Graciano Francisco Guichard González
Expediente 93/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 44 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 44
- Última actuación
- 18/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Graciano Francisco Guichard González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 44.
- Principal
Vistas las constancias que integran los presentes autos, de las que se advierte que mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 529 a 533), se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa y al efecto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordenó su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido; asimismo, de la certificación de cuenta, se desprende que el término de los quince días que establece el artículo 202, párrafo primero de la Ley de Amparo, para inconformarse contra la citada determinación de veintiuno de agosto de la presente anualidad, ha fenecido; en consecuencia, queda firme el citado auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Por lo anteriormente expuesto, como se ordenó en el proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve (fojas 529 a 533), en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase los presentes autos al archivo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, el presente expediente si es susceptible de depuración con excepción del escrito inicial de demanda, del escrito de ampliación en su caso, de la sentencia y su ejecutoria, de la resolución ejecutoria en su caso, del auto en que se tuvo por cumplida, y de este proveído, en razón de que este Juzgado de Distrito estima que no tiene relevancia documental por la cual deba conservarse. Ahora bien, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente en que se actúa y se advierte la existencia de un documento original exhibido por la parte quejosa, de conformidad con lo previsto en el punto décimo primero último párrafo y vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición de la parte quejosa dicho documento por el término de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado a efecto de que recoja el mismo, con el apercibimiento de que, de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido al ser depurado el expediente.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte, por una parte, que ha transcurrido el término de tres días otorgado a la parte quejosa en auto de doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 519 a 521) y, por la otra, que la parte quejosa fue omisa en desahogar el requerimiento formulado en ese proveído. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y, por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra cumplido con base en las constancias procesales. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J.26/2000, visible en la página doscientos cuarenta y tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época, del tenor siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese sentido, conviene precisar que a la parte quejosa se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: ". En consecuencia, al existir jurisprudencia del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, que declara inconstitucional el punto 1, de la fracción II, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, por ser contrario al principio de equidad tributaria, al excluir del sistema de aminoración del impuesto predial a los propietarios y poseedores de inmuebles de uso habitacional que se ubican en los rangos del E al P de la tarifa respectiva, con fundamento en el artículo 79, fracción I, de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal únicamente en relación con el acto de aplicación que se materializó mediante la autoliquidación que realizó la parte quejosa, al momento de pagar el impuesto predial anual a su cargo para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho. "SÉPTIMO. EFECTOS DE LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. "Por tanto, la protección constitucional que se concede es para el efecto de que se deje insubsistente la autoliquidación realizada por la parte quejosa para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, con sustento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México de la cuenta predial 356002190037, y se le devuelvan las cantidades que enteró en exceso, considerando para tal efecto se deberá aplicar a la mecánica del cálculo de la tarifa del impuesto predial la cuota fija preferente prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del referido artículo, por ser éste el último previsto en la tabla de mérito. ." De la anterior trascripción, en estricto acatamiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, a efecto de que se encuentre cumplida la sentencia de amparo y restituir a la quejosa en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, se precisa que LOS EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL CONSISTEN EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES REALICEN LO SIGUIENTE: Deje insubsistente la autoliquidación realizada por la parte quejosa para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, con sustento en el artículo 130, fracción II, numeral 1, del Código Fiscal de la Ciudad de México de la cuenta predial 356002190037; y, en consecuencia, Se le devuelva al quejoso la cantidad que enteró en exceso, considerando que para tal efecto se deberá aplicar a la mecánica del cálculo de la tarifa del impuesto predial la cuota fija preferente prevista en el rango D del punto 1, fracción II, del precepto legal antes mencionado. Resulta importante señalar que, mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil diecinueve (fojas 289 a 292), este órgano jurisdiccional tuvo por consentida la cantidad líquida de $34,140.74 (treinta y cuatro mil ciento cuarenta pesos 74/100 moneda nacional) por concepto de diferencias resultantes a favor de la parte quejosa con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. En ese sentido, en auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve (fojas 401 a 408) este juzgado federal estimó que, con las documentales exhibidas en cumplimiento a la sentencia de amparo, la autoridad vinculada acreditó haber entregado esa cantidad a la parte quejosa por concepto de diferencias resultantes a su favor con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal; no obstante, se declaró no cumplida la ejecutoria de amparo, pues, se indicó que para tal fin la autoridad responsable y las diversas vinculadas debían haber realizado el pago a la parte quejosa por concepto de actualización del aludido monto. Con base en lo anterior, en el mismo auto, se requirió a la Administradora Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México para que, dentro del término legal, exhibiera la planilla de cuantificación en relación con la actualización a que tiene derecho la parte quejosa; en desahogo a lo anterior, mediante oficio "16710" (foja 453) la autoridad vinculada señaló la cantidad que por el referido concepto le correspondía a la parte solicitante del amparo. Motivo por el cual, en auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve (foja 457) se dio vista a la parte solicitante del amparo para que se pronunciara al respecto; sin que la quejosa hiciera manifestación alguna, por tanto, en proveído de doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 463 a 467), se declaró firme la cantidad señalada por la autoridad vinculada. Ahora bien, a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, a través del oficio presentado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 486), la Administradora Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, señaló que el documento crediticio expedido a favor de la quejosa se encontraba a su disposición en esa unidad administrativa, con lo cual la referida autoridad pretendía dar por cumplida la ejecutoria de amparo. Documental que, por ser pública, merece eficacia probatoria plena en términos de los artículos 129, 197 y 202, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora bien, de un análisis comparativo entre los efectos para los cuales fue concedida la protección de la justicia federal pendientes por acreditar y las constancias remitidas en cumplimiento a los mismos, se advierte lo siguiente: EFECTOS DE LA CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN FEDERAL CONSTANCIAS RELATIVAS AL CUMPLIMIENTO 1.- Haber realizado el pago a la parte quejosa por concepto de actualización de la suma que le fue devuelta con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal. Oficio presentado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 486), signado por la Administradora Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el cual se inserta a continuación: / Del cuadro comparativo que antecede, se advierte que la autoridad vinculada acató los extremos de la concesión de la protección constitucional, pues, con relación a la actualización de la suma que fue devuelta al quejoso con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, determinó que ascendía a la cantidad líquida de $1,826.53 (mil ochocientos veintiséis pesos 53/100 moneda nacional), la cual, como se señaló en párrafos que anteceden, en auto de doce de julio de dos mil diecinueve (fojas 463 a 467) este Juzgado de Distrito declaró firme; en ese sentido, la autoridad vinculada puso a disposición de la parte quejosa el documento crediticio por la cantidad antes mencionada. Derivado de lo anterior, mediante proveído de veintitrés de julio de dos mil diecinueve (fojas 487 a 489), se requirió a la parte quejosa para que dentro del término ahí precisado realizara lo siguiente: ".En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, mediante notificación personal requiérase a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, se constituya en las oficinas que ocupa la referida Unidad Administrativa, con la finalidad de que le sea entregado el documento crediticio expedido a su favor, con el cual la mencionada autoridad pretende dar por cumplido los extremos del fallo protector. ." Requerimiento que, nuevamente, se realizó a la parte solicitante del amparo en autos de treinta y uno de julio (fojas 500 a 502) y doce de agosto (fojas 519 a 521), ambos de dos mil diecinueve. Sin que a la fecha de actuación se advierta, de las constancias que obran en autos, que la parte quejosa haya dado cumplimiento al citado requerimiento, no obstante de haber sido legalmente notificada. Resulta importante precisar que, se apercibió a la quejosa que, en caso de no desahogar el requerimiento que se le formuló, se acordaría lo que en derecho corresponda con base en las constancias obrantes en autos. En la inteligencia de que la etapa de cumplimiento de la sentencia ejecutoria no exime a la parte quejosa de impulsar el cumplimiento de la sentencia protectora, mediante los actos o promociones que tiendan a promover su ejecución o revelen un interés en que el mismo se lleve a cabo, ya que finalmente la parte quejosa es la directamente beneficiada de la protección constitucional. Asimismo, es inconcuso que los juicios de amparo no pueden permanecer abandonados en forma indefinida, ya que esto ocasionaría que en los órganos de control constitucional se incrementara la carga de trabajo, hecho que daría como consecuencia que se desatendieran los juicios controvertidos ante los juzgadores, contraviniéndose con esto el espíritu del artículo 17 de la Constitución, que establece que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita. Ahora bien, resulta conveniente reiterar que el único efecto del fallo protector emitido en este juicio pendiente por acreditar consistía en que la autoridad responsable realizara el pago a la parte quejosa por concepto de actualización de la suma que le fue devuelta con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal; habida cuenta de que el monto por ese concepto ascendía a la cantidad de $1,826.53 (mil ochocientos veintiséis pesos 53/100 moneda nacional). En ese sentido, mediante oficio presentado el veintitrés de julio de dos mil diecinueve (foja 486), la Administradora Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, señaló que el documento crediticio expedido a favor de la parte solicitante del amparo se encontraba a su disposición en esa unidad administrativa, con el cual la referida autoridad pretendía dar por cumplida la ejecutoria de amparo. Atingente a lo anterior, se infiere que la autoridad vinculada dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la autoridad vinculada no haya acreditado la entrega a la quejosa del documento crediticio por la cantidad de $1,826.53 (mil ochocientos veintiséis pesos 53/100 moneda nacional), por concepto de actualización de la cantidad que le fue devuelta con motivo de la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal; puesto que ello derivó de la omisión del peticionario del amparo de presentarse en la Administración Tributaria antes mencionada a fin de que se le hiciera entrega del documento crediticio expedido a su favor, no obstante de haber sido notificado y requerido para tal fin. Atento a lo anterior y tomando en consideración el estado procesal que guardan los presentes autos, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 párrafos segundo, tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA EJECUTORIA dictada en el presente juicio de amparo precisamente porque la autoridad responsable y las diversas vinculadas la acataron en sus términos. Dejando expedito el derecho de la parte quejosa para que, de estimarlo procedente, realice los trámites necesarios ante la Administración Tributaria en Parque Lira de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México a fin de que le sea entregado el formato de pago referenciado expedido a su favor; lo anterior, con motivo de la concesión de la protección constitucional. En tales condiciones, hágase del conocimiento de la parte quejosa la presente determinación, para los efectos de los artículos 201 fracción primera y 202, de la Ley de Amparo; en consecuencia, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, de conformidad con los artículos 196, párrafo cuarto y 214, del ordenamiento legal antes invocado, una vez concluido el término otorgado en el artículo 202 de la citada ley de la materia, y que no existan diligencias pendientes por desahogar en el presente juicio de amparo, archívese el expediente como asunto concluido.
- Principal
...agréguese a sus autos el oficio de cuenta, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa para tal fin en auto de doce del mes y año en curso. Por otra parte, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Subtesorero de Administración Tributaria de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México por el cual informa las gestiones realizadas a efecto de dar cumplimiento al fallo protector. En atención a su contenido, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se tienen por informadas las gestiones de referencia, de las que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el proveído de referencia, por tanto, SE TIENE POR CONSENTIDA la cantidad líquida de $***. Ahora bien, requiérase a las autoridades referidas. Se aperciben.
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