Gorgonio Tepatzi Barragán

Expediente 1254/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1254/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
19/12/2016

Partes del expediente

  • Gorgonio Tepatzi Barragán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de uno de diciembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia. Ahora, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigésimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo, fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo, sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, el expediente principal, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos ni billete de depósito al no obrar éstos en autos. En diverso aspecto, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, el original del juicio ejecutivo mercantil 659/2016 de su índice, previa certificación de desglose que obre en autos, debiendo acusar el recibo correspondiente. Finalmente, dado que las partes nada manifestaron con relación a lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse público el auto de desechamiento dictado en el presente juicio, no deberán suprimirse los datos sensibles de dicha determinación y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.

  2. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del uno de diciembre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice: "Vista la diligencia de ratificación de huella digital que obra impresa en el escrito de demanda realizada el treinta de noviembre del año en curso, por parte del quejoso Gorgonio Tepatzi Barragán, y la firma de Marisol Sánchez Pérez a ruego y encargo del citado quejoso; así como, con el escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el dieciséis de noviembre del año en curso, por el referido inconforme; mediante los cuales da cumplimiento a la prevención decretada en proveído del siete de noviembre de dos mil dieciséis. Ahora bien, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO respecto del acto reclamado, consistente en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda dentro del expediente 659/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Hidalgo y de Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala. Lo anterior es así por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: Ante todo, debe precisarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." (No. Registro: 186,605, Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, Julio de 2002, Tesis: 2ª. LXXI/2002, Página: 448.) Asimismo, el Tribunal Constitucional del país al analizar la expresión manifiesta e indudable contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con los siguientes criterios del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la improcedencia de la controversia constitucional que permita desechar de plano la demanda presentada, debe ser manifiesta e indudable; es decir, debe advertirse del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hayan adjuntado, sin requerir otros elementos de juicio, de tal manera que no exista duda alguna en cuanto a la actualización de la causal invocada que evidencie en forma clara y fehaciente la improcedencia de la pretensión intentada, de tal forma que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desvirtuar su contenido." (Novena Época, Registro: 196923, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Enero de 1998, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 9/98, Página: 898.) "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa."(Novena Época, Registro: 188643, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, Octubre de 2001, Materia(s): Constitucional, Tesis: P./J. 128/2001, Página: 803.) En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es ilustrativo al caso el siguiente criterio sustentado por los Tribunales colegiados de Circuito, publicado en la página 403, tomo III de la Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Febrero de 1996: "DEMANDA DE GARANTÍAS, DESECHAMIENTO DE. REQUISITOS. La facultad contenida en el artículo 145, de la Ley de Amparo, está limitada a aquellos casos en los que exista una causa de improcedencia "manifiesta" e "indudable", lo que significa que para que el juez de Distrito pueda desechar una demanda de amparo, no es suficiente que se actualice una causal de improcedencia, sino que es indispensable que, por una parte, se manifieste con tal notoriedad que sea imposible no advertirla y que, por otra, sea indudable a tal grado que se tenga la certeza absoluta de que no pueda sobrevenir elemento alguno que haga cambiar dicha apreciación." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda dentro del expediente 659/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala, deriva que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; ." El dispositivo legal transcrito, establece la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto en que la legislación ordinaria, conceda algún recurso o medio de impugnación dentro del procedimiento, por el que se pueda modificar, revocar o anular dicho acto, exceptuándose de ese supuesto los casos en que éste importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Asimismo, cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Lo anterior es así, en virtud que el juicio de amparo es un medio de regularidad constitucional que procede contra actos definitivos, es decir, aquellos contra los cuales no procede recurso o medio de defensa ordinario alguno, o que de ser procedente, se haya hecho valer oportunamente y lo resuelto en ellos, constituya el acto reclamado de no haberse obtenido la reparación solicitada. En efecto, el principio de definitividad que rige en el juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debió previamente a su promoción acudir a las instancias que pudieran producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En ese tenor, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, tienen la posibilidad de acudir al medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo, de modo tal que si la parte afectada no tuviera la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de garantías suplantaría las facultades de la administración de justicia local. Establecido que fue lo anterior, en el presente caso se tiene que la parte quejosa combate el auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda dentro del expediente 659/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala. Por ello, se reitera que lo reclamado por el impetrante de amparo, es un acto emitido dentro de un procedimiento jurisdiccional, respecto del cual se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo aludida, en virtud de que el auto reclamado es susceptible de ser revocado o modificado a través del recurso de revocación que se encuentra previsto en el artículo 1334, del Código de Comercio, precepto legal que es del tenor siguiente: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." En términos del numeral transcrito, en contra de los autos dictados por los órganos jurisdiccionales, que no fueren apelables, procede el recurso de revocación; por lo que se sostiene, la parte inconforme -como parte en el juicio de origen- debió haber agotado el medio ordinario defensa respectivo, en contra del auto reclamado, antes de acudir al juicio constitucional. En efecto, debe precisarse que si bien el acuerdo impugnado no pudo haber sido controvertido mediante el recurso de apelación, en virtud que el monto reclamado como suerte principal equivale a $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), la que resulta ser una cantidad inferior a la establecida por el artículo 1340 de la codificación comercial aplicable, precepto que se transcribe a continuación: "Artículo 1340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $574,690.47 por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Y con base en la manifestación que bajo protesta de decir verdad hizo el quejoso, en su escrito aclaratorio, así como, del expediente 659/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Hidalgo y de Extinción de Dominio, que remitió a solicitud de este órgano jurisdiccional, se desprende que en el expediente de que se trata, se reclamó el pago de la suerte principal por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos, cero centavos, moneda nacional), siendo que, para que en los juicios mercantiles proceda la apelación, debe reclamarse un monto mayor al indicado por el artículo 1339 del Código de Comercio. Empero, tal circunstancia no le eximió del deber que tuvo de haber impugnado el auto reclamado, mediante la interposición del recurso de revocación, conforme al diverso numeral 1334 de la citada ley mercantil en cita, pues el hecho de que el ya invocado artículo 1339 del Código de Comercio, establezca que son irrecurribles las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $574,690.47. (quinientos setenta y cuatro mil seiscientos noventa pesos, con cuarenta y siete centavos, moneda nacional); ello sólo debe interpretarse por cuanto al recurso de apelación, por lo que resulta aplicable la diversa disposición del ordinal 1334 del cuerpo de normas en cita, que establece la procedencia del recurso de revocación, siempre que no proceda la apelación, en tratándose de autos. Hipótesis que en la especie se actualiza si se pondera que el acto reclamado se trata de un auto de trámite. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.59/2010, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 157, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS INAPELABLES, DICTADOS EN JUICIOS MERCANTILES CUANDO POR SU MONTO SE VENTILEN EN JUZGADOS DE PAZ O DE CUANTÍA MENOR, O EL MONTO SEA INFERIOR A DOSCIENTOS MIL PESOS. De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, se advierte que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto del contrato sea inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, al referir que sólo son recurribles las resoluciones dictadas durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo valor exceda de doscientos mil pesos, ya que la intención del legislador al usar la expresión "recurribles" fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339, el cual establece que las sentencias recurribles, conforme al supuesto previsto en su primer párrafo, son apelables. Por tanto, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior a doscientos mil pesos por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. Así como, la diversa 1ª./J.70/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, visible en la página 401, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguientes: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012). De la interpretación conjunta de los artículos 1334 y 1340 del Código de Comercio, este último reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de enero de 2012, se advierte que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339, reformado por el mismo decreto, pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Lo anterior, ya que la intención del legislador al usar la expresión "son irrecurribles", en el párrafo primero del citado artículo 1339, fue definir que no son impugnables específicamente mediante el recurso de apelación aquellas resoluciones, como se advierte de la parte conducente del proceso legislativo de la citada reforma, así como de su párrafo cuarto, el cual establece que las sentencias recurribles conforme al primer párrafo del propio artículo, atendiendo a la cuantía, serán apelables, aunado a que el contenido normativo integral forma parte del libro quinto "De los Juicios Mercantiles", título primero "Disposiciones Generales", capítulo XXV, denominado "De la Apelación", del propio Código de Comercio, que se ocupa de regular la apelación mercantil. Por tanto, constituye regla general que los autos y decretos dictados en un juicio ejecutivo mercantil, cuando su monto sea inferior al señalado, son impugnables mediante el recurso de revocación. Además, debe tenerse presente que el juicio ejecutivo mercantil es de tramitación especial en el Código de Comercio, por lo que acorde con el contenido conducente del artículo 1390 bis 1, no es susceptible de tramitarse en la vía oral mercantil (cuyas resoluciones no admiten recurso ordinario alguno). Por lo que es evidente que si la parte quejosa no promovió el recurso de revocación correspondiente, de manera previa a la promoción del presente juicio de amparo, resulta notoria y manifiesta su improcedencia, por no haber observado el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, pues se insiste debió agotar el medio ordinario de defensa procedente para combatir el acto que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1a./J. 44/2012, visible en la página 729, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Ahora, si bien existen supuestos de excepción al referido principio como serían, por ejemplo, los actos que afectan a personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción VI de la Constitución Federal), los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (numeral 61, fracción XX de la Ley de Amparo), los que importen peligro de la privación de la vida, a la libertad personal fuera de procedimiento, o alguno de los previstos en el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), del mismo cuerpo de normas), y en tratándose de amparo contra normas generales cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (artículo 61, fracción XIV, de la Ley de la Materia), además de los señalados expresamente en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, en la especie no se actualiza alguno de los casos de excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, para estimar que no existía obligación de la parte quejosa de acatar ese principio, ya que la procedencia del juicio de amparo está condicionada a agotar previamente los recursos que en su caso procedan. A más de lo anterior, la Primera Sala del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: "EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR", sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente que dice: "Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio." En suma, al resultar evidente que la parte quejosa previamente a acudir al juicio de amparo indirecto debió promover el recurso de revocación en contra del auto reclamado; por tanto, se actualiza la causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida, por no haberse agotado el medio ordinario de defensa en contra del auto de veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, por el que se desechó la demanda dentro del expediente 659/2016 del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial del Hidalgo y de Extinción de Dominio del Estado de Tlaxcala."

  3. Principal

    Notifico por medio de lista a la parte quejosa el contenido del acuerdo del diecisiete de noviembre de dos mil dieciséis, que en la parte que interesa dice: Agréguese a los autos el escrito con huella dactilar del promovente Gorgonio Tepatzi Barragán, así como, con la firma al calce de Leticia Almendra Gutiérrez a ruego y encargo del citado ocursante por no saber firmar; a través del cual pretenden dar cumplimiento a lo ordenado en auto del siete de noviembre de dos mil dieciséis. Al respecto, debe destacarse que en el auto de siete de noviembre del año en curso, entre otras cosas, se le requirió que ".a fin de proveer lo que en derecho corresponda respecto a la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 114, fracción I de la Ley de Amparo, requiérase al citado promovente, para que dentro del plazo de cinco días comparezca ante este órgano jurisdiccional, debidamente identificado, a ratificar el contenido del escrito de demanda, al calce del cual aparece la huella dactilar que se le atribuye. Pues lo anterior constituye un requisito indispensable para proveer sobre la admisión de la demanda." Lo anterior, dado que del análisis integral de la demanda de amparo, se advirtió que el promovente Gorgonio Tepatzi Barragán y/o Gorgonio Tepatzi Barragán Rodríguez, únicamente estampó su huella dactilar (no así la firma o rúbrica correspondiente), sin que se hubiere apreciado que diversa persona haya firmado a su ruego y encargo, razón por lo que se le requirió para que comparezca ante este órgano jurisdiccional debidamente identificado, para que ratifique el contenido de la demanda de amparo. Por tanto, se le apercibió que en caso de no dar cumplimiento al requerimiento formulado en el citado proveído, se tendría por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, SUBSISTE EL APERCIBIMIENTO SEÑALADO EN EL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS; y toda vez que ha agotado dos días, respecto a los cinco días que se le concedieron para tal efecto, por lo que a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, contará con tres días para desahogar completamente dicha prevención.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio con anexo, de cuenta signado por la Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Hidalgo y de Extinción de Dominio en el Estado de Tlaxcala, mediante el cual remite el expediente original del juicio ejecutivo mercantil 659/2016 de su índice, lo anterior, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló mediante proveído del siete de noviembre del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar, toda vez que se encuentra transcurriendo el término otorgado a la parte quejosa para desahogar la prevención que le fue formulada en dicho auto.

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