Graciela González Mendoza
Expediente 302/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 34 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 20/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Graciela González Mendoza
- Cámara de Diputados
- Víctor Hugo Portugal Moreno
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
MESA IV. Agréguese el oficio suscrito por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, por el cual, devuelve el diverso 86329/2016 del registro de este Juzgado, dirigido al Presidente de la República, por conducto de la Cámara de Senadores; al respecto, se provee. Tomando en consideración que de las constancias que integran el expediente se desprende que durante el trámite del juicio las comunicaciones libradas al Presidente de la República, por conducto de la Cámara de Senadores, fueron recepcionadas con esa denominación, se ordena reexpedir el oficio que devuelve la autoridad oficiante con la misma denominación. En la inteligencia que de insistir en devolver la comunicación que se remite, se le impondrá multa de cincuenta días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con la fracción I, del numeral 237, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo, así como el Decreto de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo. Lo anterior, hágase del conocimiento a la autoridad oficiante y adjúntese al comunicado que deriva del presente acuerdo, copia de la constancia de recepción que obra a foja 334, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
MESA IV. Vista la certificación, así como el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que prevé el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de seis de septiembre pasado -fojas 323 a 326-, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 2º y 86, de la ley de la materia, en relación con los numerales 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por lo anterior, de conformidad con el numeral 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido y acorde con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción. Se llega a esa conclusión, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial. Con fundamento en el artículo 280, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse al Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en esta Ciudad, los cinco Tomos de pruebas que se formaron en apoyo a su informe justificado -foja16-, por ser innecesaria su retención.
- Principal
MESA IV. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCEROS INTERESADOS VÍCTOR HUGO PORTUGAL MORENO; JORGE IVÁN VALENCIA MONCADA Y KARINA MORA RICO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA. IV. Del estado de autos, se advierte que en proveído de trece de abril pasado, se dio trámite a la demanda de amparo presentada por Graciela González Mendoza, contra actos de la Cámara de Diputados y otras autoridades, quien reclamó: LA APROBACIÓN, EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL ARTÍCULO 367 FRACCIÓN VI, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1986. ATRIBUIDO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES, ASÍ COMO AL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA. EL AUTO DE QUINCE DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS, DICTADO EN LA CAUSA PENAL 460/205-III, MEDIANTE EL CUAL SE NEGÓ LA ORDEN DE APREHENSIÓN SOLICITADA EN CONTRA DE LOS TERCEROS INTERESADOS. ATRIBUIDO A LA JUEZ SÉPTIMO DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Ahora, mediante oficio 3596, de quince de abril del año en curso, la Secretara en funciones de Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en esta Ciudad, al rendir su informe con justificación aceptó el acto reclamado consistente en la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la causa penal 460/205-III, ya que en esa fecha negó la orden de aprehensión solicitada, contra Leticia Clementina De Paredes Soto, Víctor Hugo Portugal Moreno, Karina Mora Rico y Jorge Iván Valencia Moncada (foja 15). Sin embargo, por oficio 7208 de once de agosto pasado, la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en esta Ciudad, comunicó que en cumplimiento a lo ordenado por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de este Circuito, dejó insubsistente la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, acto reclamado en este controvertido constitucional (fojas 267 y 268). En ese contexto, de conformidad con el artículo 62, de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. Es aplicable la jurisprudencia II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Materia Común, Mayo de 1991, página 95, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En esa tesitura, a criterio de este juzgador, se advierte que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En esa arista, puede considerarse que han cesado los efectos cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Sobre el particular la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversas tesis, entre las que destacan la emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Tomo XCIX, visible en la página 2443, de epígrafe y sinopsis siguientes: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. De igual forma la diversa sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Quinta Época, Tomo LXXXIX, visible en la página 731, de rubro y texto: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y en aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia, del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo, y por lo mismo, no hay cesación de efectos. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se pronuncia respecto al que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce su derecho humano violado. En esa tesitura, tomando en consideración que el acto reclamado en la demanda de amparo es el auto de quince de marzo de dos mil dieciséis, dictado en la Causa Penal 460/205-III, mediante el cual se negó la orden de aprehensión solicitada en contra de los terceros interesados, atribuido a la Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de esta Ciudad, y por oficio 7208 de once de agosto pasado, la Secretaria del citado órgano jurisdiccional, comunicó que en cumplimiento a lo ordenado por el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal de este Circuito, dejó insubsistente la resolución de quince de marzo de dos mil dieciséis, es incuestionable que ha cesado; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia en comento. De esa manera, al dejar insubsistente la resolución reclamada es incuestionable que quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones acaecidas en la etapa de proceso. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de la determinación reclamada. En consecuencia, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional. Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, marzo 2003, Tomo XVII, visible a foja 386, que reza de la siguiente manera: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, procede dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijada para la celebración de dicha audiencia. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo al registro de los movimientos de los juicios de amparo, procesos y recursos que se tramiten en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de dieciséis de mayo de dos mil uno, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídica Especializada capture su ingreso en el citado Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
MESA IV.- Agréguese el oficio signado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual devuelve sin diligenciar el exhorto 146/2016-IV, del registro de este órgano jurisdiccional; por ende, hágase las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y acúsese de recibo. Sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento respecto a su contenido, en razón de que en proveído de veintidós de los cursantes, se tuvo al tercero interesado Víctor Hugo Portugal Moreno, por apersonado en el juicio.
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