Graciela Hernández Rojas
Expediente 739/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 739/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Graciela Hernández Rojas
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil quince, por el que se desechó de plano la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el escrito signado por ********; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, téngasele cumpliendo el requerimiento que se le hizo en providencia de veintisiete de agosto pasado, en los siguientes términos: Manifiesta que promueve el presente juicio con el carácter de albacea de ********* y como representante común de la parte demandada *********. Refiere que reclama la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, emitida dentro del toca 336/2015, por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, mediante la cual confirmó la sentencia interlocutoria pronunciada en el juicio M 260/1994 por el Juez Primero Civil de Partido, relativa al incidente de ejecución promovido por la parte actora de dicho procedimiento. En ese sentido, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En este sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se desprende que la quejosa tiene la calidad de parte demandada en el juicio de origen 260/1994, en el cual el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro, se celebró convenio judicial y una vez ratificado se elevó a la categoría de cosa juzgada, por lo que el acto que se reclama se emitió en ejecución de convenio el cual se equipara a una sentencia y el acto reclamado se hace consistir en: ? La determinación de dieciséis de julio de dos mil quince, emitida en el toca 336/2015 por la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, en la que confirma la resolución incidental pronunciada el veintinueve de septiembre de dos mil seis, en el juicio ejecutivo mercantil M 260/1994, del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de esta ciudad, promovido por *********, en contra de **********, en la que declaró procedente el incidente de ejecución de convenio interpuesto por la parte demandada en el citado juicio ejecutivo mercantil. Precisado lo anterior, este Juzgado estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" De la interpretación de dichos preceptos se tiene que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido, en el entendido que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso; en tanto que si se trata de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la última resolución, entendiéndose como aquella la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados. Atento a lo establecido en el último de los dispositivos transcritos, conviene puntualizar que por "última resolución" ha de entenderse la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento. Esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que la antecedan, tendientes a hacer efectiva la sentencia puesto que el cumplimiento de éstas no debe obstaculizarse por ser de interés público. Así las cosas, atento a lo que dispone el numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, para recurrir los actos emanados de un procedimiento de ejecución, como sustento básico para el surgimiento de la vía indirecta, es necesario, que dicho acto represente la última resolución dictada en ese procedimiento. En esa virtud, si los actos que en esta vía se reclaman se dictaron en ejecución de convenio elevado a categoría de cosa juzgada y se dirigen de forma directa a darle cumplimiento; es inconcuso, que las actuaciones reclamadas en el presente controvertido no constituyen la última resolución a que se ha hecho referencia, puesto que no aprueban o reconocen de manera expresa o tácita el cumplimiento total del mismo, ni son de las que declaran la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior se afirma, habida cuenta que con dichos actos la responsable busca dar cumplimiento al convenio elevado a categoría de cosa juzgada; es decir, obtener únicamente el cumplimiento material del mismo, y no debe perderse de vista que: I. La quejosa es parte demandada en el juicio natural arriba mencionado, y además se sometió a lo estipulado en el convenio celebrado el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. II. El acto reclamado obedece a la existencia de un convenio elevado a categoría de cosa juzgada, el cual en términos del artículo 17 constitucional debe ser ejecutado por ser de orden público; y, III. Admitir la demanda de amparo en la forma en que está propuesta, implicaría anteponer el interés particular por encima del público, pues la sociedad está interesada que las sentencias con el rango de cosa juzgada sean ejecutadas. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo de la ley de la materia, esta última aplicada a contrario sensu, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por Graciela Hernández Rojas, contra actos de la Magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 739/2015-II. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II, III y IV del invocado numeral, en relación con en los artículos 108, fracciones I y IV, de la ley de la materia, como se verá a continuación. La primera irregularidad surge de lo preceptuado en la fracción I del artículo 108 de la legislación en consulta, que textualmente reza: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación;." El requisito en comento adquiere importancia y relevancia para la tramitación legal del juicio de amparo, además de ser necesario para saber quién es el gobernado que está promoviendo y con qué calidad jurídica lo hace. Este requisito de la demanda tiene estrecha relación con el numeral 6° de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita." Del análisis conjunto de los aludidos imperativos, se obtiene que la personalidad constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, el cual si está plenamente satisfecho el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio y en caso contrario prevenir a quien ocurra a nombre de otro a presentar la demanda de amparo, lo que obedece al imperativo 17 constitucional, así como a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal. Respecto a la personalidad en el juicio de amparo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional ha establecido que: Al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir a la parte quejosa, en términos del artículo 114 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no presentada. Dicho proceder independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior no es una cuestión que únicamente incumba al peticionario y al juzgador de amparo, o que no trascienda a la litis constitucional sino que, por el contrario, al ser uno de los requisitos de la demanda (en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales), incide en las defensas de las demás partes, en la medida en que tienen derecho de conocer si quien se ostenta como sujeto de válida expresión de otro, para excitar la actividad jurisdiccional con el propósito de resolver un conflicto, efectivamente cuenta con dicha facultad, y este derecho a conocer el contenido del escrito de la demanda, por disposición expresa del artículo 110 de la ley de la materia, se logra a través de una copia del referido ocurso, carga que corresponde al propio quejoso. En el caso concreto, del proemio de la demanda se advierte que Graciela Hernández Rojas refiere acudir a esta instancia constitucional con el carácter que tiene reconocido en los autos del juicio del que emana el acto reclamado; sin embargo, en los antecedentes narrados en su demanda, refiere representar al grupo de codeudores de responsabilidad solidaria ejidal "20 de noviembre"; asimismo, señala que tiene el carácter de albacea de Luz María Rojas Flores, circunstancia que torna obscura la demanda, ya que no se tiene la certeza de saber si acude a esta instancia en representación de la citada sucesión o en representación de la parte demandada del juicio de origen, por lo que es indispensable que precise el carácter con el que promueve el presente juicio de amparo. Cabe hacer alusión que en el supuesto de que la promovente comparezca a esta instancia constitucional, como albacea de Luz María Rojas Flores o como representante de la parte demanda, está obligada a acreditarlo con constancia fehaciente o, en su caso, demostrar que tiene acreditada esa personalidad ante la autoridad responsable. Cabe precisar que para acreditar el carácter de albacea de la sucesión debe exhibir proveído de su nombramiento y de la diligencia judicial en la que conste que la persona sobre quien recayó la designación de albacea acepta y protesta el cargo, pues es en dicha actuación donde se confiere tal nombramiento. B) La segunda irregularidad surge de la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame". Como se advierte de la transcripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo actio el acto que reclama a las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".la ilegal sentencia de segunda instancia de fecha 16 de julio del 2015, notificada por medio de lista el día 3 de agosto del mismo año en el Toca No 336/2015 al índice de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato emitida para resolver el recurso de apelación interpuesto por mi parte en contra de la sentencia incidental emitida el 29 de septiembre del 2006 en el juicio ejecutivo mercantil M 260/1994 al índice del Juzgado Primero Civil del Partido Judicial de Celaya, Guanajuato, emitida para resolver el incidente de liquidación de intereses promovido por el ahora tercero interesado, en la cual de una forma a todas luces ilegal y de manera ilegal e incongruente la H. Magistrada de la Sala ahora responsable declara infundados los agravios expresados y confirma la interlocutoria de primera instancia." (Subrayado agregado) Sin embargo, de lo antes expuesto no es posible establecer con certeza de lo que en realidad se duele la quejosa, pues refiere que el acto que reclama deriva de un incidente de "liquidación de intereses", el cual tiene por objeto únicamente cuantificar el monto de las prestaciones que posteriormente serían materia de ejecución; pero de los antecedentes narrados en su demanda se advierte que lo que se resolvió fue un incidente de ejecución del convenio alcanzado por las partes en el procedimiento de origen. Consecuentemente, este Juzgador estima que no es posible establecer cuál es el acto o los actos de los que se duele la quejosa en esta instancia constitucional, entonces, es necesario que lo precise con toda exactitud. Conclusivamente, ante las irregularidades advertidas, lo procedente conforme a las fracciones II, III y IV del numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones I y IV, ambos de la ley de Amparo, es prevenirlo para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con tres copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes: Precise el carácter con el que comparece a esta instancia constitucional; y en caso de hacerlo en su carácter de albacea de Luz María Rojas Flores o en representación de la parte demanda en el juicio de origen; deberá exhibir copia certificada del documento con el cual acredite dicha personalidad o, en su caso, demostrar que tiene acreditada esa personalidad ante la autoridad responsable. Señale con precisión cuál es el acto que reclama. Los requerimientos que al efecto se emiten conllevan el apercibimiento que de no ser exactamente observados dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, toda vez que la quejosa solicita se le tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo, la presente determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquesele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Asimismo, téngase a la parte quejosa autorizado en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona, al carecer de cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- Graciela Espitia Patiño65/2018
- Graciela Florez Buz595/2021
- Graciela Galindo Mancera574/2015
- Graciela García Raya y Otros.357/2016
- Graciela Georgina Torres Sánchez277/2013
- Graciela Hernández Rojas512/2015
- Graciela Medina Andrade181/2015
- Graciela Monjaraz Arredondo1115/2016
- Graciela Razo Novoa911/2018
- Graciela Ruiz Patiño122/2015
- Graciela Silvia Grovas Pérez459/2021
- Graciela Silvia Grovas Pérez560/2022