Graciela Espinoza Gordillo

Expediente 1075/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1075/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
30/11/2022

Partes del expediente

  • Graciela Espinoza Gordillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de noviembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En otro orden de ideas, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) El cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), toda vez que se negó y concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva. d) El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, una vez que se cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, pues existe el original, esto, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), de dicho Acuerdo. e) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el cuaderno principal y el original del incidente de suspensión permanecerán en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a su destrucción y depuración, respectivamente. Finalmente, de conformidad con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Miguel Ortiz Marmolejo, Juez Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  2. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, se obtiene que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional. En ese sentido, en términos del numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, se cita como hecho notorio el auto de diez de octubre del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 941/2022-VIII, del índice de este Juzgado de Distrito, del que se advierte que la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, en el juicio de origen, el once de agosto de dos mil veintidós, decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda, pues el acto reclamado en dicho expediente consiste en la falta de emplazamiento en el expediente relativo al Juicio Especial Hipotecario 371/2010, del índice el Juzgado Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, y como consecuencia, la orden de lanzamiento y su ejecución, así como la inscripción de la escritura que contiene la protocolización de la resolución de adjudicación, respecto de la casa habitación edificada en la manzana treinta y uno, ubicada en la calle Rubén Moral Gálvez, número dos mil cuatrocientos uno, del conjunto urbano de tipo medio denominado "Banus 360", en el Municipio de Metepec, Estado de México. Ahora bien, toda vez que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, consiste en la omisión de emplazar a ** al juicio 371/2010 del índice del Juzgado Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, lo actuado y la ejecución de la sentencia definitiva dictada en dicho expediente; por ello, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que al efecto dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVll. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.)." De la cita que antecede se aprecia que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; y d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Dichos supuestos se acreditan, ya que la Juez Noveno de lo Civil de Proceso escrito en la Ciudad de México, mediante oficio 4361, que obra en el expediente 941/2022-VIII, el cual, se reitera, se cita como hecho notorio, informó que el once de agosto de dos mil veintidós, decretó la caducidad de la instancia, ordenando que las cosas volvieran al estado en que se encontraban hasta antes de la presentación de la demanda que dio origen a éste, por tanto, se evidencia un cambio de situación jurídica, con lo que se modifican los efectos de los aquí actos reclamados. Sirve de apoyo la tesis 2ª.CXI/96, publicada a página 219, Tomo IV, diciembre 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional". En ese contexto, como se mencionó con anterioridad se encuentra plenamente demostrada la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, y toda vez que el diverso 63, fracción V, de la misma ley, es categórico en disponer que procede el sobreseimiento del amparo cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere aquél; por consiguiente, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, conforme a lo establecido en los preceptos legales citados. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras pues el acto no se les reclama por vicios propios sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319 del Tomo XXIII, Enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es el siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." En ese tenor, el hecho de que algunos de los criterios invocados, se hayan emitido durante la vigencia de la Ley de Amparo anterior, esto es, la publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil novecientos treinta y seis; sin embargo, resultan aplicables conforme a lo previsto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo publicada en ese medio de difusión oficial el dos de abril de dos mil trece, que establece que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior, continuará en vigor en lo que no se oponga a este nuevo ordenamiento, sin que en el caso se advierta oposición alguna al respecto. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que tal sobreseimiento se decrete en el presente auto, ya que al advertirse la causa de improcedencia, con el fin de impartir pronta y expedita administración de justicia, las cosas no cambiarán aun cuando se sustanciara el procedimiento y éste culminara con sentencia en audiencia constitucional. Es de citarse por su aplicación, la tesis 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, en atención a la determinación anterior, comuníquese a las partes que la fecha señalada para la audiencia constitucional prevista para las once horas con treinta minutos de esta fecha, se deja sin efectos. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta (con anexo); mediante el cual, la Juez Noveno de lo Civil de Proceso Escrito en la Ciudad de México, informa la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Condesa Financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, esto por los motivos que asentó el fedatario de su adscripción. Por lo anterior, se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento a lo solicitado en auto de seis de julio del año en curso. En diverso orden de ideas, y visto lo de cuenta, se requiere a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días computado a partir del siguiente a que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcione mayores datos y en su debido caso diverso domicilio, al ya señalado, de la tercera interesada aludida, en el entendido que de ser omisa al respecto, o no manifieste el impedimento que tenga para ello, se procederá en términos de lo previsto en el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. A fin de dar oportunidad a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para las trece horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, se difiere de manera anticipada para las once horas con treinta minutos del veinticinco de octubre del año en curso, para su verificativo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    MESA VI. Toluca, Estado de México, primero de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del presente sumario, se advierte que mediante proveído de seis de julio del año en curso, este Juzgado de Distrito, solicitó el emplazamiento de la tercera interesada Condesa Financiera, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad no Regulada, al Juez Noveno Civil de la Ciudad de México; posteriormente, mediante auto de diecisiete de agosto de dos mi veintidós, se le requirió informara el resultado de dicha diligencia y, de ser posible, remitiera las constancias conducentes, sin que a la fecha se adviertan las constancias que acrediten que tal diligencia se llevó a cabo o, en su caso, que exista imposibilidad para ello. En ese sentido, mediante oficio que derive del presente auto, requiérasele nuevamente al Juez Noveno Civil de la Ciudad de México, para que de no tener inconveniente gire instrucciones a quien corresponda, a fin de que a la brevedad posible, informe si fue posible atender la diligencia solicitada o bien comunique la imposibilidad que tuvo para ello. Finalmente, de la certificación de cuenta se evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse el día de la fecha; sin embargo, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere y en su lugar se fijan las trece horas del veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, para su verificativo. Notifíquese.

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