Graciano Acosta Cruz

Expediente 1912/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 47 actuaciones registradas, la última del 17 de julio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1912/2014
Año
2014
Actuaciones
47
Última actuación
17/07/2017

Partes del expediente

  • Graciano Acosta Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    ... el oficio signado por la Juez de la Etapa de Garantías del Juzgado Especializado para Adolecentes en el Estado de Veracruz, con sede en Palma Sola, Municipio de Alto Lucero, por medio del cual acusa recibo del diverso 22862/2017 del índice de este Juzgado...

  2. Principal

    Toda vez que del estado que guardan los presentes autos se desprende que resulta innecesario seguir conservando las documentales y los tres discos versátiles allegados por la autoridad responsable Juez de la Etapa de Garantías del Juzgado de Responsabilidad Juvenil del Estado de Veracruz, con sede en Palma Sola, Municipio de Alto Lucero, a su informe justificado, mismos que obran en un tomo de pruebas por separado, por tanto, devuélvansele, mediante atento oficio que al efecto se libre.

  3. Principal

    ... se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el acuerdo de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2° de esa propia Ley, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, lo que conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y teniendo en cuenta que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido...

  4. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiséis de febrero de dos mil dieciséis. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que precede, hecha por el Secretario de este juzgado, se estima necesario precisar: 1. Por escrito presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia Tuxpan, Veracruz, el doce de diciembre de dos mil catorce y, remitido por razón de turno, en esa misma fecha al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esa localidad, Guillermo Priego Rosas, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. En tal demanda los actos reclamados se hicieron consistir: ".El nuevo auto de vinculación a proceso de fecha cuatro de diciembre del año dos mil catorce; y de la ejecutora reclamo la ejecución de dicha resolución." 2. Dicha autoridad, declaró carecer de legal competencia para conocer de la demanda en auto de quince de diciembre de dos mil catorce, y remitió el juicio al Juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en esta ciudad, tocando conocer del mismo a esta autoridad. 3. Mediante auto de veintidós de diciembre de dos mil catorce, se admitió a trámite la demanda (fojas 19 a la 22), se señaló fecha para audiencia, se solicitaron los informes justificados y por diverso de diecisiete de marzo de dos mil quince (fojas 117 y 118), se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Leo Bartolo Cruz. 4. Proveído de treinta de abril de dos mil quince (fojas 164 y 165), en el que al advertirse la imposibilidad que existía para emplazar a juicio al citado Leo Bartolo Cruz, este órgano ordenó realizar la investigación prevista por el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, girando para ello oficio a diversas autoridades oficiales, para que informaran a este órgano jurisdiccional si con motivo de sus funciones tenían registrado algún domicilio de la referida tercero. 5. Finalmente, por diverso acuerdo de treinta de octubre pasado (fojas 332 y 333), toda vez que no había sido posible el emplazamiento del tercero interesado de referencia, se ordenó su emplazamiento por edictos, requiriendo a la parte quejosa para que se presentara a recogerlos y acreditara la publicación de los mismos, requerimiento que se iteró en autos de diez de diciembre de dos mil quince (foja 341) y diecinueve de enero de dos mil dieciséis (fojas 344 y 345), apercibido que de no hacerlo así, se decretaría el sobreseimiento en el juicio, sin que a la fecha se presentara a recoger los edictos respectivos. Precisado lo anterior, dado que la parte quejosa no acudió a este Juzgado a recoger los edictos ordenados por este Juzgado en auto de diecinueve de enero pasado, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el mismo y, por tanto, se sobresee fuera de audiencia el presente asunto. Para evidenciar lo anterior, conviene reproducir los preceptos invocados de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XVIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 27.- Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: (.) b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." "Artículo 5.- Son partes en el juicio de amparo: . III. El tercero interesado..." De lo anteriormente transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo, establece concretamente la forma en que debe ser emplazado a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa de la parte quejosa, si se ignora aquél. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado que permita tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que la parte quejosa, en principio acuda a este órgano a recoger los edictos, y en segundo lugar, realice el pago de los mismos, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de garantías a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo procedimiento, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de garantías pueden llegar a afectar la esfera jurídica del tercero interesado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de garantías constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible a la parte quejosa por no haber acudido a este Órgano a recoger los edictos para su publicación, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de garantías, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. Así las cosas, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la no publicación de los edictos, a costa de la parte quejosa, para lograr el emplazamiento del tercero interesado Leo Bartolo Cruz, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la propia parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, pues con su omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. Así pues, se advierte que la parte quejosa al no haber recogido los edictos ordenados en autos, como se le ordenó en auto de veinticuatro de septiembre último, a pesar de haber sido notificado oportunamente para ello, siendo su obligación para efectuar su publicación, tal como lo ordena la parte final del artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo,, por tanto, es dable sobreseer en el presente juicio, por falta de interés de la parte quejosa en la prosecución del asunto que se resuelve. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis de jurisprudencia P./J. 23/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 25, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No pasa inadvertido para quien provee, el contenido de la tesis de jurisprudencia 2a./J.108/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 416, Tomo XXXII, agosto de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que si bien el operador judicial debe ponderar una vez haya realizado la investigación a que alude el artículo 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza (publicación edictos), y lo acredita en autos, la posibilidad de que el Consejo de la Judicatura Federal, realice la publicación de los edictos respectivos, empero, de las constancias que integran el juicio de amparo que se resuelve no se advierte que Graciano Acosta Cruz, por conducto de su defensor particular Guillermo Priego Rosas, haya manifestado ante este órgano jurisdiccional carecer de recursos para efectuar la publicación de los edictos ordenados, de ahí que este órgano federal no estaba obligado a realizar la ponderación a que refiere la Jurisprudencia transcrita. Así como la diversa tesis de jurisprudencia 1a./J.84/2011, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 266, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO. El artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, impone la obligación de emplazar al tercero perjudicado al juicio de garantías, inclusive mediante edictos, ante el extremo de no obtener datos para localizarlo. La observancia de esta formalidad en el juicio de amparo directo en materia penal promovido por el enjuiciado cumple con el objetivo de otorgar a la víctima u ofendido del delito, con derecho a recibir la reparación del daño, la oportunidad de ser escuchado respecto del interés que tiene en la subsistencia del acto reclamado. Ahora bien, en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero perjudicado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivada de la privación de su libertad personal como consecuencia de la sentencia condenatoria que reclama o de sus condiciones personales, basta que se exprese esta condición de insolvencia económica para que, en estricto apego a los fines del juicio de amparo y de la garantía de acceso a la justicia, consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se proceda a ordenar la publicación de los edictos a costa del Consejo de la Judicatura Federal." Es aplicable por su contenido, la Jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Congruente con lo hasta aquí expuesto, al actualizarse el motivo de improcedencia que resulta de relacionar los artículos 27, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, 5, fracción III y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia. Finalmente, déjese sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las diez horas con diez minutos de este día; lo cual hágase del conocimiento de las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

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