Graciela García Segura

Expediente 96/2021 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 13 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
96/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
06/11/2023

Partes del expediente

  • Graciela García Segura
  • Alejandra Meztli Estrada García y otros
  • Jefe de Servicios del Agrupamiento A.F.F.E.I. Toluca
  • Liliana Juárez Juárez
  • Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Regularización de valoración. En consecuencia, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según lo dispuesto por el diverso 2° de la Ley de Amparo, por los motivos antes expuestos, se ordena la regularización del procedimiento, y se deja sin efectos el acuerdo de valoración y archivo; pero únicamente en cuanto a la valoración documental contenida en dicho auto, no así por cuanto hace al envío del archivo. Así, de la revisión de las actuaciones del presente expediente, se advierte que la clasificación y valoración correcta del presente asunto es de relevancia documental, por lo que deberá conservarse en su integridad en original. Lo anterior, en la inteligencia que la nueva valoración no suspende ni reinicia el cómputo de la temporalidad para la destrucción, depuración o transferencia, según sea el caso, pues no se dejó sin efectos la determinación referente al archivo

  2. Juicio de Amparo Directo

    II. Archivo y valoración. Consecuentemente, toda vez que no existe acto pendiente por cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a GRACIELA GARCÍA SEGURA, contra la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte, dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México Nueve, en el juicio agrario 99/2017."

  3. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación y cuenta que anteceden, la Presidencia de este tribunal colegiado, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede al examen de los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, a fin de verificar el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Al respecto, resulta conveniente destacar el contenido del artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece: [.] Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla [.]. Sentencia de amparo En sesión de dos de septiembre de dos mil veintiuno, este tribunal colegiado concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con residencia en Toluca, Estado de México, para los efectos jurídicos siguientes: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada de once de diciembre de dos mil veinte; y, 2. En su lugar, dicte una nueva en la tomando en consideración lo expuesto en esta ejecutoria, resuelva lo efectivamente planteado en el juicio de origen. Se considera importante destacar que en la ejecutoria de amparo se determinó que en la nueva sentencia que dicte la autoridad responsable, debe considerar lo siguiente: ". En consecuencia, se valoraron de forma indebida las pruebas aportadas y desahogadas por las partes durante el trámite del juicio de origen. En cambio, en lo que se centra la controversia, es en determinar si procede o no el pago de la diferencia entre lo que se le cubrió a la parte actora cuando suscribió el convenio, por cada metro cuadrado de la superficie de 18,264.03 metros cuadrados, y lo que se le debió pagar por cada metro cuadrado de acuerdo con el valor establecido en el avalúo emitido en el decreto expropiatorio, en monto de $3,283,422.29 (tres millones doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintidós pesos 29/1090 moneda nacional), de conformidad con lo establecido en la cláusula tercera del convenio. Asimismo, en la ocupación por parte del demandado, de una superficie de terreno mayor a los 18,264.03 metros cuadrados que fueron afectados a través del convenio." Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo En pretendido cumplimiento a dicha ejecutoria, la responsable mediante oficio TUA09/2216/2021, de uno de octubre de dos mil veintiuno, informó entre otras cosas que, dejó insubsistente la sentencia de once de diciembre de dos mil veintiuno -primer efecto del fallo protector-. Por otra parte, mediante oficio T.U.A.09/2683/2021, de cinco de noviembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada de la sentencia dictada el veintiséis de octubre del mismo año, en los autos del juicio agrario 99/2017, en la que realizó lo siguiente: En el resultando décimo cuarto reiteró que por auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, dejó insubsistente la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte -primer efecto del fallo protector- En el considerando sexto determinó que del material probatorio aportado y desahogado por las partes durante el trámite del juicio de origen, se advierte que la acción que ejerció la actora se encuentra acreditada, por lo que son procedentes las prestaciones que reclamó en el escrito inicial de demanda, esto es: b.1) Es fundado efectuar el pago a su favor por la cantidad de $3,283,422.29 (tres millones, doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintidós pesos 29/100), por existir diferencia del avalúo por concepto de indemnización por expropiación de acuerdo a la cláusula segunda del convenio de ocupación previa y pago anticipado de indemnización celebrado entre la actora y la demandada, y el decreto publicado el siete de julio de dos mil quince, en su resultando quinto. b.2.) En cuanto a la segunda prestación, consideró que de los dictámenes que rindieron los peritos del actor y del tercero en discordia, se acredita que existe una afectación mayor de la superficie de 18,264.03 metros cuadrados. La responsable resolvió que existía una diferencia de 2,008.22 metros cuadrados, que no fue incluida en la expropiación, y que ocupaba físicamente la demandada sin justificación, discrepancia por la que tendría que pagar. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento Con la resolución dictada en cumplimiento, mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera; la parte quejosa ejerció su derecho mediante escrito presentado el veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno; mientras que la autoridad tercero interesada, en ocurso presentado el tres de diciembre. En cuanto a las manifestaciones de la parte quejosa: Aduce que la responsable omitió pronunciarse respecto del pago de daños y perjuicios determinados en la pericial de actualización de intereses, no obstante, se ordenó en la ejecutoria de amparo. Que la condena que realiza en el resolutivo tercero por la superficie que ocupa la demandada por 2,008.22, por la cantidad de $669.78 (seiscientos sesenta y nueve pesos 78/100 moneda nacional) por metro cuadrado, no señala la razón por la que se fija en esa cantidad, siendo que debe actualizarse con un nuevo avalúo. Que respecto a los metros en cita, cuyo pago no le fue realizado desde hace más de cinco años, se le causaron daños y perjuicios que deben pagarse; además dicha cantidad debe efectuarse conforme a dictamen de actualización de intereses. Los argumentos son inatendibles. En efecto, las manifestaciones de la quejosa están encaminadas a controvertir las consideraciones realizadas por la autoridad responsable, sin embargo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, este tribunal sólo debe declarar si la ejecutoria de que se trata fue cumplida o no en sus términos, además de verificar si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla y no así cuestiones de fondo. Por tanto, la presente no es la vía para analizar los aspectos que aduce la quejosa, quedando a salvo sus derechos para intentar el medio de impugnación que estime pertinente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 27, febrero de 2016, tomo I, página 717, cuyo rubro y texto son: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces." En cuanto a las manifestaciones de la autoridad tercero interesada que formuló en el siguiente sentido: ". tengo a bien manifestar mi absoluta inconformidad con respecto a la sentencia de fecha veintiséis de octubre del presente año, emitida por el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 9, ya que ésta carece de fundamentación y motivación, y fue hecha de manera "express" para presuntamente acreditar que dio cumplimiento a lo ordenado por ese H. Tribunal, razón por la cual realizó dicha manifestación." El argumento en estudio, está encaminado a controvertir de manera genérica que la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo no se encuentra fundada y motivada, situación que no puede ser atendida en este momento, pues es materia de otro juicio de amparo. En efecto, como quedó precisado con anterioridad, este tribunal sólo debe declarar si la ejecutoria de amparo fue cumplida o no en sus términos, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla y no así cuestiones de fondo. 4. Análisis del cumplimiento De las actuaciones de la autoridad responsable anteriormente transcritas, analizadas conforme a los efectos de la sentencia de amparo, la Presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que sí se cumplió debidamente con lo establecido en la ejecutoria que recayó al juicio de amparo directo radicado bajo el número 96/2021, lo cual es así, en virtud de que, la autoridad responsable: Dejó insubsistente la sentencia de once de diciembre de dos mil veinte; Dictó una nueva sentencia el veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que en el considerando sexto, siguió los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, y determinó fundado efectuar el pago a favor de la actor por la cantidad de $3,283,422.29 (tres millones, doscientos ochenta y tres mil cuatrocientos veintidós pesos 29/100), por existir diferencia del avalúo por concepto de indemnización por expropiación de acuerdo a la cláusula segunda del convenio de ocupación previa y pago anticipado de indemnización celebrado entre la actora y la demandada, y el decreto publicado el siete de julio de dos mil quince, en su resultando quinto. Además, que existe una afectación mayor de la superficie de 18,264.03 metros cuadrados, esto es, una diferencia de 2,008.22 metros cuadrados, que no fue incluida en la expropiación, y que ocupaba físicamente la demandada sin justificación, discrepancia por la que tendría que pagar. De ahí que este órgano colegiado observe que la autoridad responsable, en el considerando sexto de la sentencia mencionada, dio cumplimiento total a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable, hubiese incurrido en exceso o defecto alguno; pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Decisión Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado observa que la autoridad responsable atendió las directrices de la ejecutoria al dejar insubsistente la sentencia reclamada y emitir otra, en la que tomó en consideración lo expuesto en el fallo protector y resolvió lo efectivamente planteado en el juicio de origen. En tal virtud, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Medio de impugnación en contra de la presente resolución Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 7. Notificaciones Para los fines antes indicados, notifíquese por lista a la parte quejosa y por oficio a la autoridad tercero interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Agréguense a los autos, para que obren como correspondan, el oficio suscrito por la magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, y anexo que se compaña, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, con la que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Acúsese recibo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, para que, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que, una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional de amparo dictará la resolución que en derecho corresponda, con base en los elementos que obren en el expediente.

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