Graciela Tufiño Trejo
Expediente 305/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 305/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 14/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Graciela Tufiño Trejo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Graciela Tufiño Trejo por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada. Inconforme con dicha resolución la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.] que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y en su lugar dicte otro en el que a ese respecto señale que: - Mientras persistan las medidas sanitarias decretadas por el Consejo de Salubridad General y las que a su vez imponga el Poder Judicial del Estado de Veracruz, decrete las convivencias del menor de edad con su progenitor a través del uso de tecnologías de la información, por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por WhatsApp, webex, Zoom, o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes; así como las medidas necesarias para corroborar que se verifiquen, como podría ser, su participación inicial en la conferencia (a efecto de corroborar que la madre haga el enlace) y posteriormente otorgarles privacidad. - Una vez concluido el periodo de contingencia y reiniciadas las labores de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, las convivencias habrán de continuarse en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en presencia del personal de dicho centro, a fin de evitar posibles riesgos físicos o psicológicos de la menor y su progenitoria. En el entendido que, como ya se indicó, la autoridad responsable podrá hacer uso de cualquier medio legal, e incluso, servirse de las instituciones públicas ya establecidas, a fin de que las visitas se realicen en un ambiente supervisado y seguro, en el que se preserve en todo momento la integridad y salvaguarda de la menor de mérito, y sobre todo, para que no puedan ser sustraída por el progenitor que no cuenta con la custodia de la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, una vez que sea posible proseguir con el juicio de origen y ante la existencia de mayores elementos probatorio, el juez del proceso pondere, al resolver en definitiva, estrechar los vínculos familiares entre ambos progenitores y su menor hijo, a fin de establecer una sana y armónica convivencia entre el infante con todas aquellas personas que eventualmente integren su entorno familiar. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 1752/2021, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada del auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en los proveídos del dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice. Así, procedió a analizar la petición de la medida de convivencia de Juan Francisco Caballero García (aquí tercero interesado, con su menor hijo de identidad reservada, estimando improcedente el decretamiento de una convivencia libre, al tomar en consideración el velar por infundir seguridad a la madre del menor, por tratarse de una probable víctima de violencia familiar y/o de género por parte del solicitante de la media, así como que no obran en los autos de origen informes suficientes respecto de la carpeta de investigación UIP/*DXVIIFESP7o/1286/2020, en donde pueda apreciarse la existencia de riesgo que pudiera enfrentar Graciela Trufiño Trejo a su salud física y emocional. Asimismo, también consideró que cuando exista una situación de riesgo que comprometa el bienestar físico o la vida del integrante de un grupo considerado como vulnerable, deben de decretarse medidas ante los posibles riesgos, aunado a que al advertir del relato de la quejosa que la violencia fue realizada en presencia del menor, estableció que la integridad psíquica de éste puede verse afectada al presenciar cualquier forma de denostación y/o amenaza dirigida a su madre, sin que sea indispensable que los ataques vayan dirigidos de forma expresa al mismo para que pueda resultar afectado. Seguidamente, analizó el fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID 19, resultando insuficiente las medidas de sana distancia, de higiene, como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y demás lineamientos, dado que por la corta edad el menor evita contribuir a los cuidados de higiene en comento; significando que concluido este fenómeno, tampoco era viable ejecutar como medida provisional de convivencia una de carácter libre, sino controlada. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 4 de la Constitución General de la República, 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 346 del Código Civil del Estado, estimó procedente el decretamiento de dos medidas de convivencia, una de ellas manera extraordinaria ante la contingencia sanitaria por la que transcurre el país y otra de manera ordinaria que deberá aplicarse concluida ésta. La medida extraordinaria, la fijó para salvaguardar el derecho del menor a mantener el contacto con su padre ante las circunstancias sanitarias que sufre nuestro país por la propagación del virus SARS-CO-V2 (COVID-19) en donde como medidas mitigantes se ha establecido la sana distancia y el distanciamiento social; estableciendo que el derecho de visitas y convivencias se refiere a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estrechar los lazos familiares, para lo cual se cuenta con una gama muy amplia de posibilidad para promover la convivencia, mediante una carta o un telegrama, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, una reunión o una estancia por horas, convivencia que propician el trato humano, debiendo prevalecer en cualquiera de sus formas el derecho de los menores conforme a su interés superior. Por otra parte, concluida la fase de contingencia que atraviesa nuestro país, estableció una medida de convivencia provisional durante la secuela procesal total o parcial de ese expediente, esto es, una medida ordinaria, buscando que esté fijada con las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar los derechos del menor, su estabilidad y su integridad, así como medidas de su cumplimiento por parte de ambos padres. Con ello analizó que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, consideró inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas. Bajo su óptica jurídica una de esas medidas consistiría en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor-que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esa forma se preservaría su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares, además se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y VII, 14, 23, 24 y 78 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia; advirtiendo que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial. Entonces, a su criterio con base en las circunstancias que se rebelan en autos, con fundamento en los artículos 1, 4, 17 de la Constitución Federal de la República 3, 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 346 del Código Civil Veracruzano 123 y 136 de la Ley de Amparo, tomó en cuenta que se trata de un menor nacido el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que cuenta con la edad de dos años, cuatro meses y once días, por lo que no tiene la capacidad de leer o escribir, que reside con su madre en la ciudad de Veracruz, que no se advierte que padezca de alguna discapacidad intelectual o física, por parte del progenitor vive en esa ciudad, fijo las siguientes medidas: 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, los días martes, jueves y sábado de cada semana en un horario de diecisiete treinta a las dieciocho horas, a través del uso de tecnologías de información por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por whatsapp, webex, zoom o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes. Apercibiendo a ambos progenitores que de no cumplir con alguna de las disposiciones decretadas, les impondría la medida de apremio de multa por el importe de treinta unidades de medida de actualización, conforme al numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil vigente en el Estado; además de que consideraría su cumplimiento o incumplimimiento para las resoluciones y providencias futuras. Como medida de efectividad la autoridad responsable planteo que podrá constatarse el inicio de la convivencia, de cualquiera de ellas, por lo que el padre o madre podrán comparecer ante esa instancia, para tal efecto, levantándose el acta circunstanciada al respecto sin necesidad de mediar acuerdo especial. 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada los días martes, jueves y domingos de cada semana, en horarios de once a trece horas, en el Centro de Convivencias Familiar de ese Distrito Judicial de Veracruz, anexo al edificio de ese juzgado, por lo que los padres deberán comparecer quince minutos antes del horario fijado a fin de que se realicen las gestiones necesarias; medida que podría ser modificada, atendiendo las necesidades del menor, como son los horarios de sueño y alimentación y debiendo los progenitores informar en el caso de que sus horarios laborales colisionen con los fijados. El apercibimiento decretado por la responsable consistió en que de no cumplir ambos progenitores las disposiciones decretadas, se le impondría la medida de apremio de multa por el importe de treinta unidades de medida de actualización conforme al numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil Vigente en el Estado, considerado su cumplimiento o incumplimiento para las resoluciones y providencias futuras. Además, determinó que el personal adscrito al Centro de Convivencias Familiar deberá asignar personal multidisciplinarios para asistir a la convivencia fijada, reportando oportunamente a ese juzgado su cumplimiento o incumplimiento. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y, en su lugar, dictó otro en el que estableció una medida de convivencia 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, y 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público adscrita.
- Incidental
Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 305/2020, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice:"Boca del Río, Veracruz, catorce de abril de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Graciela Tufiño Trejo por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada. Inconforme con dicha resolución la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.] que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y en su lugar dicte otro en el que a ese respecto señale que: - Mientras persistan las medidas sanitarias decretadas por el Consejo de Salubridad General y las que a su vez imponga el Poder Judicial del Estado de Veracruz, decrete las convivencias del menor de edad con su progenitor a través del uso de tecnologías de la información, por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por WhatsApp, webex, Zoom, o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes; así como las medidas necesarias para corroborar que se verifiquen, como podría ser, su participación inicial en la conferencia (a efecto de corroborar que la madre haga el enlace) y posteriormente otorgarles privacidad. - Una vez concluido el periodo de contingencia y reiniciadas las labores de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, las convivencias habrán de continuarse en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en presencia del personal de dicho centro, a fin de evitar posibles riesgos físicos o psicológicos de la menor y su progenitoria. En el entendido que, como ya se indicó, la autoridad responsable podrá hacer uso de cualquier medio legal, e incluso, servirse de las instituciones públicas ya establecidas, a fin de que las visitas se realicen en un ambiente supervisado y seguro, en el que se preserve en todo momento la integridad y salvaguarda de la menor de mérito, y sobre todo, para que no puedan ser sustraída por el progenitor que no cuenta con la custodia de la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, una vez que sea posible proseguir con el juicio de origen y ante la existencia de mayores elementos probatorio, el juez del proceso pondere, al resolver en definitiva, estrechar los vínculos familiares entre ambos progenitores y su menor hijo, a fin de establecer una sana y armónica convivencia entre el infante con todas aquellas personas que eventualmente integren su entorno familiar. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 1752/2021, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada del auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en los proveídos del dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice. Así, procedió a analizar la petición de la medida de convivencia de Juan Francisco Caballero García (aquí tercero interesado, con su menor hijo de identidad reservada, estimando improcedente el decretamiento de una convivencia libre, al tomar en consideración el velar por infundir seguridad a la madre del menor, por tratarse de una probable víctima de violencia familiar y/o de género por parte del solicitante de la media, así como que no obran en los autos de origen informes suficientes respecto de la carpeta de investigación UIP/*DXVIIFESP7o/1286/2020, en donde pueda apreciarse la existencia de riesgo que pudiera enfrentar Graciela Trufiño Trejo a su salud física y emocional. Asimismo, también consideró que cuando exista una situación de riesgo que comprometa el bienestar físico o la vida del integrante de un grupo considerado como vulnerable, deben de decretarse medidas ante los posibles riesgos, aunado a que al advertir del relato de la quejosa que la violencia fue realizada en presencia del menor, estableció que la integridad psíquica de éste puede verse afectada al presenciar cualquier forma de denostación y/o amenaza dirigida a su madre, sin que sea indispensable que los ataques vayan dirigidos de forma expresa al mismo para que pueda resultar afectado. Seguidamente, analizó el fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID 19, resultando insuficiente las medidas de sana distancia, de higiene, como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y demás lineamientos, dado que por la corta edad el menor evita contribuir a los cuidados de higiene en comento; significando que concluido este fenómeno, tampoco era viable ejecutar como medida provisional de convivencia una de carácter libre, sino controlada. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 4 de la Constitución General de la República, 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 346 del Código Civil del Estado, estimó procedente el decretamiento de dos medidas de convivencia, una de ellas manera extraordinaria ante la contingencia sanitaria por la que transcurre el país y otra de manera ordinaria que deberá aplicarse concluida ésta. La medida extraordinaria, la fijó para salvaguardar el derecho del menor a mantener el contacto con su padre ante las circunstancias sanitarias que sufre nuestro país por la propagación del virus SARS-CO-V2 (COVID-19) en donde como medidas mitigantes se ha establecido la sana distancia y el distanciamiento social; estableciendo que el derecho de visitas y convivencias se refiere a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estrechar los lazos familiares, para lo cual se cuenta con una gama muy amplia de posibilidad para promover la convivencia, mediante una carta o un telegrama, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, una reunión o una estancia por horas, convivencia que propician el trato humano, debiendo prevalecer en cualquiera de sus formas el derecho de los menores conforme a su interés superior. Por otra parte, concluida la fase de contingencia que atraviesa nuestro país, estableció una medida de convivencia provisional durante la secuela procesal total o parcial de ese expediente, esto es, una medida ordinaria, buscando que esté fijada con las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar los derechos del menor, su estabilidad y su integridad, así como medidas de su cumplimiento por parte de ambos padres. Con ello analizó que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, consideró inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas. Bajo su óptica jurídica una de esas medidas consistiría en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor-que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esa forma se preservaría su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares, además se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y VII, 14, 23, 24 y 78 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia; advirtiendo que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial. Entonces, a su criterio con base en las circunstancias que se rebelan en autos, con fundamento en los artículos 1, 4, 17 de la Constitución Federal de la República 3, 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 346 del Código Civil Veracruzano 123 y 136 de la Ley de Amparo, tomó en cuenta que se trata de un menor nacido el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que cuenta con la edad de dos años, cuatro meses y once días, por lo que no tiene la capacidad de leer o escribir, que reside con su madre en la ciudad de Veracruz, que no se advierte que padezca de alguna discapacidad intelectual o física, por parte del progenitor vive en esa ciudad, fijo las siguientes medidas: 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, los días martes, jueves y sábado de cada semana en un horario de diecisiete treinta a las dieciocho horas, a través del uso de tecnologías de información por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por whatsapp, webex, zoom o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes. Apercibiendo a ambos progenitores que de no cumplir con alguna de las disposiciones decretadas, les impondría la medida de apremio de multa por el importe de treinta unidades de medida de actualización, conforme al numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil vigente en el Estado; además de que consideraría su cumplimiento o incumplimimiento para las resoluciones y providencias futuras. Como medida de efectividad la autoridad responsable planteo que podrá constatarse el inicio de la convivencia, de cualquiera de ellas, por lo que el padre o madre podrán comparecer ante esa instancia, para tal efecto, levantándose el acta circunstanciada al respecto sin necesidad de mediar acuerdo especial. 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada los días martes, jueves y domingos de cada semana, en horarios de once a trece horas, en el Centro de Convivencias Familiar de ese Distrito Judicial de Veracruz, anexo al edificio de ese juzgado, por lo que los padres deberán comparecer quince minutos antes del horario fijado a fin de que se realicen las gestiones necesarias; medida que podría ser modificada, atendiendo las necesidades del menor, como son los horarios de sueño y alimentación y debiendo los progenitores informar en el caso de que sus horarios laborales colisionen con los fijados. El apercibimiento decretado por la responsable consistió en que de no cumplir ambos progenitores las disposiciones decretadas, se le impondría la medida de apremio de multa por el importe de treinta unidades de medida de actualización conforme al numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil Vigente en el Estado, considerado su cumplimiento o incumplimiento para las resoluciones y providencias futuras. Además, determinó que el personal adscrito al Centro de Convivencias Familiar deberá asignar personal multidisciplinarios para asistir a la convivencia fijada, reportando oportunamente a ese juzgado su cumplimiento o incumplimiento. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y, en su lugar, dictó otro en el que estableció una medida de convivencia 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, y 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público adscrita." Y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesado el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, el cual dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Graciela Tufiño Trejo por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada. Inconforme con dicha resolución la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.] que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y en su lugar dicte otro en el que a ese respecto señale que: - Mientras persistan las medidas sanitarias decretadas por el Consejo de Salubridad General y las que a su vez imponga el Poder Judicial del Estado de Veracruz, decrete las convivencias del menor de edad con su progenitor a través del uso de tecnologías de la información, por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por WhatsApp, webex, Zoom, o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes; así como las medidas necesarias para corroborar que se verifiquen, como podría ser, su participación inicial en la conferencia (a efecto de corroborar que la madre haga el enlace) y posteriormente otorgarles privacidad. - Una vez concluido el periodo de contingencia y reiniciadas las labores de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, las convivencias habrán de continuarse en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en presencia del personal de dicho centro, a fin de evitar posibles riesgos físicos o psicológicos de la menor y su progenitoria. En el entendido que, como ya se indicó, la autoridad responsable podrá hacer uso de cualquier medio legal, e incluso, servirse de las instituciones públicas ya establecidas, a fin de que las visitas se realicen en un ambiente supervisado y seguro, en el que se preserve en todo momento la integridad y salvaguarda de la menor de mérito, y sobre todo, para que no puedan ser sustraída por el progenitor que no cuenta con la custodia de la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, una vez que sea posible proseguir con el juicio de origen y ante la existencia de mayores elementos probatorio, el juez del proceso pondere, al resolver en definitiva, estrechar los vínculos familiares entre ambos progenitores y su menor hijo, a fin de establecer una sana y armónica convivencia entre el infante con todas aquellas personas que eventualmente integren su entorno familiar. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 1752/2021, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada del auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en los proveídos del dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice. Así, procedió a analizar la petición de la medida de convivencia de Juan Francisco Caballero García (aquí tercero interesado, con su menor hijo de identidad reservada, estimando improcedente el decretamiento de una convivencia libre, al tomar en consideración el velar por infundir seguridad a la madre del menor, por tratarse de una probable víctima de violencia familiar y/o de género por parte del solicitante de la media, así como que no obran en los autos de origen informes suficientes respecto de la carpeta de investigación UIP/*DXVIIFESP7o/1286/2020, en donde pueda apreciarse la existencia de riesgo que pudiera enfrentar Graciela Trufiño Trejo a su salud física y emocional. Asimismo, también consideró que cuando exista una situación de riesgo que comprometa el bienestar físico o la vida del integrante de un grupo considerado como vulnerable, deben de decretarse medidas ante los posibles riesgos, aunado a que al advertir del relato de la quejosa que la violencia fue realizada en presencia del menor, estableció que la integridad psíquica de éste puede verse afectada al presenciar cualquier forma de denostación y/o amenaza dirigida a su madre, sin que sea indispensable que los ataques vayan dirigidos de forma expresa al mismo para que pueda resultar afectado. Seguidamente, analizó el fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID 19, resultando insuficiente las medidas de sana distancia, de higiene, como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y demás lineamientos, dado que por la corta edad el menor evita contribuir a los cuidados de higiene en comento; significando que concluido este fenómeno, tampoco era viable ejecutar como medida provisional de convivencia una de carácter libre, sino controlada. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 4 de la Constitución General de la República, 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 346 del Código Civil del Estado, estimó procedente el decretamiento de dos medidas de convivencia, una de ellas manera extraordinaria ante la contingencia sanitaria por la que transcurre el país y otra de manera ordinaria que deberá aplicarse concluida ésta. La medida extraordinaria, la fijó para salvaguardar el derecho del menor a mantener el contacto con su padre ante las circunstancias sanitarias que sufre nuestro país por la propagación del virus SARS-CO-V2 (COVID-19) en donde como medidas mitigantes se ha establecido la sana distancia y el distanciamiento social; estableciendo que el derecho de visitas y convivencias se refiere a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estrechar los lazos familiares, para lo cual se cuenta con una gama muy amplia de posibilidad para promover la convivencia, mediante una carta o un telegrama, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, una reunión o una estancia por horas, convivencia que propician el trato humano, debiendo prevalecer en cualquiera de sus formas el derecho de los menores conforme a su interés superior. Por otra parte, concluida la fase de contingencia que atraviesa nuestro país, estableció una medida de convivencia provisional durante la secuela procesal total o parcial de ese expediente, esto es, una medida ordinaria, buscando que esté fijada con las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar los derechos del menor, su estabilidad y su integridad, así como medidas de su cumplimiento por parte de ambos padres. Con ello analizó que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, consideró inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas. Bajo su óptica jurídica una de esas medidas consistiría en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor-que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esa forma se preservaría su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares, además se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y VII, 14, 23, 24 y 78 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia; advirtiendo que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial. Entonces, a su criterio con base en las circunstancias que se rebelan en autos, con fundamento en los artículos 1, 4, 17 de la Constitución Federal de la República 3, 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 346 del Código Civil Veracruzano 123 y 136 de la Ley de Amparo, tomó en cuenta que se trata de un menor nacido el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que cuenta con la edad de dos años, cuatro meses y once días, por lo que no tiene la capacidad de leer o escribir, que reside con su madre en la ciudad de Veracruz, que no se advierte que padezca de alguna discapacidad intelectual o física, por parte del progenitor vive en esa ciudad, fijo las siguientes medidas: 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, los días martes, jueves y sábado de cada semana en un horario de diecisiete treinta a las dieciocho horas, a través del uso de tecnologías de información por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por whatsapp, webex, zoom o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes. Apercibiendo a ambos progenitores que de no cumplir con alguna de las disposiciones decretadas, les impondría la medida de apremio de multa por el importe de treinta unidades de medida de actualización, conforme al numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil vigente en el Estado; además de que consideraría su cumplimiento o incumplimimiento para las resoluciones y providencias futuras. Como medida de efectividad la autoridad responsable planteo que podrá constatarse el inicio de la convivencia, de cualquiera de ellas, por lo que el padre o madre podrán comparecer ante esa instancia, para tal efecto, levantándose el acta circunstanciada al respecto sin necesidad de mediar acuerdo especial. 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada los días martes, jueves y domingos de cada semana, en horarios de once a trece horas, en el Centro de Convivencias Familiar de ese Distrito Judicial de Veracruz, anexo al edificio de ese juzgado, por lo que los padres deberán comparecer quince minutos antes del horario fijado a fin de que se realicen las gestiones necesarias; medida que podría ser modificada, atendiendo las necesidades del menor, como son los horarios de sueño y alimentación y debiendo los progenitores informar en el caso de que sus horarios laborales colisionen con los fijados. El apercibimiento decretado por la responsable consistió en que de no cumplir ambos progenitores las disposiciones decretadas, se le impondría la medida de apremio de multa por el importe de treinta unidades de medida de actualización conforme al numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil Vigente en el Estado, considerado su cumplimiento o incumplimiento para las resoluciones y providencias futuras. Además, determinó que el personal adscrito al Centro de Convivencias Familiar deberá asignar personal multidisciplinarios para asistir a la convivencia fijada, reportando oportunamente a ese juzgado su cumplimiento o incumplimiento. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y, en su lugar, dictó otro en el que estableció una medida de convivencia 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, y 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público adscrita.
- Principal
Con esta fecha se notifica por lista al quejoso menor por conducto de su representante el Procurador Municipal, el acuerdo de catorce de abril de dos mil veintiuno, el cual dice: Con esta fecha se notifica por lista a la parte tercero interesado el auto de catorce de abril de dos mil veintiuno, el cual dice: Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesada mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo ordenado en el aludido proveído, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Graciela Tufiño Trejo por propio derecho y en representación de su menor hijo de identidad reservada. Inconforme con dicha resolución la parte tercero interesada, interpuso recurso de revisión, del cual por cuestión de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, quien en sesión de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, confirmó la sentencia recurrida en la que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal, para el efecto que: "[.] que el Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, Veracruz, deje insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y en su lugar dicte otro en el que a ese respecto señale que: - Mientras persistan las medidas sanitarias decretadas por el Consejo de Salubridad General y las que a su vez imponga el Poder Judicial del Estado de Veracruz, decrete las convivencias del menor de edad con su progenitor a través del uso de tecnologías de la información, por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por WhatsApp, webex, Zoom, o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes; así como las medidas necesarias para corroborar que se verifiquen, como podría ser, su participación inicial en la conferencia (a efecto de corroborar que la madre haga el enlace) y posteriormente otorgarles privacidad. - Una vez concluido el periodo de contingencia y reiniciadas las labores de los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas del Poder Judicial del Estado de Veracruz, las convivencias habrán de continuarse en el Centro de Convivencias del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en presencia del personal de dicho centro, a fin de evitar posibles riesgos físicos o psicológicos de la menor y su progenitoria. En el entendido que, como ya se indicó, la autoridad responsable podrá hacer uso de cualquier medio legal, e incluso, servirse de las instituciones públicas ya establecidas, a fin de que las visitas se realicen en un ambiente supervisado y seguro, en el que se preserve en todo momento la integridad y salvaguarda de la menor de mérito, y sobre todo, para que no puedan ser sustraída por el progenitor que no cuenta con la custodia de la misma. Lo anterior, sin perjuicio de que con posterioridad, una vez que sea posible proseguir con el juicio de origen y ante la existencia de mayores elementos probatorio, el juez del proceso pondere, al resolver en definitiva, estrechar los vínculos familiares entre ambos progenitores y su menor hijo, a fin de establecer una sana y armónica convivencia entre el infante con todas aquellas personas que eventualmente integren su entorno familiar. [.]" En esas condiciones, mediante proveído de doce de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Así, mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercero interesada, con las constancias remitidas por la responsable, con base en las cuales se pronuncia la presente resolución. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 1752/2021, la autoridad responsable Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Veracruz, Veracruz, remitió copia certificada del auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, del que se advierte que dejó insubsistente el acto reclamado, consistente en los proveídos del dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice. Así, procedió a analizar la petición de la medida de convivencia de Juan Francisco Caballero García (aquí tercero interesado, con su menor hijo de identidad reservada, estimando improcedente el decretamiento de una convivencia libre, al tomar en consideración el velar por infundir seguridad a la madre del menor, por tratarse de una probable víctima de violencia familiar y/o de género por parte del solicitante de la media, así como que no obran en los autos de origen informes suficientes respecto de la carpeta de investigación UIP/*DXVIIFESP7o/1286/2020, en donde pueda apreciarse la existencia de riesgo que pudiera enfrentar Graciela Trufiño Trejo a su salud física y emocional. Asimismo, también consideró que cuando exista una situación de riesgo que comprometa el bienestar físico o la vida del integrante de un grupo considerado como vulnerable, deben de decretarse medidas ante los posibles riesgos, aunado a que al advertir del relato de la quejosa que la violencia fue realizada en presencia del menor, estableció que la integridad psíquica de éste puede verse afectada al presenciar cualquier forma de denostación y/o amenaza dirigida a su madre, sin que sea indispensable que los ataques vayan dirigidos de forma expresa al mismo para que pueda resultar afectado. Seguidamente, analizó el fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID 19, resultando insuficiente las medidas de sana distancia, de higiene, como son el uso de cubrebocas, gel antibacterial y demás lineamientos, dado que por la corta edad el menor evita contribuir a los cuidados de higiene en comento; significando que concluido este fenómeno, tampoco era viable ejecutar como medida provisional de convivencia una de carácter libre, sino controlada. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 4 de la Constitución General de la República, 9 de la Convención Sobre los Derechos del Niño y 346 del Código Civil del Estado, estimó procedente el decretamiento de dos medidas de convivencia, una de ellas manera extraordinaria ante la contingencia sanitaria por la que transcurre el país y otra de manera ordinaria que deberá aplicarse concluida ésta. La medida extraordinaria, la fijó para salvaguardar el derecho del menor a mantener el contacto con su padre ante las circunstancias sanitarias que sufre nuestro país por la propagación del virus SARS-CO-V2 (COVID-19) en donde como medidas mitigantes se ha establecido la sana distancia y el distanciamiento social; estableciendo que el derecho de visitas y convivencias se refiere a cualquier forma de comunicación humana que tiende a estrechar los lazos familiares, para lo cual se cuenta con una gama muy amplia de posibilidad para promover la convivencia, mediante una carta o un telegrama, una llamada telefónica, un correo electrónico, una videoconferencia, una reunión o una estancia por horas, convivencia que propician el trato humano, debiendo prevalecer en cualquiera de sus formas el derecho de los menores conforme a su interés superior. Por otra parte, concluida la fase de contingencia que atraviesa nuestro país, estableció una medida de convivencia provisional durante la secuela procesal total o parcial de ese expediente, esto es, una medida ordinaria, buscando que esté fijada con las medidas de seguridad adecuadas para salvaguardar los derechos del menor, su estabilidad y su integridad, así como medidas de su cumplimiento por parte de ambos padres. Con ello analizó que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, consideró inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas. Bajo su óptica jurídica una de esas medidas consistiría en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor-que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esa forma se preservaría su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares, además se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y VII, 14, 23, 24 y 78 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Veracruz, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia; advirtiendo que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial. Entonces, a su criterio con base en las circunstancias que se rebelan en autos, con fundamento en los artículos 1, 4, 17 de la Constitución Federal de la República 3, 9 de la Convención sobre los Derechos del Niño, 346 del Código Civil Veracruzano 123 y 136 de la Ley de Amparo, tomó en cuenta que se trata de un menor nacido el ocho de noviembre de dos mil dieciocho, que cuenta con la edad de dos años, cuatro meses y once días, por lo que no tiene la capacidad de leer o escribir, que reside con su madre en la ciudad de Veracruz, que no se advierte que padezca de alguna discapacidad intelectual o física, por parte del progenitor vive en esa ciudad, fijo las siguientes medidas: 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, los días martes, jueves y sábado de cada semana en un horario de diecisiete treinta a las dieciocho horas, a través del uso de tecnologías de información por medio de llamada telefónica en conferencia, videollamada por whatsapp, webex, zoom o cualquier otra plataforma que permita una efectiva comunicación entre los participantes. Apercibiendo a ambos progenitores que de no cumplir con alguna de las disposiciones decretadas, les impondría la medida de apremio de multa por el importe de treinta unidades de medida de actualización, conforme al numeral 53 fracción I del Código Procesal Civil vigente en el Estado; además de que consideraría su cumplimiento o incumplimimiento para las resoluciones y providencias futuras. Como medida de efectividad la autoridad responsable planteo que podrá constatarse el inicio de la convivencia, de cualquiera de ellas, por lo que el padre o madre podrán comparecer ante esa instancia, para tal efecto, levantándose el acta circunstanciada al respecto sin necesidad de mediar acuerdo especial. 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada los días martes, jueves y domingos de cada semana, en horarios de once a trece horas, en el Centro de Convivencias Familiar de ese Distrito Judicial de Veracruz, anexo al edificio de ese juzgado, por lo que los padres deberán comparecer quince minutos antes del horario fijado a fin de que se realicen las gestiones necesarias; medida que podría ser modificada, atendiendo las necesidades del menor, como son los horarios de sueño y alimentación y debiendo los progenitores informar en el caso de que sus horarios laborales colisionen con los fijados. 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En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dejó insubsistente los proveídos de dieciséis y veinticinco de junio de dos mil veinte, dictados en el juicio 523/2020 de su índice, en la parte relativa al establecimiento de medidas para la convivencia entre Juan Francisco Caballero García con su menor hijo de identidad reservada con las siglas E.C.T. y, en su lugar, dictó otro en el que estableció una medida de convivencia 1. Extraordinaria, a realizarse durante la fase de la contingencia sanitaria por el virus SARS-CO-V2 (COVID19) conforme a los lineamientos de la Secretaría de Salud, Gobierno Federal, Gobierno Estatal y Poder Judicial del Estado de Veracruz, y 2. Ordinaria, la cual será llevada a cabo una vez las condiciones sanitarias lo permitan y regularizadas las labores jurisdiccionales de manera supervisada. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, e insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión relativo, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Transcurridos tres años a partir de la fecha del presente proveído, previa acta que se elabore, transfiérase el juicio de amparo, al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez que transcurra el plazo antes referido, Centro de Documentación y Análisis proceda a la depuración. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión del acto reclamado, con fundamento en artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. De conformidad con el artículo 26, fracciones I, inciso k) y II, inciso b) de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, por oficio a la autoridad responsable y a la Agente del Ministerio Público adscrita.
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