Graciela Garza Ramos

Expediente 954/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
954/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Graciela Garza Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Juicio de amparo: 954/2023 Quejosa: Graciela Garza Ramos Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 954/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, Graciela Garza Ramos, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, [2] Actuaria adscrita al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y [3] Oficial del Registro Civil número Veinte de la colonia Zapata del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, contra los actos reclamados siguientes: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. El ilegal EMPLAZAMIENTO a juicio practicado a GRACIELA GARZA RAMOS en el juicio de divorcio incausado 471/2019, y como consecuencia todas las demás actuaciones judiciales dictadas en juicio promovido por ROBERTO PÉREZ RASGÓN (sic) en contra de LA QUEJOSA dentro del expediente 471/2019 radicado ante el Juez Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial con sede en Cuernavaca, Estado de Morelos, a partir del supuesto emplazamiento a juicio a la parte demandada hoy quejosa; todo ello por formar parte de un juicio donde no se notificó legalmente a la suscrita como parte demandada y por lo tanto se violaron las garantías constitucionales y derechos humanos en perjuicio de la ahora quejosa." 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y ordenó emplazar al tercero interesado, cuyo nombre correcto y domicilio se precisó en acuerdo posterior. Asimismo, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional. Mediante escrito recibido el siete de agosto de dos mil veintitrés, la quejosa refirió que se desistía del presente juicio de amparo, por lo que en acuerdo de la misma data se ordenó su ratificación, para lo cual se le otorgó un término de tres días a efecto de que compareciera a ratificar dicho escrito, con el apercibimiento que de no hacerlo, se continuaría el trámite del juicio, sin que la quejosa compareciera a ratificar el desistimiento de mérito, no obstante de que fue notificada personalmente del requerimiento de referencia, el once de agosto de dos mil veintitrés, por lo que en audiencia de nueve de octubre de siguiente, se hizo efectivo el apercibimiento decretado y se ordenó continuar el juicio de amparo. Por otro lado, en auto de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, al contar con las constancias del juicio de divorcio incausado de origen remitidas por la Jueza responsable, se tuvo con el carácter de tercero interesado a ******************** (nombre correcto) y se ordenó su emplazamiento, el cual se realizó el veinticinco de agosto siguiente, sin que compareciera al presente juicio de amparo. El nueve de octubre de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son el emplazamiento a juicio especial de divorcio incausado y su ejecución, atribuidos a autoridades civiles, dos de ellas, con residencia en la circunscripción de este Juzgado de Distrito que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridades responsables Actos reclamados [1] Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. El emplazamiento de la quejosa, al juicio especial de divorcio incausado 471/2019 del índice del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por ******************** -aquí tercero interesado-, en contra de Graciela Garza Ramos -aquí quejosa-; así como todo lo actuado en dicho juicio con posterioridad al emplazamiento (incluidos los actos de ejecución de sentencia relativos a la anotación marginal ordenada en el acta de matrimonio respectiva, a cargo de la Oficial del Registro Civil responsable), con el carácter de tercera extraña por equiparación. [2] Actuaria adscrita al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. [3] Oficial del Registro Civil número Veinte de la colonia Zapata del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. b) La ejecución de dichos actos. Con la precisión de que la quejosa no señaló como acto destacado la orden emitida por la juzgadora responsable a la Oficial del Registro Civil número Veinte de la colonia Zapata del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, relativa a la anotación marginal de la sentencia de divorcio incausado en el acta de matrimonio respectiva, sino que ese acto lo hizo depender de la vulneración a sus derechos, que aduce le causa el emplazamiento ordenado por la jueza de origen y ejecutado por la actuaria adscrita al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, es decir, como una consecuencia legal del citado emplazamiento; de ahí que se tenga como actos reclamados, los que han quedado precisados en el recuadro que antecede. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Jueza Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, [2] Actuaria adscrita al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y [3] Oficial del Registro Civil número Veinte de la colonia Zapata del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, pues así lo manifestaron las dos autoridades señaladas en primer término, al rendir su informe justificado, y si bien la Oficial del Registro Civil responsable negó el acto reclamado, pues refirió que no ha llevado a cabo alguna anotación marginal de divorcio, ya que no ha recibido oficio para tal efecto, se tiene por cierto el acto de ejecución reclamado, pues de la resolución de divorcio emitida en el juicio de origen, se desprende que se ordenó girar el oficio correspondiente a dicha autoridad, por lo que con independencia de que lo hubiese recibido o no, su ejecución es inminente porque así fue ordenado por la juzgadora responsable en la resolución de divorcio del juicio de origen. Lo anterior, se corrobora con las copias certificadas de las constancias que integran el juicio de divorcio incausado 471/2019, entre las cuales obra el emplazamiento de la aquí quejosa, su comparecencia al juicio a través del escrito de contestación de la demanda, así como la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, que declaró procedente el divorcio incausado y disuelto el vínculo matrimonial entre las partes intervinientes en dicho juicio. Documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; aseveraciones y documentales que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, correlacionado con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, referente a la falta de interés jurídico -que es el que interesa en el caso porque se reclama un acto proveniente de una autoridad judicial-, que exige que tratándose de resoluciones de tribunales, la parte quejosa deberá ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Lo anterior, porque de las copias certificadas que remitió la juzgadora responsable, se advierte que el juicio especial de divorcio incausado 471/2019, del índice del Juzgado Sexto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, lo inició el ex cónyuge de la quejosa, ******************** -aquí tercero interesado-, en el que a la impetrante de amparo se le tuvo por emplazada con el carácter de demandada. Sin embargo, hasta el momento procesal en que se encuentra el juicio, la última actuación jurisdiccional relevante que obra en el sumario, es la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, en la que la Jueza responsable, únicamente aprobó la disolución del vínculo matrimonial entre las partes y resolvió que no había lugar a pronunciarse sobre la liquidación de la sociedad conyugal, en virtud de que la parte actora manifestó bajo protesta de decir verdad no haber adquirido bien alguno, por lo que declaró disuelta dicha sociedad conyugal a la que se sujetó el matrimonio. De allí que, hasta este momento, no se lesiona el interés jurídico de la quejosa, porque los efectos que tiene el juicio de origen sobre la promovente del juicio constitucional es únicamente declarar la disolución del vínculo matrimonial de ésta con ********************, y en ese sentido, al ser suficiente para decretar la terminación del matrimonio la solicitud unilateral de una de las partes, sin que importe la oposición del diverso consorte, es que no se le causa ninguna afectación, ya que precisamente el divorcio sin expresión de causa constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, en el sentido de que no se le puede obligar a una persona a seguir vinculado con su cónyuge, tal como lo expuso la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. LIX/2015 (10a.), de la Décima Época Judicial, con registro 2008492, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1392, que establece: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. CONSTITUYE UNA FORMA DE EJERCER EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. En el divorcio sin expresión de causa, es suficiente la solicitud unilateral de la disolución del matrimonio para que el juez la decrete aun sin causa para ello, donde incluso no importa la posible oposición del diverso consorte, pues la voluntad del individuo de no seguir vinculado con su cónyuge es preponderante, la cual no está supeditada a explicación alguna, sino simplemente a su deseo de ya no continuar casado, por lo que la sola manifestación de voluntad de no querer continuar con el matrimonio es suficiente. Así, dicha manifestación constituye una forma de ejercer el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues decidir no continuar casado y cambiar de estado civil, constituye la forma en que el individuo desea proyectarse y vivir su vida; es decir, el modo en que decide de manera libre y autónoma su proyecto de vida." Precisamente, dicha circunstancia es patente en el proceso legislativo de reforma que introdujo la figura del divorcio incausado en la legislación familiar del Estado, ya que la misma tuvo como origen tres iniciativas en las que, en lo que interesa, dentro de la exposición de motivos se expuso lo siguiente: Iniciativa presentada el veintiocho de octubre de dos mil quince "En el artículo 1 de la Constitución Federal dice que queda prohibida toda discriminación, en tanto que el Estado debe reconocer la libertad de cada persona para decidir libremente como quiere ser sin coacción ni controles injustificados, con el fin de cumplir las metas u objetivos que se ha fijado. El Estado debe permitir que cada persona decida libremente cual es el camino que guste seguir, pues las causales de divorcio no permiten que los seres humanos puedan modificar libremente sus decisiones y en determinado momento deshacer el vínculo matrimonial, además con la existencia de las causales de divorcio se viola el artículo 6 de nuestra Ley Fundamental, porque estas no permiten que cada persona manifieste libremente sus ideas de por qué no quiere seguir manteniendo el vínculo conyugal (.) En los tribunales federales establecidos en el Estado de Morelos, se dio una resolución judicial que transformo la visión del divorcio necesario en nuestra entidad, el artículo 175 del Código Familiar del Estado de Morelos fue declarado inconstitucional, considerando que vulnera los derechos humanos de las personas al establecer una serie de causales en los cuales atentan contra la dignidad humana, al derecho de la intimidad y el libre desarrollo de la personalidad en el que se encuentra su derecho a permanecer en el estado civil en que desee sin que el Estado se lo impida. (.) De acuerdo con ello, los cónyuges deben poder configurar la relación matrimonial de acuerdo con sus propias convicciones, y esto debe extenderse incluso a las consecuencias de una eventual crisis conyugal, lo que por otra parte permitiría afrontar la convivencia de una manera inteligente, teniendo en cuenta los efectos que se derivarían en caso de ruptura del matrimonio, por lo que si ellos o al menos uno de ellos decide libremente terminarlo, no debe existir mayores requisitos de su voluntad expresada, es decir se propone eliminar todas las causales de divorcio. (.) De acuerdo con lo anterior, el régimen de disolución del matrimonio contemplado en las legislaciones de Morelos y Veracruz (y ordenamientos análogos), que exige la acreditación de causales cuando no existe mutuo consentimiento de los contrayentes, incide en el contenido prima facie del derecho al libre desarrollo de la personalidad. En este sentido, se trata de una medida legislativa que restringe injustificadamente ese derecho fundamental, toda vez que no resulta idónea para perseguir ninguno de los límites que imponen los derechos de terceros y de orden público. En consecuencia, los artículos 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos y 141 del Código Civil para el Estado de Veracruz, en los cuales se establecen las causales que hay que acreditar para que pueda decretarse la disolución del matrimonio cuando no existe mutuo consentimiento de los cónyuges, son inconstitucionales. De acuerdo con lo anterior, los jueces de esas entidades federativas no pueden condicionar el otorgamiento del divorcio a la prueba de alguna causal, de tal manera que para decretar la disolución del vínculo matrimonial basta con que uno de los cónyuges lo solicite sin necesidad de expresar motivo alguno. No obstante, el hecho de que en esos casos se decrete el divorcio sin la existencia de cónyuge culpable no implica desconocer la necesidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pudieran ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con el padre no custodio, los alimentos o alguna otra cuestión semejante." Iniciativa presentada el once de noviembre de dos mil quince "Es menester de esta LIII legislatura realizar estas modificaciones en nuestro aparato legislativo, con la finalidad de impedir que sean vejados los derechos humanos de los gobernados, confinándoles a probar una causal de divorcio cuando la voluntad de uno de los consortes sea el no continuar con el vínculo matrimonial, consecuentando con ello evitar complicaciones dentro de los procedimientos judiciales del orden familiar." Iniciativa del veinticuatro de noviembre de dos mil quince "En la actualidad el tema del divorcio es un tema sumamente delicado pues además de los incontables debates que se han generado al respecto donde se han expuesto pros y contras para determinar desde las cámaras legislativas la procedencia o no del llamado divorcio incausado -el cual sin más preámbulo es la solicitud de divorcio por uno solo de los cónyuges donde se manifieste su deseo para no continuar con el mismo; y la obligación del juez de decretar procedente dicha solicitud, con independencia de resolver dentro de un litigio cualquier circunstancia conexa al tema del matrimonio como lo es la pensión alimenticia, la disolución de la sociedad conyugal o la partición de bienes producto del matrimonio entre otras cosas- es importante mencionar que la intención de toda autoridad en cualquiera de las esferas ya sea Federal, Estatal o Municipal, tiene por objeto el salvaguardar desde sus funciones los derechos fundamentales de las personas. De lo anterior se desprende que la intención del legislador al derogar las disposiciones relativas al divorcio necesario, partió del criterio jurisprudencial 1a./J. 28/2015 (10a.), identificado con el número de registro digital 2009591, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "DIVORCIO NECESARIO. EL RÉGIMEN DE DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO QUE EXIGE LA ACREDITACIÓN DE CAUSALES, VULNERA EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (CÓDIGOS DE MORELOS, VERACRUZ Y LEGISLACIONES ANÁLOGAS)", en el que se declaró inconstitucional el artículo 175 del Código Familiar para el Estado de Morelos, que establecía el divorcio con expresión de causa, por ser violatorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Consecuencia de lo anterior, a fin de colmar la laguna legal, adicionó a la legislación local el divorcio incausado, en el que basta con la expresión de uno de los cónyuges para tener por disuelto el vínculo matrimonial, sin que tenga que justificar por qué pretende separarse; no obstante, ello no implica que deban de dejar de resolverse las cuestiones inherentes al matrimonio, pues deben determinarse, y en caso de controversia, resolverse en forma incidental. De lo anterior se tiene que, el divorcio incausado establecido en el Estado de Morelos cuenta con una naturaleza mixta, en tanto se trata de un procedimiento no contencioso en cuanto a la disolución del vínculo matrimonial, ya que basta con la manifestación de uno de los cónyuges para que sea procedente su separación, sin que el otro pueda oponerse; sin embargo, también cuenta con una fase contenciosa, en cuanto a las cuestiones inherentes al matrimonio, pues en el supuesto de que una de las partes se oponga, deben resolverse esos tópicos vía incidental, lo que se evidencia en el dictamen emitido por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del Estado, respecto a la reforma en comento, en el que precisó: "Al entrar al estudio sistemático de los preceptos legales, que en su mayor parte resultan coincidentes en su modificación por parte de los proponentes, que en esencia consideran derogar las disposiciones legales que a la fecha establecen la figura del divorcio necesario, sus causales de procedencia, así como parte del procedimiento que debe de agotarse. Lo anterior es así, porque en la actualidad los Códigos sustantivo y adjetivo en materia familiar de nuestra Entidad, prevén la figuras del divorcio necesario, voluntario y administrativo, teniendo necesariamente en el caso de la controversia necesaria, que el cónyuge demandante tenga que acreditar y probar fehacientemente una o más causales para poder disolver el vínculo matrimonial, situación que obliga al conyugue inconforme con su unión marital, a propiciar a toda costa se desprenda una causal o bien sostener una falsedad para poder tener acceso a que el juzgador conceda el divorcio. (.) No es ajeno a lo señalado, que la figura de divorcio necesario, menoscaba el derecho a la intimidad e integridad de las personas, toda vez que si bien es cierto en el matrimonio se establecen derechos y obligaciones, también lo que es un instrumento que impide a alguno de los cónyuges que ya no esté satisfecho con su vida marital, a tener que acreditar una causal muchas de las veces inexistentes, o provocando una de ellas, que en un momento determinado pudiese convertirse en una conducta tipificada como delito, situación que es inaceptable, y que debe de legislarse en el sentido de transformar esta figura jurídica a la contienda no incausada, con la simple manifestación de alguno de los conyugues. (.) - En virtud de que la acción principal en el divorcio incausado dejó de considerarse una controversia familiar, se propone que los artículos que se refieren actualmente al divorcio necesario, sean derogados. Así también, debido a que no es propiamente un procedimiento no contencioso, ya que se pueden presentar desacuerdos que deben dirimirse en la vía incidental, esta Comisión Dictaminadora propone que sea incluido en el Libro Sexto, de los Procedimientos Especiales, debido a sus características." Incluso, esa cuestión también se desprende del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, pues si bien establece que debe emplazarse al consorte de la persona que peticiona el divorcio, precisa que ello es para que "se le de vista con la propuesta de convenio", esto es, para que pueda oponerse a las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo matrimonial que proponga el promovente en su convenio. Ello es así, pues el legislador en esta primera etapa procesal no estableció una fase contenciosa, lo que es perceptible ya que no previó una fase probatoria, de allí que el cónyuge emplazado no tiene la posibilidad de demostrar alguna oposición a la disolución del vínculo matrimonial, pues la única razón por la que se le llama al juicio es para disentir respecto a los términos del convenio, mediante una contrapropuesta, toda vez que como se explicará en párrafos siguientes, todas las cuestiones relativas al matrimonio en las que existe controversia, se dirimen en la vía incidental; puesto que, por cuanto a la disolución del vínculo matrimonial basta con la intención de uno de los cónyuges de no continuar casado para que puede otorgarse el divorcio, ello en respeto al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad del cónyuge que no desee continuar unido en matrimonio. De allí que, inmediatamente después de que precluye la posibilidad del cónyuge emplazado para oponerse al convenio, se celebra una audiencia en términos del artículo 551 OCTIES de la codificación adjetiva en la materia, en la que el juzgador debe buscar, en caso de controversia, que las partes se pongan de acuerdo en cuanto a las cuestiones inherentes al matrimonio planteadas en el convenio y la contrapropuesta, y en ese sentido, resulta revelador que aun cuando subsista controversia respecto al convenio, el juzgador debe disolver el matrimonio de forma inexcusable, esto es, que el operador jurídico, independientemente del caso que se le presente, debe declarar terminado el vínculo matrimonial, lo que robustece que no se puede oponer a dicha disolución el consorte emplazado, y a fin de salvaguardar los derechos de este último, se previó una fase contenciosa que se dirime vía incidental, donde se resuelven las cuestiones inherentes al divorcio que permanezcan en debate. Tan es así, que es irrecurrible la determinación en la que el juzgador únicamente determina disuelto el vínculo matrimonial, pues se reitera, no se puede oponer el cónyuge demandado al divorcio que se pide. Luego, si bien en dicho procedimiento el legislador previó la obligación del juzgador para emplazar al cónyuge ajeno a la petición de divorcio, ello no fue para que se pudiera oponer a la disolución del vínculo matrimonial, sino con la finalidad de resolver las cuestiones familiares relacionadas con la disolución del matrimonio, como pueden ser la guarda y custodia de los hijos, el régimen de convivencias con los padres, los alimentos o alguna otra cuestión semejante, en los que en caso de controversia, deben ser dirimidos de forma incidental, ya que así lo determinó el Juez responsable. De no razonarse así, de nueva cuenta se condicionaría al contrayente que quiere finiquitar el matrimonio a acreditar la existencia de una causa suficiente para ser divorciado, pues ante la oposición de su consorte, tendría que desacreditar la causa que este último opone a su separación, cuando precisamente fue lo que pretendió desaparecer el legislador local, para evitar la violación al derecho de libre desarrollo de la personalidad; es decir, terminar con la medida paternalista de obligar al cónyuge que no quiere permanecer unido en matrimonio de continuar con el mismo mientras no acredite una causa que obligue su separación. Además, carecería de sentido que el legislador hubiera dejado la existencia del divorcio voluntario, y hubiera derogado el divorcio necesario para sustituirlo con el divorcio incausado, ya que si para el divorcio sin expresión de causa se requiriera el consenso de las partes, en todo caso ellas podrían acudir a solicitar un divorcio voluntario, careciendo de sentido la existencia de ambas modalidades, cuando la razón de ser del divorcio incausado en el Estado es que baste con la manifestación de la voluntad de uno de los cónyuges para declarar disuelto el vínculo matrimonial, en respeto a su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Lo anterior, máxime que el legislador no estableció una sanción para el cónyuge emplazado que no se opone al convenio, en el sentido de que se le tiene como adherido a la propuesta del promovente del divorcio, de donde se deduce nuevamente que la intención de emplazarlo es resolver las cuestiones inherentes al matrimonio, y para ello puede acontecer que sean disueltas sumariamente en caso de que expresamente manifieste su conformidad con la propuesta de convenio del promovente, y en caso diverso, de no asentar su conformidad expresa, o bien, de controvertir las mismas, estas cuestiones deben dilucidarse de forma contenciosa, en vía incidental. En tales términos, al ser la disolución del vínculo matrimonial, un efecto que produce el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad que tiene ********************, es que no cuenta con un derecho fundamental que oponer la aquí quejosa al respecto, y en consecuencia, no tiene un interés jurídicamente protegido. Además, aun cuando eventualmente el juicio reclamado podría causarle una afectación a su interés jurídico, debe tenerse en cuenta que esa afectación no es real y actual, ya que conforme a las copias certificadas del sumario en estudio, se reitera, aún no existe una resolución que transgreda los derechos de la quejosa, y en el supuesto de que sea emitida, se encuentra en la posibilidad de defenderse haciendo valer los medios de defensa correspondientes, excluyendo así que el sumario impugnado le ocasione una afectación real actual o inminente a sus derechos. De ahí que, como se afirmó en párrafos precedentes, con lo actuado hasta este momento en el juicio de origen, no se causa una afectación a los intereses jurídicos de la quejosa, pues aún no se ha admitido a trámite la demanda incidental ni ordenado el emplazamiento de la parte demandada incidentista -aquí quejosa- a dicha controversia, por lo que es en esta vía en la que se considera que la impetrante está en condiciones de hacer valer los derechos que estime le asisten respecto de las cuestiones inherentes al matrimonio. Sin que se inadvierta que en la resolución de nueve de abril de dos mil veintiuno, que declaró procedente el divorcio incausado y disuelto el vínculo matrimonial entre los consortes, también se haya determinado que no había lugar a pronunciarse sobre la liquidación de la sociedad conyugal, en virtud de que el actor manifestó bajo protesta de decir verdad no haber adquirido alguno, pues en ese caso, como se dijo, esa será una cuestión que se deberá hacer valer en la vía contenciosa a través del incidente relativo. No obstante, con esa determinación no se advierte vulneración a los intereses jurídicos de la aquí quejosa, puesto que en la propia demanda de amparo afirmó que el matrimonio fue celebrado bajo el régimen de separación de bienes -sin que argumente vulneración a algún derecho sobre bienes de la sociedad conyugal o que pertenezcan a la quejosa-. Además, la impetrante refirió en la demanda de amparo que desconoce la razón por la que en el juicio de divorcio incausado de origen se exhibió un acta de matrimonio con el tipo de régimen de sociedad conyugal cuando éste fue por separación de bienes, por lo que aduce desconocer las intenciones del actor en dicho juicio al exhibir información que no corresponde a la verdad. De ahí que, la vulneración a los derechos que aduce la aquí quejosa, no es respecto a la determinación de la juzgadora responsable en lo relativo a que no había lugar a pronunciarse sobre dicho régimen de sociedad conyugal, debido a que el actor en el juicio de origen manifestó que no se había adquirido bien alguno, sino que la impetrante de amparo hace consistir tal vulneración a sus derechos, en que refiere desconocer las intenciones del actor en el juicio al exhibir información que no corresponde a la verdad; pues en tal caso, tiene expedito su derecho para hacer valer cualquier cuestión que considere incorrecta, ante las autoridades que correspondan, a través de los medios legales procedentes. Lo anterior, porque si como la quejosa afirma, contrajo matrimonio civil con ********************, bajo el régimen de separación de bienes, en su caso, lo resuelto en la resolución de divorcio incausado no le causa un perjuicio, puesto que de ésta no se desprende que se hubiere emitido algún pronunciamiento respecto de bien alguno que pudiera pertenecer a las partes en el juicio de origen, con independencia de que sus afirmaciones no resultan acertadas, toda vez que del acta de matrimonio 00239 (doscientos treinta y nueve), que adjuntó a la demanda de amparo y que obra a foja 17, se advierte que en ésta se hizo constar el matrimonio entre ******************** y Graciela Garza Ramos, bajo el régimen de sociedad conyugal. Por otra parte, el criterio aquí sustentado fue confirmado en el amparo en revisión 190/2022 por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, interpuesto en contra de la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional en el diverso juicio de amparo indirecto 320/2021, en el que igualmente se señaló como acto reclamado el emplazamiento a un juicio de divorcio incausado, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, ya que puede ser consultado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, con independencia de lo anterior, en su caso, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que no se satisface el supuesto de procedencia del juicio de amparo contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas. Ello, pues en la demanda de amparo la aquí quejosa se ostentó como tercera extraña por equiparación al juicio de divorcio incausado y refirió no haber recibido notificación alguna ni tener conocimiento de éste; sin embargo, de las constancias remitidas por la juzgadora responsable se desprende que contrario a lo afirmado, la quejosa fue emplazada el siete de febrero de dos mil veinte, y mediante escrito presentado el once de febrero siguiente, dio contestación a la demanda en la que se allanó a ésta, la cual se acordó favorable mediante proveído de doce de febrero de dos mil veinte, como se advierte a fojas 109 a 114 del amparo indirecto. En consecuencia, la quejosa estuvo en posibilidad de defenderse, así como de ofrecer y desahogar pruebas, oponer defensas y excepciones, formular alegatos y, en su caso, agotar los recursos y medios de defensa ordinarios en contra de las notificaciones o determinaciones que considerara contrarias a la ley aplicable, pues conoció del juicio con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo; de ahí que no le asiste el carácter de tercera extraña por equiparación con el cual se ostenta en el presente juicio de amparo, por tanto, no se vulneró su derecho de audiencia. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo." De igual forma, con independencia de que como se explicó, lo actuado hasta este momento en el juicio de divorcio incausado de origen no afecta los intereses jurídicos de la aquí quejosa, en su caso, tampoco tiene el carácter de tercera extraña por equiparación, con el cual se ostentó en la demanda de amparo, pues de las constancias remitidas se advierte que compareció al juicio de origen y dio contestación a la demanda instaurada en su contra, por lo que no se vulneró su derecho de audiencia, toda vez que tuvo conocimiento de dicho juicio en el que compareció. Además, tales actuaciones a la fecha subsisten, pues no se demostró que hubieren sido declaradas nulas o impugnadas por la aquí quejosa a través de los medios legales en los que en su caso, acreditara las irregularidades que aduce se cometieron en tal procedimiento. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, no procede la suplencia de la queja que la quejosa solicitó en la demanda de amparo, pues no se advierte actuación alguna que la hubiere dejado sin defensa, además de que dicha suplencia tampoco tiene el efecto de hacer procedente un juicio que no lo es. Robustece la consideración precedente por identidad de razón, la tesis 1a. LXXIII/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, página 1417, Décima Época, de rubro siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO)", así como la diversa tesis 2a. LXXXIII/2012 (10a.), con registro digital 2002205, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL AMPARO AGRARIO. PARA QUE OPERE ES INDISPENSABLE VERIFICAR LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Así, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, se sobresee en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados a las autoridades responsables [2] Actuaria adscrita al Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos y [3] Oficial del Registro Civil número Veinte de la colonia Zapata del municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, por ser una consecuencia de la ilegalidad que se atribuyó al emplazamiento ordenado por la Jueza de origen. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por Graciela Garza Ramos, contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veinte minutos del nueve de octubre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos; quien actúa asistida de Arnulfo Torres García, secretario que autoriza y da fe, inicia la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 954/2023, promovido por ****, sin asistencia de las partes. Acto continuo, el secretario hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informes justificados y da cuenta con el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el juicio en que se actúa de los cuales se advierte que mediante proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa para que ratificara el escrito presentado en la misma fecha, registrado con folio 13748, por el que desistía del presente juicio de amparo; mismo que trascurrió sin que lo hubiera realizado dentro del plazo establecido. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de siete de agosto de dos mil veintitrés y se continúa con el trámite del presente juicio de amparo, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza abre el período probatorio: En el que el secretario da cuenta con las documentales remitidas por la parte quejosa y las enviadas por las autoridades responsables. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales enviadas por la autoridad responsable, mismas que serán materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda, con lo anterior se cierra este período. Luego, la Jueza declara abierto el período de alegatos: Y el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo anterior, se procede a cerrar este período. En esas condiciones, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida esta audiencia, y en vista de todo lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. LA JUEZA (Firmado electrónicamente) EL SECRETARIO (Firmado electrónicamente).

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la Actuaria adscrita a la Primera Actuaria del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; por lo que entre la fecha de notificación a la parte quejosa y el día de hoy -señalado para la audiencia constitucional-, no media un plazo de al menos ocho días. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las diez horas con veinte minutos del día nueve de octubre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Por otro lado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO rendido por la Actuaria adscrita a la Primera Actuaría del Juzgado Sexto Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.

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