Graciela Morales Hurtado

Expediente 1474/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1474/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
04/09/2015

Partes del expediente

  • Graciela Morales Hurtado

Actuaciones

  1. Principal

    En cuatro de septiembre de dos mil quince, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, CERTIFICO: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, en contra del auto dictado el veinte de agosto de dos mil quince, dentro del juicio de amparo número 1474/2015 y acumulados, transcurrió del veintiocho de agosto al tres de septiembre de dos mil quince, lo que se asienta para los efectos legales. DOY FE. En la misma fecha, el licenciado Jorge Martín Zamora, da cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, en contra del auto dictado por este Juzgado el veinte de agosto de dos mil quince, en el que SE DESECHÓ DE PLANO la demanda de garantías promovida por GRACIELA MORALES HURTADO, ASUSENA SÁNCHEZ ALMARAZ, RAMÓN CARDONA ESPARZA, CARLOS DE JESÚS FRÍAS SÁNCHEZ, YANET FABIOLA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MARISOL CERECEDO RODRÍGUEZ, MARGARITA JASSO REYES, BEATRÍZ GARCÍA LARA, ERIKA PEREA CASTRO, JOSÉ ROSAS DOMÍNGUEZ, CLAUDIA ANGÉLICA TOVAR PÉREZ, GUILLERMO AGUIRRE MEZA, JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ MONREAL, ROBERTO MEZA LAMAS, MIGUEL CASTRUITA MONREAL, MARÍA CONCEPCIÓN BOLAÑOS ALEMÁN, ALBERTO CARRILLO GUERRERO, MARÍA NOHEMÍ VILLEGAS MARTÍNEZ, MA. ISABEL GUERRERO VIRAMONTES, PATRICIA REBECA TENORIO LÓPEZ, ROSA MARÍA NAVA ROMÁN, FRANCISCO ARIAZ SERRANO, MAYRA YAEL DE LA TORRE OLAGUE, ARTURO CÉSAR MARTÍNEZ SEPÚLVEDA, MARÍA MAGDALENA ÁLVAREZ ALVARADO, MA. DEL SOCORRO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL MUÑOZ SALAZAR, EVA GRISELDA MURGUÍA LÓPEZ, GERARDO RÍOS MORENO, CAROLINA CIENEGA ORTIZ, CLEMENTINA RAIGOSA LARA, ROSSANA FABIOLA ORTEGA GONZÁLEZ, VERÓNICA CÁRDENAS AGUILAR, VÍCTOR GARCÍA CASTILLO, DIANA NOEMÍ GUTIÉRREZ REYES, RAFAEL RODRÍGUEZ QUINTERO, NOÉ FLORES INGUANZO, FÁTIMA DEL ROSARIO FLORES GALICIA, REBECA ANGELINA HERNÁNDEZ DE HARO, RICARDO ERNESTO BARRIENTOS HERNÁNDEZ, SONIA LETICIA RÍOS RUIZ, MA. AZUCENA VEGA DELGADO, MARÍA DE JESÚS GARCÍA ALVARADO, ELIZABETH MORENO LÓPEZ, ENRIQUETA HERNÁNDEZ CARRILLO, MARÍA HILDA ESPAÑA LUNA, ANA KARINA ARELLANO LANDIN, RICARDO JUÁREZ LEOS, CLAUDIA CHÁVEZ FLORES y ARTURO ESPINOSA GAYTAN; contra actos del Departamento de Evaluación Educativa perteneciente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa u Órgano Descentralizado e Independiente de la Secretaría de Educación Pública en el Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357 ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, en su oportunidad y, de conformidad en la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior y en razón de que el proveído por el que se desechó la demanda de garantías no requiere ejecución material, con apoyo en el artículo 214, de la Ley de Amparo en vigor, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, quien actúa ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  2. Principal

    EN VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, SE DA CUENTA AL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO, CON LA DEMANDA DE GARANTÍAS PRESENTADA POR GRACIELA MORALES HURTADO, LA CUAL QUEDÓ REGISTRADA CON EL NÚMERO 1474/2015; ASIMISMO, EL LICENCIADO JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, CERTIFICA: QUE EN LOS JUICIOS DE AMPARO QUE POR NÚMEROS DE ORDEN Y REGISTRO QUE SE LLEVAN EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL CORRESPONDEN A LOS NÚMEROS 1475/2015, 1476/2015, 1477/2015, 1480/2015, 1481/2015, 1482/2015, 1483/2015, 1484/2015, 1485/2015, 1486/2015, 1487/2015, 1488/2015, 1489/2015, 1490/2015, 1491/2015, 1492/2015, 1493/2015, 1494/2015, 1495/2015, 1496/2015, 1497/2015, 1498/2015, 1499/2015, 1500/2015, 1501/2015, 1502/2015, 1503/2015, 1504/2015, 1505/2015, 1506/2015, 1507/2015, 1508/2015, 1509/2015, 1510/2015, 1511/2015, 1512/2015, 1513/2015, 1514/2015, 1515/2015, 1516/2015, 1518/2015, 1522/2015, 1523/2015, 1524/2015, 1525/2015, 1526/2015, 1527/2015, 1528/2015 Y 1529/2015, SE RECLAMAN LOS MISMOS ACTOS, A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES.- CONSTE. DOY FE. En veinte de agosto de dos mil quince, se da cuenta al Secretario encargado del despacho con los escritos de demanda de amparo registrados con los folios 16324, 16325, 16326, 16327, 16330, 16350, 16351, 16352, 16353, 16355, 16356, 16357, 16358, 16359, 16361, 16362, 16365, 16366, 16367, 16368, 16369, 16370, 16371, 16372, 16373, 16374, 16375, 16376, 16377, 16378, 16379, 16380, 16381, 16382, 16383, 16384, 16385, 16386,16387, 16388, 16389, 16417, 16452, 16453, 16454, 16456, 16457, 16458, 16459, 16460, y copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veinte de agosto de dos mil quince. Visto el contenido de la certificación de cuenta, de la que se advierte que se promovió ante este Juzgado Federal el juicio de amparo 1474/2015, por GRACIELA MORALES HURTADO, contra actos del Departamento de Evaluación Educativa Perteneciente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa u Órgano Descentralizado e Independiente de La Secretaría de Educación Pública en el Estado, con sede en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículo 72 y 73, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, así como a los principios de concentración y economía procesal que rigen el juicio de amparo y en aras de una tutela jurisdiccional efectiva, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede decretar en forma oficiosa la acumulación de los mencionados juicios, al expediente 1474/2015, promovido por GRACIELA MORALES HURTADO, el cual quedó registrado con el número 1474/2015, dada la conexidad que existe entre dichos juicios de amparo, al reclamarse los mismos actos a las mismas autoridades responsables; además, con el objeto de que se resuelvan en una sola audiencia, toda vez que, si bien son promovidos por diversos quejosos, existe coincidencia entre ellos, respecto de los actos reclamados y autoridad responsable. Para explicar esta determinación, en principio cabe puntualizar que no escapa a la atención de quien esto resuelve, que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla precisamente la institución de la acumulación en el procedimiento de amparo, empero, ello en modo alguno implica su proscripción de dicho procedimiento y por ende, que no pueda aplicarse supletoriamente la legislación correspondiente, en la medida en que al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido diversos criterios jurisprudenciales, en los cuales ha normado que no constituye un requisito sine qua non, que la ley a suplir contemple expresamente la institución a suplir y que no esté reglamentada. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas. Así, los requisitos establecidos para dicha supletoriedad, los sintetiza en los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad (la de supletoriedad), indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo, haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. Por tanto, válidamente puede concluirse que constituye criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos y para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por la jurisprudencia de la Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. Las anteriores consideraciones, se encuentran contenidas en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2003161, publicada en la página 1065, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, Materia Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido y texto se leen: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. La aplicación supletoria de una ley respecto de otra procede para integrar una omisión en la ley o para interpretar sus disposiciones y que se integren con otras normas o principios generales contenidos en otras leyes. Así, para que opere la supletoriedad es necesario que: a) El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; b) La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule deficientemente; c) Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir; y, d) Las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate." En este orden de ideas, resulta incuestionable que el artículo 2 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, actualiza el requisito contemplado en el inciso b), en la medida en que dispone que a falta de disposición expresa, se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles. Asimismo, el requisito contemplado en el inciso b), se actualiza en virtud de que la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, no contempla la acumulación, mientras que la legislación aplicable de manera supletoria a la ley de la materia, a saber, el Código Federal de Procedimientos Civiles, sí prevé esa institución, en sus artículos 72 y 73. De igual forma, resulta incuestionable que en el asunto de nuestra atención, estamos ante la presencia de demandas de amparo en las que se reclaman actos con íntima conexidad, lo cual implica la necesidad de determinar si dichos juicios de amparo eventualmente pueden resolverse en una misma sentencia, para así otorgar una mayor certeza jurídica a los quejosos, en la medida en que en una misma resolución se analizará aquel acto que atribuyen de manera coincidente a la misma autoridad y derivado del mismo procedimiento, las cuestiones jurídicas planteadas y que estiman trasgreden sus derecho fundamentales, además de reducir con ello el margen del pronunciamiento de resoluciones contradictorias en mayor o menor medida, sin soslayar, que además se optimizan el uso de los recursos materiales y humanos que conforman el Poder Judicial de la Federación, particularmente en la administración de la justicia. Sin soslayar que la circunstancia de que en la nueva Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, a diferencia de la ley abrogada, el legislador no haya contemplado expresamente la institución de la acumulación, pues como se señaló en párrafos antepuestos, pues esa omisión o vacío legislativo, en modo alguno implica la proscripción de dicha institución del procedimiento de amparo, ya que basta la lectura íntegra del proceso legislativo de la nueva ley de la materia, para apreciar que no existe consideración alguna que permita concluir, que fue voluntad expresa e insoslayable del legislador, expulsar la acumulación del procedimiento en comento; máxime que como se ha venido explicando y como se señalará más adelante, la utilización de dicha figura está regulada en el ordenamiento aplicable de forma supletoria a la Ley de Amparo, además de que su aplicación se encuentra en armonía con la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), así como los principios de economía y concentración procesal que rigen la materia, cuyos principios y derechos son ponderados por el legislador secundario en un Estado democrático y social de Derecho, consecuentemente, surge la necesidad de colmar esa omisión o vacío legislativo. Por ello, es que se estime que en la especie se actualizan las hipótesis reguladas en el inciso c). En el mismo orden de ideas, se estima que también se actualizan los requisitos contemplados en el inciso d), dado que resulta incuestionable que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entre ellos, el de concentración y economía procesal, aspectos que conforman el denominado derecho fundamental de tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya observancia es un imperativo para las autoridades jurisdiccionales del Estado Mexicano, como al efecto lo constituye este órgano de control constitucional; de ahí que se afirme que la aplicación de la institución de la acumulación en el asunto de nuestra atención, se encuentra en armonía con los principios que rigen el juicio de amparo y por supuesto, con los derechos fundamentales que asisten a los justiciables en todo procedimiento de legalidad o constitucionalidad. Por todo lo expuesto, es que se estima que no obstante que la Ley de Amparo vigente no contempla la figura de la acumulación, en la especie resulta factible la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, a efecto de acumular los juicios de amparo de que se trata, máxime que ello redundará indefectiblemente en la observancia al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva (particularmente una justicia pronta y expedita), consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los principios de concentración y economía procesal y por supuesto, a la optimización de los recurso materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. Cabe precisar, que las consideraciones establecidas en los párrafos antepuestos, se contienen sustancialmente en las siguientes consideraciones de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: ". El primer tema abordado en esta contradicción de tesis fue el relativo a si es posible aplicar supletoriamente una institución que no está específicamente prevista en la ley a suplir, pero sí en el ordenamiento supletorio. Esta Sala concluyó que sí es posible, con base en los siguientes argumentos: En relación con la aplicación supletoria de normas, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos criterios jurisprudenciales y aislados sostuvo que tal supletoriedad sólo opera tratándose de omisiones o vacíos legislativos, al tenor de las tesis cuyos textos y datos de identificación, son del tenor siguiente: "LEYES. APLICACIÓN SUPLETORIA. Para que un ordenamiento legal pueda ser aplicado supletoriamente, es necesario que en principio exista establecida la institución cuya reglamentación se trata de completar por medio de esa aplicación supletoria." (Tesis sin número, de la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 42 del Tomo XXVII-Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época). "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES PROCESALES. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. La aplicación de las leyes supletorias sólo tienen lugar en aquellas cuestiones procesales que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). "SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES A LA LEY DE AMPARO. REQUISITOS. Dos son los requisitos necesarios para poder aplicar como ley supletoria de la de Amparo, el Código Federal de Procedimientos Civiles: a) Que la Ley de Amparo contemple la institución respecto de la cual se pretenda la aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles, y b) Que la institución comprendida en la Ley de Amparo no tenga reglamentación o bien, que conteniéndola sea deficiente". (Tesis sin número del Pleno de este Alto Tribunal, consultable en la página 157 del Tomo 121-126 Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época). Estas tesis refieren que la aplicación supletoria de normas opera sólo cuando la Ley a suplir prevé la institución o la cuestión procesal que se pretende complementar, pero la regula de manera deficiente o no la desarrolla. Sin embargo, el anterior criterio fue ampliado al establecerse la posibilidad de que la aplicación supletoria de un ordenamiento legal proceda no sólo respecto de instituciones contempladas en la ley a suplir, que no estén reglamentadas, o bien, las regule en forma deficiente, sino también en el caso de cuestiones jurídicas no establecidas en tal ley, a condición de que, sea indispensable para el juzgador acudir a tal supletoriedad para solucionar el conflicto que se le plantea y de que no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas lagunas debe llenar, sino que sea congruente con los principios contenidos en las mismas . En estas condiciones, los requisitos que deben satisfacerse para estimar procedente la aplicación supletoria de normas, son los siguientes: a) Que el ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente. b) Que la ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que se pretende aplicar supletoriamente, o aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente. c) Que esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir. d) Que las normas aplicables supletoriamente no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen de manera específica la institución o cuestión jurídica de que se trate. . Entonces, se advierte que es criterio de esta Segunda Sala el considerar que la supletoriedad es una figura necesaria para integrar una omisión de la ley o para interpretar sus disposiciones conjuntamente con otras normas o principios contenidos en otros ordenamientos. Para que opere, no es absolutamente necesario que la institución o cuestión jurídica que pretende aplicarse supletoriamente esté contemplada en la ley a ser suplida, pero sí deben reunirse los demás requisitos sentados por esta Segunda Sala para la aplicación supletoria de normas. . Consecuentemente, es infundado el argumento de la parte quejosa, en el sentido de que, para que aplique la supletoriedad, es necesario que la ley contemple la institución jurídica a suplir. ." Establecido lo anterior, procede analizar si en la especie se actualiza la acumulación a que se refieren los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por lo que al efecto, debe decirse que de la lectura íntegra de las demandas de amparo que nos ocupan, se desprende que en ambas se reclama lo que en ellas se precisa y que se omite trascribir en obvio de repeticiones inútiles. De lo expuesto, se desprende que se está en el supuesto previsto en los preceptos invocados, para admitir la supletoriedad de los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles a la nueva Ley de Amparo, en lo relativo a la procedencia de la acumulación de juicios, por lo que se considera que los medios de control constitucional intentados, deben resolverse conjuntamente, con la finalidad de observar el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de concentración y economía procesal, además del aprovechamiento del conocimiento previos de los asunto, de evitar el dictado de sentencias contradictorias y la optimización de los recursos materiales y humanos del Poder Judicial de la Federación. En tales condiciones, al surtirse las hipótesis legales de que se trata, lo procedente es decretar la acumulación correspondiente, consecuentemente, glósense al presente expediente 1474/2015, los diversos 1475/2015, 1476/2015, 1477/2015, 1480/2015, 1481/2015, 1482/2015, 1483/2015, 1484/2015, 1485/2015, 1486/2015, 1487/2015, 1488/2015, 1489/2015, 1490/2015, 1491/2015, 1492/2015, 1493/2015, 1494/2015, 1495/2015, 1496/2015, 1497/2015, 1498/2015, 1499/2015, 1500/2015, 1501/2015, 1502/2015, 1503/2015, 1504/2015, 1505/2015, 1506/2015, 1507/2015, 1508/2015, 1509/2015, 1510/2015, 1511/2015, 1512/2015, 1513/2015, 1514/2015, 1515/2015, 1516/2015, 1518/2015, 1522/2015, 1523/2015, 1524/2015, 1525/2015, 1526/2015, 1527/2015, 1528/2015 Y 1529/2015; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Es aplicable a lo anterior, por las consideraciones jurídicas que la informan, la tesis de Jurisprudencia P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 5, del Tomo XX, Agosto de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." En el mismo sentido, por las consideraciones jurídicas que la informan, sirve de apoyo a esta determinación, la tesis sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 997, del Semanario Judicial de la Federación LXXVI, Quinta Época, del rubro y contenido siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO. El artículo 57, fracción II, de la Ley de Amparo establece: "En los juicios de amparo que se encuentren en tramitación ante los Jueces de Distrito podrá decretarse la acumulación a instancia de parte o de oficio en los casos siguientes: ... II. Cuando se trate de juicios promovidos contra las mismas autoridades, por el mismo acto reclamado, siendo diversos los quejosos, ya sea que éstos hayan intervenido en el negocio o controversia que motivó el amparo, o que sean extraños a los mismos." Ahora bien, aunque no se trate de iguales actos reclamados, como literalmente los dispone la disposición legal transcrita, si se trata de actos cuyas materia son consecuencia una de otra, lo que determina su íntima conexión, procede decretar la acumulación de los juicios de amparo relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 1284, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. PROCEDE NO SÓLO CUANDO SE DEN LOS SUPUESTOS QUE LITERALMENTE ESTABLECE EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY RELATIVA, SINO TAMBIÉN CUANDO EXISTA UNA ÍNTIMA CONEXIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El artículo 57 de la Ley de Amparo, en sus dos fracciones, establece como supuestos indispensables para que proceda la acumulación, que se trate del mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales, los quejosos y las autoridades responsables sean distintos; sin embargo, no puede entenderse el requisito de identidad entre los actos reclamados de manera literal y estricta, sino cuando sea posible la existencia de una íntima conexión entre los actos reclamados. Es decir, que aun cuando los actos que se reclamen no sean iguales, como literalmente lo dispone el precepto en comento, si se trata de actos cuyas materias son consecuencia una de la otra, lo que pudiera determinar su íntima conexión, entonces será procedente decretar la acumulación de los juicios de garantías relativos, pues tal es el espíritu que anima a la mencionada disposición legal, al tener por objeto tanto la economía del procedimiento, como evitar la contradicción de resoluciones que se dicten por diversos juzgadores en negocios que impliquen el mismo problema jurídico." Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; agréguense los juicios relacionados al juicio al que se acumulan. En tales condiciones, se provee: Vistas las demandas de garantías promovidas por GRACIELA MORALES HURTADO, ASUSENA SÁNCHEZ ALMARAZ, RAMÓN CARDONA ESPARZA, CARLOS DE JESÚS FRÍAS SÁNCHEZ, YANET FABIOLA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MARISOL CERECEDO RODRÍGUEZ, MARGARITA JASSO REYES, BEATRÍZ GARCÍA LARA, ERIKA PEREA CASTRO, JOSÉ ROSAS DOMÍNGUEZ, CLAUDIA ANGÉLICA TOVAR PÉREZ, GUILLERMO AGUIRRE MEZA, JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ MONREAL, ROBERTO MEZA LAMAS, MIGUEL CASTRUITA MONREAL, MARÍA CONCEPCIÓN BOLAÑOS ALEMÁN, ALBERTO CARRILLO GUERRERO, MARÍA NOHEMÍ VILLEGAS MARTÍNEZ, MA. ISABEL GUERRERO VIRAMONTES, PATRICIA REBECA TENORIO LÓPEZ, ROSA MARÍA NAVA ROMÁN, FRANCISCO ARIAZ SERRANO, MAYRA YAEL DE LA TORRE OLAGUE, ARTURO CÉSAR MARTÍNEZ SEPÚLVEDA, MARÍA MAGDALENA ÁLVAREZ ALVARADO, MA. DEL SOCORRO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL MUÑOZ SALAZAR, EVA GRISELDA MURGUÍA LÓPEZ, GERARDO RÍOS MORENO, CAROLINA CIENEGA ORTIZ, CLEMENTINA RAIGOSA LARA, ROSSANA FABIOLA ORTEGA GONZÁLEZ, VERÓNICA CÁRDENAS AGUILAR, VÍCTOR GARCÍA CASTILLO, DIANA NOEMÍ GUTIÉRREZ REYES, RAFAEL RODRÍGUEZ QUINTERO, NOÉ FLORES INGUANZO, FÁTIMA DEL ROSARIO FLORES GALICIA, REBECA ANGELINA HERNÁNDEZ DE HARO, RICARDO ERNESTO BARRIENTOS HERNÁNDEZ, SONIA LETICIA RÍOS RUIZ, MA. AZUCENA VEGA DELGADO, MARÍA DE JESÚS GARCÍA ALVARADO, ELIZABETH MORENO LÓPEZ, ENRIQUETA HERNÁNDEZ CARRILLO, MARÍA HILDA ESPAÑA LUNA, ANA KARINA ARELLANO LANDIN, RICARDO JUÁREZ LEOS, CLAUDIA CHÁVEZ FLORES y ARTURO ESPINOSA GAYTAN, por su propio derecho, contra actos del Director del Departamento de Evaluación Educativa, perteneciente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (autoridad u órgano descentralizado e independiente de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas) y Director de la Secretaría de Educación y Cultura, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, los que considera violatorios en su perjuicio de las garantías individuales contenidas en los artículos 1°, 5°, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en atención a su contenido, este resolutor emite el siguiente pronunciamiento. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en concreto, es procedente desechar de plano las demandas de garantías, en las que en esencia se reclama la orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014-2015, así como la orden verbal de sujetarse a la aplicación de la evaluación que prevén los artículos 52, 53, 68, 69 y demás relativos de la Ley del Servicio Profesional Docente, además de los numerales 1, 3, 14, 25 y demás relativos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Lo anterior, por actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. Los preceptos y fracciones mencionados de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]" "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]". "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]". A fin de tener por actualizada la causal de improcedencia de mérito, cabe destacar como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: Que los quejosos tienen la calidad de docentes, en los niveles educativos de preescolar, primaria y secundaria en los municipios de Guadalupe, Calera de Víctor Rosales, Loreto, Trancoso y Zacatecas. Que en fechas diez, veinte, veintitrés, veinticuatro, veintiséis, veintinueve y treinta de junio; así como, dos, seis, ocho, diez, doce, quince, dieciséis, veinte, veinticuatro, veintiséis y veintisiete de julio, de dos mil quince, fueron notificados por conducto de la Secretaría de Educación y Cultura y/o Supervisor de la Región 05, y/o Director de su Centro de Trabajo, y/o Supervisor de Zona número 04, referente al oficio sin número para ser convocados a la aplicación de la Evaluación educativa para el ciclo 2015. Que por parte de la Secretaría de Educación y Cultura, con sede en Guadalupe, Zacatecas, se les ordenó de forma verbal por conducto de su superior inmediato, que para poder sujetarnos a la Evaluación, deberán subir a la página digital del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias y documentos de trabajo que se formularon durante el ciclo escolar 2014-2015. Aspectos que claramente demuestran que se está en presencia de actos de naturaleza laboral y equiparable a una relación de patrón a trabajador; asimismo, tales actos son considerados como de aquellos que realiza la dependencia (Secretaría de Educación de Zacatecas), como patrón. En esta tesitura, se tiene que respecto del citado acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 5° de la propia legislación, toda vez que los quejosos aquí nombrados señalan como autoridades responsables al Director del Departamento de Evaluación Educativa, perteneciente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (autoridad u órgano descentralizado e independiente de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas) y Director de la Secretaría de Educación y Cultura, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, a quienes les reclaman la orden de subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias del proceso o ciclo escolar 2014-2015, así como la orden verbal de sujetarse a la aplicación de la evaluación que prevén los artículos 52, 53, 68, 69 y demás relativos de la Ley del Servicio Profesional Docente, además de los numerales 1, 3, 14, 25 y demás relativos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. De lo que se evidencia, que en el caso particular, las citadas autoridades responsables no tienen la calidad jurídica a que se refiere el artículo 5° de la Ley de la Materia, para los efectos del juicio de amparo, lo anterior es así, tomando en consideración que conforme al invocado precepto legal, se considera como autoridad la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado, en el caso específico, no se está en ese supuesto, en virtud de que dada la naturaleza de los actos reclamados (ordenes de sujetarse a la aplicación de la evaluación educativa y subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias y documentos de trabajo presentados durante el ciclo escolar 2014-2015), carecen de la facultad de coercitibidad necesaria para hacer cumplir sus determinaciones, pues dichas autoridades guardan una relación laboral con los hoy quejosos y no se surte entre ellos una relación de supra a subordinación que es lo que caracteriza el acto de autoridad; ello, porque según se advierte la orden de sujetarse a la aplicación de la evaluación educativa y subir a la plataforma del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, las evidencias y documentos de trabajo presentados durante el ciclo escolar 2014-2015, fue en ejercicio de un actuar laboral/administrativo y esa determinación recae dentro del ámbito del derecho laboral, ya que se encamina a afectar relaciones únicamente dentro de una relación de trabajo; de manera que el acto que reclama, se surte en un plano de relación de coordinación, entre el trabajador y las citadas autoridades responsables como patrón; situación ésta que no debe reclamarse en esta instancia, ya que la misma se ocupa de declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de autoridad planteados; en consecuencia, como los actos que se combaten, constituye una situación enmarcada en el ámbito laboral, es de concluir que las responsables a quienes se les imputa, no tienen la calidad jurídica de autoridades para los efectos del amparo, en términos del artículo 5° de la Ley de Amparo, por ello, dichos actos reclamados en tanto modificatoria de la situación que imperaba en el desarrollo de una relación de trabajo, debe ser ventilado ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje y no por la vía constitucional del juicio de amparo. En ese aspecto, se pronunció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 42, que aparece publicada en la página 31, del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en 2000, que a la letra dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. De igual forma, resulta congruente con lo expuesto la tesis que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito." Se afirma lo anterior, porque los artículos 1°, 2°, 3°, 9° y 146 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas, disponen: "ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto: normar la relación de trabajo entre los Poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal a que se refiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, con sus respectivos trabajadores". "ARTÍCULO 2. Para los efectos de esta ley, se entiende por: I. Relación de trabajo: La establecida entre las entidades públicas, a través de sus titulares así como las y los trabajadores a su servicio.II. Tribunal: El Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje.III. Entidades públicas: los poderes del Estado, dependencias del Poder Ejecutivo, municipios, entidades paramunicipales, y las de la administración pública paraestatal." "ARTÍCULO 3. Las y los trabajadores son todo servidor público que presta un trabajo personal subordinado, físico o intelectual, o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido, o por figurar en las nóminas de salario de las y los trabajadores temporales". "ARTÍCULO 9.- Son trabajadoras y trabajadores de base las y los que tengan las categorías que con esta clasificación se consigne en el catálogo de puestos de cada entidad pública. "Artículo 146. Los conflictos de trabajo de su competencia serán resueltos por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje". De una interpretación armónica y sistemática a las disposiciones antes transcritas se colige, que atendiendo a los actos que se reclaman al Director del Departamento de Evaluación Educativa, perteneciente al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (autoridad u órgano descentralizado e independiente de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas) y Director de la Secretaría de Educación y Cultura, con residencia en Guadalupe, Zacatecas; los mismos no actúan como autoridades, sino en su carácter de patrones, como consecuencia del vínculo laboral habido entre el ahora quejoso y aquéllos, caso en el cual se actúa en un plano de igualdad como una relación patrón-trabajador; en el cual se ubican en un nivel de coordinación y no de supra a subordinación, lo que constituye un requisito esencial para la procedencia del juicio constitucional. Por consiguiente, los funcionarios señalados como autoridades responsables, no tienen ese carácter cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos, que tiene su origen una relación jurídica con sus trabajadores; lo que significa que la parte promovente, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje competente, para dirimir la controversia aludida, lo anterior en términos del artículo 146 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Zacatecas. En ese tenor de ideas, es aplicable la jurisprudencia del epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Del criterio invocado pueden advertirse los cuatros elementos esenciales para que un acto pueda ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio constitucional, lo que conlleva a deducir que a falta de cualquiera de ellos, no debe ser considerado como tal en virtud de carecer de esos elementos esenciales. Razonar de forma distinta llevaría al extremo de nulificar el área procesal del derecho laboral, la cual es la encargada de regular los diversos procesos que han de incoarse al ocurrir las diversas hipótesis planteadas en las normas laborales. Es decir, que la concepción tradicional de autoridad responsable establecida en el artículo 5° de la Ley de Amparo ha sido objeto de diversas reflexiones por parte del Supremo Tribunal Constitucional del estado Mexicano como se aprecia en supralíneas, así como en la diversa Jurisprudencia, que refiere: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Si bien es cierto, en el asunto planteado se observa que los quejosos se duelen que es facultad primordial y exclusiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el realizar cualquier acto jurídico concerniente a la aplicación de la evaluación y no a las autoridades estatales y que por ello, no es legal la entrega de evidencias y documentación; también lo es que, esa decisión emana de la relación de coordinación y no de supra a subordinación, tan es así que el legislador creó órganos competentes para conocer de los conflictos laborales/administrativos suscitados entre instituciones empleadoras y trabajadores de las diversas dependencias, como aquella a la que todavía pertenece la impetrante de amparo, siendo en el caso en particular competencia del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje el encargado de dirimir los conflictos de los servidores públicos pertenecientes a la Administración Pública. Orienta lo anterior, en lo que aquí interesa, la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN DEL SERVIDOR PÚBLICO DE CARRERA POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES. CONFORME A LA LEY DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, SE SURTE EN FAVOR DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ESPECIALIZADOS EN MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", determinó que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Entonces, cuando en el juicio de amparo se reclaman actos relativos a la separación del servidor público de carrera por incumplimiento de sus obligaciones, conforme al artículo 60, fracción IV, de la Ley citada, es evidente que se cuestionan actos laborales, ya que la separación ahí prevista le es atribuible en su carácter de trabajador del Estado (es decir, derivan del incorrecto desempeño de su labor); lo cual se corrobora al considerar que el artículo 77 del Reglamento de la mencionada Ley se refiere al incumplimiento de las obligaciones establecidas en ésta y en los ordenamientos aplicables en materia laboral o en cualquier otro ordenamiento aplicable; y que en el marco del procedimiento de separación, el artículo 81 del indicado Reglamento faculta al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para autorizar o negar la separación que determine el Comité Técnico de Profesionalización, demostrando la naturaleza laboral de este tipo de actos. Consecuentemente, la competencia para conocer de la demanda relativa se surte en favor de los órganos jurisdiccionales especializados en materia laboral." De ahí que se corrobore el nivel en que la quejosa y las autoridades señaladas como responsables se colocan en la relación, determinándose válidamente la no existencia de la posición vertical, sino horizontal al establecerse en el mismo plano, lo que permite dilucidar los conflictos a través de la instancia correspondiente. Motivo por el cual resulta patente y manifiesto que el juicio de garantías que se promueve contra los hechos narrados con antelación es improcedente, toda vez que el juicio de amparo solo procede contra actos de autoridades, en los términos del artículo 103 constitucional y 5º de la Ley de Amparo vigente; lo que significa que la parte quejosa, de estimarlo conveniente, antes de ocurrir a este juicio de garantías, debe acudir ante la autoridad ya mencionada, a efecto de hacer valer sus derechos laborales. Resulta aplicable al caso, por analogía, la Tesis, cuyo rubro y texto es el siguiente: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ANTES DE OCURRIR AL AMPARO, DEBEN HACERLO ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE. Cuando los trabajadores del Estado se vean afectados por actos de los titulares de las dependencias en que presten sus servicios, si desean reclamar tales actos deben ocurrir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje a proponer sus correspondientes quejas, antes de promover el juicio de garantías pues si en lugar de agotar dicho medio de defensa legal ocurren directamente al juicio de amparo, éste debe sobreseerse." De lo que se colige que es ante el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en donde el quejoso debe hacer valer sus derechos que estime pertinentes contra la institución pública a la que presta sus servicios y no ante esta instancia constitucional. A mayor abundamiento es pertinente precisar que los aquí quejosos no reclaman la aplicación de los artículos 52, 53, 68, 69 y demás relativos de la Ley del Servicio Profesional Docente, además de los numerales 1, 3, 14, 25 y demás relativos de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con motivo de un acto de aplicación (ley heteroaplicativa), pues como se advierte tales actos ya precisados únicamente se los atribuyen a las instituciones educativas del Estado de Zacatecas, a quienes los propios quejosos denominan (parte patronal), dando a entender con ello, que dichas dependencias educativas al emitir las ordenes reclamadas lo hicieron en su carácter de patrones y no como autoridades para efectos del amparo; de ahí, que resulte evidente que los actos reclamados a las citadas autoridades no fueron emitidos por aquellas a quienes se le deben considerar actos de autoridad en términos de lo previsto por el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, es pertinente agregar que los actos atribuidos a las dependencias educativas no se reclaman por violaciones directas a la Constitución (como pudiera ser el caso, de que resulte afectado algún derecho humanos de los reconocidos, la vida, la educación, vida digna, etc), sino únicamente se reclaman vicios de legalidad, entre otros, falta de notificación de la orden de entrega de documentación o bien, omisión de elementos esenciales y de validez que den plena validez al acto jurídico. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa del improcedencia analizada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedentes es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías promovida por GRACIELA MORALES HURTADO, ASUSENA SÁNCHEZ ALMARAZ, RAMÓN CARDONA ESPARZA, CARLOS DE JESÚS FRÍAS SÁNCHEZ, YANET FABIOLA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, MARISOL CERECEDO RODRÍGUEZ, MARGARITA JASSO REYES, BEATRÍZ GARCÍA LARA, ERIKA PEREA CASTRO, JOSÉ ROSAS DOMÍNGUEZ, CLAUDIA ANGÉLICA TOVAR PÉREZ, GUILLERMO AGUIRRE MEZA, JOSÉ CRUZ SÁNCHEZ MONREAL, ROBERTO MEZA LAMAS, MIGUEL CASTRUITA MONREAL, MARÍA CONCEPCIÓN BOLAÑOS ALEMÁN, ALBERTO CARRILLO GUERRERO, MARÍA NOHEMÍ VILLEGAS MARTÍNEZ, MA. ISABEL GUERRERO VIRAMONTES, PATRICIA REBECA TENORIO LÓPEZ, ROSA MARÍA NAVA ROMÁN, FRANCISCO ARIAZ SERRANO, MAYRA YAEL DE LA TORRE OLAGUE, ARTURO CÉSAR MARTÍNEZ SEPÚLVEDA, MARÍA MAGDALENA ÁLVAREZ ALVARADO, MA. DEL SOCORRO HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ, JOSÉ MANUEL MUÑOZ SALAZAR, EVA GRISELDA MURGUÍA LÓPEZ, GERARDO RÍOS MORENO, CAROLINA CIENEGA ORTIZ, CLEMENTINA RAIGOSA LARA, ROSSANA FABIOLA ORTEGA GONZÁLEZ, VERÓNICA CÁRDENAS AGUILAR, VÍCTOR GARCÍA CASTILLO, DIANA NOEMÍ GUTIÉRREZ REYES, RAFAEL RODRÍGUEZ QUINTERO, NOÉ FLORES INGUANZO, FÁTIMA DEL ROSARIO FLORES GALICIA, REBECA ANGELINA HERNÁNDEZ DE HARO, RICARDO ERNESTO BARRIENTOS HERNÁNDEZ, SONIA LETICIA RÍOS RUIZ, MA. AZUCENA VEGA DELGADO, MARÍA DE JESÚS GARCÍA ALVARADO, ELIZABETH MORENO LÓPEZ, ENRIQUETA HERNÁNDEZ CARRILLO, MARÍA HILDA ESPAÑA LUNA, ANA KARINA ARELLANO LANDIN, RICARDO JUÁREZ LEOS, CLAUDIA CHÁVEZ FLORES y ARTURO ESPINOSA GAYTAN, en términos de lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1° y 5°, fracción II, interpretado éste en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo vigente. Se tiene como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a términos del a los licenciados Oswaldo Beltrán Saucedo (cédula 5282940) y, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Edwin Oswaldo Morales Hurtado, Arturo Baltierra y Fidel Arenas Velázquez, toda vez que estos no cuentan con cédula registrada y, como domicilio para tal fin el ubicado en Avenida San Marcos número 110, colonia Lomas del Chapulín, con sede en esta ciudad. Finalmente, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que de igual manera incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de agosto de dos mil quince, según oficio CCJ/ST/3590/2015, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Lucy*

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ÁNGEL GÓMEZ ÁLVAREZ, EL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO c), DE LA LEY DE AMPARO: "En veinte de agosto de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Secretario Encargado del Despacho del Juzgado con el oficio con registro 16342.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veinte de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Director de Fraccionamiento Rurales en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que no tiene materia de cumplimiento para el fallo protector de garantías, toda vez que ello le constriñe únicamente al Secretario General de Gobierno, en su carácter de autoridad ordenadora; en consecuencia, con el contenido del citado comunicado, así como con el diverso oficio que remitió la delegada de la diversa responsable Secretario General de Gobierno del Estado, recibido en este Juzgado el dieciocho de agosto del año en curso y sus anexos; dése vista a la parte quejosa y tercero interesado por el término de TRES DÍAS, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés convenga; bajo el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, con base en las constancias que obran en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento que en su caso hayan otorgado las autoridades responsables. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y TERCERO INTERESADO Y POR MEDIO DE LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por licencia del titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial, en sesión celebrada el once de agosto de dos mil quince, según oficio CCJ/ST/3590/2015, signado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE. LUIS."

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