Graciela García Baca
Expediente 518/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 518/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Graciela García Baca
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso recurso de queja dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese la razón del Actuario de la adscripción, por medio de la cual señala la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el auto de tres de mayo de dos mil veintitrés, por los motivos que en ella señala; por tanto, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 27, fracción III, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, notifíquese mediante la lista que se publica en los estrados de este juzgado la determinación en mención. En el entendido que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le realizarán a la parte quejosa por el mismo medio hasta en tanto señale domicilio dentro de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez). Notifíquese por lista a la parte quejosa el presente proveído, así como el diverso de tres de mayo de dos mil veintitrés. SÍNTESIS DEL PROVEÍDO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS: "Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de mayo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por Graciela García Baca, se ordena registrarla bajo el número 518/2023-I. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: -La omisión de la responsable de dar contestación a la petición presentada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que la quejosa, por conducto de su representante legal, solicitó información sobre montos adeudados respecto del bien inmueble que detenta en arrendamiento. DESECHAMIENTO El suscrito advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al no estar en presencia de actos de autoridad. Dichos preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1O de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó la tesis del rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO"; de la que, en síntesis, debe destacarse, según las consideraciones que la informan que, para los efectos del juicio de amparo, se estima autoridad aquella que teniendo las características de órgano público que le da las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Por tanto, las características de un acto de autoridad, para los efectos del juicio de amparo, son las siguientes: - Que tenga particularidades de órgano público. - Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y, - Que emita o realice actos unilaterales que afecten la esfera jurídica de los gobernados. De esta guisa, para que el acto de un órgano estatal sea conceptuado como tal, debe realizarse con motivo de relaciones de supra a subordinación, esto es, entre sujetos colocados en diferentes planos: los particulares por un lado y el Estado investido con su imperio, por el otro. Lo que es así, en tanto que el calificativo de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien, por ambas. Dicho lo anterior, a fin de determinar la procedencia o no de la acción de amparo, se debe atender al caso particular, es decir, al tipo de petición que planteó la quejosa, pues la protección de ese derecho fundamental a través del juicio de amparo requiere que se formule al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad. Al respecto, se invoca en lo conducente la tesis jurisprudencial P./J. 42/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Abril de 2001, página 126, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." En efecto, el derecho de petición constituye uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra Constitución consagra a favor de los gobernados en las relaciones jurídicas de supra a subordinación entre éstos y el Estado, y el juicio de amparo el medio de defensa instituido para la salvaguarda de tales derechos. Entonces, el derecho de petición implica la facultad que tiene el gobernado de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados, tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe dársele a conocer en breve término. En ese orden de ideas, el derecho de petición supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente público, obligado como tal a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho. Bajo esas premisas, para considerar si el juicio de amparo resulta procedente, se debe atender al tipo de solicitud que se formuló. En el caso concreto, se estima que la autoridad denominada por la parte quejosa como "Comisionado Federal de Electricidad", no puede tener el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, pues actúa en un plano de coordinación respecto a la parte quejosa, ya que, esta le realizó una petición relativa a la prestación del servicio de energía eléctrica dentro del inmueble cuya posesión ostenta en arrendamiento. De ahí que sea evidente que el acto que se reclama no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco puede considerarse como actos de particulares que se conducen como autoridades o equivalentes a los de autoridad, toda vez que los actos reclamados no derivan de actos cuyas funciones estén determinadas por una norma general, por lo que a quien se señala como autoridad responsable no le puede revestir dicho carácter, ya que si bien no se trata de un corte de luz eléctrica, sí se trata de actos derivados del contrato de suministro de energía. En ese sentido, no se está frente a un acto autoritario, sino en una relación de coordinación emanada de un vínculo convencional cuyo origen es la falta de respuesta al escrito presentado, de ahí que, se reitera, ambas partes actúan en calidad de particulares. Entonces, esa relación de igualdad en la que el Estado actúa como prestador del servicio y no como un ente jurídico investido de imperio, demuestra que no se trata de una relación entre autoridad y gobernado, sino de correspondencia entre el interés del prestador del servicio y un particular, porque el organismo no obra como autoridad. Es aplicable al caso, por las razones jurídicas que contiene, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Libro 53, Abril de 2018, Tomo I, con número de registro 2016656, publicada en la página 532 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así, los actos combatidos, no pueden considerarse como actos de autoridad, en virtud que derivan del contrato de suministro de energía eléctrica, celebrado con la Comisión Federal de Electricidad y el consumidor, en términos de la tesis XXI.2o.P.A.129 A, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, página 1316, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DERECHO DE PETICIÓN. LA FALTA DE RESPUESTA A LA SOLICITUD DE EXPEDICIÓN DE UNA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA DILIGENCIA DE VERIFICACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PARTE DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, ES IMPUGNABLE EN AMPARO POR VIOLACIÓN A LA MENCIONADA GARANTÍA, SI NO SE DEMUESTRA QUE TAL ACTUACIÓN DERIVA DE LA RELACIÓN CONTRACTUAL ENTRE EL PETICIONARIO Y DICHO ORGANISMO. Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que los actos derivados de una relación contractual, como la del suministro de energía eléctrica, no generan que ese nexo entre el usuario y la Comisión Federal de Electricidad se transforme en un acto de autoridad, lo cual implica que la falta de respuesta a una petición formulada al señalado organismo, con fundamento en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no viola el derecho previsto en el citado precepto, también lo es que cuando se omite dar respuesta a la solicitud de expedición de una copia certificada del acta de la diligencia de verificación del servicio de energía eléctrica, levantada por personal de la indicada paraestatal, y no se demuestra que tal actuación deriva de las obligaciones bilaterales adquiridas en la relación derivada del contrato de adhesión, ese acto es impugnable en amparo por violación a la mencionada garantía". En efecto, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que ya existe una relación contractual entre la Comisión Federal de Electricidad y el particular contratante, pues se reclama la omisión de dar contestación a una petición mediante la cual solicita información sobre los periodos adeudados en relación al suministro de energía eléctrica del bien inmueble que arrienda la quejosa. Sin que se esté en presencia de una solicitud de formalizar un contrato para el suministro de energía eléctrica, en cuyo caso, podrá la Comisión Federal de Electricidad fungir como autoridad. Lo anterior, de conformidad con la tesis aislada XV.2o.1 A (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro XVIII, tomo 3, marzo de 2013. página 1927, que indica: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA OMISIÓN DE RESPONDER LA SOLICITUD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FORMULADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, EN CONCORDANCIA CON LOS NUMERALES 1o., 7o., 8o. Y 25 DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El mencionado organismo descentralizado cuenta con facultades derivadas, sustancialmente, de los artículos 1o., 7o., 8o. y 25 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, así como 20 de su reglamento, como única empresa en el ramo, para proporcionar obligatoriamente el servicio de suministro de energía eléctrica a quien lo solicite, salvo existencia de un impedimento técnico o económico, el cual, de presentarse, debe notificarse al solicitante; circunstancia que pone de manifiesto la relación de supra a subordinación de la paraestatal respecto del peticionario en el caso específico de la solicitud de prestación del aludido servicio, por ser el único ente que conforme a la ley puede hacerlo. Por tanto, la omisión de responder la indicada solicitud, formulada en términos del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los citados preceptos, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo indirecto, al no existir todavía un contrato de adhesión suscrito entre el impetrante, con el carácter de usuario y la empresa paraestatal, como suministradora, del que derive una relación de coordinación que implique derechos y obligaciones como entes de derecho privado y, como consecuencia, el amparo no es improcedente en términos del artículo 73, fracción XVIII, en relación con los numerales 1o., fracción I y 11, todos de la ley de la materia." Bajo esa óptica, los actos inherentes a la solicitud de información sobre los montos adeudados respecto del suministro de energía eléctrica, no actualizan los supuestos establecidos para estimar que se está en presencia de actos equivalentes a los de una autoridad, porque la Comisión Federal de Electricidad no los ejerce en forma unilateral y obligatoria, como cumplimiento de funciones que le fueran conferidas por la norma, sino como producto de la relación contractual celebrada entre dicha empresa y un particular. Así, como se adelantó, está demostrado que el acto que aquí se reclama se atribuye a una empresa productiva del Estado, la cual, jurisprudencialmente, se ha establecido que no tiene carácter de autoridad cuando actúa en un plano de coordinación con el particular, como en el caso que nos ocupa. Por ello, la causa de improcedencia en que se basa la presente determinación, resulta manifiesta e indudable, de acuerdo a la jurisprudencia 2a./J. 2/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo I, Materia(s): Común, página 1008, número de registro 2019230, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." En consecuencia, al quedar demostrada la notoria y manifiesta actualización de la causa de improcedencia a que se hizo referencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo promovida por Graciela García Baca, por derecho propio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en consideración que el domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional (Naucalpan de Juárez, Estado de México), hasta en tanto se señale algún domicilio dentro del municipio anterior, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. No obstante, por única ocasión comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a efecto de que notifique el presente proveído a la parte quejosa en el domicilio que se advierte de la demanda de amparo, corriéndole traslado con copia del mismo. Se autoriza a las personas que refiere en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; tres de mayo de dos mil veintitrés. ANOTACIONES Vista la demanda promovida por ********************, se ordena registrarla bajo el número 518/2023-I. ACTO RECLAMADO Del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de la responsable de dar contestación a la petición presentada el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, en la que la quejosa, por conducto de su representante legal, solicitó información sobre montos adeudados respecto del bien inmueble que detenta en arrendamiento. DESECHAMIENTO (...) Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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