Graciela Pilar Martínez Ruiz
Expediente 242/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 242/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Graciela Pilar Martínez Ruiz
Actuaciones
- Principal
"... Vistos los autos y la certificación de cuenta; se advierte que, en la especie, mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de garantías promovida por ******; como esa determinación no fue recurrida por la parte legitimada para hacerlo, a través del recurso de queja y dentro del término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo; .... se declara que dicho auto ha causado estado. .... archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; .... una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a la destrucción de este expediente...."
- Principal
Se notifica mediante lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de diez de marzo de dos mil veintiuno, que a la letra dice:"... Vista la demanda de amparo promovida por GRACIELA PILAR MARTÍNEZ RUÍZ, contra actos del Juez Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 242/2021. Análisis. En principio, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En la especie, la quejosa se ostenta como tercera extraña por equiparación al juicio oral mercantil 51/2020 y reclama del Juez Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca y otra autoridad, lo siguiente: "1.- La falta de emplazamiento a juicio, incoado en mi contra radicado en el JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA ORAL MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA, bajo el número 051/2020. 2.- La ilegalidad de la notificación personal y emplazamiento en el Expediente número 051/2020. 3.- Todo lo actuado dentro del procedimiento judicial radicado en el JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA ORAL MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA, bajo el número de expediente 051/2020, en su primero Secretaría. 4.- La resolución que exista emitida por el JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA ORAL MERCANTIL DEL DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, OAXACA, dictada en el expediente 051/2020. 5.- La ejecución de embargo, con el que se pretende privarme de bienes de mi propiedad, sin haber sido llamada, escuchada y vencida en juicio." Sin embargo, respecto de tales actos se actualiza de manera manifiesta la causa de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al numeral 107, fracción VI, interpretada en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". .". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . VI.- Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; .". En principio, es oportuno explicar que quien reclama la violación al derecho de audiencia en un juicio, debe tener el carácter de tercero extraño, en términos del artículo 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya sea, por desconocimiento total de ese juicio por ser ajeno a la controversia, o bien, porque siendo parte en el proceso, no fue emplazado o el emplazamiento es legalmente defectuoso. Por tanto, por tercero extraño al juicio, se entienden dos connotaciones: el tercero extraño propiamente dicho o stricto sensu, que es aquella persona distinta (formal y materialmente) a las partes actora y demandada que intervienen en el juicio, y el tercero equiparado o por equiparación, que sí figura como parte formal en el juicio al ser señalado como demandado, pero materialmente no tuvo la oportunidad de intervenir en él, por no haber sido llamado a juicio o porque fue emplazado en forma incorrecta. Sin embargo, si la persona se hizo sabedora del juicio compareciendo a este, deja de tener el carácter de tercero extraño, pues se integra a la litis, por lo que estará en posibilidad de defenderse del proceso ordinario, y en su oportunidad, si es necesario, podría acudir al amparo directo. Razón que subyace, pues como se expuso la finalidad del amparo indirecto promovido por personas extrañas a juicio, es tutelar el derecho de audiencia ante el desconocimiento total del conflicto en que resultaron afectados sus intereses. Expuesto lo anterior, este órgano de control constitucional considera que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia invocada ya que la parte quejosa apoya la acción constitucional en la trasgresión al derecho al debido proceso reconocido en el artículo 14 Constitucional; sin embargo, conforme a lo narrado en la demanda de amparo, el juicio natural se encuentra en trámite, por lo que está en aptitud de comparecer a defender sus derechos. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, recibió una llamada telefónica de una Caja Popular Mexicana, por conducto de una persona de nombre Graciela, quien le informó que junto con otra persona era demandada en el juicio oral mercantil 51/2020 del índice del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca. Así también informa, que dicha persona a través de la aplicación "whats app", le remitió el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el juicio citado de la cual se desprende lo siguiente: "(.) atendiendo la certificación que antecede, de donde se evidencia que el plazo concedido a las demandadas Sebastián Coache Reyna Carolina y Martínez Ruíz Graciela Pilar, para dar contestación a la demanda entablada en su contra, ha transcurrido, sin que dieran contestación, por lo que se les hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de fecha cuatro de marzo del año dos mil veinte, en consecuencia con fundamento en los artículos 1078 y 1390 bis 16 del Código de Comercio se declara perdido el derecho que tuvieron las demandadas para dar contestación a la demanda, debiendo notificárseles en los estrados de este juzgado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 1390 bis 20 del Código de comercio, se señalan las DOCE HORAS DEL DÍA DOS DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO, para el desahogo de la AUDIENCIA PRELIMINAR (.)" De lo anterior se advierte que el juicio ordinario oral mercantil 51/2020, actualmente se encuentra en trámite; ello es así, pues de la documental que exhibió la quejosa se desprende que el Juez responsable, señaló las doce horas del día dos de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia preliminar, en términos del artículo 1390 bis 20, del Código de Comercio. Como se ve, la quejosa Graciela Pilar Martínez Ruíz, carece del carácter de tercero extraño en el el juicio ordinario oral mercantil 51/2020; pues tiene pleno conocimiento de la existencia de dicho asunto; lo que hace que no se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento a ese juicio o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, pues aún está en la posibilidad de comparecer y hacer valer los recursos y medios de defensa legales procedentes, por lo que, se reitera, no puede considerarse tercero extraño a la contienda. En efecto, en el juicio oral mercantil del cual deriva el acto reclamado, el dos de marzo de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia preliminar prevista en el artículo 1390 Bis 32 del Código de Comercio, la cual constituye la primera audiencia en el procedimiento oral en el que participan todos los sujetos procesales, y su finalidad consistente en la depuración del proceso, en ella se busca la conciliación, se fijan acuerdos probatorios, se califican las pruebas y se cita a las partes para la audiencia de juicio, en la cual se dictará sentencia. En ese panorama, en el juicio natural aún no existe sentencia, por lo que la parte promovente está en aptitud de comparecer e interponer los medios ordinarios de defensa que resulten procedentes. Es así, pues aun cuando se alegue afectación al derecho de audiencia, ésta no trasciende más allá del aspecto adjetivo, pues hasta el momento solo afecta cuestiones procesales, las cuales pueden ser destacadas en un eventual amparo directo que se promueva en contra de la sentencia que ponga fin al procedimiento. En apoyo a lo expuesto se invoca la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), sostenida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setecientos veintinueve, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y contenido siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En relación con cuándo se pierde la calidad de tercero interesado por equiparación, existe la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro V, febrero de 2012, tomo 2, página 1627, Décima Época, con registro 2000293, de rubro y texto: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA.- Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo". De igual forma, contra el acto reclamado consistente en el emplazamiento al juicio ordinario oral mercantil 51/2020, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". Tal numeral prevé la improcedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo y no se cumpla con el principio de definitividad, el cual establece que es necesario agotar todos los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rija al acto reclamado establezca para modificarlo, revocarlo o nulificarlo. Esto es, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y el quejoso no lo haya hecho valer oportunamente. De lo anterior se desprende que para efectos del juicio de amparo un medio ordinario de defensa es todo aquel instrumento establecido dentro del procedimiento, es decir, en la ley que rija al acto reclamado, que tenga por objetivo el modificar, revocar o nulificar dicho acto. Asimismo, que las únicas excepciones a esa causa de improcedencia específica, son: 1) que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) si el quejoso es una persona extraña al procedimiento; 4) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; y 5) si la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, entonces el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. En el caso, como se adelantó, la quejosa Graciela Pilar Martínez Ruíz reclamó la falta emplazamiento al juicio oral mercantil 51/2020, del índice del Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que dijo es demandada. Lo anterior, pues de los antecedentes que la quejosa narra en la demanda de amparo, se advierte su carácter de demandada en el juicio natural, así como que conoce el número de expediente y la autoridad ante quien se tramitaba. De igual forma, de la documental que exhibe se desprende que por lo menos, en la fecha en que tuvo conocimiento de éste -diecisiete de febrero de dos mil veintiuno- en aquel juicio aún no se había dictado sentencia firme, pues se encontraban señaladas las doce horas del día dos de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia preliminar, en términos del artículo 1390 bis 20, del Código de Comercio. En virtud de ello, la quejosa tenía que cumplir con el principio de definitividad y agotar la nulidad prevista en el artículo 1390 BIS-6 del Código de Comercio, pues perdió el carácter de tercera extraña por equiparación, calidad con la que promovió la demanda de amparo, ello al conocer los datos del procedimiento natural seguido en su contra, en el que todavía no se dicta sentencia. En efecto, de acuerdo a lo narrado por la quejosa en su escrito de demanda, desde el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno conocía que el procedimiento que se seguía en su contra era el número 51/2020, radicado en el Juzgado Especializado en Materia Oral Mercantil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que dijo es demandada; el cual de acuerdo a la misma información proporcionada por la justiciable se encuentra en trámite, esto es así, porque de la documental que anexa a su demanda se desprende que el diez de febrero de dos mil veintiuno, se señalaron las doce horas del día dos de marzo de dos mil veintiuno, para el desahogo de la audiencia preliminar, en términos del artículo 1390 bis 20, del Código de Comercio; por lo que es evidente que en ese momento todavía no se dictaba sentencia definitiva. Por ello, es inconcuso que, si la quejosa conoció el procedimiento de origen seguido en su contra antes del dictado de la sentencia respectiva, por ese solo hecho perdió el carácter de persona extraña al procedimiento por equiparación, ya que ese conocimiento le permitía imponerse de los autos para saber qué se le reclama, lo que, a su vez, le permitía hacer valer a través de los medios impugnativos ordinarios, la defensa a sus intereses dentro del propio proceso. En la especie, dicho medio lo es la nulidad prevista en el artículo 1390 BIS-6 del Código de Comercio, el cual dispone: "Art. 1,390 Bis 6. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial, en la que se desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en audiencia. La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias preliminar o de juicio se realizará de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluído su derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser posible en la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites, dictará la resolución interlocutoria si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla también en audiencia, dentro del término de tres días". Disposición de la que se desprende que la nulidad del emplazamiento podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva; que si se promueve antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial donde se desahogarán las pruebas que se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente; lo relativo al ofrecimiento y desahogo de pruebas; así como la forma de tramitación de esa nulidad, de promoverse durante las audiencias preliminar o de juicio. Por lo que, si la quejosa como parte demandada en el juicio natural estima que no se le emplazó o el emplazamiento que se practicó es ilegal; entonces, estaba en aptitud de promover la nulidad prevista en el artículo 1390 BIS-6 del Código de Comercio, a partir de que conoció con precisión los datos del procedimiento natural seguido en su contra, que al menos sucedió el diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, cuando le entregaron copia de la cedula de notificación que exhibe. En consecuencia, si el acto reclamado puede ser combatido, resulta inconcuso que la quejosa previamente a promover la instancia constitucional, debió agotar el recurso ordinario aludido, para así observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 11/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 55, junio de 2018, tomo I, página 8, Décima Época, con registro 2017117: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. - De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo". Sin que se actualice alguna de las excepciones que prevé la fracción XVIII del normativo en comento, consistentes en que: 1) el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución; 2) cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3) cuando se trate del auto de vinculación a proceso; 4) la procedencia del medio de defensa aludido se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla; y si bien la quejosa se ostentó con el carácter de tercera extraña al procedimiento, lo cierto es que esa calidad se desvirtuó en los términos apuntados. En virtud de ello, la demanda de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues la parte quejosa debió agotar la nulidad prevista en el artículo 1390 BIS-6 del Código de Comercio, Criterio que fue sostenido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, en la ejecutoria de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, correspondiente a la queja 45/2019. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de garantías. Domicilio. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa, y como sus autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Rosario Fabiola Morales Martínez y Crispin Grijalva Luis; toda vez que de la certificación de cuenta, se advierte que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"). Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles. De conformidad con el numeral 21, párrafo último, de la Ley de Amparo, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia. Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de su publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella..."
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