Graciela Medina Lemus

Expediente 776/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
776/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Graciela Medina Lemus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo; una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, que prevé el artículo 21 del aludido Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio y el original del incidente. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, como en autos obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de acuerdo con la normativa general en cita, hágasele saber que cuenta con el plazo de noventa días hábiles para que comparezca a recuperarlos, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo serán destruidos. Notifíquese por lista, personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el acuerdo y/o resolución de 24 de noviembre de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos c), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las once horas con cincuenta minutos del cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 776/2021, sin la comparecencia de las partes. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario hace constar que obran las documentales anexadas por la parte quejosa al escrito inicial de demanda. El juez provee: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas antes referidas y a las demás partes por perdido el derecho a ofrecerlas por lo que se cierra esta etapa. Abierto el periodo de alegatos se hace constar que ninguna de las partes los formuló. En relación con lo anterior el juez acuerda: Se declara precluido el derecho de las demás partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de septiembre del año en curso, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, turnada al día siguiente a este órgano jurisdiccional Graciela Medina Lemus, por propio derecho, compareció a solicitar el amparo y protección de la justicia federal, en los términos siguientes: Autoridades responsables: 1. Sara Elena Santillan Carrasco en cuanto Directora de la Unidad Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad; y, 2. Gabriel Ramírez González y Jesús Alejandro López Galván, ambos en cuanto Jefes de Departamento Clínico de Medicina Familiar de la Unidad Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad. Acto reclamado: "1. El oficio de fecha 16 de agosto del 2021, "ROL DE FILTO ACCESO A LA U.M.F. No. 80 (POR SERVICIO); emitido por la doctora Sara Elena Santillán Carrasco, Directora de la Unidad Médica Familiar número 80." ". se hace de su conocimiento que de manera inmediato el persona de la unidad comenzará a realizar rotación por el filtro de entrada a la unidad, con la finalidad de llevar un control más estricto en el acceso y evitar hasta la medida de lo posible el aumento del contagio del COVID-19 en el personal." 2. El oficio de 18 de agosto del 2021; "ROL DE FILTRO ACCESO A LA U.M-F. No. 80 (POR SERVICIO); emitido por la doctora Sara Elena Santillán Carrasco, Directora de la Unidad Médica Familiar número 80." "por lo que se reorganizará el filtro de acceso a la unidad debiendo participar el personal de todos los servicios". 3. El programa de Rol para atender los filtros de entrada y el Módulo de Atención de Respiratorio, dentro de la Unidad Médica Familiar 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello en base a las medidas de Estrategia de reconvención 3ª. Ola Pandémica y en mención a las 10 Objetivos Estratégicos y las líneas de acción que se deben reforzar en la fase A. B y C; en las Unidades Médicas del Seguro Social; mediante el cual se tiene programada a la suscrita cubrir los roles de dichas del 27 de setiembre del 2021 al 01 de octubre del 2021." Segundo. Admisión de la demanda. Por auto de siete de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró en el libro de gobierno con el número 776/2021, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado Federal la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional y ahora se procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, reformado y adicionado por el diverso 36/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama un acto de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de amparo en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, el acto reclamado consiste en: - El programa de Rol para atender los filtros de entrada y el Módulo de Atención de Respiratorio, dentro de la Unidad Médica Familiar 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello en base a las medidas de Estrategia de reconvención 3ª. Ola Pandémica por el Virus COVID-19, mediante el cual se contempló a la quejosa para cubrir ciertos roles dentro de dicha dependencia. Tercera. Ahora, del estado de autos se advierte que no obran los informes justificados de las autoridades responsables, no obstante de habérselos solicitados con la oportunidad debida, como se advierte del acuse de recibo de notificación por oficio que obra en autos, del que se advierte que los mismos fueron recibidos por las responsables el ocho de septiembre del presente año; atento lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a Sara Elena Santillan Carrasco en cuanto Directora de la Unidad Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social y Gabriel Ramírez González y Jesús Alejandro López Galván, ambos en cuanto Jefes de Departamento Clínico de Medicina Familiar de la Unidad Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, todos con sede en esta ciudad, toda vez que no rindieron su informe justificado aun cuando fueron debidamente notificados del auto de siete de septiembre del presente año. Cuarta. Causas de improcedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia, este Juzgado de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, debe de oficio estudiar si alguna de ellas se actualiza en el presente asunto. Ahora, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, constituye un hecho notorio que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 56/2021, determinó que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio siguiente: ''NEGATIVA DE AUTORIZAR EL RESGUARDO DOMICILIARIO EN FAVOR DEL TRABAJADOR, COMO MEDIDA PREVENTIVA DE CONTAGIO DEL VIRUS SARS-CoV2. NO ES ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Criterios discrepantes. Los Tribunales Colegiados analizaron si el acto reclamado consistente en la negativa de autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-CoV2, constituye o no un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Criterio jurídico. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la negativa de autorizar el resguardo domiciliario como medida preventiva para evitar el contagio del virus SARS-COv2, en los casos en que el quejoso argumenta tratarse de un trabajador ubicado en una situación de vulnerabilidad, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Justificación. Si bien es cierto que la mencionada medida de resguardo constituye una de las practicas que el Gobierno Federal instrumentó, dirigidas a los sectores público, social y privado a efecto de prevenir, mitigar y controlar el contagio derivado del virus SARS-CoV2, su naturaleza es laboral en virtud de que se encuentra orientada a garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Por tanto, la negativa de autorizar el resguardo domiciliario, como medida de prevención de contagio, carece del carácter de acto de autoridad en los términos previstos por los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en virtud de que constituye un acto generado a partir del vínculo jurídico que existe entre un el empleador y el trabajador, es decir, se ubica dentro de una relación de coordinación, de modo que el patrón no actúa con facultades de imperio sino como sujeto dentro de una relación de trabajo, por lo que su cumplimiento es exigible en los términos de la legislación laboral correspondiente.'' Por tanto, en la especie, este juzgador de oficio advierte que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5°, fracción, II, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, los referidos preceptos legales disponen: "Artículo 5. Son partes en el juicio: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Se instituye que autoridad responsable para los efectos del amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, se prevé que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos establecidos en el numeral 5°, fracción II, primer párrafo, de la Ley de Amparo y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese tenor, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 1089, con registro 161133, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Congruente con lo expuesto, debe tenerse como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, a aquel órgano o ente que ejerce facultades decisorias en uso de atribuciones que le confiere la ley, cuyo ejercicio es irrenunciable por ser de naturaleza pública la fuente de su potestad; o bien, cuando los particulares realicen actos equivalentes a los de autoridad, cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por los cuales creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas concretas. Interpretado lo anterior en sentido contrario, el juicio de amparo resulta improcedente cuando se advierta que el acto reclamado no es un acto de autoridad, es decir, cuando la autoridad señalada como responsable, con independencia de su naturaleza formal, no actúe provista de imperio, para lo cual resulta útil atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supraordinación, de coordinación y de supra a subordinación. Atento lo anterior, es de colegir que, no todos los actos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino sólo aquéllos que afectaron directamente y de manera unilateral su esfera jurídica, que se impusieron contra y sobre su voluntad y que por su naturaleza puede exigirse su cumplimiento. Por tanto, es necesario proceder a examinar si la naturaleza de los actos reclamados por la parte peticionaria de amparo contra los funcionarios señalados como responsables, implican una relación de coordinación entre particulares, o bien, si se trata de un nexo jurídico de supra a subordinación, a saber, entre gobernado y gobernante, y que por ello entraña la participación de un Órgano del Estado, pues, sólo de dicha manera podremos determinar si a quien se señaló en la demanda de amparo como autoridad, realmente lo es o no, para efectos del juicio de amparo, ya que no basta que la parte quejosa las haya señalado como tales, toda vez que no puede dejarse a voluntad de los particulares el decidir si a un ente le resulta o no la calidad autoridad en un caso concreto. Por tanto, claramente se advierte que los actos reclamados derivan de una relación jurídico patronal, en la que las autoridad señalada como responsable tiene la calidad de patrón y no de autoridad para efectos del juicio de amparo; asimismo, la parte quejosa tiene carácter de trabajadora de base, y no de gobernada. Lo anterior es así, pues el carácter de autoridad responsable no emana de la calidad pública de la aquí señalada como responsable, sino de los actos que emite, inherentes a sus atribuciones o facultades, y la lesión que ocasiona en los derechos humanos tutelados a favor de los gobernados, las cuales son objeto de protección del juicio de amparo en términos del artículo 1°, fracción I, de la ley de la materia. Lo que en el caso concreto no acontece, pues la aquí quejosa promueve el juicio de amparo en cuanto trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el acto reclamado, lo constituye el programa de Rol para atender los filtros de entrada y el Módulo de Atención de Respiratorio, dentro de la Unidad Médica Familiar 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello en base a las medidas de Estrategia de reconvención 3ª. Ola Pandémica por el Virus COVID-19, mediante el cual se contempló a la quejosa para cubrir ciertos roles dentro de dicha dependencia. De ese modo, aun y cuando la responsable pueda tener el carácter de autoridad, con motivo de sus atribuciones, ello no significa que todos y cada uno de los actos efectuados por ésta, o aquéllos en los que intervengan, deban considerarse como actos de autoridad; y que por tanto, en la especie, los actos reclamados, deban ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo, de ahí que se haga necesario analizar la naturaleza de los mismos virtud a la relación que existe entre los señalados como autoridades responsables y la parte quejosa. Apoya lo anterior la tesis número I.15o.A.36 K, de noviembre de dos mil ocho, visible en la página 1316, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional". Ahora, para determinar si los actos que por esta vía constitucional se reclaman, son de los considerados por el artículo 5°, fracción II de la Ley de Amparo, se debe atender a la clasificación de las relaciones jurídicas de supra ordinación, coordinación y de supra a subordinación que regulen dichos actos. Las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, superior o coordinación por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por su parte, las relaciones de coordinación presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que son generalmente particulares se encuentran en un mismo nivel teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias; sin embargo, en este supuesto también se pueden encuadrar algunas de las relaciones entre particulares con el estado, en las cuales, éste último no reviste su carácter de autoridad y está sujeto a una igualdad de planos con el particular. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; en dicha relación las autoridades desempeñan frente al gobernado la actividad soberana, es decir, actos autoritarios propiamente dichos que tienen como atributos esenciales la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad, de lo que se sigue que de faltar alguna de esas características un acto no se puede considerar como de autoridad. Lo expuesto permite concluir que, al tratarse de una relación laboral entre la parte quejosa y la autoridad responsable, los actos reclamados tienen una naturaleza laboral, por lo que no constituyen actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que la hoy señalada como responsable actuó desprovista de imperio, que es la característica distintiva de los actos de autoridad, razón por la cual los mismos no son susceptibles de analizarse a través del juicio de amparo, al resultar de naturaleza propiamente laboral. En esas condiciones, se colige que los actos reclamados no fueron realizados en virtud de una relación de supra a subordinación, esto es, entre gobernante y gobernado, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, sino en una relación de coordinación, esto es en un plano de igualdad, virtud a que los mismos surgen dentro de una relación obrero patronal; dicho de otra forma, en torno a los actos reclamados, no se advierte que los que se analizan en esta instancia constitucional tengan características distintivas de los actos de autoridad. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J.164/2011, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 161133, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". En sentido contrario tiene sustento en lo conducente la tesis 2a. XXXVI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 194367, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado". Finalmente, ilustra la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 199459, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades. En ese sentido, dado que los actos reclamados por la parte los quejosa no pueden considerarse como actos de autoridad, sino como una decisión derivada de una relación de naturaleza laboral, como ya se dijo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5°, fracción II, éste último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por las razones expresadas en la consideración cuarta de la presente resolución, se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Graciela Medina Lemus, contra los actos reclamados a las autoridades responsables referidas en el primer resultando. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    A U D I E N C I A I N C I D E N T A L. En Morelia, Michoacán, a las doce horas con veinte minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular, en términos del párrafo primero del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3349/2021 de uno de septiembre del presente año, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia incidental correspondiente al incidente de suspensión relativo al juicio de amparo I- 776/2021, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta con la promoción registrada bajo el número 11944, y hace constar que el presente incidente se encuentra integrado para ser resuelto en definitiva. El Encargado del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe previo rendido por el apoderado jurídico del Órgano Operativo de Administración Desconcentrada Regional Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social, en representación de las autoridades responsables Directora de la Unidad Número 80 del Instituto María del Carmen Vieyra Avilés 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 20/01/24 13:51:00 Mexicano del Seguro Social y Jefes de Departamento Clínico de Medicina Familiar de la Unidad Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad. Asimismo, con apoyo en el artículo 140 de la Ley de Amparo se tiene por hecha la relación anterior para los efectos legales correspondientes. Abierto el periodo probatorio el secretario hace constar que obran las documentales que exhibió el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien es el represente de las autoridades residentes en esta ciudad. El encargado del despacho acuerda: Se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que ofertas las partes con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo. En el periodo de alegatos el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El encargado del despacho provee: Se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia y se pasan los autos a la vista del encargado del despacho, quien resolverá en definitiva esta incidencia. C O N S I D E R A C I O N E S : Primera. La parte quejosa Graciela Medina Lemus María del Carmen Vieyra Avilés 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 20/01/24 13:51:00 ??????????????? señaló como autoridades responsables y acto reclamado lo siguiente: Autoridades responsables: 1. Sara Elena Santillan Carrasco en cuanto Directora de la Unidad Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social; 2. Gabriel Ramírez González y Jesús Alejandro López Galván, ambos en cuanto Jefes de Departamento Clínico de Medicina Familiar de la Unidad Número 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social, y como acto reclamado el siguiente: Acto reclamado: "1. El oficio de fecha 16 de agosto del 2021, "ROL DE FILTO ACCESO A LA U.M.F. No. 80 (POR SERVICIO); emitido por la doctora Sara Elena Santillán Carrasco, Directora de la Unidad Médica Familiar número 80." ". se hace de su conocimiento que de manera inmediato el persona de la unidad comenzará a realizar rotación por el filtro de entrada a la unidad, con la finalidad de llevar un control más estricto en el acceso y evitar hasta la medida de lo posible el aumento del contagio del COFID-19 en el personal." 2. El oficio de 18 de agosto del 2021; "ROL DE FILTRO ACCESO A LA U.M-F. No. 80 (POR SERVICIO); emitido por la doctora Sara Elena Santillán Carrasco, Directora de la Unidad Médica Familiar número 80." "por lo que se reorganizará el filtro de acceso a la unidad debiendo participar el personal de todos los servicios". 3. El programa de Rol para atender los filtros de entrada y el Módulo de Atención de Respiratorio, dentro de la Unidad Médica Familiar 80 del Instituto Mexicano del Seguro Social; ello en base a las medidas de Estrategia de reconvención 3ª. Ola Pandémica y en mención a las 10 Objetivos Estratégicos y las líneas de acción que se María del Carmen Vieyra Avilés 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 20/01/24 13:51:00 deben reforzar en la fase A. B y C; en las Unidades Médicas del Seguro Social; mediante el cual se tiene programada a la suscrita cubrir los roles de dichas del 27 de setiembre del 2021 al 01 de octubre del 2021." Segunda. Las autoridades responsables al momento de rendir su informe previo manifestaron que no son ciertos los actos reclamados. Lo anterior, toda vez que el apoderado jurídico del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Regional en Michoacán, con residencia en esta ciudad, quien es el represente de las autoridades residentes en esta ciudad, refirió que a la quejosa en ningún momento se le ha obligado a prestar sus servicios de manera permanente en un área COVID, ya que la Unidad de Medicina Familiar número 80, a la cual está adscrita la parte quejosa, con la actividad laboral que realiza para el Instituto Mexicano del Seguro Social, es de médico familiar, y, no es un área médica de atención específica de atención a pacientes con el virus del COVID, por ello, las actividades que prestará de acuerdo a los oficios de fecha dieciséis y dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, mismos que no se encuentran dirigidos a la quejosa, sino a los Jefes de Departamento de la citada unidad, que no cuenta con un área COVID, y no hay pacientes hospitalizados, al tratarse de una clínica de medicina familiar de primer nivel de atención, esto es, no cuenta con servicios de hospitalización de pacientes COVID, y, únicamente con un filtro respiratorio en la entrada de la misma. Asimismo, señala que a la parte quejosa -en el periodo del veintisiete de septiembre al uno de octubre del presente María del Carmen Vieyra Avilés 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 20/01/24 13:51:00 ??????????????? año- se le incluirá en el rol del (MARSS), y cuyas actividades exclusivamente son de vigilar el acceso a la citada unidad médica, participando con el personal de todos los servicios en el acceso de la unidad, y evitar en la medida de lo posible el aumento del contagio de COVID-19 en el personal, por lo que en ningún momento se le ha asignado atender directa y en forma permanente pacientes que pudieran presentar la patología derivada del virus COVID. Lo que se robustece con las documentales que anexo al informe rendido, las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°. Sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. En consecuencia, se niega la medida cautelar solicitada toda vez que no existe materia sobre la cual decretarla. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/19 publicada en la página ciento treinta y tres, tomo II, novena época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados, Julio mil novecientos noventa y cinco, número de registro 204855 de rubro: "INFORME PREVIO DEBE TENERSE COMO CIERTO SI NO EXISTEN PRUEBAS EN CONTRARIO". María del Carmen Vieyra Avilés 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.60.c8 20/01/24 13:51:00 Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se niega a Graciela Medina Lemus, la suspensión definitiva en términos de la consideración segunda de esta resolución. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por licencia de carácter personal del titular, en términos del párrafo primero del artículo 107 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, con autorización emitida por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio 3349/2021 de uno de septiembre del presente año, quien actúa asistido del licenciado María del Carmen Vieyra Avilés, secretario que autoriza y da fe. Yuni*/

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