Graciela Ramirez Caballero

Expediente 804/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
804/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Graciela Ramirez Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, remite testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en autos del recurso de queja ... de ese índice, de la que se advierte que se declaró infundado el medio de impugnación hecho valer por la promovente del amparo******************** contra el auto de once de agosto del año en curso. Acúsese el recibo de estilo. Sin que resulte necesario glosar la documental remitida con el oficio de cuenta, por ser copia certificada de actuaciones originales que se encuentran agregadas en este expediente. Hágase lo anterior del conocimiento de la parte promovente para los efectos legales consiguientes. Por tanto, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, toda vez que no existen documentos originales pendientes de devolver, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo previsto en el artículo 14 del citado Acuerdo General, este expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo y el Tribunal de alzada declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte promovente contra la determinación en que así se decretó; asimismo, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el precepto 15 del Acuerdo citado; en la inteligencia que conforme al diverso numeral 20, fracción IV, la destrucción deberá realizarse después de tres años. Realícese la captura de datos que correspondan en los libros de control. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para los efectos legales consiguientes el oficio de cuenta, mediante el cual la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acusa recibo del diverso 14031/2023, con el que se le remitió copia certificada de diversas constancias de este asunto, para la substanciación del recurso de queja interpuesto por la promovente del amparo********************, contra el proveído de once de agosto del año en curso; e informa que dicho medio de impugnación quedó registrado con el número 270/2023 de ese índice. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    MESA I "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el escrito firmado por la promovente*************, atento a su contenido, se advierte que interpone recurso de queja contra el proveído de once de agosto de dos mil veintitrés, dictado en este asunto. Por tanto, con apoyo en el artículo 101 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal de Segunda Instancia el ocurso de cuenta, previa copia que se deje en autos, rindiéndose el informe con justificación respecto del recurso de queja contra el proveído de once del mes actual, manifestándole que es cierta la determinación impugnada, la cual fue notificada vía electrónica a la parte promovente el catorce siguiente. En el entendido que a dicho informe deberá anexarse copia certificada de todas las constancias conducentes relativas al recurso de queja interpuesto en el expediente. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    MESA I "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 804/2023. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase a la Secretaria a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA GRACIELA RAMIREZ CABALLERO, por propio derecho (trabajadora). AUTORIDADES RESPONSABLES. Director General. Oficial Mayor. Director Administrativo. Director Financiero Todos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. ACTO RECLAMADO La omisión para que se le realice el pago de su trabajo del año 2021 por la cantidad de $215,236.00 y la privación al mínimo vital para su subsistencia. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS VIOLADAS Artículos 1 y 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DESECHAMIENTO. Ahora, de autos se advierte que el juicio de amparo es improcedente y, por tanto, deberá desecharse ya que SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 5°, fracción II y 107 fracción II, todos de la Ley de Amparo; ya que los actos que reclama la quejosa derivan de una relación en plano de igualdad y no de supra a subordinación. Los artículos 61, fracción XXIII, 1º y 5º, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; . "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Como puede apreciarse, del artículo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los numerales establece el objeto del juicio de amparo y, en lo que aquí interesa, refiere que sólo procede contra actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El último de los preceptos reproducidos establece que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, quien en el caso de particulares, tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de dicha fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Para tal fin, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que las notas que distinguen a una autoridad, para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Criterio consultable en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, registro 161133, Novena Época, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza a foja 1089, del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Al efecto, de los artículos 61, fracción XXIII, 1º, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, se infiere que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclaman actos que provengan de entidades no consideradas como "autoridades", por carecer de facultades para incidir en la esfera jurídica de los gobernados. En esa tesitura, las autoridades que señala la quejosa pertenecientes al Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el caso, carecen del carácter de autoridad en los actos reclamados, para los efectos del juicio de amparo, toda vez que no asumen una determinación unilateral con facultades decisorias y ejecutoras, en términos del artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, es decir, en una situación de supra a subordinación respecto del gobernado, sino como se verá, en el caso, se trata de actos que derivan de relaciones laborales entre el entre empleador que se refiere como autoridad responsable y la parte quejosa, debido a que los oficios reclamados consisten esencialmente en una negativa de contratación a la aquí quejosa. Resulta ilustrativa la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), registro 2011343, Décima Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en la página mil novecientos cincuenta y seis del tomo III, abril de dos mil dieciséis, Décima Época, materia común, Laboral de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación.". Así como la tesis III.4o.T. J/3 (10a.), registro 2011298, Décima Época, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada a página mil seiscientos treinta y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, marzo de dos mil dieciséis, materias común y laboral, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". En efecto, las autoridades dependientes del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, en el caso, no son autoridades para los efectos del juicio de amparo, ya que solo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del juicio constitucional, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación. Luego, a contrario sensu, los funcionarios de las instituciones del Estado (como el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca), no serán autoridad responsable, para efectos del juicio de amparo, cuando no cumplan con lo anterior. En otras palabras, del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, el ente público cuyos actos (lato sensu) unilaterales, son susceptibles de crear, modificar o extinguir obligatoriamente situaciones jurídicas, así como los particulares que realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. De ahí que será autoridad para efectos del juicio de amparo, el ente público y/o el particular que se ubique en un plano de supra a subordinación y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Y en la especie, el acto en concreto que reclama la quejosa, es el pago de su trabajo del año dos mil veintiuno por la cantidad de $215,236.00, lo que se traduce en una negativa de una prestación laboral con la citada institución -es decir ya existe una relación laboral previa con dicho Instituto-, tal y como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en el apartado de antecedentes de su escrito inicial de demanda. Por tanto, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia invocada, ya que a las autoridades señaladas en el escrito de demanda, no les reviste el carácter de responsables, pues se reitera, el acto que controvierte se refiere a una cuestión inherente que les atribuye la peticionaria de amparo como trabajadora; en ese supuesto, se está en un plano de igualdad y el acto controvertido no debe estimarse de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de la existencia de una relación de coordinación y no de supra a subordinación; dado que las autoridades señaladas como responsables actúan en su calidad de entes patronales frente a la relación que mantienen con la promovente en su calidad de trabajadora. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. SEÑALAMIENTO DE AUTORIZADOS Y DOMICILIO Téngase a la promovente señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, sin tener por autorizada en término del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que no se encuentra inscrito en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado mediante Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio de dos mil cinco, por lo que solamente se le tiene autorizada para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos al igual que las personas que señala para tal efecto. AUTORIZACIÓN PARA CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIÓN ELECTRONICA. Toda vez que conforme a la certificación de cuenta se advierte registrado el usuario ********************en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; con fundamento en los artículos 35, 36, 39 y 98 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa la consulta del expediente electrónico de este asunto. Para ello la oficial judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, adscrita a este juzgado, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema; y agregar la constancia respectiva al expediente. Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase a la promovente que para ser notificada de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. COMUNICACIONES NO PROCESALES Se tiene a la promovente señalando el número de teléfono que proporciona, únicamente para establecer comunicaciones no procesales, en su caso, cuyos registros se conservarán y certificarán para incorporarlos al expediente USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Como lo solicita la parte promovente y no obstante que el uso de los medios electrónicos para obtener la información de las actuaciones practicadas en el juicio, no está regulada en la ley de la materia, en términos de la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le autoriza para utilizar cámara fotográfica o teléfono celular, u otros dispositivos electrónicos semejantes, que le permita copiar constancias y reproducir el contenido de las resoluciones que obren en el expediente; sin que ello comprometa a este órgano jurisdiccional respecto de la posterior reproducción o edición que haga de ellos el peticionario, quien estará obligado a utilizar los medios correspondientes con la debida lealtad procesal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a página dos mil ochocientos cuarenta y siete del tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, materia civil, de rubro. "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. JUICIO EN LÍNEA En otro aspecto, se exhorta a la parte promovente a que, de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. FIRMA ELECTRÓNICA Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN PARA FIRMA DE OFICIOS Por último, se autoriza a la Secretaria encargada del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.A VFMP'ijs.

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