Graciela Margarita Chávez Rosales
Expediente 619/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 4 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 619/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 04/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Graciela Margarita Chávez Rosales
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada con fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se sobreseyó el juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, para los efectos legales correspondientes se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la legal notificación del este acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 619/2018; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de junio del dos mil dieciocho, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado residente en esta población, GRACIELA MARGARITA CHÁVEZ ROSALES, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación al derecho consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la Secretaria General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de quien reclamó: ".A) La falta de contestación a mi escrito fechado y recibido el 4 de mayo pasado." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este órgano jurisdiccional, radicándose el veintiséis de junio del año en curso, con el número 619/2018, se ordenó admitir a trámite, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En auto de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, se requirió a la quejosa para que manifestara si ampliaba su demanda de amparo contra la petición contenida mediante escrito de veintitrés de agosto de este año, consistente en la omisión de la responsable de otorgarle una constancia de que su cédula profesional y título se encuentran en trámite, sin que realizara manifestación alguna al respecto en el plazo otorgado; por lo que en audiencia constitucional de esta fecha se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó resolver este juicio en los términos inicialmente planteados por la quejosa. III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa; que el acto reclamado fue realizado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: 1. La negativa a darle respuesta al escrito presentado el cuatro de mayo del año en curso, ante la responsable, en el que solicitó le fuera recibida la documentación para obtener su título y cédula profesional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretaria General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos reclamados. Sin embargo, su negativa se desvirtúa con las constancias que obran en el expediente personal de la quejosa (fojas 41 a 49); de las que se desprende realizó trámites ante la responsable a fin de obtener su cédula y título profesional y que hizo entrega de la documentación y pago de derechos correspondiente (foja 44); documentales a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, se tienen por ciertos los actos reclamados a la responsable. CUARTO. Improcedencia del juicio. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 del mismo ordenamiento. De oficio, el suscrito advierte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (...)". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.)". En relación con esta causa de improcedencia, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el criterio cuyo contenido no contraviene a lo dispuesto por la nueva Ley de Amparo, del rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." (Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). En principio, cabe precisar que la causa de improcedencia en estudio está prevista en términos idénticos tanto en la nueva Ley de Amparo, como en la legislación anterior; de ahí que, por identidad jurídica la interpretación que se realizó en ésta, es aplicable en la causa de improcedencia en análisis. De esta manera, la interpretación relacionada del artículo 61 fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, clarifica que no basta para que dicha causa de improcedencia se actualice, que la autoridad derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora, de las constancias de autos, a las que se otorgó valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por reenvío de su numeral 2°, se desprende lo siguiente: 1. Mediante escrito presentado ante la responsable el cuatro de mayo de dos mil dieciocho, la quejosa GRACIELA MARGARITA CHÁVEZ ROSALES, solicitó a la responsable la Secretaria General de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, le recibiera su documentación a fin de iniciar el trámite para obtener su cédula y título profesional. 2. Que el tres de mayo de dos mil dieciocho, realizó el pago de los derechos correspondientes (foja 44). Y, que el catorce de agosto de este año le fue recibido el original y copia de su acta de nacimiento, fotografías, original del recibo de pago de derechos (ficha de depósito bancario). Así también, se desprende que el quince de agosto del presente año, la responsable recibió a la quejosa copia de la Clave Única del Registro de Población, liberación del servicio social, copia del acta de examen profesional, constancia de calificaciones, certificado de bachillerato (foja 44). 3. Que a la fecha obra en el expediente de la quejosa su Título de arquitecta emitido por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, copia de la constancia del servicio social expedida a favor de GRACIELA MARGARITA CHÁVEZ ROSALES y certificado de estudios un acta de titulación a favor de la quejosa; 4. Que el diez de octubre de dos mil dieciocho, la responsable hizo entrega a la quejosa el oficio SG/689/2018, en el que hace constar que dio inicio formal a los trámites para la elaboración de su título y cédula profesional (fojas 68 y 65). Como se ve, las pruebas descritas, revelan que a la fecha ha cesado en sus efectos el acto reclamado por la quejosa a la responsable, consistente en la negativa de recibir la documentación de la quejosa GRACIELA MARGARITA CHÁVEZ ROSALES, a fin de iniciar sus trámites para obtener su título y cédula profesional, pues la responsable ya dio inicio formal a ese trámite. Así, se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación aducida, como si no hubiera existido; por tanto, es ocioso examinar la constitucionalidad de dicha omisión, la cual, se insiste, quedó insubsistente sin dejar huella alguna en la esfera jurídica de la quejosa. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, procede sobreseer de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por GRACIELA MARGARITA CHÁVEZ ROSALES, en términos del penúltimo considerando de este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. De autos se advierte que no obra constancia alguna que acredite la quejosa GRACIELA MARGARITA CHÁVEZ ROSALES, haya quedado legalmente notificada de lo determinado en auto de dieciocho del presente mes y año, motivo por el cual se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose nuevamente las DOCE HORAS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos los oficios firmados por la autoridad responsable Secretaria General de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como pruebas de su parte las documentales que acompaña, las cuales se desahogan de acuerdo a su propia y especial naturaleza sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional; con su contenido dese vista a la partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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