Graciela López Y Wong

Expediente 1022/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1022/2017
Año
2017
Actuaciones
7
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Graciela López Y Wong

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de seis de julio de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los efectos legales; en tales condiciones, háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese este asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al proveído de veintiocho de junio del presente año, y remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral D-28/2017, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Graciela López y Wong, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las omisiones de acordar sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen y señalar fecha para la audiencia de ley dentro del expediente D-28/2017. Ahora bien, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del Magistrado Presidente, al rendir su informe justificado manifestó que no cierto el acto que se le reclama, en virtud de que mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, se declaró competente para conocer de la causa laboral, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada, el cual se llevó a cabo el doce de junio de dos mil diecisiete; asimismo, mediante oficio recibido el día de hoy, remitió copia certificada del acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete en el que señaló las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de ley. Para corroborar lo anterior, el Tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-28/2017 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, en el que se declaró competente para conocer de la causa laboral, admitiéndola a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada, el cual se llevó a cabo el doce de junio de dos mil diecisiete; asimismo, mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del citado juicio laboral señaló las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de ley, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla admitiera a trámite la demanda, emplazara a la parte demandada y señalara fecha para la audiencia de ley, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el ocho de junio de dos mil diecisiete, se declaró competente para conocer de la causa laboral, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada, el cual, incluso se llevó a cabo el doce de junio de dos mil diecisiete; asimismo, mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete señaló las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de ley. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del trece de julio de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, seis de julio de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; visto su contenido, téngasele dando cumplimiento al proveído de veintiocho de junio del presente año, y remite copia certificada de diversas constancias relativas al expediente laboral D-28/2017, para que surtan los efectos legales a que haya lugar. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que Graciela López y Wong, acude a esta instancia constitucional a reclamar del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, las omisiones de acordar sobre la admisión de la demanda, el emplazamiento de la parte demandada al juicio de origen y señalar fecha para la audiencia de ley dentro del expediente D-28/2017. Ahora bien, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, a través del Magistrado Presidente, al rendir su informe justificado manifestó que no cierto el acto que se le reclama, en virtud de que mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, se declaró competente para conocer de la causa laboral, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada, el cual se llevó a cabo el doce de junio de dos mil diecisiete; asimismo, mediante oficio recibido el día de hoy, remitió copia certificada del acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete en el que señaló las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de ley. Para corroborar lo anterior, el Tribunal responsable remitió copia certificada de diversas constancias del expediente D-28/2017 de su índice, de cuyo contenido se advierte la existencia del acuerdo de ocho de junio de dos mil diecisiete, en el que se declaró competente para conocer de la causa laboral, admitiéndola a trámite y ordenó emplazar a la parte demandada, el cual se llevó a cabo el doce de junio de dos mil diecisiete; asimismo, mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del citado juicio laboral señaló las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de ley, las cuales, tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ninguna huella. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, Tomo IX, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de mil novecientos noventa y nueve, que literalmente dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla admitiera a trámite la demanda, emplazara a la parte demandada y señalara fecha para la audiencia de ley, aquélla se vio satisfecha en la medida en que el ocho de junio de dos mil diecisiete, se declaró competente para conocer de la causa laboral, admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada, el cual, incluso se llevó a cabo el doce de junio de dos mil diecisiete; asimismo, mediante acuerdo de cuatro de julio de dos mil diecisiete señaló las diez horas del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo la audiencia de ley. Por consiguiente, se ha restituido a la solicitante del amparo en el pleno goce de la garantía individual que le había sido violada, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a marzo de dos mil tres, del epígrafe siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En esa tesitura, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con dos minutos del trece de julio de dos mil diecisiete, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado manifestó que una vez que transcurriera el término concedido a la parte demandada dentro del juicio laboral de origen, acordaría lo relacionado a la audiencia de ley, sin que hasta la fecha haya informado a este órgano judicial lo relativo a ello; en tal virtud, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de amparo, requiérase a la citada autoridad responsable (Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla), para que dentro del término de tres días siguiente a la notificación del presente acuerdo, informe a este órgano judicial lo conducente, debiendo remitir en su caso copia certificada de las constancias que acrediten su información, con apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización. Por otra parte, se ordena agregar a sus autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa Graciela López y Wong, visto su contenido, se tienen por hechas las manifestaciones que del mismo se desprenden, para los efectos legales a que haya lugar.

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