Graciela Cruz Chapuz

Expediente 732/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
732/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
15/01/2021

Partes del expediente

  • Graciela Cruz Chapuz

Actuaciones

  1. Principal

    ...(Notifíquese electrónicamente a la parte promovente)...Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, informa la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente el proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, a la promovente...notifíquese dicho proveído de manera electrónica... EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, SE NOTIFICA POR VIA ELECTRONICA AL PROMOVENTE, EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: (....El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. El numeral 6° de la Ley de Amparo prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, la demanda que dio origen a este juicio no fue firmada electrónicamente por la justiciable, pues así se advierte del contenido de ella; por ende, se deduce que no fue promovida por la parte a quien perjudica el acto de autoridad, con lo que no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I2 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste a lo anterior que se haya promovido de manera electrónica, porque el escrito presentado en dicha vía debe autentificarse con el uso de la firma electrónica (FIREL), por lo que al no haberla utilizado, no se tiene certeza si la demanda efectivamente fue intentada 2 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Párrafo reformado I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por la quejosa. Ahora, si bien en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverse por conducto del defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita; sin embargo, ello en el presente asunto no se actualiza, porque Graciela Cruz Chapuz promueve por derecho propio, y quien aparece como "FIRMANTE" en la impresión de "EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA" es Martiniano Soto López mismo que figura en el proemio de la demanda como "autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo", tal y como se desprende del escrito de demanda. De ahí, que si bien es cierto, la quejosa puede autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tuviera capacidad legal, quienes además pueden interponer por escrito, o vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedieran, no menos cierto lo es, que en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se prevé como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, pero, si decide presentarlas así, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, no puede sustituir el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que es rector del juicio de amparo, el cual debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que alguien ajeno al agraviado o a su representante legal, como lo podría ser un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueda presentar la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su propia firma electrónica (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo, ello sin perjuicio de que en el escrito de demanda en términos del artículo 12 de la ley, el quejoso pueda autorizar a la o las personas que estime convenientes para que puedan acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por el mismo medio, siempre que el autorizado cuente con firma electrónica vigente para poder ingresar al expediente de que se trate. Por ende, si la demanda presentada electrónicamente no está firmada con la FIREL del quejoso sino con la de la persona que se ostenta con el carácter de autorizado de aquél, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente. Esto es así, porque de estimar lo contrario, es decir, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica) por quien se ostenta con el carácter de autorizado por el quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, lo que faculta a este juzgador, desechar de plano la demanda, dada la ausencia de voluntad del promovente. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO De conformidad con lo dispuesto en la Sección Tercera denominada "Del Acceso y Consulta del Expediente Electrónico" que comprende los artículos 34 al 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al autorizado, con clave de usuario "SOTOYASOCIADOS", para efectos de consultar el expediente electrónico y presentar promociones; ello por así haberlo solicitado en el ocurso de mérito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo. )

  2. Principal

    Coatzacoalcos, Veracruz, veintiocho de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, como se advierte que se presentó un problema técnico informático a nivel nacional, en las plataformas electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), Word SISE y Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, entre otras, situación que imposibilitó realizar la consulta e integración de los expedientes electrónicos, razón por la cual las actuaciones judiciales no se pudieran llevar a cabo dentro del término de ley, siendo que hasta el día de hoy, una vez que se normalizaron los sistemas informáticos de mérito y de redes electrónicas, se actúa en consecuencia. En ese sentido, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el juicio de amparo indirecto 732/2020. Cúmplase. Así lo proveyó y firma electrónicamente ********************Juez Decimocuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante ********************Secretario quien autoriza y da fe, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL PROMOVENTE VÍA ELECTRONICA, EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE ... El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. El numeral 6° de la Ley de Amparo prevé que puede promoverse el juicio por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5º, esto es, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus derechos y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica y puede hacerlo por sí o por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en la ley de la materia. Asimismo, la palabra perjuicio debe interpretarse en el sentido de ofensa al derecho del quejoso, por lo que para la procedencia del juicio de amparo debe exigirse la comprobación por parte de éste del derecho que en su concepto ha sido afectado por el acto que reclama de la autoridad responsable. En la especie, la demanda que dio origen a este juicio no fue firmada electrónicamente por la justiciable, pues así se advierte del contenido de ella; por ende, se deduce que no fue promovida por la parte a quien perjudica el acto de autoridad, con lo que no se colma el principio de instancia de parte agraviada previsto en el artículo 107, fracción I2 , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que obste a lo anterior que se haya promovido de manera electrónica, porque el escrito presentado en dicha vía debe autentificarse con el uso de la firma electrónica (FIREL), por lo que al no haberla utilizado, no se tiene certeza si la demanda efectivamente fue intentada 2 Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: Párrafo reformado I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; por la quejosa. Ahora, si bien en términos del numeral 6 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el juicio de amparo podrá promoverse por conducto del defensor o de cualquier persona en los casos en que esta ley lo permita; sin embargo, ello en el presente asunto no se actualiza, porque Graciela Cruz Chapuz promueve por derecho propio, y quien aparece como "FIRMANTE" en la impresión de "EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA" es Martiniano Soto López mismo que figura en el proemio de la demanda como "autorizado en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo", tal y como se desprende del escrito de demanda. De ahí, que si bien es cierto, la quejosa puede autorizar para oír notificaciones a cualquier persona que tuviera capacidad legal, quienes además pueden interponer por escrito, o vía electrónica a través del uso de la firma electrónica, los recursos y demás actos procesales que procedieran, no menos cierto lo es, que en el artículo 3o. de la Ley de Amparo, se prevé como una opción para el promovente, la de presentar las promociones en forma impresa o electrónicamente, pero, si decide presentarlas así, debe hacerlo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica (FIREL) conforme a la regulación que emita el Consejo de la Judicatura Federal, entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Así, la implementación de las tecnologías de la información en la tramitación del juicio de amparo, no puede sustituir el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, que es rector del juicio de amparo, el cual debe prevalecer aun tratándose de la presentación de la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información, por lo que no es jurídicamente factible que alguien ajeno al agraviado o a su representante legal, como lo podría ser un autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pueda presentar la demanda de amparo mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando su propia firma electrónica (FIREL), dado que el ejercicio de la acción de amparo (al igual que cuando se presenta por escrito) debe quedar acotado a que sea el quejoso por sí o por quien legalmente lo represente, los únicos legitimados para presentar, ya sea por escrito o electrónicamente, la demanda de amparo, ello sin perjuicio de que en el escrito de demanda en términos del artículo 12 de la ley, el quejoso pueda autorizar a la o las personas que estime convenientes para que puedan acceder al expediente electrónico y recibir notificaciones por el mismo medio, siempre que el autorizado cuente con firma electrónica vigente para poder ingresar al expediente de que se trate. Por ende, si la demanda presentada electrónicamente no está firmada con la FIREL del quejoso sino con la de la persona que se ostenta con el carácter de autorizado de aquél, ésta no cumple con el principio de instancia de parte agraviada, al no existir la voluntad del que aparece como promovente. Esto es así, porque de estimar lo contrario, es decir, considerar que es posible hacer una distinción de trato cuando la demanda de amparo se presenta por escrito y cuando se hace por vía electrónica y en ambos casos se actualiza la misma hipótesis, esto es, que las demandas están firmadas (una con firma autógrafa y otra con firma electrónica) por quien se ostenta con el carácter de autorizado por el quejoso en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; traería como consecuencia que se prefiera el uso de las tecnologías de la información, pero no por su eficacia y/o accesibilidad, sino con el único fin de obviar el cumplimiento de uno de los principios rectores del juicio constitucional, como lo es el principio de "instancia de parte agraviada" consagrado en la fracción I del artículo 107 de la Carta Fundamental, lo que faculta a este juzgador, desechar de plano la demanda, dada la ausencia de voluntad del promovente. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRONICO De conformidad con lo dispuesto en la Sección Tercera denominada "Del Acceso y Consulta del Expediente Electrónico" que comprende los artículos 34 al 41 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se otorga el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa al autorizado, con clave de usuario "SOTOYASOCIADOS", para efectos de consultar el expediente electrónico y presentar promociones; ello por así haberlo solicitado en el ocurso de mérito y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo. )

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