Graciela Matías García y Otros.

Expediente 640/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
640/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/08/2021

Partes del expediente

  • Graciela Matías García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término previsto... para interponer recurso de queja en contra del proveído en el que se desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    ... regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 640/2021... se concluye respetuosamente que, en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no tienen tal carácter para los efectos del juicio de amparo, ya que la relación establecida entre la quejosa... y dichas autoridades no es de supra a subordinación, si no que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en virtud de que la pretensión de la parte quejosa es que se le otorgue el resguardo domiciliario, para efectuar sus funciones como médico pediatra adscrita al Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio", con sede en Xalapa, Veracruz, y que se le ubique como una persona vulnerable en atención a los padecimientos que aduce tener, lo que se traduce en una actuación propia de la relación privada que une al patrón con la parte quejosa como particulares... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se autoriza a... para que actúe en representación de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo... y como autorizados en términos del último párrafo de dicho artículo, a las restantes personas, por así haberlo solicitado la parte quejosa... Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, pueda consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL ACUERDO QUE DICE: ***, por propio derecho y ***, en representación de los menores de iniciales ***, *** y *** (cuyos nombres se omiten en atención al interés superior de los mismos) promueven juicio de amparo indirecto contra actos de Servicios de Salud de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 640/2021. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral de la demanda, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVA HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene dicho artículo, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que tal artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley en mención establece que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, la cual, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre las propias autoridades, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes resuelvan lo que en derecho proceda. b) De supra a subordinación. Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022822 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.T. J/71 L (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARSCoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, si no en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida". HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La determinación de dos de agosto de dos mil veintiuno, emitida por el Jefe de Servicio de Pediatría del Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio", en esta ciudad. La omisión de considerar que la parte quejosa padece diabetes mellitus. Cabe destacar que la determinación reclamada le fue notificada a la parte quejosa, vía "whatsApp", en esa fecha, en la cual se determinó la forma en la que el personal debe atender el área COVID de pediatría de dicho centro médico, esto es, que todos los pediatras menores de sesenta años de edad, vacunados y que estén controlados de sus padecimientos deben entrar a área de "COVID PEDIATRÍA" para apoyar al resto del personal que está laborando en dicha área. En razón de lo anterior, la parte quejosa manifiesta que las autoridades responsables no están cumpliendo con el ACUERDO en el que se determinaron los criterios para la administración de los recursos humanos en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal con el objeto de reducir el riesgo de contagio y dispersión del coronavirus SARS-CoV2, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de marzo de dos mil veinte. Asimismo, cabe destacar, en específico, que la quejosa *** en su escrito de demanda manifiesta lo siguiente: 1. Que es médico pediatra perteneciente al centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio", con sede en esta ciudad. 2. Que tiene padecimiento de diabetes mellitus. 3. Que vive en esta ciudad en compañía de su esposo *** y de sus menores hijos de iniciales ***, *** y *** (cuyos nombres se omiten en atención al interés superior de los mismos), a quienes también menciona como quejosos en la demanda. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que, en este caso, las autoridades señaladas como responsables, no tienen tal carácter para los efectos del juicio de amparo, ya que la relación establecida entre la quejosa *** y dichas autoridades no es de supra a subordinación, si no que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, en virtud de que la pretensión de la parte quejosa es que se le otorgue el resguardo domiciliario, para efectuar sus funciones como médico pediatra adscrita al Centro de Alta Especialidad "Doctor Rafael Lucio", con sede en Xalapa, Veracruz, y que se le ubique como una persona vulnerable en atención a los padecimientos que aduce tener, lo que se traduce en una actuación propia de la relación privada que une al patrón con la parte quejosa como particulares. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a *** para que actúe en representación de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debido a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; y como autorizados en términos del último párrafo de dicho artículo, a las restantes personas, por así haberlo solicitado la parte quejosa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se exhorta a la parte quejosa a que haga uso del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que, previa promoción, pueda consultar el expediente electrónico, presentar promociones y notificarse vía electrónica en este asunto, de conformidad con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primer Transitorio de la Ley de Amparo, así como en los "Acuerdos Generales Conjuntos 1/2013 y 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como al expediente electrónico". LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde con dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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