Graciela Guadalupe de Jesús Hernández Peiro

Expediente 458/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
458/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/10/2021

Partes del expediente

  • Graciela Guadalupe de Jesús Hernández Peiro

Actuaciones

  1. Principal

    Culiacán, Sinaloa, siete de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta de donde se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de la Materia, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra el proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 21, inciso a), prevé que son susceptibles de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, los expedientes relativos a juicio de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se sobreseyó y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, es susceptible de destrucción el presente expediente, y una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido Acuerdo General.

  2. Principal

    Vista la razón de trece de julio del año en curso, elaborada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, se advierte que no le fue posible notificar personalmente el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno a la parte quejosa, por las razones que expone en la citada constancia. Por tanto, con fundamento en el artículo 27 fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase la mencionada notificación, así como las de carácter personal subsecuentes por lista de acuerdos que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto la referida parte quejosa designe nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en su caso. En cumplimiento a lo ordenado por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se ordena notificar por lista de estrados a la parte quejosa el auto de ocho de julio de dos mil veintiuno que en lo conducente dice: Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el informe justificado rendido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional se hizo consistir, en esencia en:  La omisión de señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial caligrafoscópica, documentoscópica y dactiloscópica ofrecida en el expediente laboral 1-127/2018. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, respecto del citado acto reclamado, si bien es cierto, a la fecha de la presentación de la demanda no se había señalado fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial ofrecida; también lo es, que de las documentales aportadas por la Junta Local responsable a su informe justificado de cuenta, se advierte que en ese juicio laboral en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno ya se señaló fecha para el desahogo de dicha prueba pericial y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, si durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa en señalar fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial caligrafoscópica, documentoscópica y dactiloscópica ofrecida en el expediente laboral 1-127/2018. Por su parte, se tiene que la responsable remitió algunas de las constancias que integran el citado juicio laboral de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (trece de abril de dos mil veintiuno), la Junta responsable en proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, señaló fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial caligrafoscópica, documentoscópica y dactiloscópica ofrecida en el procedimiento laboral de origen. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios de los actos reclamados han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. Cabe precisar, que la intención de la quejosa es solo una: que la junta emita el acuerdo en que señale fecha y hora para el desahogo de la prueba pericial caligrafoscópica, documentoscópica y dactiloscópica ofrecida en el expediente laboral 1-127/2018 lo que se corrobora del propio reclamo de la justiciable. En efecto, en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, la quejosa, en lo que interesa, refiere: ".2.- Por lo que la autoridad responsable no ha emitido acuerdo en el cual deberá de señalar fecha y hora, para la celebración y desahogo de la prueba PERICIAL CALIGRAFOSCÓPICA, DOCUMENTOSCÓPICA Y DACTILOSCÓPICA, y ha transcurrido en exceso el término legal para emitir dicho acuerdo." Siendo esta última afirmación la que permite inferir con mayor claridad, que lo reprochado por la quejosa no es una omisión de proveer respecto de un aspecto particular o específico, o sea, que el tribunal laboral se pronuncie en cuanto al resultado de la prueba pericial referida, sino una cuestión general, pues incluso el reclamo de la parte quejosa denota que su intención es que el juicio prosiga con independencia de que el resultado (respecto de la prueba) sea o no benéfico. Debido a ese contexto, es innecesario esperara a que se desahogue la prueba pericial ofrecida por la quejosa, toda vez que se llegaría al extremo de variar la naturaleza del reclamo (cambiar de omisivo a positivo), o incluir en el análisis aspectos que no constituyen la base del acto reclamado a través del amparo indirecto, lo cual no es apegado a derecho precisamente porque generaría incertidumbre jurídica y se dejaría en estado de indefensión a una de las partes. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DE LOS ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En vista de lo antes expuesto, se ordena dejar sin efecto legal alguno la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas del veinte de julio de dos mil veintiuno. Finalmente, cabe mencionar que resulta innecesario emplazar a juicio a las personas morales que señaló en su escrito inicial de demanda la parte promovente (circunstancia que fue reservada por este órgano jurisdiccional en auto de quince de abril de dos mil veintiuno); lo anterior, por haber cesado los efectos del acto reclamado, lo cual genera la improcedencia del presente asunto.

  3. Principal

    FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE Vista la demanda de amparo signada por ***********, por su propio derecho, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. Fórmese el expediente 458/2021-IV-B, tanto impreso como electrónico, de conformidad con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). ADMISIÓN En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 33, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de la Materia, se admite la demanda de amparo promovida por *****************, contra los actos reclamados a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con el artículo 117, de la invocada ley, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de QUINCE DÍAS, siguiente al en que reciba el oficio correspondiente. En caso de ser cierto el acto reclamado, deberá anexar a su informe justificado copia certificada de las constancias conducentes, pues la omisión de dicha obligación se encuentra sancionada con una multa de cien unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA Se señalan las ONCE HORAS DEL VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE AMPARO Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten". OBLIGACIÓN DE RECIBIR OFICIOS Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, la obliga a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De igual manera se informa a las autoridades responsables, que no habrá necesidad de emitir oficio para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia que justifica una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrán consultar en la página web https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/ acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. TERCERO INTERESADO Respecto al emplazamiento del tercero interesado precisado en el escrito inicial de demanda, este órgano de control constitucional SE RESERVA acordar lo conducente, hasta en tanto se cuente con las constancias relativas al acto reclamado. PRUEBAS De conformidad con el artículo 119, de la ley de la materia, téngase como prueba de la parte quejosa la presuncional legal y humana e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Ahora, por lo que hace a la diversa prueba ofrecida, consistente en las constancias del juicio laboral 1-127/2018 de la Junta responsable, SE RESERVA PROVEER LO CONDUCENTE, hasta en tanto obren en autos las constancias relativas al acto reclamado. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad; y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia a *************, por tratarse de un asunto en materia laboral y ser la parte trabajadora quien acude al juicio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo disponen los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que resulten necesarias en este expediente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con lo señalado por los artículos 68, 110 y 113, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, resérvese la publicación de información de carácter clasificada y confidencial. DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE En cumplimiento a la circular 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a la Secretaria actuante para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presente en forma electrónica, se proceda su impresión para ser incorporada al expediente impreso. OFICIOS Asimismo, se autoriza a la Secretaria actuante, para que firme los oficios que deriven de este asunto. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO En términos del artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. EXHORTOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.

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