Graciela Pérez Velázquez
Expediente 262/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 262/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 02/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Graciela Pérez Velázquez
Actuaciones
- Principal
"...Agréguese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual se le remitió el juicio de amparo 262/2022, del índice de este juzgado. Asimismo, refiere que ese Juzgado Federal se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por... que dio origen al referido juicio de amparo. En ese tenor, se ordena archivar el presente asunto como concluido..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el escrito de demanda de amparo instaurada por *-*-*-*-*-*-*-*, contra actos del Juez Menor de Jaima, con sede en Jalisco (sic), por violación a los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 262/2022-II-A. COMPETENCIA Puesto que el secretario en funciones de juez de distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica para emitir una decisión, conforme a los elementos allegados por la parte quejosa, por lo que en primer lugar se debe analizar si se tiene competencia legal para conocer de la demanda de amparo, a fin de garantizar una tutela judicial efectiva al gobernado a través de prácticas judiciales que resulten pertinentes y necesarias para cumplir con los propios establecidos en el artículo 17 constitucional y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese aspecto, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en el Primer Circuito, mediante la tesis I.3o.C.90 K, dijo: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO. Para el estudio de la demanda de garantías y poder decidir el sentido de la resolución inicial (impedimento y competencia, desechamiento, prevención o admisión) en un juicio de amparo indirecto, el Juez de Distrito debe seguir una estructura lógica y jurídica, en la que habrá de emitir una decisión, conforme a los elementos que le sean allegados por la parte quejosa, que le permitan apreciar en primer orden que es competente en sentido subjetivo en cuanto que no se encuentre el juzgador en alguna hipótesis de impedimento y objetivo en cuanto que la ley le asigne al órgano jurisdiccional la facultad y atribución de conocer y resolver el asunto y hecho eso, la existencia de una causa notoria y manifiesta de improcedencia; toda vez que ello es un presupuesto necesario para poder realizar el estudio de los requisitos de forma previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo a fin de determinar, en su caso, la prevención o admisión de la demanda; lo que supone que la figura de la prevención no es apta para allegarse de elementos, previo a la admisión de la demanda, a efecto de declarar la improcedencia del juicio; ya que ello corresponde a un estadio previo en que, a partir de la naturaleza jurídica del acto reclamado, si se actualiza la causa de improcedencia de manera indudable y manifiesta, resulta inútil requerir la plena demostración de los requisitos formales, pues a ningún fin práctico conduce integrar un expediente al que no se dará trámite; esto sin perjuicio de que la improcedencia aparezca plenamente acreditada con posterioridad, lo cual se podrá apreciar de las constancias que alleguen las autoridades responsables en justificación de su respectivo informe. Por tanto, en primer orden se debe estudiar la competencia del juzgador en el sentido subjetivo y objetivo; si es competente, se analizará la procedencia del juicio en relación con los actos reclamados, lo que conlleva el estudio de la temporalidad, es decir, que la demanda sea presentada dentro del plazo previsto en el artículo 21 de la ley de la materia. Después, para el caso de no advertir alguna causa de improcedencia, se debe estudiar lo relativo a la admisión de la demanda, que supone el análisis del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que debe colmar, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 116 de la Ley de Amparo. Lo anterior, supone que si de la demanda presentada se advierte que el juicio de garantías es improcedente, el juzgador debe desecharla de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 145 de la Ley de Amparo; sin embargo, si se estima que no se actualiza de manera notoria y manifiesta alguna causa de improcedencia, se debe analizar la factibilidad de la admisión de la misma, punto en el que habrán de decretarse las prevenciones que se estimen necesarias a juicio del juzgador a efecto de que satisfechos los requisitos de forma se admita la demanda a la fase contradictoria." Ahora bien, del análisis integral el escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable al Juez Menor de Jaima, con sede en Jalisco (sic), de quien reclama: "...la negativa de diligenciar el oficio de descuento de pensión alimenticia a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), muy precisamente a las instalaciones del 92/o. Batallón de Infantería de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA), con domicilio en *-*-*-*-*-*; y digo esto ya que el día 08 de Marzo de 2022, fue recibido por la autoridad responsable el oficio del Juez Segundo de Primera Instancia de la Ciudad de Papantla de Olarte, Veracruz, donde se ordena girar oficio a la fuente de trabajo, sin que a la fecha la autoridad responsable haya diligenciado el oficio de descuento de pensión alimenticia, causándome un agravio a la suscrita ya que llevo más de 25 días sin cobrar los alimentos que en su momento fueran afiliados por el Juez de Distrito de Papantla, Veracruz; he de precisar a su señoría que el Juez del Juzgado Menor de Jaima Jalisco, hasta la fecha ha omitido diligenciar el oficio de descuento de pensión alimenticia; fijados dentro del expediente 256/2022-VI..." Asimismo, en el apartado de autoridades responsables manifiesta: ".Desde este momento manifiesto que, contra el Juez Segundo de Primera Instancia de Papantla, Veracruz, no tengo ningún acto que reclamar, en virtud de que este realizó lo conducente." En ese contexto, es menester citar el contenido de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, que al efecto establecen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis del último artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan: a) Cuando el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones, en que se haya presentado la demanda, será competente para conocer de ella. b) Cuando el acto reclamado requiera ejecución, es competente el juez de distrito del lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. c) Cuando la resolución reclamada no requiera de ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto se advierte que, conforme al precepto anotado, para definir la competencia de un juez de distrito, debe atenderse al ámbito de ejecución material del acto reclamado, que, en el caso concreto, consiste esencialmente en que el Juez Menor de Jaima, Jalisco (sic), lleve a cabo la entrega del oficio a la Secretaría de la Defensa Nacional, con sede en Jalisco, ello para dar cumplimiento a lo ordenado por el Juez Segundo Primera Instancia de Papantla, Veracruz. En ese sentido, dado que aunque es un acto de omisión conlleva el acto positivo de hacer entrega del oficio ante la fuente laboral para efectuar el descuento de pensión alimenticia decretada; la competencia no puede quedar al arbitrio del promovente del juicio de amparo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad, con base en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; circunstancia que lleva a concluir que el juez competente para conocer del juicio de amparo, es aquél en el cual se van a materializar los efectos positivos del acto reclamado, es decir, en el lugar en que el juez exhortado debe hacer entrega del oficio a la fuente de trabajo para realizar el descuento de la pensión alimenticia decretada, esto es, en el estado de Jalisco. En efecto, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la única autoridad, señalada como ejecutora, tiene su domicilio en Jalisco, esto es, fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito, por lo que de llevarse a cabo la materialización del acto reclamado éste se verificará en un espacio geográfico distinto al asignado a este órgano federal, no así en el que éste tiene competencia. Cobra aplicación la tesis 64, sustentada por la otrora Tercera Sala del máximo Tribunal de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice 2000, Tomo VII, Conflicto Competenciales, Jurisprudencia Materia Civil, página 123, con número de registro IUS 918720, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA, PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Es un principio jurídico que las disposiciones específicas sean de aplicación preferente sobre las reglas generales que las contradicen. Por tanto, para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales." Así como la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, consultable en la página 1299, del Tomo XIV, Agosto de 2001, que dice: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En efecto, la autoridad responsable ordenadora y ejecutora a la vez, que la quejosa señala, tiene su domicilio en -*-*-**-*-; luego, de conformidad con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, es competente para conocer de este juicio de amparo, el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, o se ejecute el acto reclamado, y dada la naturaleza misma del acto reclamado, la autoridad ordenadora no está facultada para ejercer su imperio dentro de la circunscripción de este juzgado federal. Ello en concordancia con el punto cuarto, fracción VII, primer párrafo, del Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, se estima competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en turno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo, se declara que quien suscribe carece de competencia para conocer de la presente demanda de amparo. Por lo anterior: a) Con fundamento en el citado numeral, remítase la demanda de amparo al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, en turno b) Solicítese el acuse de recibo correspondiente. c) Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Téngase como domicilio de la parte quejosa para recibir y oír notificaciones el ubicado en calle cinco de Mayo, número trescientos noventa y ocho, edifico Emma, primer piso, despacho nueve, colonia Tajín, en esta ciudad; en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Asimismo, téngase como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *-*-*-*-*-*-*-*-* y -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo y únicamente para imponerse de autos a Itzel *-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*, por no encontrarse registrados en dicho sistema. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Conforme al artículo 21, párrafo tercero, de la ley reglamentaria invocada, se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario de la adscripción practique alguna notificación con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales; asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 175, en relación con los diversos 180, 181 y 182 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación, se ordena al Secretario que lleve el trámite, supervise que la analista jurídica encargada de la captura y actualización de datos de los distintos asuntos del conocimiento de este Juzgado de Distrito, capture su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como los datos que aseguren la permanente actualización y veracidad de la información contenida en el SISE, en relación al presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario que lleve el trámite supervise que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y resoluciones relacionadas con este juicio, a fin de que concuerden en su totalidad con el expediente impreso. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, sin que requiera nuevo acuerdo al respecto, se autoriza a expedir copias certificadas o simples de las actuaciones que soliciten las partes, haciéndose la aclaración, que atendiendo a la situación de emergencia que se enfrenta nuestro país con motivo de la contingencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el Acuerdo General 21/2020, restringió el acceso del público a los recintos judiciales, así como las entradas y salidas del personal de los órganos jurisdiccionales de sus centros de trabajo; por tanto, únicamente se expedirán las copias que ameriten urgencia, debido a que en las instalaciones del órgano jurisdiccional no se tiene centro de copiado de acceso al público. Empero, a fin de no vulnerar derechos a los justiciables y en aras de impartir una justicia pronta y expedita, con fundamento en lo previsto en el artículo 17 Constitucional, así como lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión ordinaria celebrada el dieciocho de marzo de dos mil nueve, se le permite el uso de cualquier medio tecnológico que permita la reproducción de las constancias autorizadas que obran en el expediente, y así de una manera más ágil haga uso de estás. En el entendido que, para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, se autoriza a los Secretarios adscritos al Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, para librar los oficios que con motivo del trámite del presente juicio resulten necesarios....
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