Gracia Angelica Rivera Lopez
Expediente 214/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 214/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gracia Angelica Rivera Lopez
Actuaciones
- Principal
Téngase recibido el escrito firmado autógrafamente por ********************, por medio del cual solicita se ordene la comparecencia de su representante legal el licenciado ********************, con el fin de que le sea endosado el billete de depósito y devuelta una garantía por la cantidad de ********************en él contenida, la cual manifiesta fue depositada en el Banco del Bienestar a nombre de la quejosa y, respecto de la cual aduce, ya se autorizó su devolución en el presente juicio. En atención a lo anterior, dígase a la ocursante que no ha lugar a acordar de conformidad lo peticionado, en virtud de que en el presente asunto no fue requerida ni exhibida ninguna cantidad por concepto de garantía, aunado a que en fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo como asunto concluido.
- Principal
Visto el estado de los autos y la certificación de cuenta, se desprende que no se encuentra registrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), ninguna promoción que indique que la quejosa recurrió el auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en el que se desechó su demanda de amparo, dentro del término previsto por el artículo 98 de la ley de la materia, considerando que ésta fue notificada en la propia fecha, quedando comprendido dicho plazo del veintitrés al veintinueve de los cursantes, consecuentemente, se declara que el aludido acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en su artículo 21, inciso b), procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, una vez que transcurra el periodo de conservación; toda vez que se desechó la demanda al ser notoriamente improcedente. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado Juan Antonio Gutiérrez Gaytán, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa, asistido de la secretaria de juzgado, licenciada Karín Patricia Rodríguez Morán, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Téngase recibida la demanda de amparo firmada autógrafamente por Gracia Angélica Rivera López, por su propio derecho; contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales. El Juez acuerda: SISTEMA ELECTRÓNICO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, concluyó el esquema establecido en los acuerdos generales emitidos con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus COVID 19; e inicia la era de la E.Justicia o Justicia Digital; también, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los órganos jurisdiccionales deben garantizar la integridad del expediente electrónico, por lo que deja de tener validez el expediente físico para contener únicamente los documentos que se presenten por esta vía, lo que se deberá considerar para la integración o continuación del expediente en que se actúa, y de ser el caso en los incidentes que deriven del mismo; también destaca de la normativa anterior que se cuenta con un plazo de seis meses para que la Dirección de Gestión Judicial, en coordinación con las Tecnologías de la Información y Estrategia y Transformación Digital, realicen los ajustes correspondientes que garanticen la implementación del citado acuerdo, conforme a lo que disponen sus Tercero y Décimo Tercero transitorios. De igual forma, conforme a lo dispuesto en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se adopta como eje rector de este juzgado su actividad desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación conforme a las disposiciones de éste, en relación con el diverso 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal. REGISTRO DE LA DEMANDA. Con fundamento en lo previsto en los artículos 3°, 20 y 21 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 22 del Acuerdo General 12/2020, previamente citado, fórmese expediente electrónico, y el correspondiente principal físico, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); así también, radíquese con el número 214/2023. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 21 al 26 Ter, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Secretario o Secretaria encargada del asunto, para que dé fe de que el expediente electrónico se integre en los términos dispuestos en la normativa previamente indicada, al igual que los incidentes o cuadernos físicos que deriven del mismo. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente al electrónico, así también, al personal de Oficialía de Partes por lo que a su intervención en dicha integración corresponde. IMPROCEDENCIA. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el suscrito examinará el escrito de demanda y si encontrara motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En la inteligencia que manifiesto es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, e indudable, cuando se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Apoya lo anterior, en su parte conducente, la tesis 2a. LXXI/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomo XVI, julio de 2002, página 448, registro 186605, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Expuesto lo anterior, en el caso particular que se atiende se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo primero, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, y el ordinal 107, fracción III, Constitucional, toda vez que la determinación reclamada no constituyen la última resolución dictada en la etapa de ejecución al fallo definitivo. Para discernir lo anterior, es oportuno realizar un estudio integral de la demanda y precisar los actos reclamados, así del capítulo respectivo se obtiene que señala los siguientes: La audiencia de remate en quinta almoneda celebrada el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 631/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en la que se adjudicó el inmueble ubicado en calle Mariano Rivas, entre las calles Occidental y Mariano Escobedo, colonia Lázaro Cárdenas de la citada ciudad, a la parte actora Tomas Rubio Anguiano. La diligencia de embargo de once de febrero de dos mil veintidós, relativa al inmueble ubicado en calle Mariano Rivas, entre las calles Occidental y Mariano Escobedo, colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Escuinapa, Sinaloa, llevada a cabo por la Actuaria Primera adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, con residencia en la ciudad del mismo nombre. Sin embargo, no se tendrá como acto reclamado destacado el que se encuentra identificado en el inciso b), toda vez que de un estudio integral de la demanda se obtiene que la parte quejosa lo introduce como parte de las violaciones procesales que preceden a la audiencia de remate en quinta almoneda que reclama, puesto que pretende revelar la inconstitucionalidad de la diligencia en cuestión con motivo de la citada diligencia de embargo. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia once de la Segunda Sala de la Suprema Corte, en su anterior integración, Compilación de 1995, bajo el rubro y texto siguientes: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE EXAMINARSE SIN TOMAR EN CUENTA LOS CALIFICATIVOS QUE EN SU ENUNCIACIÓN SE HAGAN SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD. En ese orden, se tiene que el acto reclamado en la demanda que se analiza es la audiencia de remate en quinta almoneda celebrada el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en los autos del juicio ejecutivo mercantil 631/2017, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Escuinapa, Sinaloa, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en la que se adjudicó el inmueble ubicado en calle Mariano Rivas, entre las calles Occidental y Mariano Escobedo, colonia Lázaro Cárdenas de la citada ciudad, a la parte actora Tomas Rubio Anguiano. Sin embargo, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que obliga a desechar la demanda de amparo. La citada disposición establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia solo podrá promoverse el amparo contra la misma resolución dictada en el procedimiento respectivo, atendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la improcedencia material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". La disposición señalada en primer término se refiere a la posibilidad de advertir algún motivo de improcedencia de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de diverso numeral al 61 de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, de la ley de la materia, dispone que la procedencia del juicio de amparo indirecto, en fase de ejecución de sentencia, se encuentra reservada sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Así, por "última resolución", hay que entender lo que expresamente señaló el legislador, es decir, que basta con la interpretación literal para establecer que se entiende: a) La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; b) La que ordena el archivo definitivo del expediente; y c) En los procedimientos de remate, la última resolución es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Pudiendo reclamarse hasta ese momento, las violaciones cometidas durante el procedimiento (ejecución), que hubieren dejado sin defensa al justiciable y trascendido al resultado de la resolución. Considerar lo contrario, es decir, estimar procedente la vía constitucional contra cada uno de los actos procesales de ejecución de modo aislado, obstaculizaría injustificadamente lo resuelto en el juicio respectivo, lo que no es permisible, ya que la intención del legislador fue que los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que constituyen la verdad legal y cosa juzgada, no se entorpezcan mediante la promoción del amparo. Ello no significa que no se puedan impugnar en forma destacada actos intermedios en la fase de ejecución de sentencia, al acontecer por excepción cuando sean actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución, o bien, que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." Criterio que se invoca, no obstante aluda a la Ley de Amparo abrogada, en la medida en que los principios contenidos en dicha legislación permanecen en la vigente, incluso, se delimitan en el propio texto legal. Asimismo, la citada hipótesis normativa dispone que en los procedimientos de remate, el amparo indirecto procede sólo contra la última resolución, definida expresamente como aquélla en la que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la que ordena la entrega de bienes rematados; esto es, será hasta el momento en que se emita materialmente alguna de esas determinaciones, en el que puedan hacerse valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y trascendido al resultado de la resolución. En efecto, del análisis integral de la demanda, así como del relato de antecedentes que bajo protesta de decir verdad formuló la parte quejosa, al que se asigna el valor probatorio de una confesión expresa en términos de los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se obtiene lo siguiente: Que ante el Juez de Primera Instancia de Escuinapa, Sinaloa, se tramitó el juicio ejecutivo mercantil por el pago de pesos, promovido por Tomás Rubio Anguiano en contra de Gracia Angélica Rivera Anguiano; en el cual llevadas las etapas procesales correspondientes, en periodo de ejecución se celebró diligencia de remate en quinta almoneda respecto del inmueble ubicado en calle Mariano Rivas, entre las calles Occidental y Mariano Escobedo, colonia Lázaro Cárdenas de la ciudad de Escuinapa, Sinaloa. Como puede apreciarse, lo que sustancialmente se combate es la audiencia de remate en quinta almoneda, es decir, una actuación que se emitió en la etapa de remate en un juicio ejecutivo mercantil por el pago de pesos; empero, que no constituye la última resolución en esa etapa, esto es, aquella en la que se haya ordenado la entrega del título de propiedad del bien inmueble que defiende, o bien, que el mismo se haya ordenado poner en posesión de tercera persona; lo que es relevante, pues atento a lo que establece el artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la ley de la materia, el amparo indirecto sólo es procedente contra la última resolución que se dicte en dicho procedimiento, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, se proveé sobre la entrega de los bienes rematados, y sólo hasta ese momento es factible hacer valer las violaciones cometidas en el citado procedimiento, siempre y cuando hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución, como es el caso, de la diligencia de embargo a que se refiere la quejosa. Por lo que se insiste, el acto reclamado en la demanda que se atiende no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, pues aún no se hace entrega del título de propiedad, ni del inmueble en litigio al posible adjudicatario; lo cual pone de manifiesto que constituye una actuación dictada en el procedimiento de remate, que precede a la resolución final que eventualmente se debe dictar, una vez agotadas todas las actuaciones necesarias en la etapa aludida. En ese contexto, se concluye que el acto reclamado no es la última resolución en el procedimiento de remate; de ahí que por disposición expresa del artículo 107, fracción IV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, no procede el juicio de amparo indirecto, ya que de otra manera se obstaculizaría el referido procedimiento que forma parte de la etapa de ejecución, que es precisamente lo que el legislador trató de evitar. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), que resolvió la contradicción de tesis 74/2015, que establece lo siguiente: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." De igual forma, apoya a lo anterior la jurisprudencia PC.II.C. J/2 K (10a.), sustentada por el Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES." Es importante tener presente que la hipótesis de improcedencia de que se trata, presupone normativamente la existencia de una determinación que ya tiene el carácter de cosa juzgada; esto es, una sentencia que por ser de orden público debe cumplirse en forma efectiva. Así, en aras de tutelar ese cumplimiento efectivo, el legislador procuró evitar su obstaculización, impidiendo que durante los procedimientos de remate, las partes (particularmente aquélla a la que resultó adversa la condena), abusen del juicio de amparo, y paralicen la ejecución material o jurídica de la sentencia; de ahí que se haya limitado la procedencia a los casos en que en forma definitiva se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación, o bien, la entrega de los bienes rematados. DESECHAMIENTO. Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo de que se trata, en virtud de que el acto reclamado no es la última resolución dictada dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, entonces se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO de conformidad con el artículo 113, del propio ordenamiento legal. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el ordinal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado avenida ******************** número ********************, interior 230, entre calle ******************** y ********************colonia ********************, de esta ciudad y como autorizado para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ********************, quien tiene su cédula profesional número ********************, reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho; y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************, por no contar con dicho requisito. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que constituye la normativa que regula el uso de la tecnología para la impartición de justicia federal, los servicios en línea, los servicios de interconexión para el trámite y resolución de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal., las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se consideran copias certificadas electrónicamente. COMUNICACIONES NO PROCESALES. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio. PJUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 263, fracción II, del preindicado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, es decir, el presente juicio se continúe como "Juicio en Línea". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional.
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