Graciela Hernández López

Expediente 694/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
694/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Graciela Hernández López

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio de cuenta, con firma electrónica del secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, con el que informa que dicho tribunal no insiste en declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo interpuesta por ***. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente -cuaderno de antecedentes- como asunto totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso j) del citado acuerdo general, el presente cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- al no haberse aceptado la competencia planteada por el homólogo oficiante.

  2. Principal

    Recepción y registro de la demanda. Visto el oficio y anexos del Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León, mediante el cual declina la competencia para conocer del juicio de amparo promovido por xxxxxx, en contra de actos de la Delegación en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Celaya, Guanajuato, por considerar que este juzgado es el idóneo para conocer y resolver al respecto, y, al efecto remite expediente de amparo 614/2020 que contiene la demanda original formulada por la citada quejosa. Fórmese el cuaderno de amparo e intégrese el expediente electrónico con el registro número 694/2020-I. Análisis y determinación de la competencia planteada. Ahora, del análisis integral de la demanda se advierte que el juzgado oficiante remitió el ocurso de amparo en estudio al juez de Distrito en turno en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, y que correspondió conocer a este órgano jurisdiccional, al estimar que carece de competencia legal por razón de territorio para conocer del mismo, ya que argumenta que el acto reclamado por la quejosa consistente en la falta de respuesta a su escrito de veintiocho de febrero de dos mil veinte, quien señaló como autoridad responsable a la Delegación en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en esta ciudad de Celaya, Guanajuato, actualiza la hipótesis prevista en primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo; por ende, considera que se surte la competencia a favor del juez de Distrito con residencia en esta ciudad. Sin embargo, respetuosamente, se disiente del criterio asumido por el órgano jurisdiccional declinante en cuanto que este órgano jurisdiccional debe conocer del asunto, por lo siguiente: Del análisis integral del expediente 614/2020, remitido por el juez declinante, así como del propio acto reclamado que precisa el juzgado declinante (la falta de respuesta a un escrito que presentó la promovente ante la responsable el veintiocho de febrero de dos mil veinte), se estima que este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, carece de competencia legal para conocer y resolver el asunto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37, último párrafo, de la Ley de Amparo, esto tomando en consideración que la omisión reclamada por la peticionaria de amparo no tiene ejecución material, por lo que es competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Partiendo de esa premisa, de que el acto reclamado es la falta de respuesta a la solicitud formulada por la quejosa el veintiocho de febrero de dos mil veinte, la que además se comparte, en que se tiene que tal acto tildado de inconstitucional resulta meramente omisivo, al no conllevar ejecución alguna; por lo que razonablemente puede sostenerse que la competencia legal para conocer de la demanda de trato no recae en este órgano jurisdiccional, sino al juez declinanate por ser ante quien se presentó la demanda de amparo y fue el que previno en el conocimiento de la demanda de trato. Así pues, si en el particular fue precisamente el órgano jurisdiccional declinante el que previno en su conocimiento; respetuosamente se estima que acorde con lo previsto por el artículo 37, tercer párrafo, de la ley deja materia, ese órgano es el legalmente competente para seguir conociendo de la presente demanda. Al respecto, ilustra el contenido de la tesis VII.2o.T.5 K (10a.) sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, localizable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 20, julio de 2015, tomo II, página 1663, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos redamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda laboral, desechen pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente, por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda" . También la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 500, libro 6, mayo de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." Por lo que, si el acto reclamado por la quejosa no requiere ejecución material, por ende, es competente el órgano jurisdiccional en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Apoya lo anterior, por las razones que informa la tesis I.9o.P.260 P (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable a página 2548, libro 74, enero de 2020, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EN EL QUE SE RECLAMA LA RESPUESTA INCONGRUENTE DE LA AUTORIDAD MINISTERIAL CON LO SOLICITADO, EN RELACIÓN CON LA DEVOLUCIÓN DE UN INMUEBLE ASEGURADO. AL TRATARSE DE UN ACTO DE NATURALEZA POSITIVA SIN EJECUCIÓN MATERIAL, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. El efecto de la concesión del amparo en un juicio en el que se examine la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede quedar en la simple exigencia de respuesta, sino que debe buscar que ésta sea congruente, completa, rápida y, sobre todo, fundada y motivada, por lo que si el acto reclamado consiste en la respuesta incongruente de la autoridad ministerial a la petición de levantar el aseguramiento y devolución de un inmueble, ello no entraña una negativa a devolverlo, para considerar que la ejecución material se llevaría en lugar diverso al en que se presentó la demanda de amparo. Por tanto, si el quejoso reclama que la respuesta emitida y notificada por la autoridad responsable a una petición presentada en forma pacífica y respetuosa, es incongruente a lo realmente solicitado, el acto reclamado es de naturaleza positiva sin ejecución material, siendo la materia de la litis en el juicio de amparo el contenido propio del acto de autoridad, en cuyo caso, el juzgador de amparo deberá analizar y calificar la congruencia de la respuesta frente a lo solicitado por el quejoso y, en el supuesto de concluir que no se respondió lo realmente pedido, el amparo deberá concederse para que se responda congruentemente y se notifique la nueva contestación. De ahí que en atención a la tercera regla deducida del artículo 37 de la Ley de Amparo (actos que carecen de ejecución), y a la naturaleza jurídica del acto reclamado (no requiere de ejecución material) corresponde conocer del juicio constitucional al juzgador federal que ejerce jurisdicción en el lugar en que se presentó la demanda." (Lo resaltado es propio). Cabe precisar, que se estima inatendible el posicionamiento con respecto a establecer que para efectos de fijar la competencia por razón de territorio, se deba atender al lugar de residencia de la autoridad responsable señalada en la demanda de amparo; ello porque tal interpretación soslaya la literalidad del párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo. Además, atendiendo al sentido y alcance del derecho de acceso a la justicia, la circunstancia de que la parte quejosa haya señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones en León, Guanajuato, así como en tal lugar tiene su domicilio, permite presumir fundadamente que ese juzgador federal resulta ser el de más fácil acceso material para ese justiciable, respecto de cualquier otro juzgador de amparo, dado que la promovente optó por señalar un domicilio que pertenece a la jurisdicción del tribunal constitucional de esa localidad y no a uno distinto. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que el juez de Distrito declinante es el competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Graciela Hernández López; por lo que no se acepta la competencia declinada y, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena comunicar esta determinación al juez Cuarto de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en León. Mediante oficio remítanse los autos del expediente de amparo 614/2020, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, solicitando el acuse de recibo en el que se informe sobre la determinación tomada al respecto. Domicilio y autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, dado que no proporcionó dato alguno con el que se acredite que las personas que indica en su escrito tienen facultades para ejercer la profesión de licenciado en derecho como lo exige el numeral invocado (número de cédula profesional o el diverso registro en el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); lo anterior, hasta en tanto se salve dicha situación. Toda vez que la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, hágase esta notificación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista de conformidad con lo previsto por el artículo 27, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, resultando innecesario requerir a la solicitante del amparo que proporcione un domicilio en esta localidad, atendiendo al sentido de la determinación asumida en este proveído. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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