Graciela Sotelo Hurtado
Expediente 908/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 24 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 18/07/2022
Partes del expediente
- GRACIELA SOTELO HURTADO y Otros.
- Graciela Sotelo Hurtado
- Dr. Javier Meza Lopez, Director General del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California.
- Karin Sanchez Torres
- MARIA JOSEFINA VAZQUEZ ARAUJO y Otros.
- KARIN SANCHEZ TORRES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a las partes a fin que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, sin que lo anterior haya acontecido; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo. Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve 1, misma que fue modificada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en sesión ordinaria de trece de febrero de dos mil veinte2, en la que, por una parte, se sobreseyó y, por otra, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Graciela Sotelo Hurtado, María Josefina Vásquez Araujo, Karin Torres Sánchez, Javier Márquez Pérez, María Esther.. Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, el instituto responsable, mediante oficio y anexo registrado con folio 51693, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo, remitió copia certificada de los pagos de nómina de abril a diciembre de dos mil veinte, y de enero a abril de dos mil veintiuno, realizados a los quejosos Graciela Sotelo Hurtado, María Josefina Vásquez Araujo, Karin Torres Sánchez, Javier Márquez Pérez, María Esther Oceguera Medina, María Ángela Lazcano Oceguera, María Graciela Ramírez Tapia, María Guadalupe Martínez Rico y Carolina Rojo García. Documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que la autoridad responsable: pagó de manera puntual la pensión correspondiente a las quejosas Graciela Sotelo Hurtado, María Josefina Vásquez Araujo, Karin Torres Sánchez, Javier Márquez Pérez, María Esther Oceguera Medina, María Ángela Lazcano Oceguera, María Graciela Ramírez Tapia, María Guadalupe Martínez Rico y Carolina Rojo García, y acreditó haber realizado el pago de más de cuatro meses ininterrumpidos. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales4. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Se ordena glosar a los autos el oficio de cuenta; sin que sea el caso dictar mayor proveído, toda vez que el pasado veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, se recibió oficio de igual contenido y se acordó lo conducente el veinticinco de los presentes. Cúmplase.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que no obra acuse del oficio 1513 de veintisiete de enero de dos mil veintidós, mediante el cual se le otorgo una prórroga de diez días a la autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a efecto de que cumpliera con el fallo protector. Requerimiento. No obstante a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, remita las constancias que acrediten el cumplimiento al fallo protector. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiocho de enero de dos mil veintidós. Gestiones de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio signado por la delegada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual informa las acciones realizadas a efecto de acatar el fallo protector emitido en este juicio de amparo, y de igual forma solicita que se le conceda una prórroga para dar cumplimiento a lo solicitado. En ese sentido, por las consideraciones expuestas en el oficio que se atiende, lo que revela su intención de cumplir con la sentencia de amparo y que no se trata de una actitud contumaz de la autoridad, pues no se niega rotundamente a cumplir con el fallo, sino que solicita mayor tiempo para estar en aptitud de cumplirlo en sus términos; por tanto, por esta única ocasión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se concede a la autoridad responsable, una prórroga únicamente por diez días, contados a partir de la legal notificación de este proveído, para que cumpla en su totalidad con la sentencia de amparo, en los términos precisados en la misma. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194, 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante la autoridad competente. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.
Quedan 20 actuaciones en este expediente
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