Gorgonio Sotelo Jaimes
Expediente 389/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 41 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 389/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 41
- Última actuación
- 28/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gorgonio Sotelo Jaimes
- Gorgonio Sotelo Jaimes y Otros.
- Tomás Damián Flores
- Magistrado Instructor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Iguala, Guerrrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 41.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, dictado en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2, se declara que el auto que sobresee fuera de audiencia, ha causado estado; hágase la anotación en el libro de gobierno; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental, sin que se advierta de autos documento alguno en original exhibido por las partes; hipótesis contenida en la fracción II, punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; por tanto, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Ahora bien, en cuanto a la valoración de los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo
- Incidental
Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, en específico el proveído de esta fecha que causó ejecutoria el proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio principal a efecto de observar lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que en interlocutoria de veinte de abril de dos mil quince, se negó la medida cautelar solicitada, es susceptible de ser destruido, una vez transcurridos cinco años de dictada la resolución definitiva acorde con lo dispuesto en el punto Vigésimo Primero, fracción III; y respecto al duplicado del citado incidente, éste deberá de ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el punto Vigésimo, fracción III, del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados.
- Principal
Visto el estado de los autos del Juicio de garantías en que se actúa, de los que se advierte que los quejosos ......., no dieron cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de veintitrés de mayo de la presente anualidad (foja 284 y 285); es decir, no se presentaron a este Órgano Jurisdiccional a recoger los edictos a efecto de llevarse a cabo el emplazamiento de los terceros interesados.......... Ahora bien, no obstante que en el presente juicio de amparo se llevaron a cabo las medidas de investigación correspondientes con la finalidad de conocer los domicilios ciertos de los terceros interesados......, a efecto de emplazarlos legalmente al presente juicio, tal y como se acordó en proveído de veintiséis de mayo de dos mil quince (fojas 50 y 51), no fue posible conocer los domicilios de los sujetos procesales de referencia; por lo que, en auto de veintitrés de mayo del año en curso (fojas 284 y 285), se ordenó el emplazamiento de mérito por medio de edictos a costa de la parte quejosa. En el mencionado proveído se hizo saber a los impetrantes, que en caso de no comparecer a recoger dichos edictos; así como, que al no exhibir los pagos correspondientes dentro del término concedido para ello, se decretaría el sobreseimiento del presente asunto por falta de interés jurídico y no obstante ello, a la fecha del dictado del presente auto, ha transcurrido en exceso el término concedido para cumplir con dicha carga procesal; sin que los peticionarios de amparo hayan dado cumplimiento a lo requerido. Estos aspectos, hacen patente que los quejosos......., dada la postura que han tomado en el presente juicio constitucional en que se actúa, carecen de interés para que se siga con el trámite del mismo, situación que actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción II, del artículo 63, en relación con el normativo 27, fracción III, inciso b), de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, así como lo estatuido en el segundo párrafo, del precepto 14 de la Constitución General de la República, que en su orden disponen: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuanto: II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó". "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimiento Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo". Y, el precepto 14 Constitucional expresa en su segundo párrafo: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Esto es, de la transcripción de los numerales antes referidos, se obtiene que no obstante de haberse agotado la investigación que alude el numeral 27, fracción III, de la Ley de Amparo, y ordenado el emplazamiento de los terceros interesados........., por medio de edictos a costa de la parte quejosa, mismos que no se presentaron en este Juzgado Federal a recoger aquellos a fin de que fueran publicados en el Diario Oficial de la Federación y en un periódico de mayor circulación nacional, hace procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio constitucional, en virtud de haberse incumplido con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que este Juzgado de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de la cuestión planteada en el juicio; pues la no publicación de los edictos ordenados, paraliza el juicio de garantías al arbitrio del inconforme, con lo que se contraviene lo plasmado en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 2ª./J 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto es de la siguiente literalidad: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Sin que pase desapercibido que el criterio contenido en dicha jurisprudencia fue modificado a través de la diversa 108/2010, derivado de la solicitud de modificación de la tesis 16/2010, resuelta en sesión de siete de julio de dos mil diez, por la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, del rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo". (No. Registro: 164,074. Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XXXII, Agosto de 2010. Tesis: 2a./J. 108/2010. Página: 416.) Esto es, la anterior modificación de criterio no es suficiente evitar el presente sobreseimiento, dado que de su contenido se advierte que sólo fue modificada la jurisprudencia en comento en cuanto a la exigencia de analizar las particularidades del caso, respecto de si los quejosos comparecieron manifestando no tener capacidad económica para solventar el costo que implica la publicación de los edictos relativos al emplazamiento de los terceros interesados y analizar si en autos hay indicios suficientes para determinar que, por falta de capacidad económica, el costo de su publicación se haga con cargo al Consejo de la Judicatura Federal lo que en la especie no acontece. Ello es así, pues no se advierte que la parte quejosa haya manifestado incapacidad económica para solventar ese costo, no hay indicios en autos que revelen que carezcan de capacidad económica para ello, por tanto, analizando las particularidades del caso, no se dan los elementos que establece el criterio modificado (1. manifestación del quejoso que no puede solventar el costo de los edictos y 2. la existencia de indicios que revelen que carece de capacidad económica para solventar ese costo), para determinar que sea el Consejo de la Judicatura Federal, el que a su costa publique los edictos del emplazamiento a los terceros perjudicados. Por ende, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 63, en relación directa con los numerales 27, fracción III, inciso b), todos de la Ley Reglamentaria de los Preceptos 103 y 107 Constitucionales, lo que procede es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el presente asunto, en términos de lo establecido en la fracción V, del diverso numeral 63, de la Ley en aplicación. Es aplicable a lo vertido en párrafo que antecede, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de febrero de dos mil tres, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el Legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. En virtud de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL QUE TENDRÍA VERIFICATIVO A LAS ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarla a cabo, toda vez que aún está transcurriendo el término de tres días, de la vista que se dio a las partes en proveído de veintidós del presente mes y año, con la adscripción de la nueva titular de este Juzgado Federal. A fin de dar margen a lo anterior, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo.
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