Graciela Méndez Ortíz

Expediente 92/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
92/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
26/12/2018

Partes del expediente

  • Graciela Méndez Ortíz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 85 a 88), en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. II-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, para resolver respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo dictada por este Juzgado en el juicio de garantías número 92/2018, promovido por GRACIELA MÉNDEZ ORTÍZ; en consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, por ser una cuestión de orden público; como así se sostiene en la tesis jurisprudencial 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Además, el artículo 214 de la Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que quede enteramente cumplida la sentencia que haya concedido el amparo y protección de la Justicia Federal o apareciere que ya no hay materia para la ejecución. Al respecto, cabe decir lo siguiente: I. GRACIELA MÉNDEZ ORTÍZ, demandó el amparo contra actos del Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, consistente en: "ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS. UNICO. Reclamo de la responsable la negativa a dar contestación de manera invariable y por escrito, en forma congruente, en breve término y en el domicilio señalado para tal efecto, a mi escrito de fecha 11 de enero de 2018, mismo que fue recepcionado el 19 siguiente por la autoridad responsable. (sic)". II. Previo trámite del juicio, en sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, este Juzgado de Distrito, concedió la protección de la Justicia Federal a la quejosa GRACIELA MÉNDEZ ORTÍZ, para el efecto de que el Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, de inmediato, dictara el acuerdo que legalmente correspondiera y en breve término lo hiciera de su conocimiento (foja 28 vuelta). III. Por acuerdo de veintiuno de mayo del año en curso, causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se requirió al Subdelegado de Prestaciones de la Delegación en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que diera cumplimiento en sus términos con lo ahí establecido (fojas 37 y 38). IV. Mediante oficio número UJDELOAX/6839/2018, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTE, Delegación, Oaxaca, remitió el oficio SP/DPSHT/3156/2018, de fecha veintiséis de octubre del año en curso, así como la cédula de notificación realizada a la quejosa GRACIELA MÉNDEZ ORTÍZ, en cumplimiento a la sentencia ejecutoriada (fojas 80 a 82). Ahora bien, de las copias certificadas de las constancias de que se trata, con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, se advierte que la autoridad responsable, dio contestación a su petición formulado mediante escrito de fecha once de enero de dos mil dieciocho, por el que solicitó lo siguiente: ".El otorgamiento de una pensión por viudez derivada de la muerte del extinto Carlos Jiménez Justiniano." (foja 6). Al respecto, por oficio SP/DPSHT/3156/2018, de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, le contesto lo siguiente: ".No le corresponde, de acuerdo y en base al artículo 51, fracción II, inciso c), y párrafo segundo, artículo 57 y artículo 15 último párrafo, de la Ley abrogada en concordancia con el artículo 12, fracción I, inciso a), y segundo párrafo del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo Décimo Transitorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado publicado en el Diario Oficial el 21 de julio de 2009, ya que no puede disfrutar de esta pensión por viudez por ser trabajadora activa del Instituto Estatal del Agua del Estado de Oaxaca, desempeñando un trabajo remunerado que implica la incorporación al régimen de la Ley del ISSSTE." (foja 78). Circunstancia que le hizo del conocimiento mediante cédula de notificación de fecha quince de noviembre del año en curso, que se entendió con Fabiola Berenice Flores Díaz (foja 77). Sin que sea procedente decidir sobre la legalidad o ilegalidad de lo que la responsable decidió, ya que tal aspecto debe ser materia del medio de defensa que el quejoso estime pertinente. Se invoca en apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 35, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 47 del Tomo VI, en Materia Común, Actualización 2001, con número de registro 188204, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es el siguiente: "INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ PARA EL SOLO EFECTO DE QUE SE DICTARA RESOLUCIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE ÉSTA, AL DECIDIR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA".- Así como la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 262, visible a foja 217, tomo VI, materia común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con número de registro 196354, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. NO PROCEDE ANALIZAR LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DA RESPUESTA A LA PETICIÓN DEL QUEJOSO". Por tanto, es evidente que, con ello, se restituyó a la parte quejosa, el pleno goce de las garantías constitucionales violadas; por tanto, lo procedente es declarar cumplida la sentencia en sus términos, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. MESA II (AMPARO)

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Jefe de la Unidad Jurídica del ISSSTE, Delegación Oaxaca, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de veintiocho de septiembre del año en curso, remite el oficio número SP/DPSHT/3156/2018, de fecha veintiséis de octubre del año en curso, así como la cédula de notificación realizada a la quejosa Graciela Méndez Ortiz, donde refiere atendió la petición de la quejosa realizada mediante escrito de once de enero del año en curso y le hace de su conocimiento dicha circunstancia; lo anterior en cumplimiento al fallo protector. Toda vez que se certificó la transmisión electrónica del mensaje recibido, fijándose la hora y fecha de recepción del correo y la persona del órgano jurisdiccional que lo remitió, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; atento al criterio que encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 23, precedentes relevantes, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, 202, con registro 173071,cuyo rubro refiere: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO". Consecuentemente, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga, en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido para tal efecto, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la aludida responsable.[.] MESA II (AMPARO)

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos; advirtiéndose que mediante oficios números 1050 y 1326, de fechas veintiuno de mayo y cuatro de julio, del año en curso, respectivamente, se notificó al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones de la delegación en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que obligara a esta última cumpliera en sus términos con la concesión del amparo; oficios que obran en su poder desde el seis de junio y veinticuatro de agosto del actual (fojas 46 y 57), sin que a la fecha la responsable haya cumplido con la sentencia ejecutoriada, de igual forma, tampoco se advierte que su superior la haya conminado a cumplir con la misma, no obstante su legal notificación. En consecuencia, con apoyo en el numeral 192 de la ley de amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable, Subdelegado de Prestaciones de la delegación en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de tres días, siguientes a su legal notificación de este acuerdo, cumpla con la sentencia ejecutoriada. De igual forma, fundamento en el artículo 192 y 197 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y requerir al superior jerárquico de las citada autoridad responsable Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que le ordene a cumplir con la ejecutoria. Apercibidas que de no dar cumplimiento al requerimiento efectuado en el párrafo que antecede dentro del plazo de tres días que les fue concedido, se impondrá a, cada titular, una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo y, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Independientemente a lo anterior, mediante oficio que al efecto se gire vía correo electrónico, solicítese a la licenciada Emelia Morales López, Jefa de Departamento de Recursos Humanos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, para que dentro del término legal de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído, informe los nombres de las personas físicas que en la actualidad se encuentran ocupando el puesto de Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y Subdelegado de Prestaciones de la delegación en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ambos con residencia en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como sus domicilio particulares, para estar en posibilidad de requerir directamente a las personas que ostentan el cargo de autoridad responsable y a su superior jerárquico el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. II-A

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