Graciela Leticia Ordoñez Vazquez
Expediente 1338/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Norma Elizabeth Vega Rodríguez
- Graciela Leticia Ordoñez Vazquez
- Raúl Gurrola Valenzuela
- Raúl Solís Ayala
- José Alberto Ortiz Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de enero de dos mil veintitrés. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por el secretario de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en el presente juicio ha causado ejecutoria, para todos los efectos a los que haya lugar. Documentos originales. No existen. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es destruible, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese.
- Principal
Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo por los razonamientos expresados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; siete de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. Se tiene por recibo el oficio de la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 171/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa y la autoridad responsable; así como los autos originales del presente juicio; acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, la superioridad resolvió: "PRIMERO. Se desecha el recurso interpuesto por la Subdirectora de Asuntos Jurídicos del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, conforme a las consideraciones expuestas en el anterior tercero. SEGUNDO. Queda FIRME el sobreseimiento a que se refiere el considerando quinto de esta ejecutoria. TERCERO. En la materia de la revisión, SE MODIFICA la sentencia impugnada. CUARTO. SE SOBRESEE en el amparo respecto de los actos reclamados al Director General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo Municipal. QUINTO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a la parte quejosa, en contra de la inconstitucionalidad de los artículos 10, 34, fracción I, numeral 1, inciso a); numeral 2, incisos a), primera categoría y 36, numeral 8, inciso a), primera categoría y 36, numeral 1, fracción II, número 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, en los términos establecidos por el juez de origen y por este tribunal colegiado y, por ende, de sus actos de aplicación. Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tesorero Municipal, con sede esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que se incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, porque las sentencias ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, en términos del artículo 77 de la nueva Ley de Amparo; asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la Ley reglamentaria, esto es se abrirá el incidente de inejecución. Efectos de la concesión. En términos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector, son las siguientes: "1. Se desincorpore de su esfera jurídica y no se aplique, en lo presente ni en lo futuro, los artículos 10, 34, fracción I, numerales 1, inciso a); 2, incisos a), zona comercial y b) zona comercial, numeral 8, inciso a), primera categoría; y 36, numeral 1, fracción II, número 5, de la Ley de Ingresos del Municipio de Torreón, Coahuila de Zaragoza para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. 2. Se deje insubsistente el respectivo cobro de derechos contenido en el recibo impugnado. 3. Se aplique la tarifa mínima prevista en dichos numerales para cada rubro; de tal manera que deberá devolvérsele las diferencias que correspondan, las cuales deberán ser cuantificadas en su oportunidad, respecto del pago realizado por la parte quejosa, al solicitar las licencias y autorizaciones que nos ocupan, así como la asignación de número oficial y el relativo a mantenimiento, mejoramiento y equipamiento del cuerpo de bomberos, lo cual consta en el propio recibo. 4. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas.". Ahora bien, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de mil novecientos noventa y siete, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Anotaciones. Agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza, a veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que, aún se encuentra en proceso de notificación el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se ordenó la reexpedición del oficio que contiene inserto el auto de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicito a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número 42 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, para que remitiera copia certificada de la totalidad de las constancias de lo actuado a partir del procedimiento de ejecución de laudo, dentro de los autos del juicio laboral 1560/2017. Diferimiento. Atento a lo anterior, se procede a diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, para su verificativo se fijan las once horas del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Comunica a autoridades. Se destaca a las partes que a partir de este momento procesal, de ser el caso de que la audiencia constitucional no se celebre en la hora y fecha que se indica, el proveído en el que ésta se reprograme, les será notificado por lista de acuerdos, de conformidad con los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo y el diverso numeral 21 del aludido Acuerdo General 21/2020, pues dada su trascendencia no resulta necesaria la notificación por oficio o personal; máxime que la ley de la materia no lo dispone expresamente. Notifíquese.
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