Graciela Ceballos Granados
Expediente 1122/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1122/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/01/2023
Partes del expediente
- Graciela Ceballos Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, diez de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso d), de la citada legislación, en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho auto ha causado estado. Lo anterior es procedente, con independencia de que no se haga el cómputo de las autoridades responsables, pues conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrían interponer el recurso de revisión si el sentido de la sentencia dictada afectara el acto que les fue reprochado, salvo que se trate de amparo contra leyes; lo que no acontece en la especie, dado el sentido del fallo emitido al haberse sobreseído fuera de audiencia y la naturaleza del acto reclamado en el presente juicio constitucional. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia , emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Décima Época, visible a página 2564, del libro 34, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, septiembre de dos mil dieciséis, tomo IV, cuyo rubro y texto dicen: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARERCE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De una interpretación literal del artículo 87 de la Ley de Amparo, se colige que para que una autoridad responsable esté facultada para interponer el recurso de revisión, debe resentir una afectación en detrimento de sus intereses, derechos o atribuciones, pero ese perjuicio no debe ser hipotético, sino real, y su demostración incumbe a la propia autoridad; ejemplos de afectación son cuando se concede el amparo y la protección de la Justicia de la Unión respecto del acto que se le imputó o cuando se le impone una multa, de lo que se sigue que cuando el Juez sobresee en el juicio ante la negativa de los actos reclamados, para fines prácticos de la revisión, esa decisión ningún agravio ocasiona a la responsable, pues es inconcuso que el sobreseimiento es únicamente desfavorable para el quejoso y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente. Con este criterio se preserva la intención del legislador, de tener al recurso de revisión como un instrumento técnico a través del cual, se tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, pues si quien pudiera resultar afectado con la decisión de sobreseimiento, que es el quejoso, no se inconforma con la sentencia respectiva, es nítido que la responsable carece de legitimación para hacer valer el recurso de revisión, pues éste es un procedimiento de segunda instancia que se creó con la finalidad de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en el juicio de amparo, pero para aperturar la alzada se requiere de un agravio directo ocasionado por la decisión, lo que no ocurre en la hipótesis descrita. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, quince de diciembre de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio J2F/3903/2022, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta ciudad, mediante el cual comunica que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa; empero, el seis del mes y año en curso, dentro del juicio ordinario civil sobre divorcio incausado, se tuvo al actor ********************, aquí tercero interesado, desistiéndose de la demanda respectiva y se ordenó el archivo definitivo de dicho expediente; en tal razón, con fundamento en lo establecido en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre corresponda. Para justificar su afirmación, la autoridad responsable anexó las constancias respectivas, mismas que tienen el carácter de prueba plena en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2 de la ley de la materia. Sobre esas bases, se estima que en el presente caso se actualiza de manera notoria e indudable la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, acorde con el numeral 63, fracción V, de dicha ley. Habrá de dejarse establecido que el artículo 61 de la ley de la materia, en su fracción XXII, dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y ." Dicha causa de improcedencia cobra vida jurídica, cuando el acto reclamado dentro de una contienda constitucional como la que nos ocupa, ya no pueda surtir efecto legal o materia alguna, por la simple razón de haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, que a diferencia de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la ley de la materia, no requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la causal que se analizará, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. En el caso, lo que reclama la agraviada a través del juicio constitucional que nos ocupa, es la omisión de emplazarla al juicio de divorcio incausado número 844/2022, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta ciudad, promovido en su contra por ********************. Sin embargo, como se vio, el seis de diciembre de dos mil veintitrés, se tuvo al actor ********************, desistiéndose de su escrito de demanda civil, por lo que el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el estado de Tamaulipas en esta localidad, ordenó el archivo definitivo del expediente 844/2022, relativo al juicio ordinario civil sobre divorcio incausado. Por ende, aún y cuando pudiera decirse que subsiste el acto reclamado de la autoridad señalada como responsable, lo cierto es que el mismo ya no surte efecto legal o material alguno en la persona de la aquí quejosa, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, pues el acto reprochado atribuido a la responsable era de aquéllos que solamente le afectaba mientras estaba subjúdice el juicio ordinario civil sobre divorcio incausado número 844/2022, por ser acto derivado de la autoridad señalada como responsable, resultando inconcuso analizar si el mismo es inconstitucional, porque jurídicamente se tornaría imposible restituir a la impetrante en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria si, en el caso, el expediente de origen se encuentra totalmente concluido. Luego entonces, se sostiene que se actualiza en el presente caso, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo; y toda vez que la misma debe de analizarse de oficio, conforme lo dispuesto en el arábigo 62 de la legislación de la materia; con apoyo en el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, procede decretar el sobreseimiento de este juicio de garantías, respecto del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia número 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 189, Tomo: XXIV, Diciembre de 2006, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento en este juicio de garantías sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Corrobora lo anterior por contener consideraciones inherentes la tesis XIV.1o.13 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 1235, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, correspondiente al mes de Agosto de 2000, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional." Por los motivos expuestos, déjese sin efectos la audiencia constitucional que estaba programada para las diez horas con veintitrés minutos del seis de enero de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria con quien actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, notifico a la quejosa y al tercero interesado Eugenio Hernández Gutiérrez, la resolución de quince de diciembre de dos mil veintidós, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el Juez Segundo Familiar del Cuarto Distrito Judicial con sede en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado como se le exigió mediante oficio 3011/2022, el cual fue recepcionado el diez de noviembre del año en curso, como se aprecia del sello de recibo de dicha dependencia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable para que dentro del término de veinticuatro horas, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relacionadas con el acto reclamado por la parte quejosa. Apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior y/o de no informar la imposibilidad legal para ello en el plazo concedido, se hará acreedora a una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad en el numeral 260, fracción II, de la ley de la materia, y conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con motivo de lo antes expuesto, se hace necesario diferir la audiencia constitucional programada para esta propia fecha, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con veintitrés minutos del seis de enero de dos mil veintitrés, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido de la licenciada Dalia Ivet Sáenz Saldaña, secretaria con quien actúa y da fe.
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