Graciela Anaya Ruiz
Expediente 795/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 795/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Graciela Anaya Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de diecinueve de noviembre actual, se ordenó notificar en los estrados de éste órgano jurisdiccional el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México en el juicio de amparo 362/2021 de su índice, así como el diverso de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado por este juzgado; ante ello, toda vez que la notificación de los citados acuerdos ya obran en autos, en obvio de mayores dilaciones, remítase la constancia relativa para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por la Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México mediante el cual solicita se notifique a la quejosa Graciela Anaya Ruiz, el contenido del proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mismo que obra en autos y se realice el requerimiento que indica en el de cuenta; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y provéase lo que en derecho proceda. Ahora bien, con fundamento en el numeral 26, fracción III, de la Ley de Amparo se ordena por conducto del actuario de la adscripción notificar a la citada quejosa por medio de lista que se fija en lugar visible de este órgano jurisdiccional, los proveídos de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 362/2021 de su índice, así como la presente determinación, ello para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, requiérase a la parte quejosa para que con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para que en el término de tres días contado a partir de que sea notificada, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, en la inteligencia que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se realizaran por lista. PROVEÍDO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DICE: "dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno.- - - agréguese a los autos el oficio 33007/2021, firmado electrónicamente por la Secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, adjunto al cual remite copia de la lista de acuerdos publicada el día veintiocho de octubre de dos mil veintiuno , de la que se advierte que no se notificó a Graciela Anaya Ruiz, el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 362/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito Auxiliar, así como tampoco se le requirió para que dentro del plazo de tres día, previsto en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2° contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de dicho acuerdo, señale domicilio para oír y recibir notificaciones personales en la Ciudad de México, apercibida que para el caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán por lista con apoyo en el numeral 27, fracción II de la Ley de Amparo. - - - Por tanto, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el oficio 18978/2021, proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl por el que remitió en un tomo el expediente original del juicio de amparo 795/2021 de su índice, promovido por Graciela Anaya Ruiz, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades y, este juzgado se avocó al conocimiento de la cuestión planteada en el presente asunto.- - - Y tomando en consideración que la parte promovente de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, y en el referido proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno se le solicitó a dicho órgano jurisdiccional notificara a la parte quejosa el mencionado acuerdo por estrados y se le requiriera para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta Ciudad de México. - - - Sin embargo, en la fecha en que se actúa no obran las constancias de notificación de referencia, por lo que solicítese de la manera más atenta al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para que, en caso de que no exista inconveniente legal alguno, notifique por estrados a la parte promovente el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Recepción y radicación. Por recibido el oficio 18978/2021, remitido por el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, al cual se anexan los autos originales del juicio de amparo 795/2021, de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Graciela Anaya Ruiz, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades. Acúsese el recibo de estilo correspondiente vía interconexión en términos de lo establecido en los artículos 3, 4, 6 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios de Interconexión Tecnológica entre los Órganos Jurisdiccionales con diversas Instituciones Públicas. En consecuencia, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos a la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 4/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la cuestión planteada en el escrito de la demanda de amparo de que se trata. Fórmese el expediente físico y electrónico de amparo, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo e instrúyase al secretario de acuerdos que deberá dar fe en lo sucesivo de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincida en su totalidad y como actos reclamados, las siguientes: AUTORIDADES RESPONSABLES Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. ACTOS RECLAMADOS: (1) El Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto del dos mil diecinueve. (2) El decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servicios Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. (3) El Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaría de los artículos 75 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el Diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Precisado lo anterior, se provee: DESECHAMIENTO Determinación sobre los actos reclamados. Desechamiento respecto del acto reclamado consistente en : (1) el Decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como sus artículos Transitorios Primero y Quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existe causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifestado se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe de ser claro, sin lugar a dudas, evidente por si mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, este juzgador advierte de la demanda de amparo que la parte quejosa también pretende que a través del juicio de amparo se ejerza un control de constitucionalidad sobre la reforma y adicione los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que respecto a dichos artículos se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual se establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las adiciones y reformas a la Constitución implican agregar o modificar los principios, reglas, disposiciones y decisiones fundamentales referidas al funcionamiento, atribuciones y organización de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, organismos constitucionales autónomos, así como las relaciones con los particulares. El procedimiento de adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se contiene en el artículo 135, que establece: "Artículo 135. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerden las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados Unidos de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las Legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas." Dicho procedimiento se encuentra conferido exclusivamente al denominado poder reformador, que se conforma por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes en el Congreso de la Unión, además de la mayoría de las legislaturas de los Estados y del de la Ciudad de México. Asimismo, el Congreso de la Unión o, en su caso, la Comisión Permanente, hace el cómputo de los votos de la legislatura y la declaratoria de aprobación de las adiciones o reformas. Apuntando que es una reforma o adición a la Constitución General, corresponde determinar el fundamento constitucional de la causa de improcedencia contra adiciones y reformas a éste. Su fundamento se encontraba implícito en los artículos 103, fracción I y 133 que prevén: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglaran a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario a que pueda haber en las Constituciones o leyes de las entidades federativas." Asimismo, si bien es cierto que la Suprema Corte funcionando en Pleno, resolvió que era procedente impugnar vía amparo los actos que reforman la Constitución Federal; lo cierto es que. La Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, expresamente incorporó el impedimento para ejercer el control constitucional vía amparo contra adiciones y reformas al Máximo ordenamiento del país. La Segunda Sala, ya abordó el estudio de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. En la jurisprudencia 2q./J. 3/2012 (10ª), sostuvo que los artículos constitucionales no pueden ser sometidos a un análisis de regularidad constitucional a través del juicio de amparo, ni a un control difuso de constitucionalidad mediante alguno de los recurso establecidos en la Ley de Amparo, pues las normas que componen la Constitución General de la República constituyen la fuente de todo el ordenamiento jurídico y deben considerarse como mandatos inmunes a cualquier tipo de control jurisdiccional. El criterio mencionado tiene registro 2005466 y rubro siguiente: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD. NO PUEDE REALIZARSE RESPECTO DE LOS PRECEPTOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" La razón de la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones y reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inclusive sus procesos de reformas, resultan porque el órgano reformador ejerce una función soberana no sujeta a ningún tipo de control externo, porque en la conformación del órgano y en la atribución constitucional de su función se encuentra su propia garantía. Aunado a que dichas decisiones soberanas se refieren a principios, reglas, disposiciones y decisiones político fundamentales referidas a la organización, así como derechos fundamentales y garantías para su protección. Una vez expuestas las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado constituye una adición, reforma a la Constitución Federal, artículo transitorio o sus procesos de modificación o adición. En el caso, se reclama la reforma y adición de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto de dos mil nueve. Luego entonces, resulta claro que en este juicio de amparo la parte quejosa está reclamando la reforma y adición de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada el veinticuatro de agosto de dos mil nueve, acto en contra del cual no procede el juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la tesis I. 18º.A.3 CS (10ª), del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro 2012958, de rubro siguiente: "ADICIONES O REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN SU CONTRA." Por los motivos expuestos y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción III, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se determina desechar de plano la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en el decreto por el que se reforma y adicionan los artículos 75 y 127 constitucionales, así como sus artículos Transitorios Primero a Quinto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de agosto del dos mil nueve. Desechamiento respecto al acto reclamado consistente en (2) del Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Ahora bien, por lo que hace al Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, la consideración del suscrito, de igual forma el presente juicio de amparo resulta improcedente de manera notoria y manifiesta. Lo anterior es así, ya que respecto de dicho acto reclamado, el cual fue reclamado como norma autoaplicativa, a consideración del suscrito se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la I, del diverso 107, aplicada en sentido contrario, ambos preceptos de la ley de la materia, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la imprudencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo de primer acto de su aplicación cause perjuicio al quejoso." Conforme a la fracción I, del referido numeral 107, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede contra normas que por su entrada en vigor o de primer acto de aplicación cause un perjuicio al quejoso. Lo que indudablemente exige que la norma que se combate esté vigente. En el caso, como se dijo, la parte quejosa reclamó la disposición normativa en comento publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, puesto que, a su consideración, con su simple explicación le genero un perjuicio. Sin embargo, como destacadamente lo manifiesta a la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, en el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneración de los Servidores Públicos, publicada en el Diario Oficial de la-Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, mediante su artículo Cuarto Transitorio fue abrogada la disposición de carácter general de cinco de noviembre de dos mil dieciocho (materia del presente desechamiento). En consecuencia ante la lógica que para efecto de la procedencia del juicio protector de derechos humanos se necesita, se pueda concluir que la afectación que refirió la parte quejosa, en el particular caso no existe, ya que admitir lo contrario y proceder al estudio de fondo en el presente amparo implicaría como tema de Litis constitucional una disposición normativa que la presente data carece de vida jurídica. Por los motivos expuestos anteriormente y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo Amparo, se concluye que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por cuanto hace al acto declamatorio consistente en el decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamento del artículo 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre del dos mil dieciocho. Determinación respecto al acto reclamado en (3) en el Decreto por el cual se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos Reglamentaria de los artículos 75 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Cuestión previa. El artículo 108 de la Ley de -Amparo dispone lo siguiente: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no lo conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugne normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a lo que la ley encomiende a su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalar con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios.} Así, una vez analizando el escrito inicial de demanda en forma íntegra, al igual que los anexos que la acompañan, se acuerda lo siguiente: PREVENCIÓN Previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad que lo dispuesto en el artículo 108, fracción III y IV, en relación con lo dispuesto en el diverso 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente de amparo, para que en el plazo de CINCO DÍAS contando a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito realice lo siguiente: a) Precise si su interés legal conviene atribuible al Presidente de la República como acto reclamado la promulgación (implícita) del Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, publicado en el diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. b) Se requiere a la promovente de amparo para que precise de manera clara los actos reclamados de cada uno de las autoridades señaladas como responsables que participaron en el proceso legislativo, en el entendido que deberá indicar que parte del proceso legislativo que atribuye a cada una de las autoridades que menciono, dado que la forma en que lo planteo en el capítulo correspondiente del escrito de la demanda de amparo no lo hace de manera clara, precisa y directa. Lo anterior, porque si bien en su demanda de amparo refiere que señala como actos reclamados los siguiente: C) El decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los servidores públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Esto fue publicado en el medio oficial nacional el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. De esa ley se reclaman en concreto los artículos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, así como el artículo transitorio Quinto De la transcripción anterior, se advierte que la promovente de amparo no precisó qué acto atribute en forma específica a cada una de las autoridades responsables legislativas que indicó, ya que en forma genérica, señala como acto reclamado en su respectiva competencia a las autoridades responsables los decretos antes mencionados, debiendo aclarar, como se dijo, de forma precisa, que actos atribute a cada una de las autoridades responsables legislativas que señaló. c) Deberá indicar si acude al juicio de amparo reclamando el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho y se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con motivo de su entrada en vigor, o bien, en razón de su primer acto de aplicación, en este último caso deberá indicar el acto concreto en que se individualizó y se aplicó en su perjuicio la norma impugnada, así como la fecha en que se hizo conocedora de los mismo, debiendo señalar las autoridades a quien le atribuye dicha aplicación. Finalmente, se apercibe a la promovente de amparo que, de no desahogar la totalidad de las ´prevenciones formuladas dentro del plazo señalado para tal efecto, acompañando en su caso copias del escrito aclaratorio necesarias para corres traslado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Al respecto, es preciso aclarar que en caso de que la promovente de amparo desahogue las prevenciones en los primeros días del plazo concedido, pero sin cumplir con la totalidad de los requerimientos impuestos, este juzgador procederá a emitir un acuerdo en el que señalará las omisiones que subsisten en que deberá notificarse personalmente, a efecto de darle oportunidad de subsanar dichas omisiones antes del vencimiento del plazo concedido originalmente. Esto es, al término de cinco días se suspenderá con la presentación del escrito con el que se pretenda desahogar las prevenciones y se reanudará al día siguiente al en que surtan efectos la notificación del proveído en el que se señalen las omisiones que subsisten. Asimismo, hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe de ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la Litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia 1ª./J. 37/2011, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de veintisiete de octubre pasado, se ordenó notificar en los estrados de éste órgano jurisdiccional el proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México en el juicio de amparo 362/2021 de su índice, así como el diverso de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, dictado por este juzgado; ante ello, toda vez que la notificación de los citados acuerdos ya obran en autos, en obvio de mayores dilaciones, remítanse las constancias relativas para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado electrónicamente por el Secretario adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México al que adjunta el diverso suscrito por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México mediante el cual solicita se notifique a la quejosa Graciela Anaya Ruiz el contenido del proveído de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, mismo que obra en autos; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y provéase lo que en derecho proceda. Auto de dieciséis de julio de dos mil veintiuno. Por los motivos expuestos y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la I del artículo 107, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, se concluye que lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en el Decreto por el que se expidió la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, previo a proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 108, fracciones III y IV, en relación con lo dispuesto en el diverso 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente de amparo para que en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al que surta efectos la notificación del presente auto, por escrito desahogue lo solicitado. Finalmente, se apercibe a la promovente de amparo que de no desahogar la totalidad de las prevenciones formuladas dentro del plazo señalado para tal efecto, acompañado en su caso del escrito aclaratorio necesarias para correr traslado, se tendrá por no presentada la demanda de amparo.
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