Govani Barbizani Pérez

Expediente 1840/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1840/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Govani Barbizani Pérez
  • Juez Primero en Materia Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial con sede en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el escrito que suscribe la autorizada del quejoso; mediante el cual solicita la devolución de las documentales exhibidas; en consecuencia, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y como lo solicita el suscribiente, devuélvanse las documentales que indica, previo recibo y razón que para ello otorgue en autos. Luego, en atención a lo que peticiona, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídansele las copias que solicita, conforme las que obran en autos, previo recibo y razón que para ello se otorgue en autos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieren interpuesto el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el seis de diciembre de dos mil veintidós, en la que se negó la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que no se contabilice a la tercera interesada y a las autoridades responsables el término de diez días para interponer el recurso de revisión, puesto que al haberse sobreseído en el juicio de garantías solamente al quejoso es a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión y, por ende, el único legitimado para recurrirlo, no así las autoridades responsables, como lo dispone el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archívese el presente asunto por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y se considera no relevante. Con el contenido de este acuerdo dése cuenta en los cuadernos incidentales correspondientes. Se previene al promovente del amparo, para que acuda a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, dentro del plazo de noventa días a solicitar la devolución del documento exhibido en este asunto, apercibido que de no cumplir con lo anterior, dicho documento podrá ser destruido junto con el expediente.

  3. Incidental

    Visto el contenido de la certificación que antecede, y tomando en consideración que en los presentes cuadernos incidentales no existe diligencia pendiente, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y tomando en consideración que en las constancias que integran el presente expediente, no obra ningún documento original ni billete de depósito, y dado que se negó la suspensión provisional y definitiva, se considera susceptible de destrucción tanto el duplicado como el original del incidente de suspensión en que se actúa.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1840/2022-V, promovido por , por su propio derecho, contra actos del Juez y Secretario Ejecutor del Juzgado Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por considerarlos violatorios de las garantías contenidas para su protección en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de Amparo. , ocho de septiembre de dos mil veintidós, por buzón judicial ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, presentó demanda de amparo indirecto contra el acto del Juez y Secretario Ejecutor del Juzgado Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que se precisa en el considerando segundo. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de garantías. La demanda de garantías de referencia, se turnó para su conocimiento a este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, cuyo Titular, previa aclaración dictó proveído el seis de octubre de dos mil veintidós, en que ordenó: admitir la demanda de amparo y registrarla bajo expediente 1840/2022-V; pedir informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; emplazar a la tercera interesada; dar intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; y, 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por virtud de que el acto reclamado, se atribuye a autoridad especializada en materia de civil, que tiene su residencia oficial dentro del territorio en que este juzgado Federal ejerce su jurisdicción constitucional. Asimismo, la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto se finca en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; modificado por el Acuerdo General 24/2013, modificado por el Acuerdo General 41/2018. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tales efectos se analiza en su integridad el libelo actio de amparo. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que forman un todo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia constitucional consiste en el acuerdo de fecha dos de junio de dos mil veintidós, en la que se condena al quejoso al pago de la cantidad de y la ejecución del mismo, en el juicio civil ordinario número del índice del Juzgado Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Por lo mismo, respecto de dichos actos versará el estudio de la procedencia y, en su caso, de fondo del juicio de amparo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez y el Secretario, adscritos al Juzgado Primero de lo Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, al rendir su informe con justificación, reconocieron la existencia del acto que se les atribuye y que precisado quedó en el considerando segundo. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia número 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página doscientos treinta y uno, del Apéndice de dos mil, tomo VI, Quinta Época, del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que acompañaron a su informe justificado, relativas al expediente 588/2022 documentales con valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, ya que son documentos públicos elaborados o expedidos por servidor público en ejercicio de sus funciones y dentro de los límites de su competencia. CUARTO. Conceptos de Violación. Al no invocar las partes alguna causa de improcedencia, ni de oficio, se advierte su configuración, procede estudiar los conceptos de violación, cuya falta de transcripción no transgrede las normas legales que regulan el procedimiento en el juicio de amparo, QUINTO. Estudio del acto reclamado. Los conceptos de violación planteados serán abordados en diverso orden a lo propuesto y algunos examinados en su conjunto, sin que ello cause una afectación jurídica al peticionario del amparo. En sus conceptos primero y segundo de violación el quejoso aduce que la resolución reclamada es contraventora de derechos humanos contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida en que, sin ser oído y vencido en juicio, se le ha causado perjuicio, dictando el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, en el que se condena al pago de la cantidad de * se ordena la ejecución del mismo, en el juicio civil ordinario número * del índice del Juzgado Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo que asegura le deja en estado de indefensión. Lo anterior es inoperante pues el ahora quejoso parte de una premisa falsa al afirmar que el acuerdo que se combate es ilegal, dado que sin ser oído y vencido en juicio, se le condenó requerirle por al pago de la cantidad de mensuales por concepto de alimentos provisionales para sus hijos, ordenando la ejecución del mismo. Es así, pues no debe perderse de vista que la obligación alimentaria es una institución conforme a la que una persona denominada acreedor alimentista tiene la facultad jurídica de exigir a otra denominada deudor alimentario, lo necesario para su manutención y subsistencia, como consecuencia del parentesco consanguíneo y de la adopción, entre otros. Se trata, de una institución de orden público e interés social, cuyo fundamento reside en el principio de solidaridad que une a la familia, y en un deber de conciencia. La esencia de la obligación alimentaria, reposa en el deber que tienen algunas personas (deudores alimentarios) de proporcionar a otras (acreedores alimentistas) lo necesario para su supervivencia, obligación dentro de la que quedan comprendidos de manera genérica, la comida, vestido, habitación, asistencia en caso de enfermedad y los gastos necesarios para su educación primaria, secundaria, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales. Asimismo, se trata de una institución de orden público e interés social porque es un asunto que interesa a toda la colectividad, así como al Estado mexicano, quien tiene el deber de vigilar que entre las personas que se deben esta asistencia, se procuren de los medios y recursos suficientes cuando alguno de los integrantes del grupo familiar carezca de los mismos y se encuentre en la imposibilidad real de obtenerlos. Por lo tanto, los alimentos gozan de ciertas características que se deben privilegiar dado el fin social que se protege, pues implican la satisfacción de las necesidades del integrante del grupo familiar que no tiene los medios para allegarse de los recursos necesarios para su subsistencia. De los citados artículos se obtiene que la obligación alimentaria deba ser proporcional en cuanto a la posibilidad y la necesidad de las partes; además, que si al promoverse el juicio se demanda la fijación y aseguramiento de alimentos provisionales, se presumirá la urgencia y necesidad de la medida solicitada. Asimismo, que en el auto admisorio o en el diverso donde fija los alimentos y sin correr traslado, el juez: Basándose en la información que bajo protesta de decir verdad fue proporcionada en la demanda, relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida de éste, así como al de los acreedores alimenticios y las necesidades de éstos, y atendiendo a las circunstancias particulares del caso, determinará de inmediato el derecho a la alimentación, fijando la cantidad o el porcentaje que sea suficiente para cubrir las necesidades alimentarias, y el importe que como pensión provisional deberá cubrir el demandado, en tanto se resuelve el asunto en definitiva. Apercibirá al actor de que en caso de llegarse a demostrar en autos que buscando incrementar la pensión provisional se proporcionó información falsa, se hará acreedor a las sanciones establecidas; y Si el demandado cuenta con trabajo estable, se ordenará girar oficio a la fuente laboral, a efecto de que a partir del siguiente día hábil al de la diligencia de requerimiento, se le comience a descontar al deudor la cantidad fijada como pensión provisional. De lo anterior se desprende que la pensión alimenticia se da en dos etapas distintas, una provisional y otra definitiva; la primera, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información que bajo protesta de decir verdad fue proporcionada en la demanda relativa a la posibilidad económica del deudor y al nivel de vida de éste, así como al de los acreedores alimenticios y las necesidades de éstos; y la segunda, se da al dictarse la sentencia considerando los elementos de pruebas que aportan las partes en el contradictorio. A mayor abundamiento, las cuestiones alimentarias del rubro provisional, serán establecidas conforme a lo que manifieste la parte actora (acreedora alimenticia), sin audiencia de la parte demandada (deudor alimentario), es decir, que el legislador, en presencia del cumplimiento de dos derechos del orden público: el derecho de audiencia y el de percibir alimentos inmediatamente, da preferencia momentánea a éste sobre aquél, cuestión que redunda en que el órgano jurisdiccional sólo puede tomar en consideración la información que presenta el acreedor alimentista, sin que tal proceder implique transgresión a los principios de congruencia y exhaustividad que debe satisfacer toda resolución judicial. Lo expuesto permite concluir que no resultaba necesario que la actora incidentista demostrara plenamente a cuanto ascendían los ingresos del deudor alimentario, aquí quejoso, así como las necesidades de los acreedores alimentarios, habida cuenta que, como se destacó, para la fijación de alimentos provisionales no es necesaria prueba plena, al tratarse de una medida precautoria, siendo suficiente conforme a su estándar de prueba, que el juez cuente con los datos existentes sobre la capacidad del que debe darlos y las necesidades de quienes habrán de recibirlos y al tratarse de una providencia cautelar, resulta necesaria para conservar la materia del litigio y evitar un daño grave e irreparable con motivo de la tramitación de un juicio. Aunado a ello, los alimentos provisionales son urgentes y necesarios, conforme al artículo 696 del Código de Procedimientos Civiles; por ello, exigir un estándar de prueba pleno, en cuanto a la capacidad del que debe darlos y la necesidad de recibirlos, desnaturaliza sus características; toda vez que su prueba plena, corresponde, en todo caso, a los definitivos. De ahí que, como se indicó, conforme al numeral 696 de la ley procesal civil estatal, basta que quien los solicite, manifieste bajo protesta de decir verdad que no cuenta con elementos suficientes para acreditar la posibilidad económica del deudor y su ingreso aproximado, para que el juzgador esté en posibilidad de decretarlos, incluso sin audiencia de la contraparte. Por lo anterior, el juez responsable solo se circunscribió a expresar simplemente tres cosas, primero, que se acreditó que quien solicita la fijación de alimentos tiene el título en cuya virtud los pide, lo que hizo al exhibirse el acta de nacimiento correspondiente, segundo la urgencia y necesidad de la medida solicitada (sin ahondar al respecto); y, tercero, que la demandada tenía la posibilidad de otorgarle alimentos provisionales a sus hijos, lo cual fijó como medida provisional por concepto de alimentos atendiendo a los ingresos informados. De lo anterior es dable establecer, que el acto impugnado, acuerdo de fecha dos de junio de dos mil veintidós, en la que se condena al quejoso al pago de la pensión de alimentos provisionales mensuales por concepto de alimentos provisionales para sus menores hijos, constituyen una medida provisional, que es considerada un acto de molestia, ya que tal afectación forma parte de una medida de naturaleza temporal o transitoria, lo cual depende de que se haya dictado durante la tramitación de un procedimiento -entendido en sentido amplio-, cuya conclusión necesariamente implicará la emisión de un nuevo acto de autoridad que la deje sin efectos. Consecuentemente, el precepto legal que prever la pensión alimenticia provisional, no vulnera el derecho de audiencia previa contenido en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que regula una medida cautelar cuya vigencia temporal le confiere necesariamente el carácter de acto de molestia, por lo que no admite la posibilidad de otorgar audiencia previa a la parte deudora alimentaria. En tanto que en sus conceptos de violación tercero y segundo el quejoso aduce que la resolución reclamada es violatoria de derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no funda y motiva el acuerdo de dos de junio de dos mil veintidós, en el que se condena al pago de la cantidad de mensuales por concepto de alimentos provisionales para sus hijos *** y se ordena la ejecución del mismo, en el juicio civil ordinario número ** del índice del Juzgado Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lo que asegura le deja en estado de indefensión. Conceptos que resultan infundados, por las siguientes razones. Sobre el tópico en cuestión, el más alto Tribunal de Justicia del País ha definido al derecho de alimentos como la facultad jurídica que tiene una persona denominada acreedor alimentista para exigir a otra, deudor alimentario, lo necesario para vivir como consecuencia del parentesco consanguíneo, del matrimonio, del divorcio y, en determinados casos, del concubinato; por lo que los alimentos se hacen consistir en proporcionar la asistencia debida para el adecuado sustento de una o varias personas por disposición imperativa de la ley, caracterizándose esta obligatoriedad legal por ser recíproca. La obligación legal de proporcionar los alimentos descansa en el vínculo de solidaridad que enlaza a todos los miembros de una familia y en la comunión de intereses, pues su causa obedece a que las personas pertenecientes a un mismo grupo se deben recíproca asistencia; que la obligación alimenticia proviene o tiene su origen en un deber ético, el cual, con posterioridad, fue acogido por el derecho y se eleva a la categoría de una obligación jurídica provista de sanción, la cual tiene como propósito fundamental proporcionar al familiar caído en desgracia lo suficiente y necesario para su manutención o subsistencia; debiendo entenderse este deber en su connotación más amplia, esto es, el de asegurar al acreedor alimentista los medios de vida suficientes cuando éste carezca de la forma de obtenerlos y se encuentre en la imposibilidad real de procurárselos. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha considerado a los alimentos como de interés social y orden público. Los legisladores ordinarios regularon a los alimentos de una persona como un derecho protegido, incluso, en contra de la voluntad del propio titular, y les otorgó las características de ser personalísimos, irrenunciables, imprescriptibles e intransferibles. En el artículo 442 del Código Civil para el Estado de Jalisco, se estimó el carácter proporcional que debe reunir una obligación alimenticia; de ahí que se señale que el juzgador, al determinar el monto de una pensión alimenticia, debe estarse a cada caso en particular y sustentarse en los dos principios fundamentales que lo rigen, la posibilidad del que tiene la obligación de darlos y la necesidad de quien deba recibirlos, y procurando se eviten situaciones injustas y perjudiciales para cualesquiera de las partes contendientes. Por ende, una pensión alimenticia no sólo debe circunscribirse a cubrir las necesidades indispensables para la subsistencia del acreedor alimentario, sino también debe comprender lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado y se desarrolle en la familia de la que forma parte; esto es, que si bien en tal asignación no debe existir procuración de lujos, ni gastos superfluos, tampoco debe ser tan precaria que sólo cubra las necesidades más apremiantes o de subsistencia del acreedor. Así, conforme a las consideraciones preinsertas se puede establecer que el monto de la pensión alimenticia debe atender a diversas circunstancias, específicamente, a las necesidades del acreedor alimentario y a las posibilidades del deudor; entendiendo por las primeras tanto a las indispensables para su subsistencia como todo lo necesario para que sobreviva y tenga lo suficiente acorde a la situación económica social a la que se encuentra acostumbrado (principios de proporcionalidad y equidad), ello, de conformidad a lo establecido por el artículo 439 del Código Civil del Estado de Jalisco. Ahora, la quejosa aduce que en la resolución reclamada no se debió considerar únicamente la información proporcionada bajo protesta de decir verdad de la demandante aquí tercera interesada, en razón de que desde el mes de febrero de dos mil veintidós, la misma se ha negado a recibir la pensión que ella misma determinó y que además, ya tenía conocimiento de que le estaba consignando alimentos en el Juzgado Segundo de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo el índice del expediente. Sin embargo, ello no trasciende de manera tal que, aun cuando asista razón al quejoso, lo cierto es que, el juez de instancia estaba obligado a efecto de determinar lo conducente respecto a la medida solicitada, así como a tomar en consideración las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad, realizó la actora de origen (como se verá más adelante); de ahí que la circunstancia de que se haya tomado en consideración únicamente para dictar dicha medida los datos proporcionados por la actora, aquí tercera interesada, en nada varía su justipreciación, por lo que, a la postre, resulta infundado el argumento en estudio, pues no logra trascender a lo decidido en el auto recurrido, habida cuenta que, tratándose de la fijación de alimentos provisionales no es necesario prueba plena del monto de los ingresos del deudor alimentario para determinarlos. En efecto, el promovente omitió allegar a este procedimiento pruebas suficientes con las que justificara sus haberes salariales, su nivel de vida, grado de escolaridad, o empleo, a efecto de que este juzgador tuviera elementos para analizar la determinación relativa a su clase social, a efecto de que este órgano jurisdiccional contara con una base objetiva para analizar lo excesivo o no, de la pensión alimenticia a que fue condenado a pagar, la cual, cabe señalar, es mutable acorde con lo dispuesto en el artículo 89-C del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, toda vez que conforme a dicho dispositivo, las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales, pueden modificarse en la sentencia que fije la pensión alimentaria en definitiva, o bien, cuando por hechos supervenientes cambien las circunstancias que afecten el ejercicio de la acción que se dedujo oportunamente o bien, se varíe la situación jurídica existente cuando se pronunció la resolución respectiva. Además, el monto de los alimentos no puede determinarse con base en la voluntad del deudor, sino que debe fijarse atendiendo a la posibilidad que tenga para darlos y a la necesidad que tenga el acreedor de recibirlos, conforme lo previsto en el artículo 442 del código sustantivo civil Estatal. Aún más, tratándose de medidas cautelares, en el caso, fijación de alimentos provisionales conforme a lo establecido en el numeral 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en amparo indirecto el quejoso puede ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable, tal como sucede en el caso. Bajo esa perspectiva, sobre la quejosa recae la carga de la prueba de desvirtuar la información realizada por la parte actora en el juicio de origen, bajo protesta de decir verdad, relativa a la posibilidad económica del quejoso. Ello es así, dado que para corroborar las manifestaciones de la aquí tercera interesada, sobre las capacidades económicas del deudor alimentario y las necesidades de la acreedora alimentista, el artículo 696 del enjuiciamiento civil del Estado de Jalisco, expresamente dispone que para resolver lo conducente, el juez debe atender a la información que haya proporcionado la parte reclamante, de ahí que no impone la obligación de recabar de oficio medios de convicción para justificar estos factores, pues ello devendría en menoscabo de la pronta administración de justicia que requiere la aquí tercera interesada, que necesita ver cubiertas inmediatamente sus necesidades más apremiantes. Lo anterior es así, dado que la responsable expuso detalladamente las razones por las cuales era procedente la fijación de los alimentos provisionales, puesto que, la aquí tercera interesada, los solicitó aludiendo que el aquí quejoso, ha dejado de proporcionar los recursos económicos necesarios para el sostenimiento de sus menos hijos, además de que en la propia resolución reclamada, la responsable, consideró, de manera acertada, la protesta con la que se condujo la aquí tercera interesada su nivel de vida, además de la presunción de necesidad de alimentos, con la solicitud realizada, la capacidad del deudor alimentario y su obligación de ministrar alimentos, aplicando para ello diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco y del Código Civil del Estado. Así es, en la resolución reclamada, la autoridad responsable determinó fijar como pensión alimenticia provisional a favor de la tercera interesada, en la cantidad de **, ordenando la ejecución del mismo. En ese sentido, se afirma que la resolución reclamada sí está debidamente fundada y motivada, en la medida de que, es contundente en referir que el estado de necesidad resulta de que el aquí quejoso ha dejado de proporcionar los recursos económicos necesarios para el sostenimiento de sus menos hijos, lo cual se indicó en la propia resolución. De igual manera resulta infundada su aseveración en cuanto a que el quejoso aduce que la resolución reclamada es ilegal, toda vez que al haberse acreditado en autos los depósitos que le realizó, con ello, es claro que la tercera interesada no prueba la necesidad de reclamar alimentos, aunado a que refiere ellos firmaron un convenio personal. Lo anterior es así, en virtud, que los aludidos recibos se exhibieron en copias simples al igual que el convenio personal, cuyo valor probatorio es el de un mero indicio, dado que tal probanza no fue perfeccionada con diverso medio probatorio, y en virtud de su naturaleza, no es susceptible de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, por la facilidad con la que se puede confeccionar. Además de que no fue desvirtuado, ni en el juicio de amparo ni en el natural, que el quejoso perciba una cantidad menor a la indicada por su contraparte, de ahí lo infundado de los conceptos de violación en estudio. Consecuentemente, al resultar inoperantes e infundados los conceptos de violación en estudio y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor de la parte quejosa, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***, contra actos del Juez y Secretario Ejecutor del Juzgado Primero Civil del Trigésimo Primer Partido Judicial en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, por las razones expuestas en el último considerando de esta resolución.

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