Graciela Alicia Medina Saldivar
Expediente 1699/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1699/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/07/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Graciela Alicia Medina Saldivar
Actuaciones
- Principal
se tiene que el Juez Primero de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes, solicita que le sea proporcionada la información que precisa en su ocurso de mérito; sobre el particular, hágase de su conocimiento que no ha lugar a acordar de conformidad la petición que formula
- Principal
"...Agréguese a sus autos el oficio de cuenta. Se tiene que el Subadministrador en ausencia de la Administradora Local de Servicios al Contribuyente de Aguascalientes, cumple con el requerimiento que se formuló el tres de julio de dos mil quince, y al efecto indica que no encontró información alguna a nombre del quejoso Juan Manuel Morales Pérez. Visto el estado de los autos, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio de tercero interesado Daniel Benítez Loredo, sin resultado alguno, lo procedente es ordenar el emplazamiento a su parte por medio de edictos, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo. En este caso, debe ordenarse el emplazamiento por edictos a costa de la quejosa, dado que de las constancias de autos se advierten indicios suficientes que permiten demostrar su capacidad económica para erogar el pago de la publicación de los mismos. Conclusión a la que se arriba, ya que a el Director General Jurídico de la Secretaría de Finanzas del Estado, informo que el aquí quejoso, tiene registrado a su nombre un vehículo automotor, circunstancia que por sí sola permite demostrar que la quejosa cuenta con recursos económicos suficientes para cubrir el costo de publicación de los edictos que se ordenó para emplazar a la tercera interesada, porque sí sus ingresos le permiten solventar los gastos de un vehículo, necesariamente sus ingresos son altos de manera tal que le permitan satisfacer sus diversas necesidades básicas. Además, de las constancias de autos se advierte que el quejoso presentó denuncia de hechos en la que afirmó, que encargó diversos trabajos para lo cual entregó objetos de joyería valuados aproximadamente en cuarenta mil pesos, elementos que denotan cierto nivel de riqueza por parte del quejoso. Cabe agregar que para determinar los supuestos de que se trata de personas de escasos recursos a que se refiere el inciso c) de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, no es un requisito preponderante el ingreso y bienes de fortuna del gobernado, para concluir que está imposibilitado económicamente para cubrir el pago de la publicación de los edictos, pues para ello debe acudirse como criterio de orientación, a la Ley General de Desarrollo Social, que en su artículo 36, señala: "Artículo 36. Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores: I. Ingreso corriente per cápita; II. Rezago educativo promedio en el hogar; III. Acceso a los servicios de salud; IV. Acceso a la seguridad social; V. Calidad y espacios de la vivienda; VI. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; VII. Acceso a la alimentación; VIII. Grado de cohesión social, y IX. Grado de Accesibilidad a carretera pavimentada." Ahora, debe destacarse que el quejoso expresamente manifestó que tiene su domicilio la calle Ajusco número ciento diecisiete (117) del fraccionamiento Prados del Sur, de esta ciudad, lo cual se relaciona con la copia certificada de la credencial expedida por el Instituto Federal Electoral a favor del quejoso (foja 50), y también es un hecho notorio que dicha zona habitacional esta conformada por espacios de calidad en la vivienda, con acceso a servicios públicos de alumbrado público, agua potable, drenaje y con vías de acceso pavimentadas, aspectos que indican y permiten identificar o medir la pobreza o marginación de sus habitantes, de ahí que el quejoso no debe incluirse en las personas de escasos recursos a que se refiere la Ley de Amparo, en artículo 27, fracción III, inciso c). Por lo expuesto, quien resuelve llega a la conclusión que la parte quejosa cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar la publicación de los edictos correspondientes para lograr el emplazamiento a juicio del tercero interesado Daniel Benítez Loredo. Orienta esta decisión, la tesis: XXVII.3o.57 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, número de registro: 2007381, consultale en la página 2420, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO Y AL PARTICULAR SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. ELEMENTOS DE PONDERACIÓN PARA DETERMINAR SI EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE ORDENARLOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO. El artículo 27, fracción III, incisos b) y c), de la Ley de Amparo dispone que la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles, cuando no conste en autos el domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, se hayan dictado las medidas pertinentes con el propósito de investigar el domicilio y requerido a la autoridad responsable para que lo proporcione; asimismo, que cuando se trata de personas de escasos recursos a "juicio" del órgano jurisdiccional, se ordenará la publicación correspondiente sin costo para el quejoso. Con base en lo anterior, el órgano jurisdiccional debe emitir una resolución fundada y motivada respecto de las razones que lo llevaron a determinar la situación de pobreza en que se encuentra el quejoso que lo identifica como "de escasos recursos". Para ello, resulta útil el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, el cual establece que para la definición, identificación y medición de la pobreza, deben considerarse los nueve indicadores siguientes: 1. Ingreso corriente per cápita; 2. Rezago educativo promedio en el hogar; 3. Acceso a los servicios de salud; 4. Acceso a la seguridad social; 5. Calidad y espacios de la vivienda; 6. Acceso a los servicios básicos en la vivienda; 7. Acceso a la alimentación; 8. Grado de cohesión social; y, 9. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada; y, bajo ese marco legal, el dieciséis de junio de dos mil diez en el Diario Oficial de la Federación se dictaron los lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de la pobreza, en los que de forma explícita se establece la forma de identificación de este sector de la población. Así, será necesario identificar a las personas o grupos de personas en situación de pobreza, bajo uno de los criterios enunciados o en una combinación de ambos, pues para concluir quiénes son personas de escasos recursos debemos partir de la premisa de que deben gozar de una serie de derechos humanos indispensables para la dignidad humana que tienen que estar incorporados en el marco normativo de la sociedad, que constituyen derechos sociales irrenunciables e insubstituibles por lo que la pobreza es la negación no sólo de un derecho en particular o de una categoría de derechos, sino de los derechos humanos en su totalidad. Esto es así, en la medida que la pobreza está vinculada directamente con la limitación de opciones de vida de los individuos e identifica las múltiples privaciones o condiciones de ésta que limitan a su vez las libertades individuales y colectivas. En consecuencia, con base en a) las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad exprese el quejoso en su demanda de amparo; b) las constancias que tenga a su alcance; y, c) las pruebas que en su caso aporte el quejoso para evidenciar su situación de pobreza, el órgano jurisdiccional tendrá que decidir si cuenta con indicios suficientes que le permitan ubicarlo en una situación de pobreza con base en los indicadores y lineamientos aludidos. En virtud de lo anterior, lo procedente es entregar a la quejosa JOSÉ MANUEL MORALES PÉREZ, los edictos ordenados en autos para emplazar al tercero interesado Daniel Benítez Loredo, los cuales deberá realizar las gestiones necesarias para su publicación por tres veces consecutivas con intervalos de siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los Periódicos Diarios de mayor circulación en la República Mexicana, siendo éste alguno de los denominados Reforma, Universal, Excelsior y/o Milenio, en los que de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso d) de la Ley de Amparo, se haga del conocimiento del citado tercero interesado que dentro del término de treinta días, contados del día siguiente al de su última publicación de los edictos de mérito, deberá apersonarse al presente juicio de amparo 987/2015-V, en el entendido de que la copia de la demanda de garantías, queda a su disposición en la Secretaria de este Juzgado. Asimismo, para que en el indicado término señale domicilio en esta ciudad de Aguascalientes para oír y recibir notificaciones, apercibiéndolo que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se les harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, en términos de los numerales 26, fracción III, de la Ley de Amparo, y que si pasado ese término no comparece, se seguirá el juicio. En consecuencia elabórense los edictos correspondientes y entréguense a la quejosa, para que provea lo conducente para su publicación, y dentro de un término de veinte días hábiles acredite haberlos entregado para tal efecto, con apercibimiento que de no demostrar que realizó las gestiones necesarias para su publicación dentro de ese término y exhibir las constancias que así lo acrediten, se sobreseerá el presente juicio de amparo de conformidad con el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo. Se cita, la tesis: XVII.1o.C.T.18 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, número de registro: 2004907, consultable en la página 1320, Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad."
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como lo solicita el promovente, ...expídasele copia de las constancias que indica y entréguese previa razón que de su recibo se deje en autos
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