Graciela Cruz Durán

Expediente 234/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
234/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
21/05/2021

Partes del expediente

  • Graciela Cruz Durán
  • Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, con sede en la Ciudad de México

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio de amparo, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva solicitada; y que en el cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. Por tanto, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que alude el séptimo transitorio del referido acuerdo en relación con lo dispuesto por el capítulo 7.5. punto 2 relativo al tratamiento del incidente de suspensión original del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de destrucción. Por otro lado, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en comento, se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de este acuerdo. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en razón que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  3. Incidental

    RESOLUCIÓN Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 234/2021, promovido por . .. en contra de los actos de las autoridades que se mencionan más adelante. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de . . . , reclama la falta de pago de su pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente que le aduce le fue otorgada por la Secretaría de Bienes del Gobierno Federal y con ello vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE La demanda de amparo fue recibida en la oficialía de partes de este juzgado, el diez de marzo del año en curso. La parte quejosa señaló como autoridades responsables a la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, dependiente de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, ambos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal con sede en la Ciudad de México, y como acto reclamado la falta de pago de su pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente que le aduce le fue otorgada por la Secretaría de Bienes del Gobierno Federal. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 234/2021 y fue admitida el once de marzo de dos mil veintiuno. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se concedió la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. IV. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, al rendir su informe previo negó en la existencia del acto reclamado. Consecuentemente, lo que procede, en el caso, es negar la suspensión solicitada. No obsta a lo anterior, el hecho que las autoridades responsables Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, ambos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal con sede en la Ciudad de México, no hayan rendido su informe previo ni obre constancia que acredite que fueran notificadas de su petición, ya que del contenido integral de la demanda, así como del informe rendido por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, negó la existencia del acto reclamado y es a dicho ente público a quien corresponde otorgar el pago reclamado por la quejosa, de ahí que resulte ocioso, esperar los informes de las citadas responsables; aunado a que el pasado treinta de abril del año en curso, en el juicio principal del cual deriva este incidente de suspensión se decretó la cesación del acto reclamado al haber recibido la disidente del amparo los pagos reclamados, sobreseyéndose en el juicio de amparo. RESUELVE PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a . . . por las razones expresadas en el apartado IV de esta resolución. Notifíquese.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 234/2021 promovido por **, en contra del acto de la autoridad que más adelante se precisarán. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de **, reclama la falta de pago de su pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente que le aduce le fue otorgada por la Secretaría de Bienes del Gobierno Federal y con ello vulneró sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1°, 4° y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO **, promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito recibido en este juzgado el diez de marzo de dos mil veintiuno, en contra del acto y la autoridad que más adelante se precisarán. Por acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda, la cual registró con el progresivo 234/2021; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta data en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que la quejosa quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, en el caso concreto la impetrante del amparo acudió a esta instancia constitucional para reclamar la falta de pago de su pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente que le aduce le fue otorgada por la Secretaría de Bienes del Gobierno Federal. V. CAUSA DE SOBRESEIMIENTO POR CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al rendir su informe justificado la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, negó en la existencia del acto reclamado, exponiendo lo siguiente: ".Lo anterior, en virtud que mediante oficio número BIE/1400/105/2021 de fecha doce de marzo del año en curso, se solicitó a la Coordinadora Operativa del Programa Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente, un informe respecto de los actos reclamados por la c. Graciela Cruz Durán. Derivado de ello, mediante memorándum número BIEE-140-M-PBPCD-066-2021 de tre9imta y uno de marzo del presente año, informó a la C. Graciela Cruz Durán, con Identificado Único de Padrón 1043059460, recibió su apoyo del programa que nos ocupa el día miércoles treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, pagis correspondientes a los bimestres marzo-abril y mayo- junio de 2021, con reexpedición del bimestre enero-febrero del 2021. Asimismo, informo que la C. Graciela Cruz Durán, con ID padrón 1043059460 venía recibiendo apoyo de manera normal hasta el bimestre noviembre-diciembre de 2020, ya que el bimestre enero-febrero 2021, no recibió su apoyo aun cuando éste le fue emitido, es decir, no acudió a la Mesa de Atención en el día señalado para que recibiera su apoyo del programa en comento. Sin embargo, a la fecha ya le fueron entregados los apoyos económicos, las cuales ascienden a un monto total de $8,100.00 (ocho mil cien pesos 00/100 M.N). Cabe precisar que actualmente se encuentra con un estatus de "ACTIVO EMITIBLE (NORMAL ELEGIBLE)", es decir no ha sido suspendida del Programa Pensión para el Bienestar de las personas con Discapacidad Permanente.". De lo anterior, se desvirtúa dicha negativa por lo que se tiene por cierto el acto que de su autoridad reclama la autoridad responsable. Ahora, previo al estudio de fondo de este asunto, se procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, ya sea, que la invoquen las partes, o bien, se advierta por esta juzgadora, toda vez, que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". En la especie, de oficio se advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Causal de improcedencia que se actualiza cuando la autoridad responsable emite un acto que destruye al reclamado, de forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, puesto, que la razón que justifica la improcedencia de mérito es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En ese tenor, la actualización de la citada causal de improcedencia, se demuestra con las documentales que la autoridad responsable remitió como prueba de su parte, las cuales adquieren valor probatorio pleno en los términos apuntados en el considerando que antecede. Ahora, como la quejosa reclama de la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano, dependiente de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, la Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, ambos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal con sede en la Ciudad de México, la falta de pago de su pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente que le aduce le fue otorgada por la Secretaría de Bienes del Gobierno Federal; se concluye que en la especie cesaron total e incondicionalmente los efectos del acto combatido, toda vez, que lo pretendido por la agraviada al promover el juicio de amparo, era que se diera el pago de su pensión que le fue otorgada; lo que en la especie aconteció el treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, conforme a lo informado por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, Oaxaca, así como de las documentales que anexó a su informe. Circunstancia que se corrobora por lo manifestado por el autorizado legal de la quejosa, mediante escrito presentado doce de abril de dos mil veintiuno, en el sentido de que efectivamente a la directa quejosa, ya le fueron realizados los pagos pendientes del apoyo federal que le fue otorgado, los cuales originaron la presente acción constitucional. De ahí, que en la especie, se advierte en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor; por haber cesado los efectos del acto reclamado; ello, porque cualquier retraso en que hubiera incurrido quedó purgado. Tiene aplicación al efecto la Jurisprudencia número 2ª/J 59/99, publicada en la página número treinta y ocho, del tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la propia ley de la materia. Sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por la promovente del amparo, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia número mil veintiocho, localizable en la página setecientos del tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos noventa y cinco, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO" Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y por ende se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". No obsta a lo anterior, el hecho que las autoridades responsables Subsecretaría de Desarrollo Social y Humano y Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios, ambos de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal con sede en la Ciudad de México, no hayan rendido su informe justificado ni obre constancia que acredite que fueran notificadas de su petición, ya que del contenido integral de la demanda, así como del informe rendido por la Delegada de Programas para el Desarrollo en el Estado de Oaxaca de la Secretaría de Bienestar, con sede en San Agustín Yatareni, se desprende que es a dicho ente público a quien corresponde otorgar el pago reclamado por la quejosa, mismo, que como se indicó en líneas precedentes, ya fue otorgado durante la tramitación del juicio, de ahí que resulte ocioso, esperar los informes de las citadas responsable, para resolver el presente asunto, si ya quedó acreditado que cesaron en su totalidad, los actos reclamados por la peticionaria del amparo. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **, en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el apartado V de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano