Graciela Del Campo Pulido

Expediente 981/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
981/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
27/04/2021

Partes del expediente

  • agente del Ministerio Público Federal, en su denominación actual que es Fiscal Federal, adscrito a este juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca.
  • Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 111, adscrito a la Unidad de Gestion Judicial Doce, especializada en atencion de ordenes de aprehensión y de cateo, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
  • Graciela Del Campo Pulido

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso revisión, dentro del término legal, contra la sentencia emitida el ocho de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. vais, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    S E N T E N C I A V I S T O S, para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 981/2020-III; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Por escrito de demanda de amparo presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, en el Estado de México, con sede en Toluca, el catorce de diciembre de dos mil veinte, turnado a este Juzgado Federal el quince siguiente, promovida por Abraham de Nova Ferrero, apoderado de la directa quejosa Graciela del Campo Pulido, contra la autoridad responsable y acto que a continuación se precisan: ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión y/o comparecencia, librada en contra de Graciela del Campo Pulido, así como su ejecución. AUTORIDADES RESPONSABLES Ordenadoras: Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 111, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, especializada en atención de ordenes de aprehensión y de cateo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 112, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, especializada en atención de ordenes de aprehensión y de cateo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 113, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, especializada en atención de ordenes de aprehensión y de cateo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 114, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, especializada en atención de ordenes de aprehensión y de cateo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juez en Materia Penal del Sistema Procesal Penal Acusatorio 115, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, especializada en atención de ordenes de aprehensión y de cateo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, en funciones de Juez Administrador. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte en funciones de Juez Administrador. Juez de Distrito Especializado en el Sistema Procesal Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente en funciones de Juez Administrador. Ejecutoras: Fiscal General de la República. Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal. Titular de la Policía Federal Ministerial. Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos de la Fiscalía General de la República. Fiscal General de la República. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En auto emitido el dieciséis de diciembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo y se requirió su informe justificado a las autoridades responsables, los cuales se tuvieron por rendidos mediante proveídos de veintitrés de diciembre de dos mil veinte; cuatro y once de marzo de dos mil veintiuno. Se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló manifestaciones en torno a lo que su representación social compete y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se verificó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la denominación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito y, en el diverso Acuerdo General 26/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que interesa, relativo al inicio de funciones de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, deben precisarse los actos reclamados, para lo cual se realiza un análisis conjunto de la demanda de amparo, para establecer lo que materialmente se pretende, tal como lo ha dispuesto el Máximo Tribunal de la República. Resulta aplicable la jurisprudencia P.J. 40/2000, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil, tomo XI, Novena Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 192097 cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis aislada P. VI/2004 consultable en la página doscientos cincuenta y cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil cuatro, tomo XIX, Novena Época, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 181810, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del contexto íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama en el presente sumario constitucional, lo siguiente: ACTO RECLAMADO La orden de aprehensión y/o comparecencia, librada en contra de Graciela del Campo Pulido, así como su ejecución. TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de método y técnica jurídica, a continuación se determinará si se encuentra acreditado o no el acto reclamado, debido a que de no ser así, sería innecesario e incluso ocioso, abordar el estudio de la procedencia del juicio de garantías y menos aún sería conducente analizar la constitucionalidad del acto reclamado. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 212775, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 68 Octava Época, que establece: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, debe decirse que no es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, Administradores de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede el Reclusorio Sur, Norte y Oriente, respectivamente, Juez de Trámite del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México por sí y en representación de los Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio 111, 112, 113, 114 y 115 de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Trámite Adscritos a la Unidad de Gestión Judicial 12, Especializada en Atención de Órdenes de Aprehensión y de Cateo del Tribunal Superior de Justicia de La Ciudad De México, Fiscal General de la República, Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Titular de la Policía Federal Ministerial, Director General de Investigación Policial en Apoyo a Mandamientos de la Fiscalía General de la República, Fiscal General de la República, Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México, toda vez que, al rendir su informe justificado así lo manifestaron. Cobra aplicación a lo anterior, el criterio con número de registro 266721, emitido por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXIII, Tercera Parte, página 18, Sexta Época, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO, PRUEBA. Las autoridades responsables al informar, sólo están obligadas a manifestar si es o no cierto el acto reclamado, y basta su afirmación para tener por demostrada la existencia o inexistencia del acto, de suerte que si el quejoso no está conforme con lo manifestado en ese informe, tiene la obligación de probar que no se ajusta a la verdad, y sólo en ese concepto puede rechazarse tal manifestación." En ese contexto, y toda vez que el impetrante de amparo no aportó medio de convicción alguno que desvirtúe la inexistencia del acto reclamado, es válido considerar que a través de este juicio constitucional no existe. Sostiene lo anterior, el criterio con número de registro 187728, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, página 903, que en su rubro y texto indica: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Por tanto, al no existir el acto reclamado; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 227634, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 627, Octava Época, que es del tenor literal siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En consecuencia de lo anterior, al decretarse el sobreseimiento respecto del acto que se reclama, debe decirse que no procede analizar los conceptos de violación. Apoya lo anterior la jurisprudencia con número de registro 226555, sustentada por la SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, publicada en la página 49, volumen 24 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1°, fracción I y 74 a 79 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Graciela del Campo Pulido, contra el acto y autoridades precisados en los resultando primero, por los motivos y razonamientos jurídicos vertidos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede y de le estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que se encuentran señaladas las trece horas con veinte minutos de este día para el desahogo de la audiencia constitucional, tal como se estableció en el auto de veinticinco de febrero del año en curso sin embargo, no es posible su desahogo ya que se encuentra trascurriendo el término de ocho días otorgado a las partes en proveído de once de marzo de dos mil veintiuno, para que se impongan del contenido de los informes justificados rendidos por el Fiscal General de Justicia del Estado de México y Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. En ese contexto, a fin de que se cumplimente lo anterior y no vulnerar las reglas procesales del juicio de amparo, la audiencia señalada para el día de la fecha se diere y en su lugar se señalan las doce horas con veinte minutos del ocho de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo.

  4. Incidental

    VII.- Único. Se niega la suspensión definitiva a *******************, respecto de los actos reclamados y las autoridades responsables precisados en el resultando primero, por los motivos expuestos en el último considerando de esta interlocutoria. Notifíquese.

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