Graciela Vargas Flores
Expediente 549/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 31 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 31
- Última actuación
- 09/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Graciela Vargas Flores
Actuaciones
Las 4 más recientes de 31.
- Principal
I. Del estado de autos, se advierte que mediante proveído de cinco de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por cumplida la sentencia protectora dictada en el presente juicio, sin que las partes quejosa y tercero interesada, hayan hecho valer recurso alguno contra dicha determinación; en tal circunstancia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero de la Ley de Amparo en vigor, téngase por consentida tal determinación, para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión derivado del juicio en que se actúa. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción IV, del capítulo quinto del mencionado acuerdo así como el Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa, es de aquellos susceptibles de depuración, transcurridos cinco años contados a partir de la notificación de la presente determinación, lo que significa que únicamente se conservará la demanda y sentencia respectivas, destruyéndose el resto del expediente, pues no se considera de relevancia documental que amerite su conservación, además, no contiene información reservada.
- Incidental
I. De la cuenta secretarial se advierte que en proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se declaró firme el auto que declaró cumplido el fallo protector, ordenándose el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, del acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el original del presente incidente es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente proveído, lo que significa que únicamente se conservará la suspensión provisional y definitiva en la que se concedió a la parte quejosa la suspensión de los actos reclamados.
- Principal
I. De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, respectivamente, sin que ninguna de las partes haya realizado manifestación alguna. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Por sentencia de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, dictada por este tribunal, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, que solicitó la quejosa Graciela Vargas Flores (fojas 169 a 186). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por lo que por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 203 a 205), determinándose requerir al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: a) Dejara sin efecto todo lo actuado en el juicio sumario civil 675/2011 de su índice, a partir del auto dictado el diez de julio de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en que se ordena notificar a la aquí quejosa en el domicilio ahí señalado; asimismo, deje sin efectos la audiencia de remate en su primera almoneda llevada a cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, que contiene la resolución de adjudicación del inmueble en controversia y todas sus consecuencias legales; b) Repusiera el procedimiento para el efecto de que previo a señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda, notificara personalmente a la acreedora Graciela Vargas Flores, el estado de ejecución del remate; y, c) Una vez hecho lo anterior, continuara con el trámite que corresponda en el procedimiento de remate en el juicio sumario civil 675/2011 de su índice y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho corresponda. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, por ser consecuencia del que se estimó inconstitucional. Ahora, de un análisis integral de las documentales que remitieron el Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, respectivamente, a través de los comunicados 2286/2018, 2569/2018 y 2578/2018 (fojas 210 a 212, 230 a 232), se advierte que efectuaron lo siguiente: El suscrito Juez responsable, dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio sumario civil número 675/2011, a partir del auto dictado el diez de julio de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en que se ordenó notificar a la acreedora Graciela Vargas Flores, aquí quejosa, en el domicilio ahí señalado. Asimismo, dejó sin efectos la audiencia de remate en su primera almoneda, llevada a cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, que contiene la resolución de adjudicación del inmueble en controversia y todas sus consecuencias legales. Igualmente, ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que previo señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda, se notifique personalmente a la acreedora Graciela Vargas Flores, aquí quejosa, con domicilio habitual en la calle Lima, número siete, colonia Ignacio López Rayón, de esta ciudad, el estado de ejecución de remate, para que en termino de tres días manifestara si desea o no intervenir en el avaluó y subasta del inmueble materia del juicio. Por su parte, el Actuario responsable, en cumplimiento a la ejecutoria, notificó por medio de instructivo a la acreedora Vargas Flores, aquí quejosa, el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el juez responsable en el juicio del cual emana el acto reclamado (233 a 238). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo, de las que se obtiene que las autoridades responsables se apegaron a los lineamientos que les fueron fijados en la sentencia de amparo, puntualizados en líneas anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos, pues se acató con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, como quedó precisado en párrafos que anteceden. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
- Principal
I. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO AL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN CITATORIO DE FECHA OCHO DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, NOTIFÍQUESE A LA PARTE QUEJOSA Y A SUS AUTORIZADOS POR MEDIO DE LISTA SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, EL PROVEIDO DE CINCO DE OCTUBRE DEL AÑO QUE TRANSCURRE, PROVEIDO DE REFERENCIA QUE EN LO CONDUCENTE DICE: De la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días, concedido a las partes en proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, para que manifestaran lo que a su derecho e interés conviniera respecto del cumplimiento que dio el Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, respectivamente, sin que ninguna de las partes haya realizado manifestación alguna. Ahora, tomando en consideración que la ejecución de las sentencias de amparo es de orden público, este Tribunal procede a estudiar si tal ejecutoria ha sido acatada. Sobre el particular, resulta ilustrativa la tesis: Tesis: 2a./J. 26/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 192174 1 de 1 Segunda Sala Tomo XI, Marzo de 2000 Pag. 243 Jurisprudencia(Común) INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia. Por tanto, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo de la ley de la materia, debe precisarse lo siguiente: Por sentencia de veinticinco de julio de dos mil dieciocho, dictada por este tribunal, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, que solicitó la quejosa Graciela Vargas Flores (fojas 169 a 186). Sin que ninguna de las partes legitimadas hubiese recurrido la sentencia de amparo, por lo que por auto de veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, causó ejecutoria (fojas 203 a 205), determinándose requerir al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días informara sobre su cumplimiento; actos de ejecución que debería realizar, atendiendo a los efectos de la protección constitucional, que son los siguientes: a) Dejara sin efecto todo lo actuado en el juicio sumario civil 675/2011 de su índice, a partir del auto dictado el diez de julio de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en que se ordena notificar a la aquí quejosa en el domicilio ahí señalado; asimismo, deje sin efectos la audiencia de remate en su primera almoneda llevada a cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, que contiene la resolución de adjudicación del inmueble en controversia y todas sus consecuencias legales; b) Repusiera el procedimiento para el efecto de que previo a señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda, notificara personalmente a la acreedora Graciela Vargas Flores, el estado de ejecución del remate; y, c) Una vez hecho lo anterior, continuara con el trámite que corresponda en el procedimiento de remate en el juicio sumario civil 675/2011 de su índice y, en su oportunidad, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo que en derecho corresponda. Concesión que se hizo extensiva al acto de ejecución reclamado a la Actuaria adscrita al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en esta ciudad, por ser consecuencia del que se estimó inconstitucional. Ahora, de un análisis integral de las documentales que remitieron el Juez y Actuaria adscritos al Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con sede en esta ciudad, respectivamente, a través de los comunicados 2286/2018, 2569/2018 y 2578/2018 (fojas 210 a 212, 230 a 232), se advierte que efectuaron lo siguiente: El suscrito Juez responsable, dejó sin efectos todo lo actuado en el juicio sumario civil número 675/2011, a partir del auto dictado el diez de julio de dos mil diecisiete, únicamente en la parte en que se ordenó notificar a la acreedora Graciela Vargas Flores, aquí quejosa, en el domicilio ahí señalado. Asimismo, dejó sin efectos la audiencia de remate en su primera almoneda, llevada a cabo el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, que contiene la resolución de adjudicación del inmueble en controversia y todas sus consecuencias legales. Igualmente, ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que previo señalar hora y fecha para la celebración de la audiencia de remate en su primera almoneda, se notifique personalmente a la acreedora Graciela Vargas Flores, aquí quejosa, con domicilio habitual en la calle Lima, número siete, colonia Ignacio López Rayón, de esta ciudad, el estado de ejecución de remate, para que en termino de tres días manifestara si desea o no intervenir en el avaluó y subasta del inmueble materia del juicio. Por su parte, el Actuario responsable, en cumplimiento a la ejecutoria, notificó por medio de instructivo a la acreedora Vargas Flores, aquí quejosa, el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, emitido por el juez responsable en el juicio del cual emana el acto reclamado (233 a 238). Documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su precepto 2º, párrafo segundo, de las que se obtiene que las autoridades responsables se apegaron a los lineamientos que les fueron fijados en la sentencia de amparo, puntualizados en líneas anteriores. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que lo procedente en el caso, es declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, sin excesos ni defectos, pues se acató con todos y cada uno de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, como quedó precisado en párrafos que anteceden. Con lo anterior, dése vista a las partes, para que dentro del término de quince días, legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por consentido este auto y se ordenará el archivo del expediente como asunto concluido; lo anterior, con fundamento en el artículo 201, fracción I, en relación con el diverso 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo en vigor.
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