Graciela Delgado Luna

Expediente 1120/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1120/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/01/2023

Partes del expediente

  • Graciela Delgado Luna

Actuaciones

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de queja, -sin que hasta este momento se haya hecho valer- en contra del proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, que desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por ********************, por derecho propio; consecuentemente, se declara firme el referido auto. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese este expediente como asunto concluido. Por otra parte, es de señalarse que el presente expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; precepto que establece que aquéllos expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido, serán susceptibles de destrucción, dentro de los que encontramos, las demandas de amparo que se hayan tenido por no presentadas, las que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del acuerdo general referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del acuerdo general en cita. Ahora, toda vez que en el presente asunto obra un documento considerado como "original"; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; mediante notificación personal requiérase a la parte quejosa para que acuda al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recuperar el documento que exhibió, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, el mismo será destruido; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del Acuerdo General citado. Notifíquese por lista a la inconforme.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa, ******, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecinueve de octubre anterior, pretende desahogar la prevención formulada en dicho proveído. Ahora, vista la certificación que precede, así como el escrito de mérito, se advierte que la firma que calza la demanda de amparo, no es la misma que fue estampada en el ocurso de desahogo, como se advierte de los anexos exhibidos con el primero de los ocursos mencionados. Demanda de amparo Ocurso aclaratorio Consecuentemente, vista la demanda de amparo de *****, por derecho propio, contra actos del Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del actuario del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de la ciudad de Morelia, Michoacán; la misma debe desecharse por los motivos que se exponen a continuación: Se arriba a dicha conclusión dado que del estudio integral de la demanda de amparo, así como la certificación que antecede, se advierte que la firma que calza la demanda de amparo, no es la misma que se estampó el ocurso de desahogo, por lo que este juzgador no tiene la certeza de la existencia de la manifestación de la voluntad de la quejosa para instar la acción constitucional, con la firma autógrafa o electrónica, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla. Lo anterior se robustece por analogía en la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Décima Época, Materia Común, visible en la página 3632, la cual establece: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida". En esas condiciones, se actualiza de forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 3°, 5°, fracción I, y 6° de la ley de la materia y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, se una recta interpretación de los artículos 6° de la Ley de Amparo y 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, esto es, que el sumario constitucional únicamente puede promoverse por la persona a quien perjudique el acto que se reclame, lo cual podrá realizar por sí, por su representante, por su defensor cuando provenga de una causa criminal y cuando expresamente lo permita la ley, por medio de algún pariente o persona extraña. Por su parte, el numeral 5°, fracción I, párrafo primero, dispone que tiene el carácter de parte quejosa, quien resienta una afectación o lesión en relación con los derechos u obligaciones de los cuales es titular y que resulten afectados por el acto de autoridad reclamado, el cual debe ocasionar un agravio personal directo en la esfera jurídica de la promovente del amparo. De lo anterior se extrae que resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional la firma autógrafa o electrónica, porque a través de ella, se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia convierte a la promoción de que se trate, en un documento anónimo o privado de autenticidad, lo que al mismo tiempo, torna patente su falta de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por consiguiente, al recibirse una promoción en un órgano jurisdiccional, el juzgado respectivo tiene la obligación de pronunciarse al respecto en el sentido que en derecho proceda; en la inteligencia, que no cualquier escrito o documento puede considerarse como una promoción, sino sólo aquél que revele la voluntad del interesado de promover o intervenir de cualquier modo en un juicio o procedimiento; voluntad externada generalmente mediante signos distintivos como es la signatura autógrafa del interesado o, en ciertos casos, con la impresión de una huella digital con la respectiva firma a ruego. Sentadas las premisas anteriores, se tiene que en el caso particular la demanda de garantías puesta a disposición por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, al no estar firmada por la quejosa o por representante legal alguno, lo cual resulta indispensable dentro de dicho escrito, ya que solamente así se acredita la voluntad de la que la suscribe. Sin que en dichos casos -la falta de firma de la peticionaria de amparo-, su deficiencia pueda ser corregida a instancia del Juez, por no constituir una de las irregularidades a que se refiere el artículo 114 de la ley de la materia, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 108 del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 235463, publicada en la página 29, volumen 8, Segunda Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata." Del mismo modo, se apoya a lo anterior con la tesis que dice: "DEMANDA DE AMPARO SIN FIRMA O HUELLA DEL PROMOVENTE. ES CORRECTO DESECHARLA. El juicio constitucional se rige por el principio de instancia de parte agraviada, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, de ahí la exigencia de que el particular a quien se afecte en su esfera de derechos por un acto de autoridad, sea quien presente el escrito de demanda de amparo en calidad de promovente, debidamente firmada, o bien, en caso de no saber hacerlo, estampando su huella digital, pues de no hacerlo así, no se insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional, porque un escrito de demanda, cualquiera que sea la naturaleza del acto reclamado, sin firma o huella digital, es un simple papel en que no se incorpora la voluntad del actor de presentarlo, y por ello tal deficiencia no puede ser corregida a instancia del juez, mediante una prevención, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la citada ley, ni tratarse de la omisión de alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 del mismo ordenamiento legal. Asimismo, se invoca por identidad de razones la Jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), Dictada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, pagina 79, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Resta decir que del contenido de la demanda no se aprecia la actualización de alguno de los supuestos de excepción en los que no es exigible que el ocurso inicial esté firmado de forma autógrafa, al no reclamase alguno de los actos previstos en el dispositivo 15 de la Ley de Amparo, ya que el acto reclamado, no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Consecuentemente, con fundamento en lo establecido en el numeral 113 de la legislación de la materia, SE DESECHA DE PLANO la presente demanda de amparo por notoriamente improcedente. Notifíquese por lista a la inconforme.

  3. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibida la demanda de amparo signada por *********, por derecho propio, contra actos del Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y del actuario del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de la ciudad de Morelia, Michoacán; por violación a los derechos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales, fórmese expediente -físico y electrónico- y regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1120/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y provéase lo que en derecho corresponda. En principio, debe decirse que el artículo 108 de la ley de la materia, establece los requisitos esenciales de la demanda. Asimismo, el diverso numeral 114 de la legislación en comento, determina la facultad conferida al órgano de control constitucional de requerir a la parte promovente que aclare su escrito inicial y le haga de su conocimiento de forma precisa las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, mismas que, dicho sea de paso, de no ser subsanadas dentro del plazo de cinco días, dará lugar a tenerla por no presentada. Ahora, impuesto este juzgador del contenido de la demanda de amparo de que se trata, de su estudio integral, se advierte que los actos reclamados por el inconforme se hacen consistir en los siguientes: Del Juez Quincuagésimo Segundo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, todo lo actuado en el juicio -especial hipotecario- expediente 520/2020, promovido por el ******, en contra de *****. Del actuario del Juzgado Séptimo de Primera Instancia en Materia Civil de la ciudad de Morelia, Michoacán, el emplazamiento practicado en dicho contradictorio. Se da por sentado que la impetrante del amparo se queja básicamente de la violación a su derecho humano de audiencia previa, pues argumenta que no fue llamada al contradictorio de origen; por consiguiente, comparece a esta instancia constitucional con el carácter de tercera extraña a juicio por equiparación. Empero, la promovente es omisa en narrar las actuaciones más relevantes que se han practicado en el sumario natural, principalmente las relativas a las particularidades de los antecedentes del juicio de origen, el estado procesal que guarda. En ese sentido, para estar en condiciones de proveer respecto de la admisión y procedencia de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracciones II, IV y V, así como 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la inconforme para que, dentro del plazo de cinco días, aclare su demanda respecto de los puntos que se enlistan a continuación: Manifieste en forma clara, completa y en orden cronológico los antecedentes de los actos reclamados, para cuyo efecto deberá proporcionar las actuaciones más importantes que han tenido lugar en el juicio de origen -tales como presentación de la demanda, prestaciones reclamadas, contestación, sentencias puntos resolutivos), condenas (líquidas o no), etcétera-. En el entendido que se abstendrá de volver a realizar esa narrativa en los términos que se encuentran en su escrito inicial de demanda. Concomitantemente con ello, indique el estado procesal exacto y actual del procedimiento natural, lo anterior, resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad -de ser procedente- de conceder la suspensión provisional, asimismo, para determinar el alcance de los efectos de la medida cautelar solicitada. Proporcione el nombre completo, domicilio y carácter que ostentan todas las partes en el juicio primigenio; toda vez que esto resulta relevante para que este órgano jurisdiccional esté en posibilidad de determinar a quién le asiste el carácter de tercero interesado e integrar la relación jurídica procesal; en el entendido que deberá exhibir una copia del escrito inicial y su aclaratorio para correr traslado a cada uno de ellos. Sirve de apoyo por las razones que la informan la tesis cuyo rubro y texto son los siguientes: "TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. DETERMINAR A QUIÉN LE CORRESPONDE DICHO CARÁCTER ES REQUISITO ELEMENTAL DEL ACUERDO ADMISORIO DE LA DEMANDA, POR ENDE, ELLO NO DEBE POSTERGARSE HASTA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAGA LLEGAR LAS CONSTANCIAS QUE REMITIÓ EN APOYO A SU INFORME JUSTIFICADO. De los artículos 5o., fracción III y 115 de la Ley de Amparo, se advierten las partes en el juicio constitucional, entre ellas, el tercero interesado y los elementos que debe contener el auto admisorio de la demanda, entre ellos, la orden de correr traslado a éste, con la finalidad de que sea oído en el juicio y le sea respetado su derecho de audiencia. De ahí que, si el acto reclamado deviene de una controversia judicial y el quejoso señala a quién o quiénes considera parte tercero interesada, el Juez de amparo debe tenerlos con ese carácter y llamarlos a juicio, sin que para ello, deba esperar la llegada de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, ya que en su momento, conforme a éstas puede determinar, con argumentos jurídicos, si corresponde o no el carácter de tercero interesado o, en su caso, advertir la existencia de diversos. Así, dicha calidad es una cuestión que debe ser analizada por el Juez de Distrito desde el inicio del juicio, a fin de integrar debidamente la relación procesal y no postergarlo hasta tener a la vista las constancias del juicio de origen. Sin que pase inadvertido el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 67/2009, de rubro: 'TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003).', en el sentido de que sólo el demandado emplazado en el juicio de origen tiene el carácter de tercero interesado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal, lo que implica que el tercero que aún no es emplazado al juicio de origen no ha resentido afectación alguna en su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender en el juicio de amparo." En caso de que los ahí contendientes o algún tercero ajeno a la controversia, hubiera promovido juicio de amparo con motivo de las resoluciones emitidas en el contradictorio de origen, indique el número de expediente, órgano jurisdiccional ante el cual se radicó el mismo y el estado procesal que guarda de dicho sumario. Indique de ser el caso, cuándo fue la primera y última vez que compareció al sumario de origen, así como el motivo de tal actuación. Se precisa que, en el supuesto de que la parte promovente desahogue la prevención de manera física, deberá presentar su escrito aclaratorio de acuerdo con el artículo 110 de la Ley de Amparo, esto es, con las copias correspondientes para cada una de las partes -toda vez que señaló dos autoridades responsables, un tercero interesado y a la agente del Ministerio Público de la Federación-, así como las correspondientes para la formación del incidente de suspensión. Asimismo, se hace del conocimiento de la ocursante que de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten, podrán ser sujeto a lo dispuesto en el numeral 261 de la Ley de Amparo, que prevé las sanciones penales y pecuniarias a que pueden hacerse merecedores la parte quejosa, su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, incurren en las conductas anteriores. Y, es que la finalidad de una prevención es que se satisfagan los requisitos de ley -en amparos de estricto derecho como el de la especie- pues con independencia de la calidad que ostenten los agraviados -parte formal, tercero extraño en estricto sentido o en forma equiparada- no están eximidos de cumplirlos, sobre todo porque únicamente con base en su contenido preciso es factible verificar los presupuestos procesales de la acción constitucional y apreciar que no se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este sentido, las exigencias contenidas en el artículo 108 de la legislación de la materia deben ser colmadas por quien se dice agraviada, por lo que este juzgado no puede soslayar que no se satisfagan las formalidades del numeral en comento. Lo anterior, con independencia de que la parte impetrante señale que los actos reclamados deben considerarse como de imposible reparación, pues los requisitos aludidos en el numeral señalado en el párrafo precedente, tienen como finalidad que el órgano de amparo integre debidamente la relación jurídica-procesal y así, estar en posibilidad de pedir a la autoridad responsable el informe respectivo, emplazar a los terceros interesados, dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para exponer lo que a su derecho convenga, de ahí que la falta de prevención respecto de esos puntos, transgrediría las normas fundamentales del procedimiento de amparo. Finalmente, recuérdese a la promovente que la materia de la prevención versa sobre aspectos conformadores de la litis constitucional y exigen declaratoria bajo protesta de decir verdad, lo que implica además que el desahogo de esta prevención debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda, o bien, por su representante legal. Sirve de apoyo por las razones que informa, la jurisprudencia, que cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." Apercibida que de no dar cumplimiento a la prevención, su demanda se tendrá por NO PRESENTADA de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, párrafo segundo de la ley de la materia. En el entendido, que el término concedido para desahogar la prevención realizada, comenzará a transcurrir a partir de que la parte inconforme quede debidamente notificada del presente proveído. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte promovente -las listas- y por autorizada para dichos efectos, inclusive para recoger documentos a la persona que menciona en el escrito que se provee. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos a fin de reproducir las constancias del presente asunto con excepción de los documentos exhibidos como prueba. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito, a fin de que pueda practicar todas las diligencias ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese por lista a la parte inconforme.

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