Graciela Cadenas Zavala
Expediente 602/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Graciela Cadenas Zavala
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que el auto de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda promovida por ******************** apoderado legal de ********************, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años (contados a partir de esta fecha) puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, al no haberse exhibido en autos.
- Principal
Recepción de escrito aclaratorio. Por recibido el escrito electrónico a nombre de **********, apoderado legal de **********; atento a su contenido, se tiene por desahogada la prevención formulada el veinte de agosto de dos mil veintiuno, de lo que, entre otras cosas se advierte: - Que el acto reclamado lo constituye la resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, que concluyó la sección segunda (inventario y avalúo) del juicio sucesorio C-94/2020 de la estadística del Juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato, denunciado por ********** a bienes de **********; y, - Que la quejosa **********, por conducto de su apoderado (promovente), compareció al citado controversial desde el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a la "lectura de testamento". Desechamiento de la demanda. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado y es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. En ese sentido, del análisis que se efectúa al ocurso de cuenta, se desecha de plano la demanda. Se explica: En el caso, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, El referido precepto alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, el de definitividad. Ello es así, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso idóneo en contra del auto reclamado. Para corroborar lo anterior, es necesario destacar el contenido de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo [.]" En tal precepto legal se reconoce el principio de definitividad, el cual consiste en la obligación del quejoso de agotar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede en contra de actos definitivos, por lo que es imperativo para el solicitante del amparo acudir a las instancias comunes que pueda producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de la unión. En tal contexto, únicamente quien ha agotado todas las posibles vías para combatir el acto reclamado, se encuentra en posibilidad jurídica para promover el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/37 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito1, de rubro y texto siguientes: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Con la finalidad de explicar la anterior aseveración, conviene mencionar que los antecedentes del acto reclamado, narrados bajo protesta de decir verdad, son los siguientes: 1. El veintiocho de mayo de dos mil veinte, Rosalinda Cadenas Zavala (albacea de la sucesión testamentaria), promovió juicio especial civil testamentario a bienes de Jerónimo Cadenas Domínguez, el cual quedó radicado bajo el expediente C-94/2020 del índice del juzgado Único Civil de Partido de Uriangato, Guanajuato. 2. Siguiendo la secuela procesal del juicio de origen, en fecha veintidós de junio de dos mil veinte, se llevó a cabo la junta de herederos, subsistiendo como la albacea **********. 3. En auto de diez de febrero del año en curso, se abrió la segunda sección, la cual culminó con la resolución de dos de agosto de dos mil veintiuno, en la que el juez responsable aprobó el inventario y avaluó rendido -este es el acto reclamado-. De lo anterior se desprende que se actualiza la invocada causal de improcedencia del juicio de amparo, pues, se reitera, el quejoso no interpuso el recurso idóneo para impugnar el acto reclamado. 1 Novena Época, número de registro 187016, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, página 902. Ello, en virtud de que la resolución que culminó la segunda sección del juicio sucesorio de donde emana el acto reclamado y al cual compareció la parte quejosa, es susceptibles de impugnarse por los medios ordinarios de defensa, pues el Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, prevé un medio de defensa con el cual puede modificarse, revocarse o anular sus efectos. En efecto, en contra de las citadas determinaciones procede el recurso de revocación previsto en el artículo 232 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato, numeral que prevé lo siguiente: "Artículo 232. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Como se advierte de lo anterior, el recurso de revocación procede en contra de todos los autos inapelables y para su conocimiento es competente el mismo juez que emitió el proveído recurrido. El trámite de dicho medio de defensa se encuentra previsto en los artículos 233 y 234 del citado ordenamiento legal, los cuales establecen: "Artículo 233. La revocación se interpondrá dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado. En el escrito en que se interponga deberán expresarse los agravios que le cause la resolución al recurrente. Si se determina que el escrito fue presentado fuera del término, o no contiene la expresión de agravios, se declarará desierto el recurso y firme el auto o decreto." "Artículo 234. Pedida la revocación se dará vista a las demás partes, por término de tres días, y transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro del tercer día." De los numerales transcritos, en lo que interesa, se evidencia que el recurso de revocación debe interponerse dentro de los tres días siguientes, contados a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del auto impugnado, que deben expresarse los agravios respectivos, con dicho ocurso se dará vista a las partes por el término de tres días y transcurrido dicho plazo, el juez resolverá dentro del tercer día. En tal virtud, las personas tienen a su alcance un medio ordinario de defensa en contra de todos los actos emitidos por un juez, respecto de los cuales no proceda el recurso de apelación, por lo que, previamente a acudir al juicio de amparo, se deberá agotar el recurso de revocación. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito2, de rubro y texto siguientes "REVOCACION, ES PROCEDENTE CONTRA AUTOS NO APELABLES EL RECURSO DE (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). Cuando un acuerdo no constituye una sentencia definitiva o auto que pudiera ser confirmado, invocado o modificado a través del recurso de apelación, de conformidad con lo previsto en el numeral 423 del Código de Procedimientos Civiles, en consecuencia, aquél es combatible mediante el diverso recurso de revocación, de acuerdo con el artículo 419 del propio ordenamiento legal, en el que se establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el Juez o tribunal que los dictó o por el que los sustituya en el conocimiento del negocio." Ahora bien, se reitera, la promovente del amparo combate el auto por el cual, en esencia, se aprobó el inventario y avalúo rendido por el albacea; sin embargo, dicho proveído puede impugnarse a través del recurso de revocación, puesto que dichos autos no son apelables, por no existir un artículo que prevea expresamente la procedencia de tal medio de defensa, el cual es de procedencia limitada de acuerdo con el artículo 245 del Código Procesal Civil de la entidad.3 Aunado a que no existe algún artículo en el código citado que establezca que el auto en el que se aprueba el inventario y avalúo sea irrecurrible4. 2 Séptima Época, número de registro 247290, Semanario Judicial de la Federación, volumen 217-228, sexta parte, página 573. 3 Artículo 245. Los autos son apelables cuando decidan un incidente o lo disponga este Código, si, además, lo fuere le sentencia definitiva del negocio en que se dicten. La apelación, en este caso, será admisible sólo en el efecto devolutivo, salvo cuando la ley disponga que lo sea en ambos. 4 Artículo 585. En todo juicio sucesorio se formarán cuatro secciones compuestas de los cuadernos necesarios. Deben iniciarse las secciones simultáneamente cuando no hubiere impedimento de hecho. Artículo 586. La primera sección se llamará de sucesión, y contendrá, en sus respectivos casos: I. El testamento o testimonio de protocolización o la denuncia del intestado; II. Las citaciones a los herederos y acreedores, y la convocación a los que se crean con derecho a la herencia; III. Lo relativo al nombramiento y remoción de albacea e interventores, y al reconocimiento de derechos hereditarios; IV. Los incidentes que se promuevan sobre nombramiento o remoción de tutores; y V. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez del testamento, la capacidad legal para heredar y preferencia de derechos. Artículo 587. La sección segunda se llamará de inventarios, y contendrá: I. El inventario provisional del interventor; II. El inventario y avalúo que forme el albacea; III. Los incidentes que se promuevan; IV. La resolución sobre el inventario y avalúo. Artículo 588. La tercera sección se llamará de administración y contendrá: I. Todo lo relativo a la administración; II. Las cuentas, su glosa y calificación; III. Derogada. Artículo 589. La cuarta sección se llamará de partición y contendrá: I. El proyecto de distribución provisional de los productos de los bienes hereditarios; II. El proyecto de partición de los bienes; III. Los incidentes que se promuevan respecto a los proyectos a que se refieren las fracciones anteriores; IV. Los arreglos relativos; V. Las resoluciones sobre los proyectos mencionados; VI. Lo relativo a la aplicación de los bienes. Capítulo IV Inventario y avalúo Por lo cual se concluye que en contra de los actos reclamados procede el recurso ordinario de revocación, el cual debe conocer la propia autoridad responsable. Aunado a que no se actualiza alguna de las excepciones que establece la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento o alguno prohibido por el artículo 22 constitucional, tampoco se trata de un acto que restrinja la libertad en el procedimiento penal ni el amparo es pedido por un tercero extraño a juicio. Finalmente, se estima que la procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, pues se observa que el texto legal que prevé el recurso de revocación no es confuso y tampoco permite razonablemente Artículo 617. Dentro de diez días de haber aceptado su cargo el albacea debe proceder a la formación de inventarios y avalúos, dando aviso al juzgado para los efectos del artículo 620, y dentro de los sesenta días de la misma fecha deberá presentarlos. El inventario y el avalúo se practicarán simultáneamente, siempre que no fuere imposible por la naturaleza de los bienes. Artículo 618. El inventario se practicará por el actuario designado en los términos de este Código o por un notario nombrado por la mayoría de los herederos, cuando ésta la constituyan menores de edad o cuando los establecimientos de beneficencia o el fisco tuvieren interés en la sucesión como herederos o legatarios. Artículo 619. Deben ser citados por correo certificado, para la formación del inventario, el cónyuge que sobrevive, y los herederos, acreedores y legatarios que se hubieren presentado. El juez puede concurrir cuando lo estime oportuno. Artículo 620. Los herederos, dentro de los diez días que sigan a la declaración o reconocimiento de sus derechos, designarán, a mayoría de votos, un perito o peritos valuadores, y, si no lo hicieren o no se pusieren de acuerdo, el juez los designará. Artículo 621. El notario o el albacea, en su caso, procederá, en el día señalado, con los que concurran, a hacer la descripción de los bienes, con toda claridad y precisión, por el orden siguiente; dinero, alhajas, efectos de comercio o industria, semovientes, frutos, muebles, raíces, créditos, documentos y papeles de importancia, bienes ajenos que tenía en su poder el finado en comodato, depósito, prenda o bajo cualquier otro título, expresándose éste. Artículo 622. La diligencia o diligencias de inventario serán firmadas por todos los concurrentes, y en ellas se expresará cualquiera disconformidad que se manifestare, designando los bienes sobre cuya inclusión o exclusión recae. Artículo 623. El perito o peritos designados valuará todos los bienes inventariados. Artículo 624. Los títulos y acciones que se coticen en la bolsa de comercio podrán valuarse por informes de la misma. No será necesario tasar los bienes cuyos precios consten en instrumento público, cuya fecha esté comprendida dentro del año inmediato anterior. Artículo 625. El albacea deberá adjuntar al inventario los títulos de propiedad cuando se listen bienes inmuebles propiedad del decujus; practicados el inventario y avalúo, serán agregados a los Autos y se pondrán de manifiesto en la Secretaría por cinco días, para que los interesados puedan examinarlos, citándoseles, al efecto, por correo certificado. Artículo 626. Si transcurriese ese término sin haberse hecho oposición, el juez los aprobará sin más trámites. Si se dedujese oposición contra el inventario o avalúo, se substanciarán las que se presenten en forma incidental, con una audiencia común, si fueren varias, a la que concurrirán los interesados y el perito que hubiere practicado la valorización para que, con las pruebas rendidas, se discuta la cuestión promovida. Para dar curso a esta oposición, es indispensable expresar concretamente cual es el valor que se atribuye a cada uno de los bienes y cuales sean las pruebas que se invocan como base de la objeción al inventario. Artículo 627. Si los que dedujeren oposición no asistieren a la audiencia, se les tendrá por desistidos. Si dejaren de presentarse los peritos, perderán el derecho de cobrar honorarios por los trabajos practicados. En la tramitación de este incidente cada parte es responsable de la asistencia de los peritos que propusiere, de manera que la audiencia no se suspenderá por la ausencia de todos o de alguno de los propuestos. Artículo 628. Si los reclamantes fueren varios e idénticas sus oposiciones, deberán nombrar representante común en la audiencia. Artículo 629. Si las reclamaciones tuvieren por objeto impugnar simultáneamente el inventario y el avalúo respecto de un mismo bien, una misma resolución abarcará las dos oposiciones. Artículo 630. El inventario hecho por el albacea o por heredero aprovecha a todos los interesados, aunque no hayan sido citados, incluso los sustitutos y los herederos por intestado. El inventario perjudica a los que lo hicieron y a los que lo aprobaron Aprobado el inventario por el juez o por el consentimiento de todos los interesados, no puede reformarse sino por error o dolo, declarados por sentencia definitiva pronunciada en juicio. Artículo 631. Si pasados los términos que señala el artículo 617, el albacea no promoviere o no concluyere el inventario, se estará a lo dispuesto por el Código Civil, removiéndolo. La remoción a que se refiere este precepto será de plano Artículo 632. Los gastos de inventario y avalúo son a cargo de la herencia, salvo que el testador hubiere dispuesto otra cosa. distintas interpretaciones, ni utiliza términos ambiguos o que exista alguna laguna legal que deba ser integrada. De ahí que, al no operar las excepciones de la ley, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de revocación en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no interponer los procedentes, contra la resoluciones dictadas en un juicio, hace improcedente el amparo contra las mismas." Consecuentemente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la primer legislación invocada, este último interpretado a contrario sensu.
- Principal
Recepción de demanda. Por recibida la demanda de amparo formulada por ************* quien se ostenta como apoderado legal de ********************, en contra de actos del juez Único Civil de Uriangato, Guanajuato. Fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), con el registro número 602/2021-7. Prevención de demanda. Para estar en aptitud de acordar sobre la admisión o desechamiento de la demanda, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 108, fracciones I y V, en relación con el diverso 114, fracciones I y II de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que, dentro del término de cinco días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad: 1. Indique la etapa en el que se encuentra el procedimiento sucesorio ************* a bienes de ***************. 2. Indique si compareció al aludido procedimiento sucesorio, cuándo y por conducto de quién. 3. Manifieste si interpuso algún recurso o medio ordinario de defensa en contra del auto de fecha dos de agosto de dos mil veintiuno, en el que el juez aprueba el inventario y avalúo. 4. Declare bajo protesta de decir verdad que las copias certificadas de los documentos que exhibe son inalteradas. 5. Demuestre contar con la representación que ostenta, mediante documento respectivo, en términos de la ley de la materia, fechado con antelación a la presentación de la demanda de amparo que se atiende o bien acredite tenerla reconocida ante la autoridad responsable. En el entendido de que al haberse presentado la demanda vía electrónica, si la prevención se pretende cumplir por la misma vía, deberá sujetarse a los lineamientos que más adelante se enlistan. Los anteriores datos requeridos resultan necesarios para analizar la procedencia de su ocurso constitucional y el accionante de la tutela federal es omiso en manifestarlo en su capítulo de antecedentes. Dicha prevención se formula, en razón de que la personalidad es un presupuesto procesal que se refiere a la capacidad o legitimación que deben tener las partes para actuar en un proceso, en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena Época, III, Enero de 1996, Página: 47, Tesis: 2a./J. 1/96 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO". Ahora, en virtud de que la demanda de amparo fue presentada vía electrónica, se estima importante puntualizar que de conformidad con los artículos 18 y 19 del Acuerdo General conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3o. de la Ley de Amparo 1 en relación en términos de lo previsto en el artículo 12, inciso f), párrafo segundo, del 1 CAPÍTULO CUARTO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS DEMANDAS DE AMPARO Artículo 18. Para los efectos de lo previsto en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si quien promueve por vía electrónica una demanda de amparo en nombre del quejoso afirma tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, se le tendrán por presentadas las constancias que así lo acreditan si las remite por vía electrónica en copia digitalizada y en términos de lo previsto en el citado párrafo segundo del inciso f) del artículo 12 del AGC 1/2013, manifiesta por la misma vía bajo protesta de decir verdad, que el Documento Electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso original o de la copia certificada de éste. Artículo 19. Si una persona moral promueve una demanda de amparo por vía electrónica, será necesario que acompañe copia digitalizada del documento público que acredite la capacidad procesal de quien suscribe dicha demanda, debiendo realizar la manifestación bajo protesta de decir verdad señalada en el párrafo segundo del inciso f) del artículo 12 del AGC 1/2013, de que el Documento Electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso original o de la copia certificada de éste ??????? ??? AGC 1/20132, se puede acreditar la personalidad de conformidad con lo siguiente: a) Para los efectos de lo previsto en el artículo 11, párrafo primero, de la Ley de Amparo, si quien promueve por vía electrónica una demanda de amparo en nombre del quejoso afirma tener reconocida su representación ante la autoridad responsable, se le tendrán por presentadas las constancias que así lo acreditan si las remite por vía electrónica en copia digitalizada debiendo manifestar bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso original o de la copia certificada de éste. b) Si una persona moral promueve una demanda de amparo por vía electrónica, será necesario que acompañe copia digitalizada del documento público que acredite la capacidad procesal de quien suscribe dicha demanda, debiendo realizar la manifestación bajo protesta de decir verdad de que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso original o de la copia certificada de éste. Establecido lo anterior, se advierte que en la especie la parte quejosa no observa los requisitos anteriores, razón por la que se le efectúa la presente prevención. En la inteligencia de que esta prevención, deberá ser desahogada por el propio promovente, no así por las personas que autoriza en su escrito de demanda, toda vez que los hechos que le incumben son de carácter personal, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. 2 CAPITULO CUARTO DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Artículo 12. El expediente electrónico coincidirá íntegramente en su contenido con el expediente impreso que se lleva en los órganos jurisdiccionales, y será administrado desde el sistema electrónico de control de expedientes de cada órgano del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el Consejo, por conducto de sus órganos competentes, emitirán los manuales o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico conforme a las siguientes bases: [.] f) Los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, siempre y cuando se presenten manifestando bajo protesta de decir verdad, por vía electrónica, que el documento electrónico respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. Apoya a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, julio de dos mil seis, página 348, novena época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN 'BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD' REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." En el entendido de que conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo, este juzgado dará vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la ley de la materia, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 13/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 5, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Exhibición de copias. En el entendido, que deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para el traslado a las partes; en la proporción establecida en el artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P/J.36/2001, visible en la página 79, novena época, abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO". Apercibimiento. ??????? ??? Apercibida la parte quejosa que, en caso de no cumplir con lo ordenado dentro del término indicado, se tendrá por no presentada la demanda de que se trata, en los términos del artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Domicilio, autorizados y acceso al expediente electrónico. Dado que la parte quejosa fue omisa en señalar domicilio para recibir notificaciones, con apego en el artículo 27, fracción IIII, de la Ley de Amparo, practíquesele esta y las subsecuentes, por medio de la lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. No obstante lo anterior, infórmesele esta determinación a través del medio electrónico de contacto que proporciona; sin que pueda tenerse este como domicilio para recibir notificaciones, pues no se encuentra regulado por la Ley de Amparo. Por cuanto a la autorizada que refiere, se les tiene únicamente en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no proporciona datos que justifiquen que cuentan con facultad legal para ejercer la profesión de abogado, tales como su número de cédula o su número de registro en el Sistema Computarizado respectivo. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.
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