Graciela del Carmen Lazaro Martínez
Expediente 378/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 378/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Graciela del Carmen Lazaro Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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MESA IV.- CAUSA ESTADO0 EL PROVEÍDO DE QUINCE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE
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por lo que procedo a efectuar la notificación del acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil quince, por medio de lista fijada en los estrados del Juzgado, así como publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Fedaración a las nueve horas del siete de abril de dos mil quince, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo
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mesa iv.- Villahermosa, Tabasco, veintisiete de marzo de dos mil quince. Se ordena agregar a los autos para los efectos legales procedentes la constancia levantada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado, en la que informa que no le fue posible emplazar a juicio a la parte tercera interesada Gases y Protección del Sureste, sociedad anónima de capital variable, por los motivos que en ella indica. En consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que en el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal, el domicilio actual y correcto de Gases y Protección del Sureste, sociedad anónima de capital variable, parte tercera interesada en el presente asunto, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo concedido, este Órgano Jurisdiccional procederá a su investigación y una vez agotado ese recurso, se ordenará su emplazamiento por medio de edictos que correrán a su costa, de conformidad con el inciso b), fracción III del artículo 27 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 538, Tomo XIV, julio de 2004, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO TIENE LA CARGA PROCESAL DE SEÑALAR EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO PERJUDICADO. De lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley de Amparo, que contempla los requisitos que debe contener una demanda constitucional en la vía indirecta, se infiere que en realidad prevé diversas cargas procesales que el quejoso debe satisfacer para que se pueda dar curso a su petición, entre ellas, la prevista por la fracción II, relativa al señalamiento del nombre y domicilio del tercero perjudicado, que resulta exigible siempre que, cuando con relación al acto reclamado exista una persona que se ubique en alguno de los supuestos que prevé en sus diversos incisos (tres) la fracción III del artículo 5o., de la legislación de la materia. Además, la ley invocada en ninguno de sus preceptos establece bajo algún supuesto la satisfacción de ese señalamiento por otra de las partes en el juicio de amparo ni por el propio juzgador federal, excepto en el caso de amparos en materia agraria cuando el quejoso sea alguno de los sujetos que menciona el artículo 212 del ordenamiento invocado. En consecuencia, es de concluirse al respecto que, legalmente la carga procesal de señalar el nombre y domicilio del tercero perjudicado pesa exclusivamente sobre el quejoso, el que debe procurarse todos los medios y agotar las instancias posibles para cumplir con esa obligación, y sólo ante la demostración de que ha actuado de tal forma puede recurrirse a otras alternativas para tener conocimiento de los datos indicados". Por otra parte, téngase por recibida y agréguese a los autos con conocimiento de las partes, la intervención 31/2015, signada por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos precisados en el artículo 124 de la Ley de Amparo. En relación con la solicitud de expedición de copias de la sentencia que se dicte en el presente asunto; dígase al oficiante que en términos del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su 2º numeral, las partes pueden pedir, en todo tiempo, a su costa, copia de cualquier constancia o documento que obre en autos; por lo que interpretado a contrario sensu, no ha lugar acordar de conformidad su petición, pues la actuación solicitada aún no obra en autos, sin perjuicio que la vuelva a solicitar en el momento procesal oportuno.
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mesa iv.- Villahermosa, Tabasco, veintitrés de marzo de dos mil quince. ADMISIÓN DE DEMANDA Con fundamento en los artículos 2, 33, 35, 37, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo en vigor, se admite la demanda que promueve Graciela del Carmen Lázaro Martínez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 378/2015-V. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma incidente de suspensión por no haberse solicitado. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5 fracción IV de la Ley de Amparo, dese la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo vigente, para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con diez minutos del veintiuno de abril de dos mil quince. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del término de quince días contados a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas del expediente laboral de donde emana el acto reclamado y sus antecedentes, así como de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, apercibida que en caso de omisión, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en los numerales 238, 260, fracción II de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE CAUSA DE SOBRESEIMIENTO Asimismo, se hace del conocimiento a las partes que, en caso que tengan conocimiento de alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato; apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en términos de lo dispuesto en los numerales 64, 238 y 251 de conformidad con los artículos 61, fracción XXI y 63 de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señaló como parte tercera interesada al Gases y Protección del Sureste, sociedad anónima de capital variable, con domicilio ubicado en Ignacio Zaragoza, número 395 de la colonia Centro de esta ciudad; atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 26 fracción I, inciso b) y 116 segundo párrafo de la Ley de Amparo en vigor; en consecuencia, se comisiona a uno de los actuarios judiciales de la adscripción, para que la emplace a juicio, por conducto de quien legalmente lo represente, a quien deberá hacerle entrega de una copia de la demanda para que comparezca a juicio si a sus intereses conviniere y se le requiera para que en el plazo de tres días contado a partir que surta efectos la notificación de éste proveído, señale domicilio y persona autorizada en esta ciudad, para oír y recibir notificaciones, apercibiéndola que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal se le harán por lista de estrados de éste juzgado, de conformidad con los artículos 27 y 29 de la ley de la materia. PRUEBAS Se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba la presuncional legal y humana; con la misma dese nueva cuenta al momento de celebrarse la audiencia constitucional; en cuanto a la prueba instrumental de actuaciones, consistentes en todo lo actuado en el juicio de origen e informe justificado que rinda la autoridad responsable; no ha lugar a admitirlas, toda vez que no los adjunta, sin perjuicio de que pueda volver a ofrecerlas en el momento procesal oportuno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones, el que señala en su libelo de cuenta, y como autorizados a las personas que menciona en el mismo, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. Ahora, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64, párrafo segundo, de la ley de la materia, se debe dar vista al quejoso con la posible actualización de alguna causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por el órgano jurisdiccional inferior, para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; empero, la referida vista es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así como de los Tribunales Colegiado de Circuito, según sea el caso, en razón de la facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que, este órgano jurisdiccional no se encuentre en el supuesto de dar vista con alguna posible causa de improcedencia en los términos reseñados, pues -como se adelantó- la obligación de hacerlo corresponde específicamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Tribunales Colegiado de Circuito. Se afirma lo anterior, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 426/2013, sostuvo que para que se actualice el supuesto normativo de que se trata se deben presentar ambas hipótesis, es decir, (que la causa de improcedencia no sea alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior) para que surja la obligación del juzgador de dar vista al quejoso con la actualización de la causal de improcedencia detectada de oficio; lo anterior, debido a que la palabra inferior a que se refiere la parte final de la segunda frase cuestionada, se puede interpretar que se refiere a jerarquía de órganos desde el punto de vista jurisdiccional; en ese sentido, en primera no existe órgano inferior dado que en su categoría se encuentran los juzgadores que conocen de primera mano del juicio de amparo de que se trate, es decir, es con los que inicia el juicio, en este medida los Tribunales Colegiados tratándose del amparo indirecto y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo, tendrán el carácter de superior, cuya característica principal es que por mandato legal conocerán y resolverán de algunos de los recursos de impugnación previstos en la ley en segunda instancia, para que en su caso se revoque, modifique o confirme la decisión revisada, siendo que al órgano inferior se le conoce como juez a quo, dado que su fallo controvertido ante el tribunal superior, cuya denominación de éste es de Ad Quem, pues será el tribunal de alzada que conocerá del recurso interpuesto. De lo expuesto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concluyó que la obligación prevista en el precepto 64, párrafo segundo, está dirigida particularmente a la segunda instancia de las dos vías de tramitación del juicio de amparo a que alude el numeral 2, párrafo primero de la ley de la materia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J.51/2014 (10a.) sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 24, Décima Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: 1. La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. 2. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. 3. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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