Gonzalo Yair Bedolla Ávalos

Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
861/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
14/03/2022

Partes del expediente

  • Gonzalo Yair Bedolla Ávalos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintidós. Reanudación de plazos. En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, no fue impugnada en legal término la determinación que decretó el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada, hecho lo anterior, deberá ser entregado al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria Nubia Miranda Ramírez.

  2. Principal

    Visto el pedimento 38/2021, de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; en atención a su contenido, agréguese únicamente como constancia legal, toda vez que por auto de ocho de febrero de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  3. Principal

    Informe justificado Visto el comunicado de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el sentido siguiente: ? Son parcialmente ciertos los hechos reclamados, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, aún no había sido emitido el acuerdo de radicación respecto de la demanda laboral promovida por el quejoso y que quedó registrada bajo el número 2B230612020, acuerdo que fue emitido en esta misma fecha, en el que se señalaron las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones." (sic) En consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el precepto 119 de la ley en la materia, téngase como prueba documental pública de la citada autoridad la constancia que anexa a su oficio de cuenta, de la que se advierte que: ? El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda laboral presentada por el quejoso, registrada con el número 2B-2306/2020; asimismo, que señalaron las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Cesación de actos. En ese orden de ideas, este juzgado federal advierte la existencia de una causa de improcedencia y a fin de estudiar la misma, es pertinente recordar que éstas al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo pronunciarse a ese respecto, aun cuando no se haya puesto el expediente en estado para dictar la sentencia respectiva. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA." Igualmente, apoya lo expuesto, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito2 , que indica: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. De igual modo, es oportuno precisar que en los casos en los que se aborde el estudio de la procedencia del juicio, de forma previa a la vista para emitir la sentencia respectiva, es menester que la causa de improcedencia de que se trate, sea manifiesta e indudable, precisamente para que sea justificado su análisis de forma previa a la referida sentencia. Luego, a fin de clarificar lo antes mencionado, debe indicarse que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es3 . Una vez precisado esto último, debe decirse que, en el caso que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo4 . El motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto u omisión ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto u omisión ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, pues conlleva la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, debe indicarse que el acto reclamado en el presente asunto, conforme a la demanda presentada por la quejosa, se hizo consistir en: ? La omisión de emitir el acuerdo mediante el cual admita la demanda laboral, así como la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término de ley. Esto es: ? La omisión de proveer la demanda presentada por el quejoso el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Establecido lo anterior, debe decirse que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, así como al contenido del informe justificado rendido por la ahora responsable, se advierte que el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, ésta radicó la demanda laboral presentada por el quejoso, registrada con el número 2B2306/2020; asimismo, que señaló las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que ha dejado de existir el acto que se impugna en esta instancia. Tal como se observa de las constancias remitidas por la autoridad responsable junto a su informe justificado, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, es evidente que, en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la responsable, con posterioridad a la presentación del juicio de amparo que nos ocupa, admitió la demanda -laboral- reclamada por el quejoso y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que tendrá verificativo a las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del año en curso. En ese orden de ideas, si el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de admitir la demanda y señalar fecha para audiencia de conciliación, demanda y excepciones; entonces, es inconcuso que el acto reclamado cesó en sus efectos. Por tanto, es evidente que la responsable ya radicó la demanda presentada por el quejoso el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante ésta; por ende, la cesación de los efectos del acto reclamado que dio motivo al juicio de amparo. En otras palabras, si la presentación de la demanda que dio origen a este juicio se presentó el once de diciembre de dos mil veinte, en la que se reclamó la omisión de proveer la demanda presentada por el quejoso el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, con la documental previamente valorada, la responsable acredita que el diecinueve de enero del año en curso, emitió la determinación correspondiente a dicha presentación, puede concluirse válidamente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los requisitos previstos en los incisos a) y b) precisados con anterioridad, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL".6 Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos del numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efectos la señalada para las quince horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

  4. Principal

    POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA. Informe justificado Visto el comunicado de la Presidenta de la Junta Especial Número Dos en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el sentido siguiente: ? Son parcialmente ciertos los hechos reclamados, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de garantías, aún no había sido emitido el acuerdo de radicación respecto de la demanda laboral promovida por el quejoso y que quedó registrada bajo el número 2B230612020, acuerdo que fue emitido en esta misma fecha, en el que se señalaron las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones." (sic) En consecuencia, agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, y con fundamento en el precepto 119 de la ley en la materia, téngase como prueba documental pública de la citada autoridad la constancia que anexa a su oficio de cuenta, de la que se advierte que: ? El diecinueve de enero de dos mil veintiuno, se radicó la demanda laboral presentada por el quejoso, registrada con el número 2B-2306/2020; asimismo, que señalaron las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Cesación de actos. En ese orden de ideas, este juzgado federal advierte la existencia de una causa de improcedencia y a fin de estudiar la misma, es pertinente recordar que éstas al ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación del juez de amparo pronunciarse a ese respecto, aun cuando no se haya puesto el expediente en estado para dictar la sentencia respectiva. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 , bajo el rubro: "IMPROCEDENCIA." Igualmente, apoya lo expuesto, por identidad de razón, la tesis I.7o.P.13 K, sustentada por Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito2 , que indica: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. De igual modo, es oportuno precisar que en los casos en los que se aborde el estudio de la procedencia del juicio, de forma previa a la vista para emitir la sentencia respectiva, es menester que la causa de improcedencia de que se trate, sea manifiesta e indudable, precisamente para que sea justificado su análisis de forma previa a la referida sentencia. Luego, a fin de clarificar lo antes mencionado, debe indicarse que "manifiesto" es lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; en tanto que "indudable" es que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, dicho de otra manera, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es3 . Una vez precisado esto último, debe decirse que, en el caso que nos ocupa, este órgano de control constitucional advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo4 . El motivo de improcedencia invocado se actualiza cuando el acto u omisión ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto u omisión ya no agravia al quejoso y disfruta del pleno goce de los derechos fundamentales que le fueran afectados por el acto de autoridad. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos u omisiones de autoridad, pues conlleva la desaparición total de los efectos del acto, ya que el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación5 , del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En ese contexto, lo hasta aquí expuesto permite establecer que la actualización de la causa de improcedencia en mención requiere la coincidencia de dos presupuestos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Para evidenciar la actualización de la causa de improcedencia actualizada, debe indicarse que el acto reclamado en el presente asunto, conforme a la demanda presentada por la quejosa, se hizo consistir en: ? La omisión de emitir el acuerdo mediante el cual admita la demanda laboral, así como la omisión de señalar día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del término de ley. Esto es: ? La omisión de proveer la demanda presentada por el quejoso el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Establecido lo anterior, debe decirse que, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, así como al contenido del informe justificado rendido por la ahora responsable, se advierte que el diecinueve de enero de dos mil veintiuno, ésta radicó la demanda laboral presentada por el quejoso, registrada con el número 2B2306/2020; asimismo, que señaló las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En ese sentido, este órgano de control constitucional considera que ha dejado de existir el acto que se impugna en esta instancia. Tal como se observa de las constancias remitidas por la autoridad responsable junto a su informe justificado, mismas que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Luego, es evidente que, en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que la responsable, con posterioridad a la presentación del juicio de amparo que nos ocupa, admitió la demanda -laboral- reclamada por el quejoso y señaló fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la que tendrá verificativo a las diez horas con quince minutos del cuatro de marzo del año en curso. En ese orden de ideas, si el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de admitir la demanda y señalar fecha para audiencia de conciliación, demanda y excepciones; entonces, es inconcuso que el acto reclamado cesó en sus efectos. Por tanto, es evidente que la responsable ya radicó la demanda presentada por el quejoso el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante ésta; por ende, la cesación de los efectos del acto reclamado que dio motivo al juicio de amparo. En otras palabras, si la presentación de la demanda que dio origen a este juicio se presentó el once de diciembre de dos mil veinte, en la que se reclamó la omisión de proveer la demanda presentada por el quejoso el veintitrés de octubre de dos mil veinte, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; y, con la documental previamente valorada, la responsable acredita que el diecinueve de enero del año en curso, emitió la determinación correspondiente a dicha presentación, puede concluirse válidamente que cesaron los efectos del acto reclamado. En esa tesitura, con lo vertido en párrafos precedentes se satisfacen los requisitos previstos en los incisos a) y b) precisados con anterioridad, por lo cual, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SÍ SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL".6 Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en términos del numeral 63, fracción V, del citado ordenamiento legal, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, por lo que se deja sin efectos la señalada para las quince horas con cuarenta minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico; asimismo, procédase a realizar una impresión de este proveído para agregarse al expediente físico.

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