Grace Alina de Monserrat Ahumada Aguiar

Expediente 2307/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
2307/2019
Año
2019
Actuaciones
26
Última actuación
09/06/2021

Partes del expediente

  • Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, Con Sede En Tepic, Nayarit
  • Grace Alina de Monserrat Ahumada Aguiar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 26.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado el veintiséis de abril del año en curso, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete de abril del año en curso, se dio vista a la parte agraviada, así como a la tercera interesada con el referido cumplimiento, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que hubieran realizado manifestación al respecto en el lapso concedido, como se desprende de la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la legislación de amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el cinco de marzo de dos mil veinte, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a la quejosa Grace Alina de Montserrat Ahumada Aguiar en el juicio mercantil 598/2018; y b) Reponga el procedimiento para el efecto de que se realice nuevamente dicha diligencia a la citada quejosa, en el domicilio donde ésta habita, con las formalidades del procedimiento, dejando sin efectos todas las actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento materia de la concesión de amparo; en particular, la orden de embargo de salario de la quejosa, emitida en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Sentencia que causó ejecutoria el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Luego, a través del oficio y anexo presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado federal, el veintiséis de abril del año en curso, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector; es decir, remitieron copia certificada del proveído de veinte de abril de dos mil veinte, dictado en el juicio mercantil 598/2018, en el cual se dejó insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a la quejosa Grace Alina de Montserrat Ahumada Aguiar y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se realizara nuevamente dicha diligencia a la citada quejosa, en el domicilio donde ésta habita, con las formalidades del procedimiento, dejando sin efectos todas las actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento materia de la concesión de amparo; en particular, la orden de embargo de salario de la quejosa, emitida en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para lo cual giró oficio a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dejara sin efectos los descuentos ordenados; lo anterior, en términos de la sentencia de amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso b) del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo a la parte quejosa, de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Luego, devuélvase el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado que remitió en apoyo a su informe con justificación. Finalmente, se por recibido el escrito de cuenta signado por César Daniel Castañeda Pulido, en su carácter de autorizado de la tercera interesada Irma Lucía Rentería Ibarra y en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo determinado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado el veintiséis de abril del año en curso, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por auto de veintisiete de abril del año en curso, se dio vista a la parte agraviada, así como a la tercera interesada con el referido cumplimiento, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este juzgado de distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos, sin que hubieran realizado manifestación al respecto en el lapso concedido, como se desprende de la certificación de cuenta. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo, de la legislación de amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución.". Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el cinco de marzo de dos mil veinte, se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, realizara lo siguiente: a) Deje insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a la quejosa Grace Alina de Montserrat Ahumada Aguiar en el juicio mercantil 598/2018; y b) Reponga el procedimiento para el efecto de que se realice nuevamente dicha diligencia a la citada quejosa, en el domicilio donde ésta habita, con las formalidades del procedimiento, dejando sin efectos todas las actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento materia de la concesión de amparo; en particular, la orden de embargo de salario de la quejosa, emitida en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Sentencia que causó ejecutoria el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Luego, a través del oficio y anexo presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado federal, el veintiséis de abril del año en curso, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector; es decir, remitieron copia certificada del proveído de veinte de abril de dos mil veinte, dictado en el juicio mercantil 598/2018, en el cual se dejó insubsistente la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento practicada a la quejosa Grace Alina de Montserrat Ahumada Aguiar y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de que se realizara nuevamente dicha diligencia a la citada quejosa, en el domicilio donde ésta habita, con las formalidades del procedimiento, dejando sin efectos todas las actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento materia de la concesión de amparo; en particular, la orden de embargo de salario de la quejosa, emitida en proveído de veinticuatro de abril de dos mil diecinueve, para lo cual giró oficio a la Dirección de Administración y Desarrollo de Personal de Gobierno del Estado de Nayarit, para que dejara sin efectos los descuentos ordenados; lo anterior, en términos de la sentencia de amparo. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Luego, con fundamento en el artículo 18 inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de depuración los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en el inciso b) del arábigo 18, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se concedió el amparo a la parte quejosa, de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. Luego, con sustento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, referido precedentemente, específicamente en su inciso a) de la fracción I del artículo 18, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es depurable, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente auto, debido a que la medida cautelar se concedió, con excepción de la demanda y las determinaciones relativas a su otorgamiento, las cuales deberán conservarse de conformidad con el Acuerdo en cita; en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Luego, devuélvase el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, las constancias relativas al acto reclamado que remitió en apoyo a su informe con justificación. Finalmente, se por recibido el escrito de cuenta signado por César Daniel Castañeda Pulido, en su carácter de autorizado de la tercera interesada Irma Lucía Rentería Ibarra y en atención a su contenido, dígase que deberá estarse a lo determinado en los párrafos que anteceden. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ***, en su carácter de autorizado de la tercera interesada ***, a través del cual solicita que este juzgado federal se pronuncie respecto al cumplimiento del fallo protector; al respecto, dígase que por el momento no resulta procedente su petición, ya que no obra en autos constancia de notificación de las partes del proveído de veintisiete de abril del año en curso, mediante el cual se les dio vista con el cumplimiento del fallo protector; por tanto, una vez que acontezca dicha situación y transcurra el termino concedido este juzgado se determinara lo que en derecho corresponda. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    TEPIC, NAYARIT, TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por ***, en su carácter de autorizado de la parte quejosa y en atención a su contenido, se autoriza la devolución del billete de depósito ***, por la cantidad de cinco mil pesos 00/100 moneda nacional, para efecto de garantizar la suspensión definitiva que le fue concedida a la parte quejosa referente al acto reclamado en el presente sumario, debidamente endosado a nombre del quejoso, previa toma de razón y recibo que deje en autos, en virtud de que causó ejecutoria la sentencia de amparo que concedió el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, para estar en condiciones de hacer la entrega del referido documento, así como de contar con la asistencia en este órgano jurisdiccional del autorizado Carlos Alberto de la Cruz Meza a fin de que recoja el billete de depósito, se señalan las DOCE HORAS DEL DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Luego, con apoyo en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo Plenario, se ordena reservar una nueva cita a favor de **, por personal de este órgano jurisdiccional, en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio denominado "Servicios Jurisdiccionales", en la modalidad del programa "Agenda OJ". Asimismo, el QR que se genere a nombre de por Carlos Alberto de la Cruz Meza, de manera electrónica e impresa entréguese a ésta cuando sea notificada personalmente por la actuaria judicial de la adscripción del presente proveído; del mismo modo, dígase que al momento de comparecer lo deberá hacer puntualmente y presentar el QR electrónicamente en un dispositivo móvil o impreso, a fin de que pueda ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional, el día y hora señalados para tal efecto, en el área de actuaría designada para la atención al público. En el entendido de que se comisiona al Secretario Encargado de la Caja de Valores de este Juzgado, para que el día y hora señalados y tomando las medidas de sana distancia y de higiene establecidas, ante su presencia se practique la diligencia en comento, debiendo levantar la constancia correspondiente. Desde este momento, se habilita a la Coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este juzgado federal, para que realice todas aquellas gestiones necesarias con motivo de la comparecencia de la parte actora en la fecha señalada. De igual manera, de conformidad con el artículo 7 del mencionado Acuerdo General 21/2020, se insiste a la citada parte procesal que al momento de presentarse el día y hora citados, acuda respetando las medidas de sana distancia, conforme a la señalización respectiva (flechas de tránsito y cuadros en el área de espera y atención), evite permanecer en las áreas de tránsito, y usar cubrebocas en todo momento; apercibido que de no cumplir estas medidas se hará acreedor en principio a una llamada de atención y en caso de reincidir o subsista el incumplimiento, generará su expulsión inmediata del juzgado federal. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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