Gonzalo Zamora Martinez
Expediente 1663/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1663/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/01/2017
Partes del expediente
- Gonzalo Zamora Martinez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veinticuatro de enero de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza, firma y da fe.
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III. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1663/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Gonzalo Zamora Martínez por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son: . H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; . EL C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; . EL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; Todos con domicilio en: CALLE 21 DE MARZO, NÚMERO 203, COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, C.P. 50040, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; 1. LA CORRESPONDIENTE A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ATRIBUIBLES A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, RESPONSABLE DE EMITIR ACUERDO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 2. LA OMISIÓN DEL C. PRESIDENTE DE H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; de vigilar el desarrollo de las actuaciones del expediente con número 65/2014, las cuales no se realizan conforme al tiempo señalado por la ley de la materia, por lo que de ser esto correcto se lo deberá de prevenir al personal adscrito a esta H. Junta para el debido desarrollo y cumplimiento de dicho juicio laboral, o en dado caso informar al presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convengan dictar para corregirlas, esto de acuerdo con el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo. 3. LA OMISIÓN DEL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; En dado caso de que se haya emitido acuerdo que cambie la situación jurídica se le reclamará la Omisión de llevar a cabo la notificación del acuerdo en donde se haya emitido Nueva Fecha de Audiencia a las partes en los domicilios expuestos en el expediente natural, ya que de las propias actuaciones del original, no se desprenden razones o cédulas de notificación en la cual se expresen los motivos contundentes de la falta del C. Actuario Adscrito a la Responsable, toda vez que es un órgano ejecutor de la Autoridad, es decir, en practicar las diligencias que ordena la Junta a la que se encuentra adscrito, sin embargo dicha negativa queda pormenorizada por la aceptación de la junta de origen y su presidente del acto que se reclama y al tener tal fedatario el carácter de autoridad ejecutora, procede tener por cierto el acto que se le reclama, además de su actuar no se relama por vicios propios, por lo que contrario a lo que aduzca en el informe, no se actualiza la causa de sobreseimiento, motivo más que suficientes para que esa H. Juzgado declare improcedente el sobreseimiento del acto reclamado a favor del C. Actuario, por no actualizarse lo establecido el artículo 63 fracción IV de la Ley De Amparo." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1663/2016-III, por auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se admitió, se ordenó emplazar al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actuaciones de un Tribunal Laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: a. El acuerdo de siete de octubre de dos mil dieciséis emitido en el expediente 65/2014, por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fijó las once horas del cinco de enero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora. b. La omisión de notificar a las partes del auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, en el domicilio expuesto en el expediente principal. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja 101); al rendir su informe justificado, negó el acto que de él se reclama, consistente en la omisión de notificar a las partes del auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, en el domicilio expuesto en el expediente principal. Con motivo de lo expresado por la autoridad responsable, en principio debe analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso, del propio estudio de fondo del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, que establece: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese contexto, del auto de siete de octubre de dos mil dieciséis emitido en el expediente 65/2014, por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fija las once horas del cinco de enero de dos mil diecisiete, para que se celebre la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora, se advierte que las partes en el juicio natural quedaron notificadas del mismo al haber comparecido por conducto de sus apoderados legales, quienes incluso firmaron al margen de dicho acuerdo. Por lo que es evidente que no existe la omisión que se atribuye al actuario responsable, pues no se ordenó en el citado proveído la notificación de las partes en el domicilio señalado en el expediente, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que denota que no estaba dentro de las obligaciones del actuario aquella cuya omisión se le reclama, de ahí que la misma no deba tenerse por cierta, lo que ocasiona que se sobresea en el presente juicio de amparo. CUARTO. Por otra parte, el Presidente y representante de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja 16), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe, relativas al expediente laboral 65/2014, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este juzgador en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso concreto se estima se actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del último de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene una finalidad práctica, pues en caso de que el promovente obtenga una sentencia favorable, tratándose de actos de naturaleza positiva, los efectos del amparo serán el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión el amparo tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora, de las copias certificadas del juicio laboral 65/2014, que remitieron las autoridades responsables, a las cuales, por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que por auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, fijó las once horas del cinco de enero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora. Esta determinación, en la parte en que fijó hora y día para la audiencia de desahogo de dicha probanza, es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En tal contexto, en el caso a estudio el acto reclamado tiene por objeto analizar si la determinación de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de fijar fecha y hora para la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora, se fijó en el plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, debe señalarse que aunque se declare la inconstitucionalidad de dicho actuar, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Lo anterior es así, pues la quejosa presentó el juicio de amparo, aduciendo vulneración al artículo 17 Constitucional, al señalar que la fecha fijada por la responsable para el desahogo de la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora no se realiza en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de los antecedentes narrados en acápites anteriores, se aprecia que la Junta responsable señaló el día cinco de enero de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la referida, esto es, dentro de cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que se resuelve el presente sumario constitucional. En tal contexto, en caso de concederse el amparo solicitado, se tendría que esperar el plazo de diez días que indica el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la sentencia causará ejecutoría y se requiera el cumplimiento de la misma. Es decir, el requerimiento de cumplimiento sería posterior a la fecha en que se encuentra fijada la audiencia relativa al desahogo de la pericial médica ofrecida por la parte actora Por tanto, no se podrían concretar los efectos de una concesión de amparo, al haber ocurrido la fecha señalada para el desahogo de dicha probanza, antes de que la sentencia de amparo adquiriera firmeza procesal. En efecto, en el caso concreto el objeto o materia del auto cuya constitucionalidad se controvirtió consiste en que la audiencia de desahogo de la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, se fijó hasta el cinco de enero de dos mil diecisiete, esto es, fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, de ahí que a la fecha en que se requeriría el cumplimiento de la sentencia, dicha data ya ocurrió, por lo que no podría cumplirse con la sentencia de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se concluye que por la actualización de la causal de improcedencia supraindicada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, cuyo rubro y texto son como sigue: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". Ahora bien, no obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso también reclame la abstención de vigilar que el juicio laboral se desarrolle en los plazos que establece la ley, sin embargo, no se puede abordar el estudio de actos generales que contravengan el principio de justicia pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 Constitucional, en virtud a los diversos de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, al cual se tiene que acudir por un acto determinado y cierto, como en el caso lo es, el auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 65/2014. Sirve de apoyo, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2005150, página 732, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, resulta innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, toda vez que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 78, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Gonzalo Zamora Martínez, en contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuatro de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Así lo resolvió Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado así lo permitieron, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe.
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III. Se hace efectivo el apercibimiento a la parte quejosa, en consecuencia se le notifica por medio de lista la sentencia terminada de engrosar el treinta de diciembre de dos mil dieciséis, la cual es del tenor siguiente: "Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1663/2016-III; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Gonzalo Zamora Martínez por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se mencionan a continuación: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. Lo son: . H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; . EL C. PRESIDENTE DE LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; . EL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; Todos con domicilio en: CALLE 21 DE MARZO, NÚMERO 203, COLONIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, C.P. 50040, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; 1. LA CORRESPONDIENTE A LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ATRIBUIBLES A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, RESPONSABLE DE EMITIR ACUERDO DE FECHA SIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. 2. LA OMISIÓN DEL C. PRESIDENTE DE H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; de vigilar el desarrollo de las actuaciones del expediente con número 65/2014, las cuales no se realizan conforme al tiempo señalado por la ley de la materia, por lo que de ser esto correcto se lo deberá de prevenir al personal adscrito a esta H. Junta para el debido desarrollo y cumplimiento de dicho juicio laboral, o en dado caso informar al presidente de la Junta de las deficiencias que observen en su funcionamiento y sugerir las medidas que convengan dictar para corregirlas, esto de acuerdo con el artículo 618 de la Ley Federal del Trabajo. 3. LA OMISIÓN DEL C. ACTUARIO ADSCRITO A LA H. JUNTA ESPECIAL NÚMERO VEINTINUEVE DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE TOLUCA ESTADO DE MÉXICO; En dado caso de que se haya emitido acuerdo que cambie la situación jurídica se le reclamará la Omisión de llevar a cabo la notificación del acuerdo en donde se haya emitido Nueva Fecha de Audiencia a las partes en los domicilios expuestos en el expediente natural, ya que de las propias actuaciones del original, no se desprenden razones o cédulas de notificación en la cual se expresen los motivos contundentes de la falta del C. Actuario Adscrito a la Responsable, toda vez que es un órgano ejecutor de la Autoridad, es decir, en practicar las diligencias que ordena la Junta a la que se encuentra adscrito, sin embargo dicha negativa queda pormenorizada por la aceptación de la junta de origen y su presidente del acto que se reclama y al tener tal fedatario el carácter de autoridad ejecutora, procede tener por cierto el acto que se le reclama, además de su actuar no se relama por vicios propios, por lo que contrario a lo que aduzca en el informe, no se actualiza la causa de sobreseimiento, motivo más que suficientes para que esa H. Juzgado declare improcedente el sobreseimiento del acto reclamado a favor del C. Actuario, por no actualizarse lo establecido el artículo 63 fracción IV de la Ley De Amparo." SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados, los protegidos por los artículos 1, 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Recibida la demanda de amparo en este juzgado de distrito, se registró con el número 1663/2016-III, por auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, se admitió, se ordenó emplazar al tercero interesado Instituto Mexicano del Seguro Social; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal adscrito y se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actuaciones de un Tribunal Laboral con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: a. El acuerdo de siete de octubre de dos mil dieciséis emitido en el expediente 65/2014, por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fijó las once horas del cinco de enero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora. b. La omisión de notificar a las partes del auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, en el domicilio expuesto en el expediente principal. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Actuario adscrito a la Junta Especial Número 29 de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja 101); al rendir su informe justificado, negó el acto que de él se reclama, consistente en la omisión de notificar a las partes del auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, en el domicilio expuesto en el expediente principal. Con motivo de lo expresado por la autoridad responsable, en principio debe analizarse si en realidad los actos reclamados existen, es decir, resolver respecto de su certeza; lo anterior, porque de no existir los actos combatidos resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia o, en su caso, del propio estudio de fondo del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XVII.2o.J/10, sustentada por el del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 68, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, que establece: ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." En ese contexto, del auto de siete de octubre de dos mil dieciséis emitido en el expediente 65/2014, por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual fija las once horas del cinco de enero de dos mil diecisiete, para que se celebre la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora, se advierte que las partes en el juicio natural quedaron notificadas del mismo al haber comparecido por conducto de sus apoderados legales, quienes incluso firmaron al margen de dicho acuerdo. Por lo que es evidente que no existe la omisión que se atribuye al actuario responsable, pues no se ordenó en el citado proveído la notificación de las partes en el domicilio señalado en el expediente, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo que denota que no estaba dentro de las obligaciones del actuario aquella cuya omisión se le reclama, de ahí que la misma no deba tenerse por cierta, lo que ocasiona que se sobresea en el presente juicio de amparo. CUARTO. Por otra parte, el Presidente y representante de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje (foja 16), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las copias certificadas que adjuntó a su informe, relativas al expediente laboral 65/2014, documental a la que se le otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia alegadas por las partes o advertidas de oficio por este juzgador en términos del artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso concreto se estima se actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del último de los preceptos legales transcritos se desprende que el juicio de amparo tiene una finalidad práctica, pues en caso de que el promovente obtenga una sentencia favorable, tratándose de actos de naturaleza positiva, los efectos del amparo serán el de restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada y cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión el amparo tendrá el efecto de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Ahora, de las copias certificadas del juicio laboral 65/2014, que remitieron las autoridades responsables, a las cuales, por ser documentos públicos se les otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°, se advierte que por auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, fijó las once horas del cinco de enero de dos mil diecisiete, para la celebración de la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora. Esta determinación, en la parte en que fijó hora y día para la audiencia de desahogo de dicha probanza, es el acto reclamado en el presente juicio de amparo. En tal contexto, en el caso a estudio el acto reclamado tiene por objeto analizar si la determinación de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de fijar fecha y hora para la audiencia relativa a la pericial médica ofrecida por la parte actora, se fijó en el plazo que establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, debe señalarse que aunque se declare la inconstitucionalidad de dicho actuar, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano vulnerado. Lo anterior es así, pues la quejosa presentó el juicio de amparo, aduciendo vulneración al artículo 17 Constitucional, al señalar que la fecha fijada por la responsable para el desahogo de la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora no se realiza en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de los antecedentes narrados en acápites anteriores, se aprecia que la Junta responsable señaló el día cinco de enero de dos mil diecisiete, para llevar a cabo la referida, esto es, dentro de cuatro días hábiles siguientes a la fecha en que se resuelve el presente sumario constitucional. En tal contexto, en caso de concederse el amparo solicitado, se tendría que esperar el plazo de diez días que indica el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la sentencia causará ejecutoría y se requiera el cumplimiento de la misma. Es decir, el requerimiento de cumplimiento sería posterior a la fecha en que se encuentra fijada la audiencia relativa al desahogo de la pericial médica ofrecida por la parte actora Por tanto, no se podrían concretar los efectos de una concesión de amparo, al haber ocurrido la fecha señalada para el desahogo de dicha probanza, antes de que la sentencia de amparo adquiriera firmeza procesal. En efecto, en el caso concreto el objeto o materia del auto cuya constitucionalidad se controvirtió consiste en que la audiencia de desahogo de la prueba pericial médica ofrecida por la parte actora, se fijó hasta el cinco de enero de dos mil diecisiete, esto es, fuera de los términos establecidos en la Ley Federal del Trabajo, de ahí que a la fecha en que se requeriría el cumplimiento de la sentencia, dicha data ya ocurrió, por lo que no podría cumplirse con la sentencia de amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 77 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, se concluye que por la actualización de la causal de improcedencia supraindicada, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 90/97, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9, cuyo rubro y texto son como sigue: IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija.". Ahora bien, no obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso también reclame la abstención de vigilar que el juicio laboral se desarrolle en los plazos que establece la ley, sin embargo, no se puede abordar el estudio de actos generales que contravengan el principio de justicia pronta y expedita, contemplado en el artículo 17 Constitucional, en virtud a los diversos de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, al cual se tiene que acudir por un acto determinado y cierto, como en el caso lo es, el auto de siete de octubre de dos mil dieciséis, emitido en el juicio laboral 65/2014. Sirve de apoyo, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Décima Época, registro 2005150, página 732, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." Finalmente, resulta innecesario el estudio de la diversa causa de improcedencia hecha valer por las autoridades responsables, toda vez que en nada cambiaría el sentido de la presente resolución. En mérito de lo expuesto, fundado, motivado, y con apoyo, además, en los artículos 76, 78, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Gonzalo Zamora Martínez, en contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo y tercero, por las razones expuestas en los considerandos tercero y cuatro de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE; Y, PERSONALMENTE AL QUEJOSO Así lo resolvió Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, hasta hoy treinta de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que las labores del juzgado así lo permitieron, quien actúa asistido del Secretario Israel Díaz Reyna, que autoriza y da fe. "
- Principal
III. Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis. Por recibidos los oficios de cuenta, a través de los cuales el Presidente por sí y en representación de la Junta, así como el Actuario adscritos a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Toluca, Estado de México, rinden informe justificado y la primera remite copia certificada de diversas constancias que integran el expediente J.29/65/2014. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con los informes y constancia de mérito, para que manifiesten lo que a su interés convenga; sin perjuicio de dar nueva cuenta en la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, se toma nota de las causa de sobreseimiento que invoca la última de las responsables, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional. En otro orden, la certificación de cuenta evidencia que la audiencia constitucional se encuentra prevista para celebrarse a las diez horas con treinta y cinco minutos; sin embargo, en párrafos precedentes se da vista con los informes justificados rendidos por el Presidente por sí y en representación de la Junta, el Actuario adscritos a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en Toluca, Estado de México; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional se difiere y en su lugar se fijan las once horas con veinte minutos del diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Israel Díaz Reyna que autoriza, firma y da fe.
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