, pues aun cuando aquélla careciera de la potestad necesaria, lo cierto es que la hipótesis normativa impugnada sí trascendió a la esfera jurídica de este último, lo que le confiere el derecho a obtener una resolución sobre su constitucionalidad." Sexto- Ley de Transparencia. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. En mérito a lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en los artículos 1°, fracción I, 76, 77 y 78 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a ********************, en los términos a que se refiere el considerando Quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE O VÍA ELECTRÓNICA, SEGÚN CORRESPONDA. Así lo resolvió y firma electrónicamente el licenciado Víctor Manuel Jaimes Morelos, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca; hoy diecisiete de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que concluyó el engrose por así haberlo permitido las labores de este juzgado, ante el licenciado Teodosio Sánchez Méndez, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del expediente, del que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, el dieciocho del actual se dio vista las partes con el informe justificado que rindió la Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; lo que se notificó a las partes el diecinueve siguiente; por ello, a fin de respetar el término de ocho días, tal como lo dispone el artículo 117 de la ley de la materia, la audiencia constitucional que estaba señalada para hoy, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE PRÓXIMO, para su celebración vía remota. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.504/2000, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, los escritos electrónicos suscritos por la licenciada **********, autorizada legal de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos. Notifíquese por lista electrónica.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el escrito electrónico suscrito por la licenciada ********************, autorizada legal de la parte quejosa, en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando alegatos. Notifíquese por lista electrónica.
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