Graciela Flores Moreno

Expediente 1624/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1624/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Graciela Flores Moreno
  • Magistrados de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del estado de Morelos

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que tuvo por no presentada la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en este expediente, sin que la parte quejosa lo haya interpuesto; por tanto, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En ese sentido, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de la hipótesis contemplada en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en acuerdo de ocho de diciembre del año en curso, tal como se observa de la constancia de notificación que obra en autos; consecuentemente, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de la materia, se tiene por NO PRESENTADA la demanda de amparo de mérito. Lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Finalmente, dada la carga excesiva de trabajo de este Juzgado de Distrito y con la finalidad de evitar dilaciones procesales en perjuicio de una pronta y expedita administración de justicia, se habilita al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que realice las notificaciones personales del presente juicio de amparo inclusive en días y horas inhábiles, tal y como lo establece el ordinal 21 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Jacobo Jaimes Brito, que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón suscrita por la actuaria adscrita, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los terceros interesados Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Morelos y María Imelda Salas Flores, la determinación emitida el diez de octubre de dos mil veintidós; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la fedataria judicial; en consecuencia, se ordena notificar a los terceros interesados en cita dicha determinación, así como el presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. --- Hago constar que notifico la determinación de fecha diez de octubre y ocho de diciembre, ambas de dos mil veintidós, a los terceros interesados Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Morelos y María Imelda Salas Flores, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional: VISTO, para resolver el juicio de amparo 92/2022, promovido por Otilio Melesio Salas Flores, a través de apoderado, contra actos del TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO DIECIOCHO, con sede en esta ciudad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, en la misma fecha ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, que por razón de turno correspondió conocer a ese juzgado federal, Otilio Melesio Salas Flores, a través de apoderado, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: ".La DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 18, contenida en el AUTO DE PREVENCIÓN de fecha CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, en el que acepta conocer del asunto que por declinatoria le remite el Juzgado Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, relativo al Juicio Especial de Desahucio promovido por PAULINO SALAS FLORES, apoderado legal de OTILIO MELESIO SALAS FLORES, en contra de LUZ MARÍA SALAS MONTIEL, número 837/2019, dándome término de ocho días hábiles, para que formule la demanda conforme a las disposiciones en materia agraria. .LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN de fecha DIECISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, dictada en el TOCA CIVIL 184/2020-18, del índice de la Tercera Sala del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, QUE DECLINA, AL CONSTITUIR AMBAS UN SOLO ACTO JURÍDICO. Ya que en la referida determinación el H. Tribunal Unitario Agrario Distrito 18, ordena se forme el expediente correspondiente, asignándole número, siendo el 553/2021, así mismo previniendo al suscrito PAULINO SALAS FLORES en mi carácter de apoderado legal de OTILIO MELESIO SALAS FLORES, para que dentro del término de ocho días hábiles, formule la demanda conforme a las disposiciones en materia agraria.". SEGUNDO. El veinticinco de enero de dos mil veintidós, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el número de expediente 59/2022, además declaró incompetencia por conocimiento previo o antecedente a este Juzgado de Distrito. TERCERO. El veintiséis de enero de dos mil veintidós, se recibió el oficio del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual remite el juicio de amparo 59/2022, en cumplimiento al auto de veinticinco de enero de dos mil veintidós, por el que declina la competencia. CUARTO. El veintisiete de enero de dos mil veintidós, se recibieron por parte de este Juzgado los autos del expediente descrito en el párrafo que antecede, se aceptó la competencia planteada, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 92/2022, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Mediante escrito signado por el quejoso a través de apoderado, formuló ampliación de demanda de amparo, en contra de los actos y autoridades se siguientes: Autoridad responsable: ° Tribunal Unitario Agrario del Distrito 18, con sede en esta ciudad. Actos reclamados: ".La DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL DISTRITO 18, contenida en el AUTO de fecha VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, dictado en los autos del Expediente Agrario número 553/2021, en el que admite a trámite la demanda presentada por PAULINO SALAS FLORES, en contra de LUZ MARÍA SALAS MONTIEL y se orden llamar a juicio a MARÍA IMELDA SALAS FLORES, así como a la Asamblea de Comuneros, por conducto de los INTEGRANTES DEL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES DE AHUATEPEC, MUNICIPIO DE CUERNAVACA, MORELOS, respecto de las pretensiones que señala en su escrito de demanda inicial.". SEXTO. Por auto de uno de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por ampliada la demanda descrita en el punto que antecede, se hizo requerimiento del informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama las determinaciones de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, que acepta la competencia por declinatoria del juicio 837/2019, así como el diverso de veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictado en los autos del expediente agrario 553/2021, índice de la autoridad señalada como responsable. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir informe justificado, la magistrada titular del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad, aceptó la existencia del acto reclamado, pues reconoció haber emitido las determinaciones de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por la cual tuvo por recibidos los autos del juicio especial de desahucio promovido por Paulino Salas Flores, apoderado de Otilio Melesio Salas Flores, en contra de Luz María Salas Montiel y previno la demanda en cuestión; así como la diversa determinación de veintiocho de enero de dos mil veintidós, por la admitió la demanda y ordenó el emplazamiento correspondiente, todo ello dentro del expediente de controversia agraria ..., de su índice. Aunado a lo anterior, para acreditar su dicho la autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias contenidas en el expediente de controversia agraria ..., los cuales tienen pleno valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por tratarse de documentos públicos; y de tales constancias se advierte la existencia del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Previo al estudio de fondo del asunto, deben examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Juzgado advierta de oficio, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, la autoridad señalada como responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad, hizo valer la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 107, fracciones V y VIII de la Ley de Amparo, toda vez que de acuerdo a las manifestaciones de la referida autoridad no hay una afectación a la esfera jurídica del quejoso. La causa de improcedencia alegada es infundada. Para sustentar lo anterior, conviene traer a colación que en la contradicción de tesis 239/2014, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estableció que el amparo indirecto procede en contra de los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre y cuando produzcan una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que se produce cuando el acto reclamado es definitivo y no antes; a saber en los casos siguientes: a) En los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria); b) Cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) En el caso concreto, la autoridad responsable en el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, tuvo por recibidos los autos del juicio civil 837/2019, y previno la demanda en cuestión, la cual una vez cumplida dicha prevención, el veintiocho de enero de dos mil veintidós, fue admitida la demanda y se ordenó el emplazamiento y demás actuaciones del procedimiento de controversia agraria bajo el número 553/2021, de su índice, por lo que encuadra en el supuesto señalado en el inciso a). ....Atendiendo a esas consideraciones, con la aceptación de la competencia declinada, por parte de la autoridad responsable, se produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, al constituir un acto definitivo, contra el que ya procedería el juicio de amparo sin mediar recurso alguno; por lo que se considera infundada la causa de improcedencia alegada. Las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia y, este órgano jurisdiccional no advierte, de oficio, que se configure alguna, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es innecesario realizar su transcripción, al no existir algún precepto en la Ley de Amparo que así lo establezca. ....Resulta esencialmente fundado el concepto de violación formulado por el quejoso, quien afirma que la determinación reclamada carece de una debida fundamentación y motivación, como ahora se expondrá. En primer término, se precisa que dentro del sistema de legalidad establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no basta tener el carácter de autoridad, entendido como tal todo órgano del Estado material o formal, facultado para emitir una orden o mandato que, por su fuerza imperativa o coercitiva, repercute en la esfera jurídica de los gobernados, sino que es indispensable que su actuar se ajuste y respete el mínimo de derechos contenidos en la norma fundamental de los ciudadanos, brindando seguridad y certeza jurídica; además de ser necesario que la autoridad funde y motive la causa legal de su determinación, y que rija su actuación conforme al artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, el cual dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. [.]" El precepto constitucional transcrito prevé la garantía de legalidad consistente en la debida fundamentación y motivación, requerida para todos los actos de autoridad, más aún cuando éstos tienden a realizar un acto de molestia en los particulares. Por fundamentación del acto de autoridad, se entiende la sustentación de éste en una disposición normativa de carácter general; es decir, la ley debe prever una situación concreta que faculte a la autoridad a realizar el acto; en otras palabras, es necesaria la existencia de una ley que autorice el actuar del Estado, de lo cual deriva que las autoridades sólo pueden hacer lo permitido en la ley. Mientras que la motivación del acto de autoridad consiste en la invocación de las circunstancias y modalidades del caso particular que encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por el orden normativo vigente; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto establecido por la ley, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una norma, esto es, aunque esté fundado. La motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria del acto de molestia y el caso específico en el cual éste va a operar o surtir sus efectos. Es importante precisar que la motivación requerida constitucionalmente, tiene que dar a conocer al gobernado en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron la actividad imperativa estatal, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Como apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia I.4o.A.J/43, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, página 1531, registro 175082, de rubro y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL ASPECTO FORMAL DE LA GARANTÍA Y SU FINALIDAD SE TRADUCEN EN EXPLICAR, JUSTIFICAR, POSIBILITAR LA DEFENSA Y COMUNICAR LA DECISIÓN. El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 constitucional relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial y ratio que el justiciable conozca el "para qué" de la conducta de la autoridad, lo que se traduce en darle a conocer en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto de voluntad, de manera que sea evidente y muy claro para el afectado poder cuestionar y controvertir el mérito de la decisión, permitiéndole una real y auténtica defensa. Por tanto, no basta que el acto de autoridad apenas observe una motivación pro forma pero de una manera incongruente, insuficiente o imprecisa, que impida la finalidad del conocimiento, comprobación y defensa pertinente, ni es válido exigirle una amplitud o abundancia superflua, pues es suficiente la expresión de lo estrictamente necesario para explicar, justificar y posibilitar la defensa, así como para comunicar la decisión a efecto de que se considere debidamente fundado y motivado, exponiendo los hechos relevantes para decidir, citando la norma habilitante y un argumento mínimo pero suficiente para acreditar el razonamiento del que se deduzca la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado, que es la subsunción." Es decir, para que una autoridad cumpla con los requisitos de fundamentación y motivación contenidos en la garantía de legalidad prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario citar en sus determinaciones los preceptos legales de apoyo y, además, expresar los razonamientos lógico-jurídicos que la condujeron a la conclusión del asunto concreto tratado y que encuadra en los supuestos de la norma invocada. De lo anterior, se concluye que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución de la República, cualquier acto de autoridad que implique la afectación a algún derecho de un gobernado, debe fundarse y motivarse adecuadamente, es decir, en forma individualizada, prudente, pormenorizada, señalando claramente los preceptos legales en los cuales apoya la autoridad el despliegue de su conducta, así como las circunstancias específicas, constancias y demás datos que informen el caso concreto de que se trate y que justifiquen la aplicación del precepto legal en cuestión. En el caso concreto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, las cuales tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del ordinal 2 de la Ley de Amparo; se advierte lo siguiente: El catorce de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad señalada como responsable Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad, dictó auto de prevención dentro de los autos del expediente de origen 551/2021. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil veintidós, Paulino Salas Flores, en su carácter de apoderado del quejoso Otilio Melesio Salas Flores, desahogó la prevención formulada en los autos del natural, por lo que por auto de veintiocho de enero de dos mil veintidós, el Tribunal señalado como responsable admitió la demanda y ordenó el emplazamiento correspondiente. Autos que constituyen el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Ahora, de la lectura de los acuerdos reclamados se advierte que la autoridad responsable si bien citó como fundamentos de su actuar los numerales 8, 14, 16, 17, 27, fracción XIX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 163, 170 al 185 de la Ley Agraria, y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios; lo cierto es que no señaló los motivos, razones particulares, ni argumentos lógico jurídicos por los cuales consideró que, acorde a tales preceptos, resultaba competente para conocer del expediente civil 837/2019, cuyo conocimiento declinó a su favor la juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos. Ello, se afirma, tomando en consideración que la magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito Dieciocho, en primer lugar tuvo por recibidos los autos, radicó el asunto con el número correspondiente, y posteriormente admitió la demanda; sin señalar con precisión las razones por las que arribó a tal conclusión, esto es, no basta afirmar la existencia de una presunción, sino que es preciso exponer las razones que sostienen dicha presunción, como ahora se evidenciará. De los numerales 163 de la Ley Agraria y 18 de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se conoce que la competencia de los Tribunales Unitarios Agrarios se vincula necesariamente con los bienes ejidales o comunales, es decir, tratándose de controversias o cuestiones en las que estén involucrados bienes de propiedad ejidal o comunal, o derechos de ejidatarios o comuneros, sin importar, inclusive, el carácter de la persona o ente contra el que se origine la controversia; es decir, no se toma en cuenta si una de las personas es particular, comunero o ejidatario, sino que su ámbito se extiende a la protección de la materia agraria. Esto resulta así, debido a la tutela especial y al respeto irrestricto que esta clase de bienes tiene por disposición constitucional del numeral 27 de la Constitución Federal. De ese modo, en cualquier asunto que esté relacionado con la posesión de terrenos presuntamente incluidos dentro del régimen ejidal o comunal, debe ser la autoridad agraria la que deba conocer de ellos. Así, relacionando lo anterior con el artículo 16 de la Constitución de la República, permite afirmar que cualquier acto de autoridad que se base en una presunción, debe emitirse señalando claramente los preceptos legales en los cuales se apoye la presunción, así como las circunstancias específicas, constancias y demás datos suficientes que justifiquen la alegada presunción. Es decir, que al establecer la mencionada "presunción", es menester exponer las razones que la generan, esto es, cuáles son los datos, elementos suficientes o medios de prueba que permiten arribar a la aceptación de que el terreno materia de la litis es ejidal o comunal, pese a no tener certeza completa de ello; con independencia de que, en su momento, se llegue a determinar que los bienes ya no forman parte de dicho régimen jurídico, pues en ese caso, la referida autoridad tendrá siempre la posibilidad de así declararlo y dictar la resolución que en derecho corresponda. Bajo esa consideración, en el caso en análisis, resulta necesario que la autoridad responsable, que se asumió competente para conocer del asunto inicialmente tramitado en la vía civil, proporcione al ahora quejoso los fundamentos y motivos suficientes por los que estima que es competente. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J. 125/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, noviembre de 1999, página 23, registro 192899, de rubro y texto: "COMPETENCIA EN MATERIA AGRARIA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO CONOCER DE LAS ACCIONES QUE SE EJERCITEN SOBRE LA POSESIÓN DE PREDIOS PRESUNTAMENTE EJIDALES. Con el fin de determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de una acción sobre posesión de predios, deben tomarse en cuenta el objeto de la demanda, los planteamientos formulados por las partes, los hechos narrados y los elementos probatorios con los que se cuente, por lo que si de las constancias de autos se desprende que una de las partes es un sujeto de derecho agrario y que la acción recae sobre un presunto predio ejidal, la materia sobre la que versa la pretensión, aunque en principio sea de naturaleza civil, pudiere quedar comprendida en la agraria y, por ende, el órgano a quien debe fincársele la competencia es al Tribunal Unitario Agrario del lugar donde se ubica el predio, en la inteligencia de que la resolución correspondiente no determina la naturaleza de éste". Criterio jurisprudencial en el que se aborda precisamente la necesidad de que, cuando la acción de reivindicación y entrega del inmueble objeto del litigio es civil, pero se estima que la materia de la acción es agraria, deba existir una presunción fundada en elementos suficientes para afirmarlo. Lo que es trascendente en este caso, en razón de que la determinación reclamada en este juicio de amparo, en la que el Tribunal Unitario Agrario aceptó la competencia declinada a su favor, implica afectación a derechos sustanciales del aquí quejoso, puesto que, en su momento, en la sentencia que emita la autoridad que se declaró competente no podrán ser reparadas las violaciones cometidas con motivo de la resolución competencial, aun cuando fuera favorable a sus intereses. En ese sentido, es evidente que la autoridad responsable transgredió en perjuicio del quejoso el principio de legalidad establecido en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, al no haber expresado los motivos, razones particulares y/o argumentos lógico jurídicos que dieran origen a una presunción fundada en elementos suficientes, del por qué le correspondía conocer del asunto declinado a su favor; lo que provoca incertidumbre jurídica en el quejoso, pues ese vicio formal le impide conocer las razones que ponderó la autoridad para arribar a dicha consideración y, en consecuencia, se limita su derecho de defensa, ya que no está en condiciones de combatir tal determinación conforme a derecho. ... En conclusión, al no cumplir con la exigencia que impone el numeral en comento, la autoridad responsable violó el derecho fundamental de legalidad en perjuicio de la parte quejosa, al emitir un acto que no está debidamente fundado y motivado en cuanto a la competencia del conocimiento de la litis de origen, por lo que debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal a Otilio Melesio Salas Flores. SEXTO. Efectos del amparo. En términos del numeral 74, fracción V, en relación con el precepto 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, una vez que esta sentencia cause ejecutoria, la autoridad responsable magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad, deberá proceder en los términos siguientes: a) Dejar sin efecto las determinaciones de catorce de diciembre de dos mil veintiuno y veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitida en el expediente agrario 553/2021, mediante la cual admitió la demanda de origen en razón de la declinación de competencia en su favor por la juez Primero Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial en el Estado de Morelos, para conocer en la vía agraria del juicio inicialmente promovido por el quejoso en la vía civil. b) Hecho lo anterior, emitir otra determinación en su lugar, que podrá ser en el mismo sentido o en diverso, pero de optar por lo primero, deberá purgar los vicios formales que la afectan, es decir, deberá señalar los motivos particulares o las razones lógico jurídicas por las que se considera competente para conocer del negocio declinado para su conocimiento, las que deberán ser acordes a los fundamentos legales que invoque (presunción fundada en elementos suficientes). Por lo antes expuesto, con fundamento en los artículos 1°, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal ampara y protege a Otilio Melesio Salas Flores, contra las determinaciones de catorce de diciembre de dos mil veintiuno y veintiocho de enero de dos mil veintidós, dictadas en el expediente agrario 553/2021, del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, con sede en esta ciudad; por las razones y fundamentos precisados en el considerando quinto, para los efectos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy diez de octubre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe. --- Cuernavaca, Morelos, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, la razón suscrita por la actuaria adscrita, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a los terceros interesados Comisariado de Bienes Comunales de Ahuatepec, Morelos y María Imelda Salas Flores, la determinación emitida el diez de octubre de dos mil veintidós; al respecto, se tienen por hechas las manifestaciones vertidas por la fedataria judicial; en consecuencia, se ordena notificar a los terceros interesados en cita dicha determinación, así como el presente proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa por medio de lista el contenido del acuerdo de nueve de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno principal del que deriva este incidente, de los que se advierte que mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, se recibió el oficio signado por la Actuaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, mediante el cual informó que se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1052/2020 y su acumulado 1152/2021; sin embargo, devolvió esos cuadernos principales, así como el original y duplicado del incidente de suspensión relativo, solicitando que una vez que se encuentren debidamente integrados, le sean devueltos para continuar con el trámite correspondiente. Ahora bien, de las actuaciones del presente incidente, no se aprecian las notificaciones de las autoridades responsables siguientes: 18588/2021 LIC. JAVIER HERNANDO ROMERO ULIOA JUEZ DE TRIBUNAL ESPECIALIZADO DE ENJUICIAMIENTO DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN JOJUTLA, MORELOS. 18594/2021 M. EN D. TOMÁS MATEO MORALES, JUEZ ESPECIALIZADO DE EJECUCIÓN DE SANCIONES DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUAUTLA, MORELOS. 18595/2021 LIC. KATY LORENA BECERRA ARROYO JUEZ DE TRIBUNAL ESPECIALIZADO DE ENJUICIAMIENTO DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUAUTLA, MORELOS. 18602/2021 LIC. JOB LÓPEZ MALDONADO JUEZ DE TRIBUNAL ESPECIALIZADO DE ENJUICIAMIENTO DEL ÚNICO DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUAUTLA, MORELOS. 18612/2021 JUECES DE LO PENAL QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 18613/2021 JUECES DE PROCESO ORAL EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MEXICO. 18616/2021 COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLLCA. 18617/2021 FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 18618/2021 POLICIA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. En tales condiciones, y para evitar mayores dilaciones procesales, se comisiona nuevamente al Actuario adscrito, a quien corresponde conocer del presente asunto, para que realice las notificaciones ordenadas anteriormente. Notifíquese; y se comisiona al Actuario a quien corresponde conocer del presente asunto, para que realice las notificaciones ordenadas por oficio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jaime César Pereyra Román, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, que comprenden del cinco al diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, autorizado por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticuatro de octubre del presente año, en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, notificado a este Juzgado mediante oficio número CCJ/ST/5038/2022, asistido de Julián Pantaleón Suárez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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