Graciela Aguirre Mendez
Expediente 797/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Graciela Aguirre Mendez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Esta autoridad federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de acordar los escritos presentados el tres de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral ... Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia del acto reclamado y la procedencia del juicio de amparo respecto del mismo. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia que las partes hagan valer o que se aprecie de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. QUINTO. Conceptos de violación. La parte quejosa en su escrito de demanda, expone como concepto de violación: ? Violación a los derechos contenidos en los artículos 1, 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues han pasado meses sin que la autoridad responsable responda y atienda su petición. SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Son FUNDADOS los conceptos de violación, pues se advierte una violación al derecho humano contenido en el artículo 17 Constitucional. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Federal establece el derecho humano relativo a la impartición de justicia, entre cuyos atributos, está el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; de acuerdo con el citado artículo constitucional, la prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento, como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. Ahora, la correspondiente obligación por parte de las autoridades jurisdiccionales de impartir justicia dentro de los plazos y términos fijados por el legislador, debe cumplirse en el tiempo fijado por la ley, suficiente para que las partes y las autoridades encargadas de impartir justicia realicen las diversas etapas procesales en el plazo establecido, sin que estos lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.113/2001, del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 5, Tomo XIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." En el caso, se reclama sustantivamente la omisión incurrida por una autoridad jurisdiccional en el ámbito laboral, consistente en: La omisión de acordar los escritos presentados el tres de octubre de dos mil veintidós, dentro del juicio laboral Así, a fin de establecer cuáles son los plazos aplicables al caso, se atiende al contenido de las constancias que obran en autos, de las que se advierte que la Ley Federal del Trabajo es la que rige el procedimiento de donde emana el acto reclamado. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que existe dilación en el dictado de proveídos laborales, cuando transcurren más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha en que se concluyó el plazo en el que legalmente debieron pronunciarse o diligenciarse los actos procesales respectivos; como se advierte en la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), registro 2019400, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo II, página 1643, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En efecto, de acuerdo con el criterio sustentado por el Máximo Tribunal del País, para establecer el plazo máximo dentro del cual la Junta responsable debe atender las peticiones formuladas por las partes dentro del proceso sometido a su jurisdicción, debe tomarse como fundamento el numeral 772, primer párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 772.- Cuando, para continuar el trámite del juicio en los términos del artículo que antecede, sea necesaria promoción del trabajador y éste no la haya efectuado dentro de un lapso de cuarenta y cinco días naturales, el Tribunal deberá ordenar que se le requiera personalmente para que la presente, apercibiéndolo de que, de no hacerlo, operará la caducidad a que se refiere el artículo siguiente. De acuerdo a lo dispuesto en este precepto, se fija un lapso de cuarenta y cinco días naturales, a efecto de que el trámite del proceso continúe, cuando para esto resulta necesaria promoción del trabajador. Y conforme la interpretación que de dicho imperativo legal realizó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicho plazo debe también emplearse como parámetro para establecer si la omisión de atender cualquier solicitud formulada por las partes a la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la cual se tramita el proceso laboral, ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Lo que resultó necesario, ante la dificultad para fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible. En ese sentido, y conforme las constancias que integran estos autos, se deduce que la autoridad responsable, ha excedido el plazo de cuarenta y cinco días dentro del cual debió pronunciarse en torno a las solicitudes formuladas por la quejosa mediante escritos presentados el tres de octubre de dos mil veintidós. Lo anterior, ya que hasta la fecha en que se presentó la demanda -ocho de agosto de dos mil veintitrés-, han transcurrido aproximadamente un año y un mes sin que la Junta responsable atendiera la solicitud de la parte quejosa. Así, la omisión en que incurrió la Junta responsable actúa en perjuicio del quejoso, vulnerando su derecho humano consagrado en el artículo 17 Constitucional, a una impartición de justicia pronta, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo. De ahí que, al resultar fundados los conceptos de violación, lo procedente es conceder el amparo y protección solicitados. En ese orden, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo y con objeto de restituir a la quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos violentados, PROCEDE CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, para el efecto de que la junta responsable, una vez que cause ejecutoria la presente resolución: ? Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de amparo, dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación del acuerdo en que se declare ejecutoriada la presente sentencia, con plenitud jurisdiccional, conteste todas las peticiones formuladas por la quejosa mediante escritos presentados el tres de octubre de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 671/2016(4)Bis y las notifique, dentro de ese mismo plazo, a la parte quejosa. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Dado que las partes no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ... contra actos de la Junta Especial 4 Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, en términos del y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.
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MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; treinta de octubre de dos mil veintitrés.********************Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, se observa que conforme a los Avisos de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmados electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el dieciocho y diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, la Circular 28/2023 emitida en esta última fecha por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el Aviso de Suspensión de Labores por causa de fuerza mayor firmado electrónicamente por el Coordinador de Magistrados y Coordinador de Jueces de Distritos, ambos del Décimo Tercer Circuito, el veinticinco de este mes, este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca suspendió labores jurisdiccionales los días dieciocho, diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, durante los cuales no transcurrieron plazos procesales.****************************************Por lo anterior, la celebración de la audiencia constitucional que tendría lugar a las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES, se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES.********************Notifíquese personalmente y cúmplase.
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MESA VI "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; seis de octubre de dos mil veintitrés.********************Agréguese el escrito de T... autorizada legal de la quejosa ...; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados sus alegatos.********************Asimismo acorde a lo establecido en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las cuales se desahogan en razón de su naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.********************Notifíquese y cúmplase.
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MESA VI San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; veinte de septiembre de dos mil veintitrés.********************Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurre el plazo de ocho días concedido a las partes en auto de ocho de septiembre de esta anualidad, para que se impongan del contenido del informe justificado y prueba documental ofrecidas por la Junta Especial Cuatro Bis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca.********************Para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRES. ********************Notifíquese y cúmplase.
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