Graciela Nashielly Muñoz Del Valle
Expediente 187/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 187/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Graciela Nashielly Muñoz Del Valle
Actuaciones
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 27/03/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés.********************Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de treinta de septiembre de dos mil veinte, se decretó la suspensión del procedimiento, al haberse advertido el fallecimiento del tercero interesado ********************, tal como se acreditó con la copia certificada del acta de defunción número ********************, de veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete, expedida por la Oficial Encargada del Registro Civil del municipio de Úrsulo Galván, Veracruz. ********************Así, conforme al artículo 16 de la Ley de Amparo, se advierte que lo planteado en el presente juicio de amparo no afecta los derechos sustantivos del tercero interesado, siendo irrelevante continuar con la suspensión del procedimiento para dar oportunidad de emplazar al representante o albacea de la sucesión del tercero fallecido para que intervenga, dado que debe privilegiarse la solución del fondo sobre el tema procesal; en tal virtud, se reanuda el procedimiento en el presente asunto.********************Ello, en atención a lo establecido en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos, que indica que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, siempre y cuando no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes. ********************Sirve de apoyo a lo anterior, por la idea que contiene, la tesis I.3o.C.22 K (11a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo IV, página 3631, registro digital 2025421. De rubro y texto siguientes:********************"SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. DEBE PRIVILEGIARSE LA DECISIÓN DE FONDO FRENTE AL TEMA PROCESAL -FORMA-, CUANDO ALGUNA DE LAS PARTES FALLECE DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ÉSTE, SIEMPRE Y CUANDO NO SE LE CAUSE PERJUICIO, EN ATENCIÓN AL ARTÍCULO 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL. Hechos: En un juicio ordinario civil se solicitó la nulidad de dos contratos de compraventa. La parte demandada (una señora de noventa y un años de edad) se allanó a las pretensiones solicitadas por la parte actora; no obstante, sus hijos, quienes asistieron al juicio en su carácter de terceros, reconvinieron al actor la nulidad del documento con el cual demostraba su legitimidad dentro del juicio (al ostentarse como cesionario de los derechos hereditarios y gananciales del difunto esposo de la demandada). El juicio concluyó con la determinación de considerar improcedente la acción de nulidad de los contratos de compraventa y con la absolución de la demandada respecto de las prestaciones reclamadas. Asimismo, se declaró parcialmente procedente la acción reconvencional y se declaró la nulidad absoluta o inexistencia del contrato de cesión de derechos y gananciales hereditarios firmado por la demandada en favor del actor. Inconforme con esa resolución, la parte actora apeló la sentencia reclamada y el tribunal de alzada confirmó la sentencia de primera instancia. En contra de esa determinación, la actora acudió al juicio de amparo directo y al sustanciarse éste, la tercero interesada falleció. ********************Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que debe privilegiarse la decisión de fondo frente al tema procesal de suspensión del procedimiento de amparo -forma-, cuando alguna de las partes fallece durante la tramitación de éste, siempre y cuando no se le cause perjuicio, en atención al artículo 17, tercer párrafo, de la Constitución General. ********************Justificación: Lo anterior, porque uno de los requisitos que el tercer párrafo del artículo 17 constitucional establece para que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, es que no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes, lo que tiene lógica si se considera que conforme a la exposición de motivos de la reforma por la que se adicionó esa porción normativa, no se buscó permitir el incumplimiento de la ley ni la eliminación de toda formalidad, sino únicamente la extinción de formalismos que impiden hacer justicia, pero con pleno respeto a los diversos imperativos constitucionales que rigen la función jurisdiccional. No hacerlo generaría incertidumbre jurídica en detrimento de los propios justiciables, por lo que puede válidamente concluirse que para llevar a cabo la nueva obligación de privilegiar la solución del fondo de las controversias por encima de la forma, los Jueces deben hacerlo con pleno respeto al debido proceso, equidad procesal y demás contenidos constitucionales, entre ellos, el derecho a la seguridad jurídica. En ese tenor, si bien en términos del artículo 16, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, debe suspenderse el juicio de amparo (directo o indirecto) y emplazar o dar a conocer el emplazamiento y el auto admisorio de la demanda de amparo al representante o albacea de la sucesión cuando el quejoso haya fallecido, lo cierto es que en términos del artículo 17 constitucional, y al no transgredirse los derechos sustantivos de la parte que falleció durante el juicio de amparo, es que debe privilegiarse una solución del fondo sobre la forma."****************************************Así como en la diversa tesis VII.2o.T.15 K (10a.), por las ideas que contiene, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, página 2430, registro digital 2013453, de rubro y texto siguientes:********************"AMPARO EN REVISIÓN. SI DURANTE SU TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO, ES INNECESARIO SUSPENDER EL PROCEDIMIENTO PARA LLAMAR AL REPRESENTANTE DE LA SUCESIÓN, SI LA RESOLUCIÓN QUE SE DICTE EN LA ALZADA NO LE CAUSA PERJUICIO ALGUNO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 16 DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en el amparo se hace del conocimiento con prueba idónea el fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, el juzgador debe proceder conforme al artículo 16 de la Ley de Amparo, el cual prevé tres hipótesis, a saber: 1) Siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión; 2) Si el fallecido no tiene representación legal en el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene dentro del plazo de 60 días siguientes al en que se decrete la suspensión, el Juez ordenará lo conducente, según el caso de que se trate; y, 3) Cualquiera de las partes que tenga noticia del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando los datos necesarios para ese efecto. Ahora bien, si se parte de la base de que las violaciones procesales dentro del juicio constitucional deben repararse siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo, es irrelevante decretar la suspensión del procedimiento para dar oportunidad a que intervenga el representante de la sucesión del quejoso o del tercero interesado, si conforme al sentido de la resolución que habrá de emitirse en la instancia de revisión por el Tribunal Colegiado de Circuito no se afectarán los intereses de dicha parte, máxime que el representante de la mortual tendrá expedito su derecho para acudir ante la propia autoridad responsable para hacer valer lo que estime procedente. De ahí que si el tribunal constitucional en la alzada no suspende el procedimiento ni llama y da intervención al representante legal del de cujus, en aras del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela la administración de justicia pronta y expedita, es improcedente reponer el procedimiento para llevar a cabo la notificación de dicha representación, cuando acorde al sentido de la resolución que se adoptará en definitiva, los derechos patrimoniales del finado habrán de permanecer incólumes, al no causarle perjuicio la decisión del asunto, pues no implicará dejarlo en estado de indefensión."****************************************Una vez precisado lo anterior, el que suscribe estima procedente sobreseer por auto el presente controvertido constitucional, de acuerdo a las siguientes consideraciones.********************En principio, debe decirse que por escrito de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el siete de octubre de dos mil diecinueve y turnado a este Juzgado al día siguiente, el ********************, a través de su representante y apoderada legal********************, promovió juicio de amparo indirecto, señalando como acto reclamado la resolución de ocho de agosto de dos mil diecinueve (sic), dictada dentro del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz.********************Por otra parte, las autoridades responsables, la citada Junta, Presidente y Actuario, adscritos a la misma, al rendir sus correspondientes informes justificados (fojas 63, 64 y 65 del sumario), negaron la existencia del acto reclamado, como se advierte del contenido de dichos informes, en la parte conducente: ********************".de los autos del expediente en que se actúa, no se desprende resolución de fecha 08 de agosto de 2019, sin embargo, de los autos del expediente ********************, se desprende escrito presentado por la demandada, hoy quejosa, en fecha diez de agosto de dos mil dieciocho, mediante el cual manifiesta:********************"estamos ante una clara y absoluta caducidad por inacción del interesado y por consiguiente en términos de lo dispuesto por el artículo 519 fracción III de la Ley Federal del Trabajo la prescripción de la acción a que tenía derecho ejercitar el actor ********************, por consiguiente se archive el expediente, como asunto total y definitivamente concluido. Respetuosamente y aunque resultemos reiterativos, a nombre del ******************** consideramos fundado y procedente el incidente promovido de nuestra parte."********************De lo anteriormente, no se advierte que la demandada, hoy quejosa, promueva incidente de caducidad por inacción del interesado con todas sus letras, sino se desprende que realiza argumentos en los que se refiere a la acción de "caducidad" e "inacción del interesado", pero solo como conceptos argumentativos de su escrito, mas no con precisión y claridad de que se trata de un incidente específicamente sobre esos conceptos, mismos que resultan ser acciones equiparables a la prescripción, motivo por el cual esta junta mediante acuerdo de fecha 03 de septiembre de 2018 señalo (sic) fecha de pruebas y alegatos en el incidente de prescripción conforme a lo dispuesto por los artículos 519 fracción III de la Ley Federal del Trabajo, misma en la cual la demandada, hoy quejosa, exhibió escrito de fecha 21 de septiembre de 2018 y del cual se desprende que ratifica su incidente de prescripción de la acción, hecho con el cual conciente (sic) que se trata de la figura de prescripción, y el cual culminó mediante resolución de fecha 05 de agosto de 2019, y para acreditar lo anterior se le remite copias certificadas de las constancias antes mencionadas, insistiéndose que en ningún momento fueron violados en perjuicio del quejoso el artículo 14, 16 y 123 de la Constitución que pretende hacer valer el quejoso como concepto de violación, por lo que de considerarlo procedente, en su oportunidad y previo los trámites de ley dicte resolución, y en su caso proceda a sobreseer el mismo".********************Ahora, de conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado.********************Atento a ello, se indica como tal, la resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la que se declaró improcedente el incidente de prescripción para ejecutar el laudo emitido el veintiséis de marzo de dos mil dos; cuya determinación, según lo transcrito en líneas precedentes y de acuerdo a las pruebas aportadas por las responsables, valoradas conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del precepto 2º, debe tenerse por cierta.********************Por otro lado, conviene precisar que si bien la parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz y el acto reclamado lo emitió el Presidente de ese órgano, pues versa sobre la ejecución del laudo, como se advierte del artículo 617, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo; no menos cierto resulta que ese aspecto no conduce a decretar el sobreseimiento en el juicio por tal circunstancia, ya que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de amparo se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, el que deberá ser emitido por el Presidente de ese órgano colegiado; por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la junta, al hacerlo es sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado.********************Aunado a que de autos se advierte que el Presidente de la junta responsable, fue quien emitió el acto reclamado, como se analizará en líneas subsecuentes.********************Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 57/95 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Octubre de 1995, página 226, Registro digital: 200702, de rubro y texto siguientes: ********************"JUNTA LABORAL Y PRESIDENTE DE LA MISMA. ERROR DEL QUEJOSO AL SEÑALAR COMO RESPONSABLE A AQUELLA EN EL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE ÉSTE. Si bien es cierto que es esencial el correcto señalamiento de la autoridad responsable en la demanda de amparo y que ello es una carga del agraviado, ya que respecto de dichos actos es que versará el juicio y serán motivo de análisis por parte del juzgador; y si bien es cierto, asimismo, que las Juntas laborales y sus presidentes son autoridades distintas, debe considerarse que si en la demanda de amparo el quejoso señala con desacierto como acto reclamado una resolución que atribuye a una Junta como órgano colegiado, cuando ésta fue dictada por el presidente en uso de las atribuciones que le son propias, como la de ordenar la ejecución de un laudo, en estos casos, el error en el señalamiento de la autoridad responsable no da motivo para sobreseer en el juicio con apoyo en lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que el imperativo constitucional de dar noticia de la iniciación del juicio de garantías se cumple al solicitarse y rendirse el informe justificado, ya que éste invariablemente deberá ser emitido por el presidente de dicho órgano colegiado, por ser una atribución que le confiere la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 617, fracción VII, 618, fracción VI, y, 623, por tanto, ya sea que el informe lo rinda en nombre propio o como representante de la Junta, al hacerlo se está haciendo sabedor del inicio del juicio de amparo y con ello está en posibilidad de defender la constitucionalidad del acto reclamado.****************************************Precisado lo anterior, ahora se debe destacar que es de orden público y primordial el análisis de las causas de improcedencia que hayan hecho valer las partes o se detecten actualizadas de oficio, respecto del acto del que se ha evidenciado su certeza, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo.********************"Artículo 62. Las causales de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."****************************************Bajo esa óptica este juzgador advierte, de oficio, que en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad, en razón de que la parte quejosa, antes de acudir al juicio de amparo, debió haber agotado los medios ordinarios de defensa en contra del acto reclamado.********************Precepto legal que dispone lo siguiente:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:********************[.]********************XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.********************Se exceptúa de lo anterior:********************a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;********************b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;********************c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.********************d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.********************Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo".****************************************De la interpretación del precepto transcrito se advierte que el principio de definitividad en materia de amparo consiste en la obligación de agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley que regula el acto reclamado, con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo, previo a ejercer la acción constitucional; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente contra las resoluciones judiciales susceptibles de ser recurridas, cuando no se haya agotado el recurso procedente. ********************En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación del derecho fundamental al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa.********************Así, la improcedencia del juicio se genera cuando no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico o el tribunal de segunda instancia.********************El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal.********************Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo.********************Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, ya que de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo.********************De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto.********************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995 que establece:********************"RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo"****************************************Así también, la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece:********************"RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional."****************************************En el caso, el acto reclamado es la resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la que se declaró improcedente el incidente de prescripción para ejecutar el laudo emitido el veintiséis de marzo de dos mil dos.********************En este sentido, resulta oportuno transcribir el contenido de la referida resolución:********************".VERACRUZ, VER.; CINCO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE.********************Vistos los autos del expediente en que se actúa, en especial el proveído de fecha 24 de septiembre de 2018, del que se desprende que esta Junta actuante, se reservó para emitir la resolución correspondiente respecto del incidente de prescripción de la acción promovido por ********************, toda vez que no queda probanza alguna por desahogar, esta autoridad procede a dictar la resolución correspondiente relativa al incidente no especificado de prescripción de ejecución de laudo, bajo los siguientes lineamientos:********************RESULTANDO:********************1. Que mediante escrito de fecha 09 de agosto de 2018, la actora en el incidente y demandado en el principal ******************** DE C.V., por conducto de su apoderado legal promovió incidente de prescripción de la acción la parte actora para ejecutar el laudo de fecha (sic) en fecha 26 de marzo de 2002, así como resolución incidental de fecha 8 de noviembre de 2005, y auto de ejecución de 10 de septiembre de 2007 y 12 de junio de 2009, esta junta ordenó la apertura del incidente de prescripción de la acción, la cual tuvo verificativo el 24 de septiembre de 2018. Se dio entrada al incidente promovido y se señaló fecha y hora para la audiencia de pruebas, y alegatos en la que la parte actora en el incidente y demandada en el principal ofreció las pruebas que a sus intereses convino y formuló sus alegatos, sin que la parte demandada en el incidente actora en lo principal compareciera a la referida audiencia a ofrecer pruebas, por lo que se le hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de fecha 03 de septiembre de 2018, teniéndose por conforme por lo señalado por la demandada, probanzas, las que al tratarse de la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, quedan desahogadas por si solas por su propia y especial naturaleza y a las cuales se les dará el valor probatorio que en derecho proceda al momento de dictar resolución en el presente incidente.********************CONSIDERANDO********************I. Que esta Junta Especial No. 45 de la Federal de Conciliación y Arbitraje es competente para conocer y resolver del presente incidente de conformidad con lo dispuesto por los artículos 519, 761, 762, 763 de la Ley Federal del Trabajo.********************Planteamiento de la Litis********************Que la controversia en el presente incidente es para determinar si procede o no el incidente de prescripción de la acción de la parte actora para ejecutar.********************El marco jurídico********************El marco jurídico aplicable en la especie es la normatividad prevista por los artículos 519, 761, 762, y 763 de la Ley Federal del Trabajo.********************La carga de la prueba********************Atendiendo al planteamiento de la Litis, la carga de la prueba corresponde a la actora incidentista y demandada en el juicio principal ******************** DE C.V., acreditar la procedencia de la incidencia planteada en términos del principio general de derecho procesal que dice "quien afirma está obligado a demostrar sus aseveraciones".********************Estudio de la procedencia del incidente planteado.********************De la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, tenemos que no benefician los intereses del demandado incidentista demandado en lo principal ******************** (sic), en virtud de que de actuaciones se desprende que el 26 DE MARZO DE 2002 la junta responsable emitió el laudo correspondiente, posteriormente se realizaron en diversas fechas y años pagos al actor en cumplimiento a los autos de ejecución que se dictaron dentro del expediente en que se actúa. Desprendiéndose de autos, existe escrito de fecha 08 de mayo de 2012 presentado por la apoderada legal de la parte actora ante oficialía de partes, agregada a fojas 656 y 657 de autos, de la cual se advierte que se omitió emitir el acuerdo correspondiente respecto a la petición de la parte actora en el escrito señalado en líneas antes. ********************En virtud de lo anterior, declara improcedente el incidente de prescripción para ejecutar el laudo emitido planteado por el ******************** (sic) demandada en lo principal, tomando en consideración que, la parte actora mediante escrito de fecha 08 de agosto de 2012 solicitó la ejecución del laudo, de la cual se omitió emitir el acuerdo correspondiente, por tal motivo, se reitera, que el supuesto en el que sustenta la petición, no encuadra dentro de lo dispuesto por el artículo 519 fracción III de la Ley Federal del Trabajo.********************Por lo expuesto, considerado y con fundamento en los artículos 519, 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, y;********************RESUELVE********************PRIMERO. Se declara improcedente el incidente de prescripción para ejecutar el laudo emitido planteado por el ******************** (sic) demandada en lo principal, tomando en consideración que, la parte actora mediante escrito de fecha 08 de agosto de 2012, solicitó la ejecución del laudo, de la cual se omitió emitir el acuerdo correspondiente, por tal motivo, se reitera, que el supuesto en el que sustenta la petición no encuadra dentro de lo dispuesto por el artículo 519 fracción III de la Ley Federal del Trabajo.********************SEGUNDO. Notifíquese personalmente a las partes en sus domicilios señalados en autos, debiéndoles correr traslado con la represente (sic) resolución, quedando a disposición de las partes los autos del expediente para los efectos legales procedentes.********************Así lo proveyó y firmo la C. Presidente de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje con la asistencia el Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe" (Foja 93).****************************************En ese sentido, los artículos 849 y 850, fracción I de la Ley Federal del Trabajo, establecen:********************"Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión".********************"Artículo 850. De la revisión conocerá:********************I. La Junta de Conciliación o la Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, cuando se trate de actos de los presidentes de las mismas;********************(.)".****************************************Bajo el esquema apuntado, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo -vigente a la fecha en que fue iniciado el procedimiento de origen-, prevé como medio de defensa el recurso de revisión, el cual procede contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en la ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, como en el caso sucede con la resolución de cinco de agosto de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio laboral ********************del índice de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Veracruz, Veracruz, en la que se declaró improcedente el incidente de prescripción para ejecutar el laudo emitido el veintiséis de marzo de dos mil dos.********************De lo que se sigue que la procedencia del juicio biinstancial se encuentra sujeta a que previamente se controvierta en el juicio de origen mediante el recurso de revisión, el cual constituye un medio ordinario de defensa que tiene como efecto modificar, revocar o nulificar el auto impugnado en esta vía.********************Sustenta lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Agosto de 2002, página 374, registro digital: 186133, del siguiente tenor:********************"REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PROCEDE EN CONTRA DEL AUTO DICTADO POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, EN EL QUE RESUELVE SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PARA EJECUTARLO, POR LO QUE DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos, convenios y resoluciones que ponen fin a las tercerías; así como en contra de los dictados en las providencias cautelares. Ahora bien, si el acto reclamado consiste en la resolución dictada por el presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje, en la etapa de ejecución del laudo, por la cual resuelve sobre la prescripción de la acción para ejecutarlo, es necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agote el recurso de revisión previsto en el citado precepto, toda vez que dicho acto fue emitido dentro del procedimiento de ejecución, como lo señalan los dispositivos 617 y 618 de la referida ley, pues a través de ese medio de impugnación podrá revocarse, modificarse o anularse tal acto presidencial y, con ello, cumplir con el principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de garantías, como deriva de lo establecido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo".****************************************Así como la jurisprudencia 2a./J. 52/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1681, materia laboral, con número de registro 2017028, de rubro y texto:********************"RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo."****************************************Sin que este caso se ubique en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que contempla el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. ********************Tampoco se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, auto de vinculación a proceso, ni se combate una resolución que niegue la libertad bajo caución o que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto u otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, ni mucho menos se trata de una sentencia definitiva dictada en materia penal.********************Además, la parte quejosa no resulta ser persona extraña al procedimiento, pues al tener el carácter de demandada es evidente que es parte formal y material en él y, por ende, estuvo en aptitud de agotar los medios de defensa ordinarios procedentes contra el acto que reclama en esta instancia constitucional. ********************No se soslaya que los efectos de la determinación combatida puedan considerarse como de imposible reparación, empero, aun así es necesario que se agote el medio ordinario de defensa correspondiente antes de acudir al juicio de amparo.********************De ahí que es dable afirmar que el acto reclamado no constituye una excepción al principio de definitividad, por lo que, se debe agotar el medio de impugnación que procede contra esa determinación antes de acudir al juicio de amparo.********************En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio biinstancial.********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa, por correo electrónico al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables...
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Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo presentada por ********************en su carácter de abogado patrono de Graciela Nashielly Muñoz del Valle y ocho copias de la misma; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 187/2023-1 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************DESECHAMIENTO********************En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ********************En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.********************En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.********************Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud.********************En efecto, del escrito de demanda de amparo se advierte que se encuentra suscrita por ********************quien refiere ser abogado patrono de la directa quejosa ********************quien figura como parte en el toca ********************/2022 del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, del cual reclama la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual modifica el auto de seis de octubre de dos mil veintidós, relativo al juicio ordinario civil ********************del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, esto es, dejó sin efectos los días lunes y viernes para la realización de las convivencias de ******************** con su menor hijo.********************Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa disponen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)"********************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ********************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. ********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ********************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." ****************************************"Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o su apoderado o por cualquier persona en los casos previsto de esta ley. (.)." ****************************************"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:******************** I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;********************(.)."****************************************Dicho lo anterior, la disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente, en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva.********************Cabe destacar que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por lo que, resulta necesaria la voluntad del particular que resienta una afectación en su esfera de derechos por el acto de autoridad.********************En ese tenor, la figura de abogado patrono en términos de la legislación aplicable al acto reclamado, esto es, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se contempla en el numeral 89, el cual dispone:******************** "Articulo 89.- También podrán hacerse notificaciones a los abogados de las partes, cuando en autos hayan sido facultados al efecto por sus clientes. La facultad de oír notificaciones autoriza al abogado para promover, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, intervenir y alegar en las audiencias. ********************Los abogados patronos deberán ser necesariamente licenciados en derecho con cédula profesional y en legal ejercicio de su profesión. Y serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a sus clientes por negligencia, impericia o irresponsabilidad, en los negocios en que intervengan."****************************************Del contenido del artículo transcrito se advierte que los abogados patronos están facultados para aclarar la demanda, ofrecer pruebas, intervenir en las audiencias o diligencias judiciales, expresar alegatos, interponer recursos y expresar agravios, promover incidentes, recusar y, en general, para llevar a cabo todos los actos procesales que correspondan a la parte que los nombró dentro del procedimiento, sin que dicha designación alcance para ampliar tal nombramiento, ni realizar actos que impliquen disposición de los derechos en litigio, ni los que conforme a la ley requieran poder con cláusula especial o deban ser ejercidos en forma personal por los interesados.********************Por tanto, debe destacarse que para efectos de la promoción del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta el principio de instancia de parte agraviada, esto es, la exigencia que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, la misma debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de origen, en tanto que ello constituye el ejercicio de una nueva acción que incorpora la existencia de una nueva litis. ********************En consecuencia, la persona directamente agraviada es quien debe instar la demanda de origen, de ahí que es dable establecer que el abogado patrono carece de facultades para promover el juicio de amparo indirecto en materia civil, ya que este juicio sólo puede ser promovido por el quejoso o su representante legal, atendiendo especialmente al principio destacado que rige la materia extraordinaria, ya que dicho principio impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio originario, pues del análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, no se evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio destacado.********************Por tanto, si quien instó y firmó la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue ********************quien expresamente manifestó hacerlo en su carácter de abogado patrono de la parte demandada del juicio civil de origen (del que emana el acto reclamado), es evidente que dicha demanda deviene improcedente con base en las consideraciones previamente apuntadas.********************Asimismo, no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida, sino que constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del directo quejoso de intentar esta vía. ********************Por lo que, si se otorgara un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas por quienes carecen de facultades para hacerlo, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. ********************De ahí que no sea factible prevenir al promovente para que exhiba el documento que acredite el carácter de abogado patrono que dice tener.********************Por sus consideraciones, tienen aplicación al caso la jurisprudencia sostenida por el Pleno del Séptimo Circuito, de registro digital 2006435, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 1177, que señala:********************"ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo."****************************************Así como la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de registro digital 2011844, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2471, de rubro y texto:********************"ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU PATROCINADO SI NO CUENTA EXPRESAMENTE CON LA AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). De los artículos 71 y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil de dicha entidad (actualmente abrogado), ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo anterior se sigue que la sola designación como abogado patrono conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que aquél esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues conforme al nuevo modelo constitucional y legal que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos de los invocados artículos 71 y 72 del referido código."****************************************Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 5°, fracción I, 6°, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos y fundamentos previamente reseñados.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES********************Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el señalado en su escrito de demanda de amparo; asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona en el escrito de demanda, ya que no acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.********************EXPEDIENTE ELECTRÓNICO********************Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso.********************AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS********************Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.********************Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. ********************AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO********************Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo.********************PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES********************Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo.********************Notifíquese personalmente a la parte promovente.*****
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EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 10-03-2023, POR NO ATENDER AL AVISO DE 13-03-2023: ... Boca del Río, Veracruz, diez de marzo de dos mil veintitrés.********************Vista la demanda de amparo presentada por ********************en su carácter de abogado patrono de Graciela Nashielly Muñoz del Valle y ocho copias de la misma; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de juicio 187/2023-1 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.********************DESECHAMIENTO********************En principio, conviene precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. ********************En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes.********************En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.********************Lo anterior, con independencia de la amplitud o no de las consideraciones que sustenten la causal de improcedencia, dado que lo manifiesto e indudable deriva del ejercicio de subsunción entre los hechos manifestados por el quejoso y la correspondiente hipótesis normativa, lo que nada impide al operador jurídico sustentar consideraciones profundas o de gran amplitud.********************En efecto, del escrito de demanda de amparo se advierte que se encuentra suscrita por ********************quien refiere ser abogado patrono de la directa quejosa ********************quien figura como parte en el toca ********************/2022 del índice de la Octava Sala Especializada en Materia de Familia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, del cual reclama la resolución de quince de febrero de dos mil veintitrés, mediante la cual modifica el auto de seis de octubre de dos mil veintidós, relativo al juicio ordinario civil ********************del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia en Veracruz, esto es, dejó sin efectos los días lunes y viernes para la realización de las convivencias de ******************** con su menor hijo.********************Sentado lo anterior, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el que suscribe estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I y 6, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa disponen:********************"Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ********************(.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)"********************"Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ********************I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ********************El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. ********************El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. ********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ********************La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.)." ****************************************"Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien le afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o su apoderado o por cualquier persona en los casos previsto de esta ley. (.)." ****************************************"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:******************** I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. ********************Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa;********************(.)."****************************************Dicho lo anterior, la disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente, en el entendido que por derecho subjetivo se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva.********************Cabe destacar que el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, por lo que, resulta necesaria la voluntad del particular que resienta una afectación en su esfera de derechos por el acto de autoridad.********************En ese tenor, la figura de abogado patrono en términos de la legislación aplicable al acto reclamado, esto es, Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, se contempla en el numeral 89, el cual dispone:******************** "Articulo 89.- También podrán hacerse notificaciones a los abogados de las partes, cuando en autos hayan sido facultados al efecto por sus clientes. La facultad de oír notificaciones autoriza al abogado para promover, interponer recursos, ofrecer y rendir pruebas, intervenir y alegar en las audiencias. ********************Los abogados patronos deberán ser necesariamente licenciados en derecho con cédula profesional y en legal ejercicio de su profesión. Y serán responsables de los daños y perjuicios que ocasionen a sus clientes por negligencia, impericia o irresponsabilidad, en los negocios en que intervengan."****************************************Del contenido del artículo transcrito se advierte que los abogados patronos están facultados para aclarar la demanda, ofrecer pruebas, intervenir en las audiencias o diligencias judiciales, expresar alegatos, interponer recursos y expresar agravios, promover incidentes, recusar y, en general, para llevar a cabo todos los actos procesales que correspondan a la parte que los nombró dentro del procedimiento, sin que dicha designación alcance para ampliar tal nombramiento, ni realizar actos que impliquen disposición de los derechos en litigio, ni los que conforme a la ley requieran poder con cláusula especial o deban ser ejercidos en forma personal por los interesados.********************Por tanto, debe destacarse que para efectos de la promoción del juicio de amparo, debe tenerse en cuenta el principio de instancia de parte agraviada, esto es, la exigencia que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, quien es titular de la acción, por ello, la misma debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de origen, en tanto que ello constituye el ejercicio de una nueva acción que incorpora la existencia de una nueva litis. ********************En consecuencia, la persona directamente agraviada es quien debe instar la demanda de origen, de ahí que es dable establecer que el abogado patrono carece de facultades para promover el juicio de amparo indirecto en materia civil, ya que este juicio sólo puede ser promovido por el quejoso o su representante legal, atendiendo especialmente al principio destacado que rige la materia extraordinaria, ya que dicho principio impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio originario, pues del análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, no se evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio destacado.********************Por tanto, si quien instó y firmó la demanda de amparo que dio origen a este juicio fue ********************quien expresamente manifestó hacerlo en su carácter de abogado patrono de la parte demandada del juicio civil de origen (del que emana el acto reclamado), es evidente que dicha demanda deviene improcedente con base en las consideraciones previamente apuntadas.********************Asimismo, no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida, sino que constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del directo quejoso de intentar esta vía. ********************Por lo que, si se otorgara un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas por quienes carecen de facultades para hacerlo, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. ********************De ahí que no sea factible prevenir al promovente para que exhiba el documento que acredite el carácter de abogado patrono que dice tener.********************Por sus consideraciones, tienen aplicación al caso la jurisprudencia sostenida por el Pleno del Séptimo Circuito, de registro digital 2006435, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, página 1177, que señala:********************"ABOGADO PATRONO. EL AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE VERACRUZ CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO A NOMBRE DEL QUEJOSO. Partiendo de la base del análisis al principio de instancia de parte agraviada que rige la materia del juicio de amparo, se puede establecer que tratándose de esta clase de juicios, el principio de instancia de parte agraviada impide que el ejercicio de la acción sea trasladada a persona distinta del quejoso o de su representante legal, con lo cual la promoción del juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, y es titular de la acción, por ello, su promoción debe contar con la firma autógrafa del quejoso o, en su caso, de su representante legal, y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, lo anterior ya que el análisis del artículo 89 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, no evidencia que la designación de un abogado patrono tenga los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, máxime que para determinar tal situación debe acudirse en forma indispensable al principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo."****************************************Así como la Jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, de registro digital 2011844, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 31, Junio de 2016, Tomo IV, página 2471, de rubro y texto:********************"ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO A NOMBRE DE SU PATROCINADO SI NO CUENTA EXPRESAMENTE CON LA AMPLIACIÓN DE LAS FACULTADES QUE CORRESPONDAN, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS). De los artículos 71 y del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, se advierte que el abogado patrono no puede llevar a cabo los actos que impliquen disposición del derecho de litigio, los enumerados en el artículo 2540 del Código Civil de dicha entidad (actualmente abrogado), ni los que conforme a la ley estén reservados personalmente a los interesados, a menos que el que haga la designación amplíe las facultades propias del cargo, para lo cual se requiere un escrito dirigido al Juez en el que se fijen las atribuciones, que será admitido sin necesidad de ratificación, o bien otorgar el poder apud-acta en el expediente respectivo. De lo anterior se sigue que la sola designación como abogado patrono conferida en los términos del citado numeral, es insuficiente para que aquél esté facultado para promover el juicio de amparo a nombre de su autorizante, pues conforme al nuevo modelo constitucional y legal que surgieron con motivo de las reformas constitucionales del 6 de junio de 2011, la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5o., fracción I y 6o. de la Ley de Amparo. En consecuencia, la demanda de amparo debe provenir directamente de quien figura como quejoso o su representante legal o apoderado, calidad que no se surte respecto del abogado patrono designado en términos de los invocados artículos 71 y 72 del referido código."****************************************Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en los artículos 61, fracción XII, 5°, fracción I, 6°, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos y fundamentos previamente reseñados.********************DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES********************Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el señalado en su escrito de demanda de amparo; asimismo, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que menciona en el escrito de demanda, ya que no acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales.********************EXPEDIENTE ELECTRÓNICO********************Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso.********************AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS********************Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal.********************Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. ********************AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO********************Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo.********************PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES********************Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta y expedita, se autoriza al Secretario, bajo criterio limitado y hábil, para que únicamente certifique y agregue a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; y, c) acuses de recibo.********************Notifíquese personalmente a la parte promovente.
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