Graciela Cedeño Sánchez

Expediente 1324/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1324/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
13/11/2017

Partes del expediente

  • Graciela Cedeño Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, que sobreseyó fuera de audiencia el juicio en lo principal, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses; sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del artículo vigésimo primero, en razón de que el dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se decretó el sobreseimiento. Se hace constar, que no obran documentos originales en el expediente; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica. (III)

  2. Principal

    Visto el escrito del autorizado de la parte quejosa. expídasele copia de la constancia que refiere. previa identificación y firma que se otorgue en autos.(iii)

  3. Principal

    Visto el oficio que remite la autoridad responsable Agente del Ministerio Público número Cuatro de la Unidad de Trámite Común del Estado, adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito y los anexos que acompaña, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase a dicha autoridad ofreciendo diversas documentales, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El dieciocho de septiembre del año en curso,..., presentó demanda de amparo contra el Agente del Ministerio Público número Cuatro de la Unidad de Trámite Común del Estado, en la que reclamó la falta de impartición de justicia completa y expedita, en virtud de la omisión de dictar la determinación correspondiente en la carpeta de investigación... de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo... se admitió en auto de veinte de septiembre del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El dieciséis de octubre del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio de la autoridad responsable, en el que señaló que ya había dictado la determinación correspondiente en la carpeta de investigación... remitiendo al efecto copia certificada de la misma, de la que se advierte que la decisión en comento se dictó el cinco de abril de dos mil diecisiete, esto es, en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". - Sobreseimiento fuera de audiencia por inexistencia de la omisión reclamada - En efecto en el presente caso procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que la omisión reclamada es inexistente, como lo afirma en su informe de cuenta la autoridad responsable. Ello es así, según se advierte de la documental pública analizada, de la que emerge la inexistencia de la omisión reclamada, dado que antes de interponerse la demanda de amparo, ya se había dictado determinación en la carpeta de investigación de origen, donde la autoridad ministerial ejerció la facultad para abstenerse de investigar los hechos materia de denuncia de la hoy quejosa, ordenando someter en consulta a su superior dicha determinación. Ilustra lo expuesto, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable a folio 313, tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO... Sin que a lo anterior se oponga el sentido de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de lo resuelto en la contradicción de tesis 229/2016 fallada el veinticuatro de mayo del año en curso, pendiente de publicación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO.... Lo anterior, tomando en cuenta que el criterio establece una regla de carácter general para no sobreseer fuera de audiencia en el juicio con motivo de la negativa del acto reclamado expuesta en el informe justificado de la autoridad responsable, que como tal, admite excepciones. En ese sentido, el caso en análisis se estima como una excepción a la regla general antes expuesta, por tratarse de la inexistencia del acto de naturaleza omisiva que se reclama, dado que la razón toral para no sobreseer fuera de audiencia en la regularidad de los juicios de amparo, tratándose de actos de naturaleza positiva, radica en que, ante la negativa por parte de la autoridad, se genera una carga procesal probatoria para el quejoso, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo, inclusive hasta la celebración de la audiencia constitucional; de ahí la necesidad de que el juicio se agote en todas sus etapas y que, por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en el caso en donde se reclama la omisión de la autoridad para ejercer sus atribuciones en la secuela de un procedimiento, como en la especie, se genera una presunción de inconstitucionalidad que la responsable, y no el quejoso, debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de las facultades de impulso al procedimiento, es la autoridad quien debe probar lo contrario. Es aplicable a lo expuesto la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible con el registro 2009181, en la página 392 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del siguiente tenor literal: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR.... Por lo tanto, dado que la carga probatoria -onus probandi en la hipótesis de actos omisivos, asiste enteramente a la autoridad responsable y, como se vio en el caso particular que se analiza, aquella acompañó a su informe justificado la documental pública con pleno valor probatorio de la que se desprende la inexistencia de la omisión reclamada, derivado del ejercicio de sus facultades con antelación a la presentación de la demanda, para abstenerse de investigar los hechos materia de denuncia, en términos de lo previsto por el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, se colige que en el particular opera una excepción a la regla general expuesta en la jurisprudencia antes transcrita, dado que no existe posibilidad alguna de que el quejoso demuestre la existencia de la omisión a la luz del contenido del informe justificado y la constancia certificada que se acompañó, con entera independencia de que, respecto de lo reclamado, dada la naturaleza de un comportamiento omisivo de la autoridad, no le asiste carga probatoria alguna y tampoco es posible llegar a una conclusión diversa, con base en los elementos de convicción que pudieran allegarse. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. (III)

  4. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa...Visto el oficio que remite la autoridad responsable Agente del Ministerio Público número Cuatro de la Unidad de Trámite Común del Estado, adscrito a la Dirección General de Investigación del Delito y los anexos que acompaña, agréguense a los autos para que obren como corresponda, y téngase a dicha autoridad ofreciendo diversas documentales, en términos de lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se aprecia que: a) El dieciocho de septiembre del año en curso,..., presentó demanda de amparo contra el Agente del Ministerio Público número Cuatro de la Unidad de Trámite Común del Estado, en la que reclamó la falta de impartición de justicia completa y expedita, en virtud de la omisión de dictar la determinación correspondiente en la carpeta de investigación... de su índice. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo... se admitió en auto de veinte de septiembre del año en curso, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a la autoridad señalada como responsable, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) El dieciséis de octubre del año que transcurre se recibió en la Oficina de Correspondencia de este Juzgado el oficio de la autoridad responsable, en el que señaló que ya había dictado la determinación correspondiente en la carpeta de investigación... remitiendo al efecto copia certificada de la misma, de la que se advierte que la decisión en comento se dictó el cinco de abril de dos mil diecisiete, esto es, en fecha anterior a la presentación de la demanda de amparo; documental a la que se concede valor probatorio pleno por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales de conformidad con lo previsto en los artículos 79, 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2 de la Ley de la Materia. Cobra vigencia la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, Quinta Época del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice al rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". - Sobreseimiento fuera de audiencia por inexistencia de la omisión reclamada - En efecto en el presente caso procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dado que la omisión reclamada es inexistente, como lo afirma en su informe de cuenta la autoridad responsable. Ello es así, según se advierte de la documental pública analizada, de la que emerge la inexistencia de la omisión reclamada, dado que antes de interponerse la demanda de amparo, ya se había dictado determinación en la carpeta de investigación de origen, donde la autoridad ministerial ejerció la facultad para abstenerse de investigar los hechos materia de denuncia de la hoy quejosa, ordenando someter en consulta a su superior dicha determinación. Ilustra lo expuesto, la tesis II. 1o. C. T. 217 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, consultable a folio 313, tomo XIV, octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO... Sin que a lo anterior se oponga el sentido de la tesis jurisprudencial 49/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivado de lo resuelto en la contradicción de tesis 229/2016 fallada el veinticuatro de mayo del año en curso, pendiente de publicación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO.... Lo anterior, tomando en cuenta que el criterio establece una regla de carácter general para no sobreseer fuera de audiencia en el juicio con motivo de la negativa del acto reclamado expuesta en el informe justificado de la autoridad responsable, que como tal, admite excepciones. En ese sentido, el caso en análisis se estima como una excepción a la regla general antes expuesta, por tratarse de la inexistencia del acto de naturaleza omisiva que se reclama, dado que la razón toral para no sobreseer fuera de audiencia en la regularidad de los juicios de amparo, tratándose de actos de naturaleza positiva, radica en que, ante la negativa por parte de la autoridad, se genera una carga procesal probatoria para el quejoso, de la que debe hacer uso para controvertir el informe respectivo, inclusive hasta la celebración de la audiencia constitucional; de ahí la necesidad de que el juicio se agote en todas sus etapas y que, por tanto, la audiencia constitucional se celebre, porque ese es el último momento procesal en que puede aportar medios de prueba para lograr desvirtuar las manifestaciones de la autoridad y alegar lo que a su derecho convenga para demostrar que el acto sí existe y que es violatorio de sus derechos fundamentales. Sin embargo, en el caso en donde se reclama la omisión de la autoridad para ejercer sus atribuciones en la secuela de un procedimiento, como en la especie, se genera una presunción de inconstitucionalidad que la responsable, y no el quejoso, debe desvirtuar. Así, dicho acto tiene el carácter de omisivo, lo cual implica un hecho negativo, es decir, que la autoridad no ha realizado algo, por lo que debe acompañar las pruebas necesarias que acrediten el debido ejercicio de su facultad, esto, en concordancia con el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en atención al artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en el que se precisa que el que niega sólo está obligado a probar, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho, por lo que en este tipo de actos, si el quejoso reclama un hecho negativo consistente en la falta de ejercicio de las facultades de impulso al procedimiento, es la autoridad quien debe probar lo contrario. Es aplicable a lo expuesto la tesis 1a. CLXXV/2015 (10a.) de la Primera Sala del Alto Tribunal, visible con el registro 2009181, en la página 392 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, del siguiente tenor literal: "ACTO RECLAMADO. SI CONSISTE EN LA FALTA DE EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUTORIDAD, SE GENERA UNA PRESUNCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE ÉSTA DEBE DESVIRTUAR.... Por lo tanto, dado que la carga probatoria -onus probandi en la hipótesis de actos omisivos, asiste enteramente a la autoridad responsable y, como se vio en el caso particular que se analiza, aquella acompañó a su informe justificado la documental pública con pleno valor probatorio de la que se desprende la inexistencia de la omisión reclamada, derivado del ejercicio de sus facultades con antelación a la presentación de la demanda, para abstenerse de investigar los hechos materia de denuncia, en términos de lo previsto por el artículo 253 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, se colige que en el particular opera una excepción a la regla general expuesta en la jurisprudencia antes transcrita, dado que no existe posibilidad alguna de que el quejoso demuestre la existencia de la omisión a la luz del contenido del informe justificado y la constancia certificada que se acompañó, con entera independencia de que, respecto de lo reclamado, dada la naturaleza de un comportamiento omisivo de la autoridad, no le asiste carga probatoria alguna y tampoco es posible llegar a una conclusión diversa, con base en los elementos de convicción que pudieran allegarse. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con cincuenta minutos del diecisiete de octubre de dos mil diecisiete. (III)

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