Graciela Garcia Aguilar
Expediente 319/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 319/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Graciela Garcia Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CON ESTA FECHA QUEDA NOTIFICADA POR LISTA LA PARTE QUEJOSA DEL AUTO DE FECHA ocho de julio de dos mil veintidós, QUE EN LO CONDUCENTE SE ACORDO "... Agréguese a los autos el oficio de cuenta, al que la citada Superioridad anexa los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite testimonio de la resolución dictada el dieciséis de junio pasado, en el que determinó declarar infundado el recurso de queja. En relación con lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, atento a la constancia secretarial, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda y que obran agregados en autos, apercibida que de no hacerlo en el término precisado, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente, por lo que será menester que las personas autorizadas generen una cita QR, a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recojan dichas constancias, pudiendo acudir cualquiera de las personas autorizadas en el expediente de conformidad con el numeral 3 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este juzgado federal. Notifíquese personalmente..." LO ANTERIOR, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, al que la citada Superioridad anexa los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, y remite testimonio de la resolución dictada el dieciséis de junio pasado, en el que determinó declarar infundado el recurso de queja. En relación con lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y agréguense únicamente las actuaciones originales que obran en el cuaderno de antecedentes respectivo, no así las diversas por ya obrar en autos. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, atento a la constancia secretarial, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, de conformidad con lo establecido en los artículos 12, 14 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General..". Por otra parte, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, se presente en este juzgado a recoger los documentos que exhibió en su escrito inicial de demanda y que obran agregados en autos, apercibida que de no hacerlo en el término precisado, dichos documentos podrán ser destruidos con el expediente, por lo que será menester que las personas autorizadas generen una cita QR, a fin de que sea agendada la hora y fecha para que recojan dichas constancias, pudiendo acudir cualquiera de las personas autorizadas en el expediente de conformidad con el numeral 3 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este juzgado federal. Notifíquese personalmente.
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Morelia, Michoacán, a cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la asesora de la parte quejosa, atento a su contenido y como lo solicita con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2°, expídansele copias certificadas de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa; sin embargo, no ha lugar a expedirle respecto de la emitida por la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de origen número-, en virtud de que la reproducción fotostática que pide deriva de un legajo debidamente certificado, que anexó la autoridad responsable en cita a su informe justificado, por lo que no es el original del toca de origen y en ese supuesto la parte quejosa está en condiciones de realizar las gestiones necesarias ante la Quinta Sala en mención para obtener dicha reproducción. Ahora, para obtener las copias que en el presente se autorizan, deberá generar su respectivo código QR, a fin de que se agende una hora y fecha de cita para ello, a la que deberá acudir puntualmente y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El acceso a la cita estará condicionado a que las personas que acudan se identifiquen y registren, además el acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos para pasar los filtros sanitarios. El Código QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil, o bien, de manera impresa, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos jurisdiccionales distintos a este juzgado; todo lo anterior acorde con los numerales 3 y 7, tercer párrafo, del Acuerdo General 21/2020 mencionado. Por otra parte, de conformidad con el dispositivo 4 del mismo ordenamiento, se requiere a la promovente para que en caso de que la persona que acuda por dichas constancias, sea vulnerable frente al Covid-19 o con discapacidad, lo haga del conocimiento de este juzgado, a fin de prestarle la atención respectiva en los espacios accesibles establecidos por la administración del edificio sede en que se ubica este órgano jurisdiccional. Notifíquese.
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Con esta fecha se notifica mediante lista a la quejosa el proveído emitido el veintidós de marzo de dos mil veintidós que señala: ".... Vista la demanda de amparo promovida -, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número II-319/2022-1. Ahora bien, el acto se hace consistir en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual le niegan la admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de ocho de febrero del año en curso en la que declaró improcedente el incidente de falta de personería. En el caso concreto, este Juzgador Federal considera que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia contenida en el artículo?61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que prevén: Artículo 61.?El juicio de amparo es improcedente: XXIII En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo --- El amparo indirecto procede: -- V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)". Expuesto lo anterior ha de decirse que, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". Por lo que puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Las ideas expuestas fueron extraídas, en lo conducente, de la Jurisprudencia P / J 37 / 2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P / J 4 2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". En ese contexto, este órgano de control constitucional estima aplicable en el caso, en la idea conducente, los lineamientos expuestos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la citada jurisprudencia P / J 37 / 2014. Y como ya se dijo, el acto reclamado la quejosa lo hace consistir en el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual le niegan la admisión del recurso de apelación en contra de la sentencia interlocutoria de ocho de febrero del año en curso en la que declaró improcedente el incidente de falta de personería. Lo cual, sólo constituyen una determinación dentro de juicio, cuya ejecución no es de imposible reparación, pues se traduce en supuestas violaciones de carácter adjetivo que podrán ser intrascendente si la parte quejosa obtiene sentencia favorable en el procedimiento de origen. Esto es, se reclaman determinaciones que sólo afecta derechos procesales, ya que sus efectos serán que se continúe con el citado procedimiento, en el que, en su caso, se emitirá luego una resolución la cual puede ser favorable a aquélla, y, que en ese evento, desaparezca la posible transgresión de que se duele o que en todo caso pueda reclamarse en el amparo directo que pudiera intentarse contra a sentencia definitiva, en términos del artículo 172, fracción XII de la Ley de la Materia. En mérito de lo anterior, y ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XIII y XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado contrario sensu, y 112 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". En otro aspecto, con fundamento en los dispositivos 22, 28 y 29 del Acuerdo 21 / 2020, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12 / 2020 que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del citado Acuerdo General 21 / 2020. Finalmente, se tiene por señalado el domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones y en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a -, virtud a que como se desprende de la constancia secretarial, tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Notifíquese personalmente..." Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27 fracción I, inciso C de la Ley de Amparo.
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