Graciela Abigail Colli Leon

Expediente 1244/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1244/2020
Año
2020
Actuaciones
15
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Graciela Abigail Colli Leon

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia en cuyo primer punto resolutivo se sobreseyó en este juicio, y en el segundo, se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, debiendo agregar a los cuadernos del incidente de suspensión, copia autorizada del presente proveído. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, al ser un juicio de amparo negado y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el numeral 15 de citado Acuerdo General. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues, se concedió la suspensión definitiva solicitada, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso a, del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1244/2020-VI-A, promovido por ***, contra los actos que reclama de la Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, ... TERCERO. No es cierto el acto reclamado al Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio, respecto a la autoridad señalada en el párrafo anterior, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la Tesis de Jurisprudencia número 284 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y Director del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), ambos con sede en esta ciudad, pues así lo manifestaron al rendir su respectivo informe justificado; por lo que así deben tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, en vigor, por lo que procede el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SEXTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan infundados los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, motivo por el cual deberá negárse el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Ahora bien, en principio, es pertinente precisar que el acto reclamado involucra a dos menores de edad. Concordante a ello, debe señalarse que el interés superior del menor, contemplado primordialmente en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño, es un principio y criterio rector tanto para la creación de normas como para su aplicación, a fin de garantizar y proteger el desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el ejercicio pleno de sus derechos, siendo la cúspide de todo el sistema de protección de menores. De ahí que dicho principio, ampliamente desarrollado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Federales en el ámbito jurisdiccional, ha de guiar cualquier decisión que se tome relacionada con los menores de edad, erigiéndose como un instrumento orientador que implica llevar a cabo una interpretación sistemática que tome en cuenta los deberes de protección de las niñas, niños y adolescentes y los derechos especiales de éstos, previstos en la Constitución Federal, los tratados internacionales y las leyes de protección de la niñez, a fin de resolver lo conducente en toda controversia que trascienda, directa o indirectamente, la esfera de derechos del infante, buscando siempre una solución estable, justa y equitativa para éste, ante la frecuente concurrencia de varios intereses que, derivado de las circunstancias de cada caso en particular, entran en conflicto. Bajo ese esquema, el interés superior del menor necesariamente debe constituir el punto de referencia para emprender el estudio de los actos reclamados. Al caso, se invoca la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos treinta y cuatro, Libro XV, diciembre de dos mil doce, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, número de registro 159897, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: 'la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño." La quejosa señaló en sus conceptos de violación que las autoridades responsables han violado en su perjuicio los numerales 14 y 16 Constitucionales, toda vez que sin fundamento o motivo legal alguno, la privaron del ejercicio de la guarda, custodia y protección de sus menores hijos, al realizar la separación de los mismos del hogar que siempre han habitado con ella, desconociendo el motivo de ello. Ahora bien, previamente es importante destacar que de las constancias remitidas por las autoridades responsables al rendir su informe justificado, relativas al expediente marcado con el número PR/328/2020, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, lo siguiente: 1.- El diecisiete de noviembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido en el Departamento de Unidad de Primer Contacto de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, con sede en esta ciudad, la investigación de campo realizada por el Delegado de la Procuraduría en cita residente en Progreso, Yucatán, realizada con motivo de un reporte anónimo mediante el cual se hacía del conocimiento de la referida dependencia la situación de dos menores, quienes se señaló son víctimas de violencia y omisión de cuidados por parte de su progenitora Abigail Pech León. De dicha investigación se advierte, que el cinco de noviembre de dos mil veinte, personal adscrito al Departamento de Trabajo Social del DIF Municipal de Progreso Yucatán, entre otros predios, se apersonó al domicilio de la referida Pech León, en el que pudo apreciar lo siguiente: ".Al entrar al predio, éste desprendía un olor fétido, entre alcohol, basura y heces fecales, de igual manera, se observó a la señora ABIGAIL PECH LEÓN, en estado de ebriedad junto con su pareja el señor JULIO CÉSAR ESQUIVEL y con otros cuatro hombres que también se encontraban consumiendo alcohol, además de un adulto mayor que al parecer es abuelo de la investigada, al cual se observó en notable estado de abandono y de falta de higiene, toda esta situación siendo presenciada por los menores [.] y [.] quienes se encontraban en el predio conviviendo con estas personas, dichos menores estaban en muy malas condiciones de higiene: [.] sin zapatos, sin ropa interior, sin camisa; [.] con liendres en la cabeza y desaliñada al igual que su hermano. Ambos con los pies al parecer infectados por el agua sucia que se encuentra por todo el piso de la vivienda, con base a esta situación los menores mencionaron que les dolían los pies.--- Respecto a la investigada no se logró entablar una plática con ella, debido a su estado de ebriedad. [.] "INTERPRETACIÓN DIAGNÓSTICA .En base a la investigación aplicada se corrobora lo siguiente: Omisión de cuidado: Se corroboró que la investigada no le proporciona la atención y el cuidado requerido a ambos menores, debido a que en la visita domiciliaria se observó a éstos con una inadecuada higiene personal, descalzos, con liendres y con lesiones en los pies posiblemente a causa del agua y el lodo que se encuentra acumulado en la vivienda. Asimismo, en las entrevistas colaterales, los vecinos manifestaron que la señora Abigail, no les proporciona sus alimentos, por lo que los menores salen a pedir comida con los mismos. De igual manera indicaron que los deja solos por horas prolongadas, así como también mencionaron que han observado a éstos a altas horas de la madrugada fuera de su vivienda. Maltrato: Debido a que las referencias vecinales indicaron que los menores son sujetos a malos tratos por parte de su progenitora, la cual los agrede de manera física y verbal con palabras altisonantes que podrían afectar la integridad emocional de los menores. Deserción escolar: Durante las entrevistas colaterales los vecinos manifestaron que los menores nunca han asistido de forma regular a la escuela, ya que faltaban constantemente y que actualmente desde el inicio de la pandemia desconocen si los menores estén tomando sus clases no presenciales. Insalubridad en la vivienda: Mediante la visita domiciliaria, se observó que los menores y la familia en general habitan en un área insalubre que podría afectar su salud, ya que se observó basura acumulada, agua estancada con residuos de heces fecales, debido a que no cuentan con servicio sanitario y la vivienda desprendía un olor fétido. Alcoholismo y posible drogadicción: La referencias vecinales manifestaron que la madre de los menores y la pareja de ésta consumen bebidas alcohólicas de manera constante, inclusive al momento de realizar la visita domiciliaria, se observó a ambos en estado de ebriedad, consumiendo bebidas alcohólicas con cuatro hombres ajenos a su familia, en el interior de la vivienda, estando ambos menores adentro. Asimismo, una vecina indicó que al parecer la madre de los menores también consume marihuana.". 2.- Con motivo de lo anterior, se inició el expediente PR/328/2020 y se ordenó una investigación social en relación con los hechos narrados, en la que en lo interesa se relató lo siguiente: "INFORME DE INVESTIGACIÓN SOCIAL. 1.- OBJETIVO DEL INFORME: a) Conocer la versión de la progenitora respecto del trato que les proporciona a los niños que se encuentran bajo sus cuidados, conocer la situación de su entorno familiar, datos generales y considerar los elementos que permitan determinar la posible situación de vulnerabilidad de los niños. b) Investigar la existencia o no existencia de indicadores de violencia en perjuicio de los niños, en los ámbitos físico, psicológico, sexual, patrimonial y económico. c) Realizar la investigación de entorno social en el predio correspondiente para diagnosticar la situación de los derechos vulnerados de los niños involucrados. [.] 4.- RELATO DE LA SITUACIÓN ACTUAL: En fecha 20 de noviembre del año en curso (sic), se realiza una entrevista versión personal en las instalaciones de su domicilio a la señora Graciela Abigaíl Collí León, quien manifestó tener 29 años de edad, vivir en unión libre con el señor Julio César Esquivel, el cual trabaja como pescador, acude por veinte días al mar y a su regreso está en casa una semana, procrearon dos hijos, la primera de nombre [.], de nueve años de edad, el niño de nombre [.], de cinco años de edad, la niña se encuentra cursando el cuarto grado de primaria actualmente de manera virtual, y en el celular la maestra del grupo le envía sus tareas, debido a que ella no cuenta con teléfono, acude con su hermana la señora Gladis Noemí Collí, para que la niña pueda presenciar la clase y hacer las tareas; sin embargo, su hermana vive en el fraccionamiento Flamboyanes, por lo que todos los días se tiene que trasladar, agrega que con ella vive su abuelito, el señor Casiano Fernando León Rosas, de 77 años de edad, quien permanece en una cama debido a que perdió la vista y no puede valerse por sí solo, comenta que es ella quien cuida y proporciona los alimentos al adulto mayor. Refiere que desde el inicio de las lluvias el agua comenzó a filtrar en su casa, ocasionando que se acumulara en el piso, pero actualmente el agua sigue acumulada; debido a que no tienen otro lugar donde vivir permanecen en el predio, además señala que la manguera de agua potable está enterrada y cruza debajo del piso por lo que también el agua se filtra por el piso. Refiere que su esposo tiene tres sobrinas que habitan en el puerto de Chicxulub, las cuales la ayudan con el cuidado de los niños, mismos quienes por unos días o semanas acuden con ellas, asimismo señala que es ella quien acude por sus hijos; en el fraccionamiento Flamboyanes habita su progenitora Maribel de la Cruz León y su hermana Gladis Pech León a las cuales visita constantemente, mismas con las que mantiene una buena relación. [.] 7.- DIAGNÓSTICO SOCIAL Una vez reunida la información, a través de la investigación de campo y entrevista, se analiza, interpreta y sistematiza a fin de evaluar la situación, por lo que es posible concluir: [.] En cuanto a los hechos que se manifiestan en el oficio y dan origen a la investigación de campo con vecinos, se obtiene que la investigada ejerce maltrato psicológico hacia sus hijos, siendo que se dirige a ellos con palabras altisonantes y a gritos, además de negligencia física, debido a que no les proporciona alimentación, vestido, una higiene adecuada, supervisión y oportuna atención a su salud, asimismo, también se corrobora negligencia a su educación, siendo que no continuaron con sus estudios, además de negligencia de seguridad, ya que deambulan solos por las calles y estando en el predio tampoco tiene la supervisión cuando sus padres se encuentran ingiriendo bebidas embriagantes con otras personas, además de omisión de cuidados hacia el adulto mayor quien no puede valerse por sí solo, además de que los niños presentan hongos en las plantas de los pies debido al agua acumulada dentro del predio, así como datos de alcoholismo de ambos padres, los cuales permanecen dentro del lugar donde se encuentran los niños y en compañía de otras personas del género masculino. [.] Cabe manifestar que los niños se encuentran en una situación desfavorecedora que afecta su salud, su integridad física, psicológica y moral, ya que se ha corroborado omisión de cuidados, deserción escolar e insalubridad en la vivienda, así como datos de alcoholismo por parte de los progenitores." 3.- Entrevistas realizadas el veinte de noviembre de dos mil veinte, por el Psicólogo adscrito a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, a los menores K.M.C.L. y D.D.C.L., respecto de las cuales alcanzó las siguientes conclusiones: a) Respecto a la detección de derechos vulnerados o restringidos, ambos infantes mencionan situaciones que vulneran o restringen el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; derecho a la protección a la salud y a la seguridad social; derecho a vivir en condiciones de bienestar y sano desarrollo; y derecho a la educación. b) Sobre la detección de algún tipo de violencia, ambos menores refieren situaciones de violencia por acciones de omisión en los cuidados y atenciones de las necesidades básicas. c) En cuanto indicadores de riesgo, el niño señala situaciones de inconsistencia en la alimentación y menciona características de la vivienda insalubres; por su parte, la niña menciona situaciones de enuresis durante las noches y pesadillas que le impiden volver a dormir; inconsistencia en la alimentación; características de la vivienda en condiciones insalubres; presencia de consumo de bebidas alcohólicas por parte de las personas cuidadoras en el ámbito familiar; presencia de personas no consanguíneas en el ámbito familiar que consumen bebidas alcohólicas. 4.- Con base en lo anterior, mediante resolución de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Subprocurador de la Defensa del Menor y la Familia, en la que después de analizar la situación de riesgo de los menores en comento y al no contar con familiar que se haga cargo de los menores involucrados, que les puedan proporcionar los cuidados necesarios acorde a su edad, siendo uno de los derechos otorgados a los infantes la protección contra toda clases de situaciones adversas en las que se puedan encontrar como en el caso de los infantes. Con fundamento en los artículos 49 y 50 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, y 122 de la Ley General de los Derechos de los Niñas Niños y Adolescentes, se ordenó el acogimiento residencial derivado de la separación preventiva de los menores K.M.C.L. y D.D.C.L., quedando bajo la Tutela Pública del Estado, ejercida a través de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, permaneciendo en el Centro Integral del Menor en Desamparo (C.A.I.M.E.D.E), hasta en tanto se resuelve su situación jurídica. 5.- En la propia fecha, esto es, veinte de noviembre de dos mil veinte, acudió a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, la madre de los referidos menores, aquí quejosa, Graciela Abigail Collí León, quedando debidamente notificada de la resolución, tal como se advierte de la firma que estampó en el acta de diligencia levantada en la referida fecha. Ahora bien, los numerales 26, 121, 122 y 123 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en lo conducente establecen lo siguiente: "Artículo 26. El Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, deberán otorgar medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial. Las autoridades competentes garantizarán que reciban todos los cuidados que se requieran por su situación de desamparo familiar. En estos casos, de conformidad con la legislación civil aplicable, el Sistema Nacional DIF o los Sistemas de las Entidades, según sea el caso, se asegurarán de que niñas, niños y adolescentes: I. Sean ubicados con su familia extensa o ampliada para su cuidado, siempre que ello sea posible y no sea contrario a su interés superior; II. Sean recibidos por una familia de acogida como medida de protección, de carácter temporal, en los casos en los cuales ni los progenitores, ni la familia extensa de niñas, niños y adolescentes pudieran hacerse cargo; (.) V. Sean colocados, dadas las características específicas de cada caso, en acogimiento residencial brindado por centros de asistencia social el menor tiempo posible. Esta medida especial de protección tendrá carácter subsidiario, priorizando las opciones de cuidado en un entorno familiar. La autoridad competente deberá tener en consideración el interés superior de la niñez para determinar la opción que sea más adecuada y, de ser el caso, restituirle su derecho a vivir en familia. El Sistema Nacional DIF y los Sistemas de las Entidades en todo momento serán responsables del seguimiento de la situación en la que se encuentren niñas, niños y adolescentes una vez que haya concluido el acogimiento." "Artículo 121 Para una efectiva protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la federación, dentro de la estructura del Sistema Nacional DIF, contará con una Procuraduría de Protección. Las entidades federativas deberán contar con Procuradurías de Protección, cuya adscripción orgánica y naturaleza jurídica será determinada en términos de las disposiciones que para tal efecto emitan. En el ejercicio de sus funciones, las Procuradurías de Protección podrán solicitar el auxilio de autoridades de los tres órdenes de gobierno, las que estarán obligadas a proporcionarlo de conformidad con las disposiciones aplicables. Para la debida determinación, coordinación de la ejecución y seguimiento de las medidas de protección integral y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las Procuradurías de Protección deberán establecer contacto y trabajar conjuntamente con las autoridades administrativas de asistencia social, de servicios de salud, de educación, de protección social, de cultura, deporte y con todas aquellas con las que sea necesario para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. "Artículo 122 Las Procuradurías de Protección señaladas en el artículo anterior, en sus ámbitos de competencia, tendrán las atribuciones siguientes: I. Procurar la protección integral de niñas, niños y adolescentes que prevé la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, esta Ley y demás disposiciones aplicables. Dicha protección integral deberá abarcar, por lo menos: a) Atención médica y psicológica; b) Seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, y c) La inclusión, en su caso, de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes en las medidas de rehabilitación y asistencia; II. Prestar asesoría y representación en suplencia a niñas, niños y adolescentes involucrados en procedimientos judiciales o administrativos, sin perjuicio de las atribuciones que le correspondan al Ministerio Público, así como intervenir oficiosamente, con representación coadyuvante, en todos los procedimientos jurisdiccionales y administrativos en que participen niñas, niños y adolescentes, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones aplicables; III. Coordinar la ejecución y dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, a fin de que las instituciones competentes actúen de manera oportuna y articulada; IV. Fungir como conciliador y mediador en casos de conflicto familiar, cuando los derechos de niñas, niños y adolescentes hayan sido restringidos o vulnerados, conforme a las disposiciones aplicables. La conciliación no procederá en casos de violencia; V. Denunciar ante el Ministerio Público aquellos hechos que se presuman constitutivos de delito en contra de niñas, niños y adolescentes; VI. Solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial idóneas, cuando exista un riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes, quien deberá decretarlas a más tardar, durante las siguientes 3 horas a la recepción de la solicitud, dando aviso de inmediato a la autoridad jurisdiccional competente. Son medidas urgentes de protección especial en relación con niñas, niños y adolescentes, además de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, las siguientes: a) El ingreso de una niña, niño o adolescente a un centro de asistencia social, y b) La atención médica inmediata por parte de alguna institución del Sistema Nacional de Salud. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección, el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente; VII. Ordenar, fundada y motivadamente, bajo su más estricta responsabilidad, la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en la fracción anterior, cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños o adolescentes, dando aviso de inmediato al ministerio público y a la autoridad jurisdiccional competente. Dentro de las 24 horas siguientes a la imposición de la medida urgente de protección el órgano jurisdiccional competente deberá pronunciarse sobre la cancelación, ratificación o modificación de la medida que se encuentre vigente. Para la imposición de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar el auxilio de las instituciones policiales competentes. En caso de incumplimiento de las medidas urgentes de protección, el Procurador de Protección podrá solicitar la imposición de las medidas de apremio correspondientes a la autoridad competente; (.) X. Desarrollar los lineamentos y procedimientos a los que se sujetarán para la restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes; (.) XIII. Supervisar el debido funcionamiento de los centros de asistencia social y, en su caso, ejercer las acciones legales que correspondan por el incumplimiento de los requisitos que establece la presente Ley y demás disposiciones aplicables; XIV. Supervisar la ejecución de las medidas especiales de protección de niñas, niños y adolescentes que hayan sido separados de su familia de origen por resolución judicial; (.) XVI. Las demás que les confieran otras disposiciones aplicables. "Artículo 123. Para solicitar la protección y restitución integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, las procuradurías de protección deberán seguir el siguiente procedimiento: I. Detectar o recibir casos de restricción y vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes; II. Acercarse a la familia o lugares en donde se encuentren los niñas, niños y adolescentes para diagnosticar la situación de sus derechos cuando exista información sobre posible restricción o vulneración de los mismos; III. Determinar en cada uno de los casos identificados los derechos que se encuentran restringidos o vulnerados; IV. Elaborar, bajo el principio del interés superior de la niñez, un diagnóstico sobre la situación de vulneración y un plan de restitución de derechos, que incluya las propuestas de medidas para su protección; V. Acordar y coordinar con las instituciones que corresponda el cumplimiento del plan de restitución de derechos, y VI. Dar seguimiento a cada una de las acciones del plan de restitución de derechos, hasta cerciorarse de que todos los derechos de la niña, niño o adolescente se encuentren garantizados." De los preceptos legales citados se advierte que el legislador, a fin de salvaguardar los derechos de niñas, niños y adolescentes, instituyó una serie de garantías para su tutela, siempre tomando en consideración, de manera esencial, el interés superior de los menores, ponderando las posibles repercusiones que cada decisión, emitida por dichos órganos, puede implicar para la niñez. Así, entre las instituciones encargadas de la defensa de los derechos de la niñez se encuentra el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), que tiene como funciones, entre otras cosas, la protección de los derechos de la niñez, cuando se encuentren restringidos o vulnerados. Además, el sistema nacional referido y las entidades federativas deben contar con una Procuraduría de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para hacer efectiva su defensa y restitución; en donde, en este último supuesto serán las entidades federativas quienes determinarán la naturaleza jurídica y adscripción orgánica de dichas procuradurías estatales. En tal sentido, las procuradurías de que se trata, en el cuidado de los niños, niñas y adolescentes, están obligadas a la facilitación de atención médica y psicológica, seguimiento a las actividades académicas y entorno social y cultural, la inclusión de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia en las medidas de rehabilitación y asistencia; asesorar y representar en suplencia a aquellos involucrados en procedimientos judiciales o administrativos. Dar seguimiento a las medidas de protección para la restitución integral de los derechos; conciliar en casos de conflictos familiares cuando se vulneren sus derechos; denunciar hechos constitutivos de delito y solicitar al Ministerio Público competente la imposición de medidas urgentes de protección especial cuando exista riesgo inminente contra la vida, integridad o libertad, entre otras funciones. Al respecto, los artículos 41, 42, 49 y 50 de Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, señalan: "Artículo 41. La Procuraduría procederá a solicitar de la autoridad judicial competente la pérdida de la patria potestad, custodia o tutela, en su caso, cuando el maltrato, omisión de cuidados o abandono ponga en grave peligro la integridad física, moralidad o estabilidad emocional del menor". "Artículo 42.- Cuando se hubiere cometido alguna acción u omisión que pudiera constituir delito en contra de un menor, la Procuraduría deberá poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público". "Artículo 49. La Procuraduría podrá separar preventivamente al menor de su hogar cuando aparezcan motivos fundados que hagan presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su salud o seguridad". "Artículo 50.- La Procuraduría podrá tener la custodia en instituciones públicas, en las de asistencia privada o buscándole un lugar adecuado para dicho fin en tanto se resuelva en definitiva la situación en que debe quedar". De los citados artículos se advierte que la Procuraduría responsable podrá separar preventivamente al menor de su hogar cuando aparezcan motivos fundados que hagan presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su salud o seguridad. En el caso, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, el veinte de noviembre de dos mil veinte, dictó una resolución preventiva acerca de la aplicación de medidas urgentes de protección especial establecidas en el artículo 122 de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en virtud de que advirtió un riesgo inminente contra la vida de los menores de edad en comento, ya que su progenitora los puso en riesgo ante la violencia ejercida en su modalidad omisiva de cuidados. Por lo que, por una parte, se consideró adecuado poner a los niños bajo la tutela pública del Estado, con el objeto de salvaguardar su salud, integridad física y mental, y se determinó la separación preventiva de los citados menores de edad, a fin de ponerlos en acogimiento residencial, en tanto que se obtenían elementos que permitieran resolver su situación jurídica para hacer efectivos todos sus derechos, ordenado turnar el expediente al Departamento de Custodias de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, para su continuación y seguimiento. Luego, el propio veinte de noviembre de dos mil veinte, se llevó una diligencia con Graciela Abigail Collí León (madre de los menores de edad de que se trata), a fin de informarle la situación jurídica de dichos menores. Posteriormente, se presentó una denuncia por hechos posiblemente delictuosos cometidos en agravio de dichos menores ante el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos cometidos en contra de Niñas, Niños y Adolescentes del Ministerio Público del Fuero Común, formándose la carpeta de investigación número 29/427/2020. Seguidamente, la Procuraduría responsable, mediante oficio DIF/PRODEMEFA/PREV. DERIESGOS. AACP/3660/2020 de veinte de noviembre de dos mi veinte, dirigido al Encargado de la Dirección del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, ordenó el ingreso de los niños a la citada institución; es decir, procedió a otorgarles el acogimiento residencial en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), por encontrarse bajo la protección del Estado, en tanto se resolvía su situación jurídica. De ahí que se aprecia que fue correcta la intervención de las autoridades responsables, al separar, de manera urgente y preventiva, a los menores de la aquí quejosa y resguardarlos, para después resolver la procedencia del acogimiento residencial en las instalaciones del Centro de Atención al Menor en Desamparo, con sede en esta ciudad, pues de las constancias existentes en ese momento se advertían motivos fundados que hicieron presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su seguridad, en términos del artículo 49 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán En ese sentido, la autoridad responsable consideró que los menores se encontraban en riesgo inminente de continuar bajo los cuidados de su progenitora, por lo que procedió a la separación preventiva, quedando los menores bajo la tutela pública del Estado y a su acogimiento residencia en el Centro Integral del Menor en Desamparo, con sede en esta ciudad. Por ende, la medida de protección emitida el veinte de noviembre de dos mil veinte, por la autoridad responsable, no atenta contra el interés superior de los aludidos menores, pues la finalidad de dicha medida debe estimarse adecuada y eficaz para alejar a los infantes de cualquier situación de riesgo o vulnerabilidad, priorizando sus derechos fundamentales por sobre el interés de los progenitores y los miembros de su familia. Al ser una cuestión de orden público e interés general garantizar el respeto y pleno ejercicio de sus derechos fundamentales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 3, apartado 1, 9, 19 y 27 de la Convención sobre los Derechos del Niño, preceptos que son del tenor siguiente: "Artículo 4. (.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez." "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño." "Artículo 9. 1. Los Estados partes velarán porque el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas". "Artículo 19. 1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial. "Artículo 27. 1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño." Consideración anterior que se robustece, tomando en cuenta que las responsables, ordenaron y ejecutaron las diligencias de investigación y medidas de aseguramiento que estimaron procedentes dentro del marco legal que rige sus funciones y facultades, tendentes a salvaguardar la integridad física y psicológica de los menores de edad. Ello, toda vez que como se señaló con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los multicitados artículos 49 y 50 de la Ley para la Protección de la Familia del Estado de Yucatán, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán, puede separar preventivamente a los menores de su hogar cuando aparezcan motivos fundados que hagan presumir la existencia de un peligro inminente e inmediato a su salud o seguridad; así como tener la custodia en instituciones públicas, en las de asistencia privada o buscándole un lugar adecuado para dicho fin en tanto se resuelva en definitiva la situación en que debe quedar. En esos términos, con base en las consideraciones expuestas, se estima legal la orden de separación preventiva de los infantes de veinte de noviembre de dos mil veinte, que determinó la tutela pública del Estado ejercida por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán y permaneciendo de manera preventiva en un centro de asistencia social hasta en tanto se resuelve su situación jurídica, que decretó la responsable como medida de protección en favor de los menores de edad. Dado que dichas medidas tienen como finalidad precisamente otorgar protección a un menor de edad que por alguna razón se encuentra desprotegido o en peligro, para lograr su desarrollo integral, como se estima acontece en la especie con los menores de referencia, atendiendo al interés superior del mismo. En atención a lo anterior, no se violó en perjuicio de la quejosa el contenido de los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la determinación de veinte de noviembre de dos mil veinte, que emitió la autoridad responsable, se reitera, está fundada y motivada, pues se advierte que expuso las causas inmediatas que tomó en consideración para la emisión del acuerdo reclamado, además de que se citó las normas aplicables al caso. Máxime, que dada la naturaleza del acto reclamado, carece de sentido condicionar que otorgue el derecho de audiencia a la quejosa, ya que su tramitación haría inoportuna la atención de la solicitud de un riesgo o peligro inminente o inmediato a favor de los menores a fin de dictar la separación preventiva del núcleo familiar, ya que las medidas urgentes de protección especial son acciones inmediatas y provisionales que deben tomarse al tener conocimiento de que un menor de edad se encuentra en riesgo o peligro grave. Al respecto se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página dieciocho, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y ocho, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 196727, de rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia."4 Resultando también infundadas las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que sus menores hijos se encuentran privados de su libertad sin que exista fundamento o motivo para ello. Lo anterior es así, toda vez que la orden de separación preventiva de los menores quedando bajo la tutela pública del Estado ejercida por la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia del Estado de Yucatán y permaneciendo de manera preventiva en un centro de asistencia social hasta en tanto se resuelve su situación jurídica, contrario a lo que señala, no puede ser equiparada a una privación de la libertad, pues como quedó establecido, la misma se decretó como medida de protección en favor de los infantes, ante el estado de riesgo o peligro inminente contra su salud y su integridad señalados por la autoridad. De ahí que, como se ha señalado, debe considerarse justificada la separación de los multicitados menores de su progenitora. Tiene aplicación al caso, por los motivos que la informan, la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página quinientos setenta y uno, Tomo IX, abril de mil novecientos noventa y nueve, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 194166, que establece: "MENORES DE EDAD. SU DEPÓSITO BAJO TUTELA PROVISIONAL DE UN ALBERGUE NO CONSTITUYE DETENCIÓN NI PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD, SINO QUE LA MEDIDA ES PARA OTORGARLES PROTECCIÓN Y LOGRAR SU DESARROLLO INTEGRAL EN CASO DE ABANDONO, CONFLICTO, DAÑO O PELIGRO. El hecho de que un menor sea puesto bajo la tutela provisional de un albergue por ordenamiento escrito de autoridad competente, fundando y motivando la causa legal para ello, no significa que esté en calidad de detenido o bajo privación ilegal de la libertad conculcándose algún precepto de orden público y como consecuencia el artículo 16 constitucional, toda vez que la finalidad de la medida es de otorgar protección a los menores de edad que por alguna razón se encuentren en abandono, conflicto, daño o peligro, para lograr en ellos su desarrollo integral; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 40 y 41 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hasta en tanto quien tenga la guarda y custodia provisional, pueda ejercitar su facultad; en la inteligencia de que sólo se utilizará como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda." Por otra parte, debe decirse que resulta igualmente infundado el argumento de la quejosa relativo a que la autoridad responsable fue omisa en hacer de su conocimiento los motivos o fundamentos legales por los que se ordenó el traslado de los menores al Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo, violando con ello sus derechos constitucionales y de protección al menor. Lo anterior es así, pues como quedó acreditado con las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, el veinte de noviembre de dos mil veinte, la quejosa acudió a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, donde se le explicó el procedimiento iniciado en dicha institución, con motivo del reporte anónimo con fotografías anexas recibido en la Delegación en Progreso de la dependencia en cita, el diecisiete del referido año, en donde se da a conocer la situación de los menores, al referir que son víctimas de violencia y omisión de cuidados por parte de su progenitora. De igual forma, se hicieron de su conocimiento las diligencias que obran en el expediente PR/328/2020, las cuales ya fueron relatadas en párrafos anteriores, así como los numerales que facultan a la autoridad responsable para emitir la medida urgente de protección a favor de los menores. Motivo por el cual, se reitera, deviene infundado que no se le hubieran dado a conocer a la quejosa los motivos de la determinación alcanzada por la Procuraduría responsable, y mucho menos que no haya sido enterada del procedimiento, dado que como se ve de las referidas constancias la impetrante del amparo compareció ante la responsable y se le informó del procedimiento que se seguía y las diligencias que se llevarían a cabo. En la relatadas consideraciones, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por la quejosa, lo procedente es negarle el amparo y protección de la justicia federal solicitados. SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ***, en contra del acto reclamado a la Directora del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), con sede en esta ciudad; por los motivos precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, en contra de los actos reclamados al Titular de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (PRODEMEFA) y Director del Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo (CAIMEDE), ambos con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a estos autos, para los efectos legales correspondientes, el escrito presentado por la vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de Erik Jiménez Contreras, Asesor Jurídico Federal adscrito a la Delegación Yucatán del Instituto Federal de Defensoría Pública, quien habiendo sido enterado que fue designado en este juicio de amparo como representante especial de los menores de edad de identidad reservada K.M.C.L. y D.D.C.L., solicita se realicen las gestiones necesarias a fin de que se encuentre debidamente integrado el presente expediente electrónico, ya que refiere que al ingresar a dicho expediente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación el sistema le arroja lo siguiente: "Actualmente no se cuenta con determinación judicial integrada al expediente electrónico que desea consulta". Al respecto, dígase al representante especial en cita, que el expediente electrónico relativo al presente juicio constitucional se encuentra debidamente integrado y coincide en su totalidad con el físico. Asimismo, que mediante proveído de dieciocho de febrero del año en curso, se accedió a la solicitud que realizó el ocursante relativa al acceso al expediente electrónico, la cual, a la fecha, sigue vigente. En ese sentido, hágase de su conocimiento que las cuestiones respecto a la visualización externa del mismo, esto es, dentro de otro portal que no sea el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), no dependen de este órgano jurisdiccional. Por otra parte, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, ténganse por vertidas las manifestaciones que expone a manera de alegatos y por ofrecidas como pruebas de su parte, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, mismas que serán relacionadas y tomadas en consideración como corresponda en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose de los mismos que mediante proveído de dieciocho de febrero del presente año, se dio vista al representante especial de los menores terceros interesados de edad de identidad reservada K.M.C.L. y D.D.C.L., con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, lo que se le notificó el diecinueve de febrero siguiente. En consecuencia, aún se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dicho representante especial se imponga del contenido de los mismos; por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y SEIS MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para su celebración. Tiene aplicación al caso, por cuanto a su contenido y alcance, la Tesis Jurisprudencial 54/2000, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo, Tomo XI, visible en la página 5, que a la letra dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.

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